La historia de Silva, que logró rastrear quiénes fueron sus antepasados esclavos y dónde vivieron, es una excepción, casi una gota de agua en el océano por una decisión adoptada en 1888 por el ministro de Economía, Rui Barbosa, cuando Brasil se convirtió, con la promulgación de la Ley Áurea, en el último país que abolía la esclavitud. Barbosa ordenó la quema de los documentos relacionados con la posesión de esclavos. Eran libros de registro, documentos fiscales y aduaneros que contenían parte de la historia e identidad de los africanos arrancados de su tierra para ser explotados en América.

El objetivo de Barbosa, según los historiadores, era evitar que los esclavistas reclamaran indemnizaciones, algo desastroso para las cuentas públicas. El efecto secundario fue que se borró gran parte de los datos disponibles sobre las personas esclavizadas en Brasil, a diferencia de Estados Unidos, donde el Gobierno conserva los archivos de esta fase brutal de su historia.