Información extraída de nuestro informe 2022/2023

Seguían suscitando preocupación la brutalidad policial y la rendición de cuentas por conducta indebida de la policía. Las salvaguardias contra la violencia de género continuaron siendo inadecuadas. Miles de personas seguían viviendo en condiciones de alojamiento deficientes. Las personas migrantes que trabajaban en el sector agrícola sufrían condiciones laborales de explotación. Más de 1.000 personas murieron debido a causas relacionadas con las olas de calor extremas.

Tortura y otros malos tratos

Persistían las denuncias de uso excesivo de la fuerza y otros malos tratos por parte de agentes de policía. Entre mayo y junio, el Comité para la Prevención de la Tortura (CPT) del Consejo de Europa visitó numerosas cárceles y centros de detención para examinar el trato que recibían las personas detenidas y sus condiciones de reclusión. El propósito de la visita era hacer el seguimiento de la larga lista de recomendaciones formuladas por el CPT en el informe posterior a su visita de 2019, que incluían valorar la eficacia de las investigaciones de las denuncias de malos tratos a manos de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley.

Discriminación y violencia sexuales y de género

En julio, tras su examen periódico a Portugal, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer criticó las deficiencias del marco legislativo e institucional y la insuficiencia de servicios para abordar la violencia de género contra las mujeres. También expresó preocupación por los índices de abandono escolar entre las niñas romaníes debido al matrimonio infantil y/o forzado y a los embarazos precoces, problemas a los que, señaló, con frecuencia las autoridades no prestaban atención.

Derecho a la vivienda

El gobierno no adoptó medidas suficientes para mejorar las condiciones de alojamiento y garantizar viviendas asequibles suficientes a pesar de que había más de 38.000 personas que las necesitaban, según datos publicados al finalizar 2021. Persistieron las denuncias de desalojos forzosos que dejaban a personas en una situación habitacional peor —en algunos casos, incluso sin hogar—, algo que afectaba de forma desproporcionada a personas de ascendencia romaní o africana.

Derechos de las personas refugiadas y migrantes

En enero, unos reportajes de investigación de medios de comunicación revelaron las condiciones laborales de explotación y el alojamiento inadecuado que sufrían trabajadores migrantes, procedentes en su mayoría de países del sur de Asia, empleados en el sector agrícola en la región meridional de Odemira.

En junio, el Grupo de Expertos en la Lucha contra la Trata de Seres Humanos (GRETA) del Consejo de Europa, que había visitado el país en 2021, señaló que la explotación laboral seguía siendo el tipo de explotación más extendido, y que afectaba sobre todo a los sectores agrícola y de la restauración.

Actuación deficiente contra la crisis climática y la degradación ambiental

En septiembre, tras visitar el país, el relator especial de la ONU sobre los derechos humanos y el medio ambiente concluyó que las autoridades debían aumentar el ritmo de las medidas para abordar, en particular, la contaminación del aire y la gestión de residuos, así como la prevención de los incendios forestales. Según datos de la Dirección General de Salud, hasta julio se habían producido más de 1.000 muertes relacionadas con las olas de calor extremas de 2022. Hasta agosto, el 60,4% del país sufría una sequía grave y el 39,6%, una sequía extrema, según el Instituto Portugués del Mar y de la Atmósfera.