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Zàmbia

Información extraída de nuestro Informe 2017/18

Las autoridades reprimían a personas críticas con el gobierno, entre ellas defensores y defensoras de los derechos humanos, periodistas y miembros de partidos políticos de la oposición. Se utilizaba la Ley de Orden Público para reprimir el derecho a la libertad de expresión, de asociación y de reunión. La policía usó fuerza innecesaria y excesiva contra personas que se manifestaban pacíficamente y no abordó la violencia de grupos cercanos al gobierno. El presidente atacó verbalmente al poder judicial. El nivel de inseguridad alimentaria en las zonas rurales seguía siendo alto.

La tensión entre partidarios del presidente y de Hakainde Hichilema, líder del Partido Unido para el Desarrollo Nacional, en la oposición, fue en aumento tras los controvertidos resultados de las elecciones de 2016. Hakainde Hichilema se negó a reconocer a Edgar Chagwa Lungu como presidente. El Tribunal Constitucional desestimó la demanda de Hakainde Hichilema contra los resultados por motivos de procedimiento. Estaba previsto que en 2018 el Tribunal también emitiera su fallo acerca de si el presidente Lungu podría aspirar a la presidencia en las elecciones de 2021.

El espacio de la sociedad civil, defensores y defensoras de los derechos humanos, periodistas y partidos políticos de la oposición era objeto de crecientes restricciones. Las autoridades seguían usando la Ley de Orden Público para impedir las reuniones de partidos políticos y organizaciones de la sociedad civil. El artículo 5.4 de dicha ley establecía que toda persona que tuviera intención de reunirse o de convocar una reunión pública o una manifestación debía notificar su celebración a la policía con siete días de antelación. Sin embargo, la policía interpretaba que la Ley imponía como requisito la obtención de autorización previa para poder llevar a cabo cualquier reunión pública. El 24 de agosto, la policía dispersó una reunión de oración convocada para celebrar la liberación de Hakainde Hichilema de la prisión de máxima seguridad de Mukobeko, en la ciudad de Kabwe, donde llevaba recluido cuatro meses por cargos de traición, que se retiraron.

El 10 de enero se detuvo a Oliver Holland, abogado de Reino Unido, y se lo acusó formalmente de reunión ilícita en virtud de la Ley de Orden Público por reunirse con una comunidad de la ciudad de Chingola que había denunciado ante los tribunales la contaminación ambiental presuntamente causada por una compañía minera. Ese mismo día quedó en libertad y se retiraron los cargos; sin embargo, después fue acusado formalmente de conducta susceptible de quebrantar la paz y obligado a pagar una multa de 5 dólares estadounidenses.

Con frecuencia la policía empleaba fuerza innecesaria y excesiva para dispersar manifestaciones.

En abril, la policía impidió la celebración de una concentración del Partido Unido para el Desarrollo Nacional en la barriada de Kanyama, en la capital, Lusaka, por motivos de “seguridad”. Aunque el partido había notificado la convocatoria a la policía con antelación, ésta dispersó la concentración de forma ilícita, hiriendo de bala a uno de los manifestantes, Stephen Kalipa, de 20 años, que murió más tarde en el hospital a causa de las heridas de bala sufridas. Se abrió una investigación del incidente, pero al terminar el año no se había detenido a nadie en relación con él. La policía afirmó que Stephen Kalipa había muerto por heridas de arma blanca inferidas por un agresor no identificado.

El 23 de junio, la policía detuvo a dirigentes del Partido Unido para el Desarrollo Nacional por el cargo de reunión ilícita, aduciendo que habían celebrado una sesión informativa para la prensa en las oficinas de la secretaría del partido sin haber obtenido autorización previa. El 29 de septiembre, la policía detuvo a seis defensores y defensoras de los derechos humanos que se habían congregado en el exterior del Parlamento y protestaban pacíficamente contra la adquisición por parte del gobierno, a un precio exagerado de 42 millones de dólares estadounidenses, de 42 vehículos para la extinción de incendios; fueron acusados de desobedecer órdenes policiales. Miembros del partido gobernante, Frente Patriótico, golpearon a manifestantes durante la protesta.

El 8 de abril, Hakainde Hichilema y otros miembros del Partido Unido para el Desarrollo Nacional —Lastone Mulilandumba, Muleya Haachenda, Wallace Chakwa, Pretorius Haloba y Hamusonde Hamaleka— fueron detenidos y acusados formalmente de traición y desobediencia de una orden legítima tras un incidente previo en el que la comitiva de vehículos de Hakainde Hichilema se había negado a ceder el paso al convoy del presidente Lungu. La policía irrumpió en el domicilio de Hakainde Hichilema sin orden judicial y usó gas lacrimógeno contra él y su familia. El 28 de abril, su esposa, Mutinta, fue amenazada de detención tras denunciar el uso excesivo de la fuerza por la policía. Al terminar el año no se habían presentado cargos contra la policía en relación con el incidente. El 15 de agosto, la directora de la Fiscalía retiró todos los cargos formulados contra Hakainde Hichilema y los demás miembros del Partido Unido para el Desarrollo Nacional.

Las fuerzas de seguridad y activistas políticos vinculados al Frente Patriótico sometieron a hostigamiento e intimidación a trabajadores de medios de comunicación, activistas políticos y otras personas críticas con el gobierno.

Se hostigó e intimidó a personal de la Asociación Jurídica de Zambia por su trabajo de defensa de los derechos humanos. El 3 de marzo, por ejemplo, incondicionales del Frente Patriótico asaltaron las oficinas de la Asociación Jurídica de Zambia para exigir la dimisión de su presidenta, Linda Kasonde.

Ese mismo mes, la Asociación se personó en una petición ante el Tribunal Superior para impedir la liquidación de Post Newspapers —medio que mantenía una postura muy crítica hacia el gobierno—, en respuesta a las actuaciones incoadas, entre otros, por la Autoridad Tributaria de Zambia con el fin de liquidar la empresa, alegando que no había pagado los impuestos.

El 3 de agosto, la policía detuvo a Saviour Chishimba —presidente del partido Pueblo Progresista Unido— por el cargo de difamación, después de que éste criticara al presidente Lungu por declarar una amenaza de estado de emergencia. Saviour Chishimba estuvo detenido durante siete días sin comparecer ante un juez, y quedó en libertad sin cargos.

En octubre, la Autoridad Independiente de Radiodifusión citó a la dirección de Prime Television Zambia para que respondiera a la acusación de haber violado los términos de su licencia de emisión al tratar un tema relacionado con Everisto Mwalilino, candidato al Parlamento del Partido Unido para el Desarrollo Nacional por la ciudad de Kalulushi, que había acusado a funcionarios gubernamentales de corrupción electoral. La emisora también se hizo eco de denuncias de corrupción contra el exministro de Información, Chishimba Kambwili.

El gobierno atacó verbalmente al poder judicial, menoscabando de ese modo la independencia de la institución. Al mismo tiempo, había una creciente percepción pública de que la judicatura era una institución polarizada en la que algunos jueces no eran políticamente independientes. En septiembre, en una visita a Sudáfrica, Hakainde Hichilema la acusó de corrupción y de estar bajo el control del presidente. El 2 de noviembre, el presidente Lungu advirtió a los jueces que no debían impedirle presentarse como candidato a la presidencia en 2021. Ese mismo mes, en un viaje a Solwezi, les advirtió de que no siguieran el ejemplo de los jueces kenianos, que en septiembre habían ordenado anular los resultados de las elecciones presidenciales de Kenia.

Según el Índice Global del Hambre 2017, los niveles de inseguridad alimentaria y desnutrición seguían siendo alarmantes. Muchos agricultores de subsistencia se vieron afectados porque los conflictos sobre tierras les impedían acceder a sus tierras. En Mpande, provincia del Norte, más de 300 personas estaban inmersas en un litigio judicial con el gobierno tras haber sido desalojadas a la fuerza de sus tierras a una región árida donde no podían producir alimentos. En Kaindu, distrito de Mumbwa, los propietarios y empleados de una empresa de safaris de propiedad alemana insultaron y dispararon a miembros de una comunidad de 700 personas para impedirles pescar en el río Kafue y recolectar alimentos del bosque. No se consultó debidamente a la comunidad sobre el uso de sus tierras para safaris.

República de Zambia
Jefe del Estado y del gobierno: Edgar Chagwa Lungu