Información extraída de nuestro informe "La situación de los derechos humamos en el mundo", abril 2024
Persistían el racismo y la discriminación sistémicos de la población negra y racializada. El territorio wet’suwet’en seguía amenazado por la construcción de un gasoducto. Continuaba la violencia contra las mujeres indígenas, y seguía sin esclarecerse la suerte que habían corrido los niños y niñas indígenas desaparecidos. Se violaban los derechos humanos de las personas solicitantes de asilo y migrantes, y las personas de dos espíritus, lesbianas, gays, bisexuales, transgénero, queer, que se cuestionaban la identidad de género, intersexuales, asexuales y de otros grupos sexuales y de género (2SLGBTQQIA+, por sus siglas en inglés) sufrían discriminación y violencia. Canadá no cumplió los objetivos en materia de emisiones. Se relacionó a empresas canadienses con presuntos abusos contra los derechos humanos cometidos fuera del país.
Discriminación
En marzo se resolvió a favor de la parte denunciante una queja de un grupo de empleados negros y racializados de la Comisión Canadiense de Derechos Humanos que sostenían que la institución ejercía racismo, discriminación y sexismo sistémicos.
En junio, el gobierno de Quebec presentó el Proyecto de Ley 32, que exigía a las instituciones de salud y servicios sociales adoptar un “enfoque de seguridad cultural” en relación con los pueblos indígenas, pero no reconocía la existencia de racismo y discriminación sistémicos. Ese mismo gobierno seguía sin adoptar el Principio de Joyce para garantizar que los pueblos indígenas accedieran sin discriminación a los servicios sociales y de atención médica.1
Aunque el gobierno de Quebec aprobó el Proyecto de Ley 14 para combatir el uso de perfiles raciales por parte de los agentes de policía, el ministro provincial de Seguridad Pública afirmó que no había racismo sistémico. En un informe independiente se puso de manifiesto que las personas racializadas tenían más probabilidades que las personas blancas de que la policía les diera el alto.
Seguía pendiente una demanda interpuesta por un grupo de empleados negros de los servicios públicos federales que habían denunciado la existencia de discriminación sistémica.
En julio, el Tribunal Canadiense de Derechos Humanos aprobó una indemnización de 23.300 millones de dólares canadienses para compensar a más de 300.000 niños y niñas de Primeras Naciones que habían sido objeto de discriminación por parte del gobierno.
Derechos de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI)
La violencia contra las personas de dos espíritus, lesbianas, gays, bisexuales, transgénero, queer, que se cuestionaban la identidad de género, intersexuales, asexuales y de otros grupos sexuales y de género era generalizada. Se produjeron incidentes de odio alarmantes, desde actos vandálicos contra banderas del Orgullo hasta protestas en sesiones de cuentacuentos infantiles drags. En septiembre se celebraron protestas multitudinarias con el objetivo de eliminar los currículos y políticas escolares sobre orientación sexual e identidad y expresión de género. Las provincias de Saskatchewan y Nuevo Brunswick aprobaron legislación que prohibía el reconocimiento de la identidad de género y el género gramatical elegidos por las personas 2SLGBTQQIA+ jóvenes sin el consentimiento de sus progenitores.
Derechos de los pueblos indígenas
Continuaba la construcción del gasoducto Coastal GasLink sin el consentimiento libre, previo e informado de los jefes hereditarios wet’suwet’en. La Real Policía Montada de Canadá y agentes de seguridad privada intimidaron y hostigaron a personas defensoras de la tierra wet’suwet’en.2 Varias de ellas fueron juzgadas en mayo y octubre por proteger ese territorio frente a la construcción del gasoducto. Una de ellas fue declarada inocente en noviembre; las demás aún estaban a la espera de decisiones y, de ser declaradas culpables, podían ser condenadas a prisión.
El relator especial de la ONU sobre los pueblos indígenas instó a Canadá a que abordara la “epidemia” de violencia contra las mujeres indígenas, señalando el aumento del número de mujeres y niñas indígenas asesinadas y desaparecidas y la alta incidencia de explotación y agresiones sexuales que sufrían las mujeres, niñas y personas 2SLGBTQQIA+ indígenas en las inmediaciones de las obras de construcción de gasoductos y oleoductos. Sólo se habían aplicado 2 de las 231 peticiones de justicia formuladas 4 años antes en el informe definitivo de la investigación nacional sobre las mujeres y niñas indígenas desaparecidas y asesinadas.
El Plan de Acción Nacional de Canadá relativo a la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas no incluía mecanismos de rendición de cuentas ni de obtención del consentimiento libre, previo e informado.
La interlocutora especial independiente sobre Menores Desaparecidos y Tumbas y Lugares de Enterramiento sin Identificar recomendó la creación de un marco jurídico para proteger las tumbas sin identificar y apoyar las operaciones de búsqueda de niños y niñas desaparecidos dirigidas por personas indígenas. Pese a que en abril se estableció un acuerdo jurídico que proporcionaba un marco para la búsqueda de lugares de enterramiento emprendida por las Madres Mohawk (Kanien'kehá:ka Kahnistensera), éstas se toparon con dificultades para acceder a los archivos necesarios y falta de colaboración de las partes interesadas.
Derechos de las personas refugiadas y migrantes
El Acuerdo de Tercer País Seguro se amplió a todas las fronteras de Estados Unidos y Canadá, incluidas las vías fluviales. Las personas solicitantes de asilo que cruzaban la frontera por puntos de entrada no oficiales eran devueltas a Estados Unidos salvo que pasaran 14 días sin que las descubrieran. En junio, la Corte Suprema resolvió no anular el Acuerdo.
La Agencia de Servicios Fronterizos de Canadá siguió deteniendo a solicitantes de asilo y migrantes durante periodos indefinidos por motivos administrativos. En febrero, en una investigación del pesquisidor se recomendó poner fin al uso de las cárceles para la detención de inmigrantes después de que un refugiado con discapacidad mental falleciera tras haber pasado varios años encarcelado por motivos de migración. Ontario, Quebec, Saskatchewan y Nuevo Brunswick anunciaron el fin de los acuerdos en materia de detención por motivos de migración que mantenían con la Agencia, lo que suponía que, a partir de julio de 2024, en esas provincias se dejaría de encarcelar a personas únicamente por motivos migratorios.3
La precariedad de su situación migratoria exponía a las personas migrantes a violaciones de los derechos humanos. El gobierno de Quebec siguió excluyendo a las familias solicitantes de refugio de los servicios de atención infantil subvencionados por el Estado, y a las personas migrantes en situación irregular se les negaba la atención médica.
Rendición de cuentas de las empresas
Se relacionó a las empresas canadienses que operaban en el extranjero con presuntos abusos contra los derechos humanos, como trabajo forzoso, desplazamientos, agresiones sexuales, daños ambientales y homicidios. En julio, la Defensoría del Pueblo de Canadá para la Conducta Empresarial Responsable (CORE, por sus siglas en inglés) puso en marcha algunas investigaciones sobre la implicación de las empresas canadienses en las presuntas violaciones de derechos humanos cometidas contra la población uigur en China.
Seguía preocupando la ineficacia de la CORE. El relator especial de la ONU sobre los pueblos indígenas identificó varias deficiencias en esa entidad, como la falta de mecanismos de protección de las personas que presentaban denuncias y la incapacidad de obligar a las empresas a aportar testigos y documentos.
Se relacionó a la empresa canadiense Ivanhoe Mines con las violaciones de derechos humanos derivadas de la expansión de las minas de cobre en República Democrática del Congo.4
El Proyecto de Ley S-11 se convirtió en ley en mayo, pero no abordaba de manera suficiente el trabajo infantil y forzoso en las cadenas de suministro.
Canadá no aprobó legislación sobre la obligación de las empresas canadienses de ejercer la diligencia debida en materia ambiental y de derechos humanos en su actividad nacional e internacional.
Transferencias irresponsables de armas
Canadá siguió exportando armas a países en los que había un riesgo sustancial de que se utilizaran para cometer o facilitar violaciones graves del derecho internacional humanitario o del derecho internacional de los derechos humanos. Se exportaron armas a Arabia Saudí por valor de 1.200 millones de dólares estadounidenses, lo que suponía el 57% de las exportaciones totales de armas. A partir de febrero se aprobó la exportación a Perú —país en el que se estaban reprimiendo protestas— de varias partidas de productos militares, incluidos “agentes de represión de disturbios”, por un valor aproximado de un millón de dólares estadounidenses. En 2022, Canadá había emitido 315 autorizaciones de exportación de armas y tecnología militar a Israel, y entre octubre y diciembre de 2023 aprobó exportaciones militares a ese mismo país por valor de más de 21 millones de dólares estadounidenses.
Derecho a un medioambiente saludable
Canadá sufrió importantes incendios forestales que afectaron a 18,4 millones de hectáreas. El fuego tuvo consecuencias graves para los derechos humanos y causó el desplazamiento de numerosas comunidades indígenas, como las de Fort Chipewyan (en Alberta) y Uashat mak Mani-Utenam (en Quebec).5
Según la Auditoría General de Canadá, el país iba camino de incumplir su objetivo de reducir sus emisiones entre un 40 y un 45% antes de 2030 y alcanzar las cero emisiones netas antes de 2050, y el sector del petróleo y el gas seguía siendo el principal emisor. Canadá era uno de los 5 países que tenían previsto aumentar en 2024 la producción de combustibles fósiles y el subsidio de ese tipo de proyectos internamente y en el extranjero. Había planes de incrementar un 8% la perforación de pozos de gas y petróleo, y se preveía que el país alcanzaría máximos históricos de emisiones en 2028.
- Aperçu 2023 des droits humains au Canada, 25 de septiembre
- Canada: “Removed from our land for defending it”. Criminalization, intimidation and harassment of Wet’suwet’en land defenders, 11 de diciembre
- Quebec, New Brunswick to end immigration detention in provincial jails, 13 de junio; Ontario win a “tipping point” in movement against immigration detention, 16 de junio
- DRC: Powering change or business as usual?, 11 de septiembre
- Health risks from Canadian wildfires an indictment of climate change failures, 7 de junio
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