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Videojuegos
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Comunicado de prensa, 4-1-2007
Aumenta el consumo de videojuegos mientras el Gobierno deja a los menores en manos de las empresas
Amnistía Internacional reclama un marco legal que proteja los derechos de la infancia en el mercado de los videojuegos

Madrid.- Según informaciones recabadas por Amnistía Internacional, cada vez son más los menores que consumen videojuegos. ADESE (Asociación Española de Distribuidores y Editores de Software de Entretenimiento) registra que el crecimiento más intenso entre 2004 y 2006 se da entre los menores de 11 a 16 años, de los cuales un 78% consume videojuegos.

Ante esta situación y un año después de la publicación de su informe “Menores y derechos humanos, responsabilidades en juego”, Amnistía Internacional mantiene su preocupación por la desprotección de la infancia frente a los videojuegos con contenidos no recomendados para su edad. La organización denuncia que el Gobierno delega la protección de los menores en las empresas privadas de videojuegos y no hace nada por protegerlos, violando sus derechos al incumplir la legislación nacional e internacional en materia de protección de la infancia.

En 2006 el Gobierno español no ha tomado ninguna medida significativa para asegurar que los menores no puedan acceder a videojuegos con contenidos no recomendados o para mayores de edad.

En el último año se ha generalizado en España la aplicación del Código PEGI –un sistema europeo de clasificación por edad en el que se basa el código de autorregulación–, pero Amnistía Internacional advierte de que la clasificación por edades que realizan las empresas fabricantes a menudo es poco rigurosa y confusa, y que la información aportada por los iconos utilizados no es suficiente para conocer el contenido del producto.

“Basar la protección de los menores frente a contenidos que banalizan las violaciones de derechos humanos exclusivamente en un código de libre adhesión por parte de las empresas de software de entretenimiento es una dejación de responsabilidad por parte del Estado. Las empresas que se lucran, legítimamente, en el mercado del videojuego no pueden ni deben ser a la vez garantes de los derechos de los niños y niñas”, asegura Esteban Beltrán, Director de Amnistía Internacional en España.

De acuerdo a un informe de 2005 de la Asociación Protégeles, un 20% de los menores reconoce jugar con videojuegos en los que se daña, tortura o mata a niños, ancianos o embarazadas.

Se mantiene la desprotección de los menores


Las medidas anunciadas por la Ministra de Sanidad y Consumo, el pasado 20 de diciembre son insuficientes. La iniciativa de difundir un decálogo de consejos para orientar a padres y tutores en la compra responsable de videojuegos no sólo llega cuando la campaña de Navidad ya está avanzada, sino que se apoya en la voluntariedad de las empresas para controlar el acceso de los menores al mercado de los videojuegos.

La organización espera que la creación de una comisión de seguimiento del Código PEGI en España, anunciada por la Ministra, se ponga en marcha lo antes posible y pueda mejorar la calidad y cantidad de la información de la que pueden disponer padres y tutores a la hora de comprar videojuegos para menores. "Sin embargo, el Gobierno continúa apostando por un sistema basado en  la voluntad de las empresas y en su interpretación del Código, en vez de avanzar hacia una regulación legal", asegura Beltrán.

Ausencia de medidas concretas en el Plan de Protección de la Infancia


Amnistía Internacional acoge con satisfacción la incorporación dentro del Plan Estratégico Nacional de Infancia y Adolescencia aprobado el pasado mes de junio del objetivo “Impulsar los derechos y protección de la infancia en los medios de comunicación y las nuevas tecnologías”, pero la organización destaca que hasta la fecha el Gobierno no ha aclarado cuáles son las medidas concretas vinculadas a este objetivo.

Necesidad de un marco legal estatal


En todo caso, es necesaria la adopción de una legislación marco de ámbito estatal que garantice la protección de la infancia y la adolescencia en todo lo relativo a la producción, distribución, venta, publicidad y promoción de los videojuegos. Esta normativa debe proporcionar un marco adecuado en base al cual las Comunidades Autónomas desarrollen medidas legislativas y de otro índole al respecto.

Desvío de responsabilidades a las CC.AA.


Hasta ahora, el Estado español ha delegado la diligencia debida en materia de protección de la infancia en esta materia en las Comunidades Autónomas, que han ido elaborando sus propia legislación para, de manera más o menos directa, controlar el acceso de los menores a videojuegos no recomendados para su edad.

En el ámbito autonómico en 2006 se han seguido produciendo algunos avances, como la aprobación el pasado mes de noviembre en Baleares de una Ley Integral de la Atención y de los Derechos de la Infancia y la Adolescencia que incluye la prohibición de venta o alquiler a menores de audiovisuales que exalten la violencia o hagan apología de cualquier forma de delincuencia, entre otros aspectos, o la aprobación de una Proposición no de Ley en el parlamento canario instando al Gobierno de Canarias a tomar medidas en el mismo sentido.

Sin embargo, en ninguna Comunidad Autónoma se aplica de manera efectiva la legislación ni se sanciona su incumplimiento.

AI hizo la prueba: Clasificación por edades inadecuada y fácil acceso de los menores.


Amnistía Internacional ha realizado durante estas Navidades una sencilla prueba en un centro comercial de Madrid: una niña de 8 años de edad compró sin ningún tipo de trabas el videojuego True Crime2: New York destinado para mayores de 18 años.

Un año más la organización constata que los puntos de venta de videojuegos no disponen de medidas para controlar el acceso de los menores a contenidos no adecuados para su edad. Los puntos de venta analizados por la organización exhiben los videojuegos clasificados por empresas productoras o soportes y no por edades; y a menudo se trata de grandes superficies donde no existen obstáculos para que los menores puedan adquirir videojuegos no recomendados para su edad.

Entre los más vendidos en 2005, se encontraba Need for Speed Wanted, un juego que gira en torno a las carreras ilegales, el gusto por el tunning y las huidas de la policía, e incluye la presencia de mujeres “explosivas”; Estaba clasificado para mayores de 3 años. Este juego fue galardonado por ADESE con el premio Doble Platino +3. A la nueva versión de este año, Need for Speed Carbono, que ya se encuentra entre los más vendidos del último mes de noviembre según  ADESE, tan sólo se le ha elevado la edad de clasificación hasta los 12 años y se ha añadido el icono indicativo del contenido violento.

Otro de los juegos punteros en 2005 fue Call of Duty 2. La versión de 2006 Call of Duty 3, calificado para mayores de 18 años, es uno de los más promocionados en esta campaña navideña y se expone en puntos de venta mezclados junto a otros videojuegos para menores de edad sin ningún tipo de control.

Lo mismo ocurre con el True Crime2: New York City, cuyo protagonista, según la web oficial del fabricante, “se dispone a hacer uso y abuso de su autoridad en las calles de Nueva York al otro lado de la ley”. Este juego también recibió el galardón Oro para juegos mayores de 18 años.

Al margen de listas de más vendidos, está Burnout 3: Takedown. Se trata de la nueva versión del videojuego criticado por Amnistía Internacional hace un año (Burnout Revenge) porque sólo se le aplicaba la recomendación "para mayores de 3 años" y es algo que no ha cambiado en la actualidad. La promoción de este videojuego a través de la web oficial de PlayStation alude a las siguientes características como  atractivo: “añade un nivel de agresividad sin precedentes a toda la historia envuelta en adrenalina” y “este nuevo énfasis en la conducción agresiva y suicida ha tenido un gran impacto en la jugabilidad de Burnout 3”.

Nulo control en el acceso a través de Internet



La situación también es preocupante en el acceso a videojuegos a través de Internet. Según la Asociación de Usuarios de la Comunicación, los incumplimientos más graves respecto a la clasificación por edad y a la facilidad de acceso a contenidos inadecuados se dan en Ios videojuegos on-line.

Como ejemplo, en la página de acceso gratuito www.portaljuegosgratis.com no aparece referencia alguna al Código PEGI. Sólo una de las categorías de juegos, “eróticos”, indica que se trata de videojuegos para mayores de 18 años, a los que en todo caso cualquier usuario puede acceder. El resto de categorías (“acción”, “lucha”, “sádicos”, etc.) no incluyen ninguna indicación de edad. En la categoría “sádicos” cualquier menor puede acceder al juego Coche asesino! descrito así: “Estás con tu coche dentro de un campo de fútbol, atropella a todos los hinchas!”.

Tampoco hay referencias al Código PEGI ni limitaciones para la comprar por parte de menores en portales de venta como www.chollogames.es o www.loading-games.com ya analizados por Amnistía Internacional en su informe de hace un año.

La organización insiste en el vacío de regulación del acceso de los menores de edad a contenidos que atentan contra su derecho a la protección en Internet –así como a través de la telefonía móvil–, un canal para la descarga de videojuegos cada vez más accesible y utilizado por los menores.


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