Información extraída de nuestro INFORME 2021/22
Seguía sin prohibirse legalmente la discriminación por motivos de religión, edad, orientación sexual o identidad de género. Seguía habiendo lagunas en los derechos de las personas con discapacidad, así como en la protección de las mujeres frente a la violencia. La Oficina de la Policía y Guardia de Fronteras no seguía el debido proceso cuando valoraba las solicitudes de asilo. Las parejas homosexuales continuaban teniendo dificultades para hacer efectivos sus derechos con arreglo a la Ley de Uniones Civiles de 2016.
Salvo en el contexto del empleo, el marco legislativo no incluía la religión o las creencias, la edad, la sexualidad, la orientación sexual o la identidad de género como motivos de discriminación, lo que provocaba deficiencias en la protección relacionada con la vivienda, la atención a la salud, el bienestar social, la educación y la reclamación de indemnizaciones.
El Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad identificó lagunas en los derechos de las personas con discapacidad, por ejemplo, en el acceso a la justicia, la educación, la atención de la salud, y los derechos sexuales y reproductivos —en particular para las mujeres y las niñas—, y señaló el impacto desproporcionado de la pandemia en estas personas.
La definición de la violación seguía sin ajustarse al Convenio del Consejo de Europa sobre Prevención y Lucha contra la Violencia contra las Mujeres y la Violencia Doméstica (Convenio de Estambul), al basarse en la violencia y no otorgar tanto peso a otros actos sexuales no consentidos. Las mujeres que solicitaban órdenes de alejamiento tenían que encontrarse cara a cara con el presunto perpetrador en el tribunal. La violencia de género en el ámbito familiar no siempre se tenía en cuenta en los procesos de custodia de hijos e hijas.
Estonia tenía la brecha salarial de género más alta de la Unión Europea.
Se denunciaron deficiencias en los procedimientos seguidos por la Oficina de la Policía y Guardia de Fronteras a la hora de valorar las solicitudes de asilo. En algunos casos, según informes, la Oficina se negaba a aceptar solicitudes y trataba de persuadir a las personas solicitantes de asilo de que regresaran a sus países de origen. El Centro Estonio de Derechos Humanos señaló la frecuente revocación por parte de los tribunales de las decisiones de este organismo.
Una encuesta del Centro Estonio de Derechos Humanos documentó un cambio significativo en las actitudes hacia las personas LGBTI, con un apoyo del 64% de la población a la Ley de Uniones Civiles de 2016, que permitía registrar la unión de parejas de mismo sexo. Sin embargo, al concluir el año, esta ley todavía no se había aplicado y la única manera de hacer efectivos los derechos garantizados en ella era a través de procedimientos judiciales. En septiembre, el Tribunal Supremo declaró inconstitucional la Ley de Extranjería, en la medida en que no permitía conceder permisos de residencia a las parejas del mismo sexo registradas en unión civil.
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