Huang anunció que pronto entrará en vigor una nueva legislación, encaminada a poner coto a la "comercialización" de órganos humanos para transplante. En ese contexto, la revista "Caijing" da cuenta de que sólo el 5% de los órganos utilizados en transplantes son resultado de donaciones voluntarias, procediendo el resto de los cuerpos de los presos ejecutados.

"Queremos introducir normas que uniformen la administración y el suministro de órganos de prisioneros ejecutados, y que pongan orden en el mercado sanitario", dice el viceministro.

Teóricamente, la donación se realiza con el consentimiento previo del ejecutado, pero en la practica el asunto se reduce a un negocio corrupto entre la policía y los hospitales, que en algunos casos han enviado ambulancias con equipos médicos a los lugares de ejecución para extraer el órgano inmediatamente.

China ejecuta a más presos que todo el resto del mundo junto, con unos 1800 ejecutados anualmente en los noventa, y 3400 estimados por la organización de derechos humanos "Amnistía Internacional" el año pasado.

China es el segundo país del mundo en trasplante de órganos y en los últimos años ha desarrollado toda una industria, con 250 transplantes de corazón, 6000 de hígado y 60.000 de riñón registrados en los últimos doce años, pero la donación voluntaria choca con tradiciones que valoran la integridad del cuerpo tras el fallecimiento.

La competitividad de los precios de un transplante en China ha atraído a muchos extranjeros, porque los precios locales son hasta un 30% más económicos que en los países occidentales más desarrollados, incluso teniendo en cuenta que los pacientes extranjeros pagan un recargo considerable que no se aplica a los chinos.

Un transplante de riñón cuesta unos 3.000 euros a un ciudadano chino. Los de hígado se pagan sobre los 14.000 euros.

Las medidas anunciadas por Huang darán al condenado a muerte un mayor control de su decisión de donar o no, y complicarán la venta de órganos tras la ejecución, explica el semanario.

Actualmente la extracción de órganos de presos ejecutados se rige por una disposición del año 1984 que estipula en términos bastante vagos que tales operaciones sólo pueden llevarse a cabo con el consentimiento de la familia del ejecutado, o si el cuerpo de éste no es reclamado, lo que ofrece a policías y hospitales un enorme margen de acción.

Los trasplantes de órganos, "se han convertido en un medio de ganar dinero, lo que contradice la posición del gobierno", dice el viceministro, que menciona el "territorio gris" que rodea actualmente a la donación.

Los chinos padecen un sistema sanitario particularmente dominado por el comercio, en el que frecuentemente el paciente no es atendido sino paga por adelantado, o es atiborrado a medicinas en los hospitales para aumentar la factura. Estas practicas comienzan a preocupar al gobierno que constata que los desmanes comerciales van a la par con el aumento de los beneficios de los hospitales, que crecieron un 70% entre el año 2000 y el 2003, pese a que el número de ciudadanos atendidos disminuyó, según cifras oficiales.

Por otro lado, el gobierno chino está intentando moderar la aplicación de las sentencias de muerte para disminuir los casos de errores, en un esfuerzo de mejorar su mala imagen internacional en ese campo.