Información extraída de nuestro informe "La situación de los derechos humamos en el mundo", abril 2024
Los derechos de las personas privadas de libertad seguían vulnerándose, aunque las denuncias de tortura y otros malos tratos disminuyeron en comparación con años anteriores. Las autoridades continuaron hostigando y persiguiendo a quienes expresaban críticas, reprimieron algunas protestas pacíficas y, en dos ocasiones, impidieron el acceso de chiíes a la principal mezquita de esta confesión de Bahréin.
Información general
En marzo, Bahréin fue sede de una reunión de la Unión Interparlamentaria, organismo formado por asambleas legislativas de todo el mundo designadas por elección. A finales de agosto, Bahréin invitó a miembros de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) a visitar el país, pero canceló la visita el 13 de septiembre, un día antes de que comenzara. Ese mismo día, firmó un nuevo acuerdo para reforzar los lazos militares y comerciales con Estados Unidos.
El 15 de septiembre, en un aeropuerto de Reino Unido, las autoridades bahreiníes impidieron que una delegación, integrada por la activista de derechos humanos exiliada Maryam Al Khawaja y dirigentes de Amnistía Internacional, Front Line Defenders y ActionAid Dinamarca, embarcara en un vuelo con destino a Bahréin.1
Derechos de las personas detenidas
Hasta septiembre, las autoridades de la prisión de Yaw mantenían a los presos en sus celdas 23 horas al día e impedían que cientos de reclusos chiíes condenados por oponerse al gobierno de forma violenta o pacífica celebraran ceremonias religiosas en grupo en la sala de oración del centro, restricción que no se aplicaba a los demás presos. La administración penitenciaria continuó cancelando a veces a los presos las llamadas telefónicas y las visitas de forma arbitraria y punitiva.
Entre el 7 de agosto y el 11 de septiembre, cientos de presos chiíes se declararon en huelga de hambre para protestar por estas formas de maltrato, contrarias a las Reglas Mínimas de la ONU para el Tratamiento de los Reclusos. Posteriormente, las autoridades penitenciarias accedieron a que los presos salieran dos horas al día de sus celdas, rezaran dos veces al día en la sala de oración en grupos de hasta 50 y disfrutaran de más llamadas y visitas en mejores condiciones.
Tortura y otros malos tratos
Las denuncias de tortura y otros malos tratos disminuyeron en comparación con años anteriores.
El 15 de agosto, los guardias de la prisión de Yaw rociaron con gas pimienta y golpearon al recluso Ahmed Jaafar por haber exigido reunirse con un funcionario de mayor rango para hablar de las demandas de los presos en huelga de hambre.
Durante la mayor parte del año, las autoridades penitenciarias negaron tratamiento médico adecuado al defensor de los derechos humanos encarcelado Abdulhadi al Khawaja, a quien, arbitrariamente, cancelaron sus citas hospitalarias o hicieron esperar durante horas, encadenado en un vehículo sin ventanas, ventilación ni aire acondicionado, para ser atendido.2
Juicios injustos
El 26 de septiembre, en un juicio colectivo de 65 presos acusados de haber agredido a guardias de la prisión de Yaw el 17 de abril de 2021, el tribunal declaró culpables a 13 de ellos. Según filtraciones de lo que contaron entonces al menos 5 presos y lo que dijeron en sus interrogatorios al menos 4, fueron los guardias quienes los atacaron a ellos y no al revés.
Derechos laborales
En julio, la cámara alta legislativa, establecida por designación real, propuso un límite máximo legal de 120 riales bahreiníes (320 dólares estadounidenses) al mes para el salario del personal doméstico. Al igual que otras personas trabajadoras migrantes, las empleadas en el servicio doméstico seguían careciendo de la protección de un salario mínimo.
Aunque los efectos del cambio climático habían empezado a dejarse sentir y Bahréin vivió su agosto más caluroso en más de 100 años, el gobierno no revisó sus inadecuadas normas sobre protección contra el calor, lo que aumentó los riesgos para la salud de quienes trabajaban al aire libre y se exponían al estrés térmico.
Derecho a un medioambiente saludable
Bahréin seguía siendo uno de los cinco mayores emisores de CO2 per cápita del mundo, según datos del Banco Mundial. El plan de contribución determinada a nivel nacional vigente en Bahréin en virtud de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, que se había establecido en octubre de 2021, no hacía referencia alguna a la necesidad de alcanzar un nivel neto cero de emisiones de gases de efecto invernadero, sino que se limitaba a establecer un objetivo de energía renovable del 10% para 2025.
Libertad de expresión
Las autoridades bahreiníes seguían acosando y procesando injustamente a quienes las criticaban.
El 30 de marzo, un tribunal declaró culpables de “insultar” a figuras islámicas a tres miembros del grupo religioso no ortodoxo Sociedad Altajdeed y los condenó a un año de prisión. Después de que un tribunal de apelación confirmara la sentencia el 21 de mayo, las autoridades detuvieron a dos de ellos que seguían viviendo en Bahréin.
El 22 de mayo, la policía citó a un clérigo chií, Mohamed Sanqoor, por pronunciar un sermón en el que calificaba de inhumano el trato dispensado a las personas presas. Las autoridades lo interrogaron durante tres días y lo liberaron sin cargos el 25 de mayo.
El 20 de diciembre, las autoridades detuvieron al activista de la oposición Ebrahim Sharif por unos tuits en los que condenaba la política del gobierno relativa a Israel, Palestina, Estados Unidos y el mar Rojo. Lo dejaron en libertad el 27 de diciembre y suspendieron su procesamiento, pero no retiraron los cargos.
Libertad de religión y de creencias
En junio, las fuerzas de seguridad impidieron en dos ocasiones que bahreiníes chiíes accedieran a la mezquita de Imam al Sadiq de Diraz para la oración del viernes por no residir en la ciudad. Esta mezquita era el lugar de culto chií más importante del país. El 9 y el 16 de junio, tres semanas después de la detención de Mohamed Sanqoor (véase supra), la policía bloqueó las carreteras de acceso a Diraz e impidió el paso a chiíes procedentes de otras zonas, mientras dejaba entrar a personas no chiíes.
Libertad de reunión pacífica
El gobierno reaccionó de forma incoherente ante las protestas pacíficas, reprimiendo algunas, pero no otras.
Las autoridades no actuaron para impedir o disolver marchas periódicas y otras protestas callejeras en las zonas suburbanas de mayoría chií del oeste de Manama, la capital. Durante la huelga de hambre que mantuvieron los presos en agosto y septiembre, algunas de esas marchas se acercaron sin represión alguna a la autopista de Budaiya, que había sido un eje importante durante las protestas multitudinarias de 2011.
Sin embargo, en otras ocasiones, el gobierno envió citaciones, advirtió, intimidó y detuvo a manifestantes reales o potenciales. En febrero, por ejemplo, el gobierno citó a varios familiares de bahreiníes que habían estado en prisión o habían muerto a manos de las fuerzas gubernamentales y les advirtió de que no participaran en protestas en las fechas en torno al aniversario del levantamiento de 2011. El 21 de febrero, la comisaría de policía de Sanabis, suburbio chií de Manama, citó a Jameel Taher al Samea, padre de un joven ejecutado en 2017, y lo obligó a firmar una declaración en la que se comprometía a no participar en ninguna manifestación. El 5 de marzo, la policía detuvo a cuatro personas —Hajer Mansoor, Ali Muhana, Muneer Mushaima y Najah Yusuf— que habían estado presas o tenían familiares en prisión, por protestar pacíficamente junto al circuito de Fórmula 1 de Bahréin. Al cabo de varias horas fueron puestas en libertad sin cargos.
Derechos de las mujeres y de las niñas
En junio, Bahréin dio un paso positivo al anular el artículo 353 del Código Penal, que permitía a los violadores eludir la acción de la justicia si se casaban con sus víctimas.
Por otra parte, no se modificó el artículo 4 de la Ley de Nacionalidad, según el cual sólo los hombres podían transmitir la nacionalidad bahreiní a sus hijos e hijas.
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