Con esta sentencia, Pekín intenta acallar la presión internacional ante la alarma sanitaria creada por los productos chinos, lavar así su imagen y mostrar mano dura en el combate contra la corrupción de funcionarios, incluso de alto nivel, que no controlan y autorizan productos chinos tóxicos que causan víctimas en todo el mundo.

Las autoridades chinas fueron implacables con Zheng. Este ex directivo fue condenado el pasado mayo a la pena capital por aceptar sobornos a cambio de conceder licencias a nuevos fármacos que causaron al menos 10 muertes.

Zheng había apelado la sentencia al considerarla demasiado severa y ofreció información sobre otros implicados, pero el Tribunal Popular Superior de Pekín la desestimó por que la información que aportaba ya había sido obtenida por los investigadores. La máxima instancia afirmó al ratificar la pena capital que "tenía suficientes pruebas y que el castigo era el adecuado".