Información extraída de nuestro INFORME 2022/2023

Se realizó una revisión independiente que recomendaba poner fin a la reclusión de solicitantes de asilo en centros penitenciarios. Hubo informes que ponían de manifiesto motivos de preocupación con respecto al sistema penitenciario. La sociedad civil criticó enérgicamente un nuevo sistema concebido para supervisar el Ministerio de la Infancia.

Información general

En julio entraron en funcionamiento dos nuevas instituciones: la Autoridad de Salud Maorí, cuyo fin expreso era transformar el modo en que los servicios de salud entendían las necesidades de salud y bienestar de la comunidad maorí y respondían a ellas; y el Ministerio de las Personas con Discapacidad, creado con el fin de “liderar la transformación del sistema de ayuda a la discapacidad en colaboración con la comunidad”.

Derechos de las personas refugiadas y migrantes

En mayo, el gobierno publicó los resultados de una revisión independiente de la práctica de recluir a solicitantes de asilo en centros de detención para delincuentes en la que se concluía que el marco regulador de la reclusión de inmigrantes no era sino “la receta para la reclusión arbitraria”, y se recomendaba reformar la Ley de Inmigración y poner fin a la reclusión de solicitantes de asilo en centros penitenciarios. El gobierno aceptó las recomendaciones de la revisión.

Derechos de las personas detenidas

Continuaron los informes que resaltaban motivos de preocupación en todo el sistema penitenciario.

En abril, tras una inspección sin previo aviso de la prisión de Invercargill, la Oficina de Inspección publicó un informe en el que se planteaban graves motivos de preocupación, entre ellos los problemas de salud a los que daban lugar las malas condiciones de reclusión de la Unidad de Prisión Preventiva. En agosto, la Oficina del Defensor del Pueblo publicó un informe sobre su visita de inspección sin previo aviso al centro penitenciario de Otago en el que afirmaba que, a su entender, las experiencias de varias personas recluidas en la Unidad de Gestión eran constitutivas de reclusión prolongada en régimen de aislamiento.

Derechos de la infancia

El gobierno aprobó leyes para reformar el sistema de supervisión del Ministerio de la Infancia. Sin embargo, los grupos de la sociedad civil plantearon numerosas objeciones tanto al desarrollo como al contenido del nuevo sistema, entre ellas la posible violación del Tratado de Waitangi —firmado en 1840 entre la Corona británica y más de 500 jefes maoríes— y la falta de independencia adecuada del nuevo sistema.

Actuación deficiente contra la crisis climática

En mayo, el gobierno publicó su primer Plan de Reducción de Emisiones, que abarcaba el periodo comprendido entre 2022 y 2025 e identificaba las estrategias y actuaciones necesarias para cumplir los objetivos a largo plazo de reducción de las emisiones.

El consorcio Climate Action Tracker, dedicado a análisis científicos globales, siguió calificando de “muy insuficiente” la contribución determinada a nivel nacional de Nueva Zelanda. Esta calificación se debía a la absoluta falta de idoneidad de las políticas y acciones propuestas para limitar el calentamiento a 1,5 °C.