Información extraída de nuestro informe "La situación de los derechos humamos en el mundo", abril 2024

La situación de los derechos humanos en Eritrea no mostró señal alguna de mejora. Las autoridades seguían sometiendo a miembros de la disidencia política y de congregaciones religiosas, periodistas y pueblos indígenas a detención arbitraria y desaparición forzada. El derecho a practicar creencias religiosas era objeto de severas restricciones, y un dirigente religioso murió en prisión tras haber estado recluido durante 10 años. El pueblo indígena afar sufría discriminación y otras formas de persecución. Se intensificó el uso del servicio militar obligatorio e indefinido; las mujeres reclutas sufrían violencia sexual en los campamentos de adiestramiento.

Información general

Las Fuerzas de Defensa de Eritrea seguían cometiendo actos sistemáticos y generalizados de violencia sexual, incluidas la violación y la violación en grupo, contra mujeres en la vecina región de Tigré, en Etiopía, meses después de la firma del Acuerdo de Cese de Hostilidades en noviembre de 2022 (véase el apartado sobre Etiopía). El gobierno no abrió investigación alguna sobre estos y otros crímenes de derecho internacional cometidos en Tigré. El presidente negó acusaciones fundadas sobre la conducta de las fuerzas armadas eritreas y las calificó de “fantasía”.

Eritrea siguió negándose a cooperar con mecanismos internacionales, incluido el relator especial de la ONU sobre la situación de los derechos humanos en Eritrea.

Continuó en vigor la prohibición impuesta a los medios de comunicación independientes en 2001.

Detención arbitraria y desapariciones forzadas

El gobierno seguía aplicando la política —vigente desde hacía 22 años— de recluir arbitrariamente y, en algunos casos, someter a desaparición forzada a periodistas, disidentes políticos y presuntos disidentes políticos y miembros de congregaciones religiosas (véase, infra, “Libertad de religión y de creencias”) como instrumento de represión. A las personas detenidas se les negaba el derecho a revisión judicial y el acceso a asistencia letrada. Seguían sin conocerse la suerte y el paradero de 11 miembros del Grupo de los 15, integrado por 15 destacados políticos que se habían pronunciado públicamente en contra del presidente en 2001, ni de 16 periodistas acusados de estar vinculados al Grupo.

Libertad de religión o de creencias

Las autoridades discriminaban a las personas en razón de su fe y negaban a quienes pertenecían a religiones no registradas el derecho a practicar sus creencias. Cientos de personas continuaban en detención arbitraria prolongada y algunas eran sometidas a desaparición forzada por pertenecer a grupos religiosos no reconocidos.

Las únicas religiones registradas eran la iglesia ortodoxa tewahedo eritrea, el islam suní, la iglesia católica y la iglesia luterana evangélica eritrea, en tanto que la fe bahaí estaba reconocida de facto.

El 9 de abril, el pastor Tesfaye Seyoum, fundador y dirigente de la iglesia meserete kirstos, murió en la prisión de Mai Serwa, donde estaba recluido desde hacía 10 años por pertenencia a una religión prohibida. Durante 10 días las autoridades no permitieron que su familia lo enterrara, y luego la obligaron a hacerlo en la capital, Asmara, y no en su localidad de origen.

Derechos de los pueblos indígenas

El pueblo indígena afar seguía sufriendo múltiples intentos del gobierno de interferir en su forma de vida tradicional, entre otras cosas mediante la prohibición de la pesca, su principal medio de vida. Según el relator especial de la ONU sobre la situación de los derechos humanos en Eritrea, el pueblo afar era “objeto de discriminación, acoso, detenciones arbitrarias, desapariciones, violencia y persecución generalizada” y, en mayo, al menos 57.000 de sus miembros estaban registrados como personas refugiadas en Etiopía tras haber huido de sus hogares.

Trabajo forzoso

Persistían el uso del servicio militar nacional de carácter indefinido y obligatorio y el trabajo forzoso que lo acompaña, en ocasiones equivalente a esclavitud.

En su informe de 9 de mayo, presentado al Consejo de Derechos Humanos de la ONU en su periodo de sesiones de junio y julio, el relator especial sobre la situación de los derechos humanos en Eritrea afirmó que había recibido información sobre “fuertes redadas” de reclutas en agosto de 2022. Hasta noviembre de 2022, las fuerzas armadas habían usado prácticas “coercitivas para movilizar a la población y obligar a las personas a participar en acciones militares en Etiopía”, y obligado a las familias a entregar a sus miembros, incluidos niños y niñas.

Continuaron las informaciones de tortura y otros malos tratos y de violencia sexual en los campamentos de reclutas. Según informes del relator especial, mujeres que habían estado reclutadas en el campamento de adiestramiento militar de Sawa afirmaron que militares del campamento habían perpetrado violaciones y otras formas de violencia de género contra mujeres reclutas.

Muchas personas jóvenes se veían obligadas a cursar su último año de enseñanza secundaria en el campamento de adiestramiento militar de Sawa, lo que les dificultaba completar su educación.