Información extraída de nuestro informe "La situación de los derechos humamos en el mundo", abril 2024.
El gobierno se comprometió a reformar la Ley de Orden Público. Se seguían violando los derechos a la libertad de expresión, de reunión pacífica y de asociación. Se presentó ante el Parlamento el Proyecto de Ley de Acceso a la Información. La subida de los precios puso en riesgo el derecho a la alimentación. El gobierno hizo avances parciales en el cumplimiento de su promesa de brindar educación gratuita a niños y niñas. Persistían las altas tasas de matrimonio precoz, pese a haberse ilegalizado su práctica. Los fenómenos meteorológicos extremos y ciertas actividades empresariales socavaron el derecho a un medioambiente saludable.
Libertad de expresión, de asociación y de reunión
Se tomaron medidas para reformar la Ley de Orden Público (POA, por sus siglas en inglés), después de que revisara sus disposiciones la Comisión de Desarrollo de la Legislación de Zambia, órgano semiautónomo creado por ley. La Comisión presentó su revisión junto con el Proyecto de Ley sobre Reuniones Públicas —con el que se pretendía derogar y sustituir la POA— al ministro del Interior y de Seguridad Interna para su consideración. Durante años, los sucesivos gobiernos habían utilizado la POA para restringir los derechos a la libertad de expresión, de reunión pacífica y de asociación a las organizaciones de la sociedad civil y a los partidos políticos de oposición. El artículo 5.4 de esa ley disponía que toda persona que pretendiera reunirse o convocar una reunión pública, marcha o manifestación debía notificarlo a la policía con 7 días de antelación. Aunque la aprobación formal de las autoridades no era necesaria, la policía interpretaba la disposición en el sentido de que se requería permiso y la utilizaba para perseguir y detener a quienes se manifestaban pacíficamente; además, se negaba a autorizar protestas. De aprobarse sin cambios, el Proyecto de Ley sobre Reuniones Públicas podría contribuir en cierta medida a proteger los derechos a la libertad de expresión, de reunión pacífica y de asociación.
En marzo, el presidente Hakainde Hichilema reiteró públicamente el compromiso de su gobierno de proteger los derechos humanos, incluso mediante la reforma de la POA.
El 4 de marzo, la ONG Fundación Sistah Sistah encabezó una marcha en Lusaka para protestar contra el aumento de la violencia sexual y de género. Entre el 6 y el 7 de marzo, la policía detuvo a tres socias de la fundación y a otra manifestante. En virtud de las disposiciones de la POA, se las acusó de reunión ilícita y de proporcionar información falsa a la policía, si bien ésta había autorizado a la entidad a organizar la marcha. La policía alegó que el propósito de la manifestación era “promover los derechos LGBTI”, lo cual no coincidía con el objetivo declarado. Las mujeres quedaron en libertad con la obligación de estar a disposición de la policía, pero sus casos seguían pendientes de investigación por parte de ese cuerpo.
El 29 de septiembre, Elias Gabriel Banda, activista juvenil y expresidente del sindicato de estudiantes de la Universidad de Zambia, fue detenido en relación con los disturbios estudiantiles ocurridos en dicha universidad los días 18 y 19 del mismo mes. Las acusaciones contra él aludían a unas declaraciones que había publicado en las redes sociales a principios de ese mes. Tras las peticiones públicas que exigían su liberación, fue puesto en libertad bajo fianza al cabo de siete días, acusado de violación de la propiedad y de incitación a la violencia. Al finalizar el año continuaba en espera de juicio.
En octubre, la Autoridad Independiente de Radiodifusión —organismo gubernamental responsable de conceder, renovar y suspender o cancelar las licencias de las emisoras— remitió una denuncia oficial por escrito a la emisora de radio Hot FM. En ella se hacía referencia a una entrevista en la que el historiador Sishuwa Sishuwa mencionaba una “creciente percepción pública” de que, al parecer, el presidente se consideraba “principalmente como el líder de [...] una mitad del país, en concreto, [la de los bastiones del Partido Unido para el Desarrollo Nacional gobernante]”.
Derecho a la información
En noviembre, tras la aprobación del Consejo de Ministros, se presentó ante el Parlamento el Proyecto de Ley de Acceso a la Información. De aprobarse, éste podría mejorar el acceso público a la información, promover la transparencia y la rendición de cuentas, y permitir una participación más activa en los procesos de gobernanza.
Derechos económicos y sociales
En agosto de 2022, el Fondo Monetario Internacional acordó conceder a Zambia un préstamo de rescate de 1.300 millones de dólares estadounidenses, después de que el país hubiese incumplido el pago de su deuda en noviembre de 2020. El préstamo, que se abonaría a plazos, incluía condiciones estrictas, entre ellas que Zambia alcanzara un acuerdo sobre la reestructuración de la deuda con todos los acreedores oficiales. A finales de 2023 sólo se habían recibido 188 millones del total. Este déficit provocó recortes significativos en gasto público, lo que supuso una carga económica añadida para la población. Aunque el gobierno incrementó el presupuesto sanitario, esa medida no fue suficiente para garantizar el acceso adecuado a los derechos relativos a la salud. En junio se había alcanzado en principio un acuerdo para reestructurar la deuda, pero los acreedores lo rechazaron en noviembre, lo cual, sumado al costo creciente de los alimentos, la electricidad y los medicamentos, socavó aún más la capacidad del gobierno para cumplir las obligaciones relativas a los derechos económicos y sociales.
Pese a los recortes, se esperaba que la ampliación del presupuesto de protección social para 2023 hasta el equivalente a 347.474 dólares —en contraste con los 270.258 dólares de 2022— contribuyera a la aplicación efectiva de los planes para reducir la pobreza y la desigualdad. Dichos planes comprendían el programa de Transferencia Social de Efectivo —que daba derecho a percibir pagos mensuales a los hogares en los que hubiera, por ejemplo, personas mayores, con discapacidad grave o con enfermedades crónicas, así como a los hogares encabezados por una persona menor de edad o una mujer con cuatro o más niños o niñas—, la provisión de ayuda alimentaria y los fondos de pensiones de los servicios públicos. Estas medidas positivas se vieron en cierto modo anuladas por el impacto económico adverso que los aumentos y fluctuaciones mensuales de los precios de los carburantes —que elevaron la tasa de inflación hasta el 9,9% en julio (superior al 9,7% de junio)— tenían sobre las posibles personas beneficiarias. Esto contribuyó a aumentar el ya elevado costo de la vida y socavó la capacidad de la población para hacer frente al precio de bienes y servicios básicos.
Derecho a la alimentación
Aunque los precios de los alimentos eran prohibitivos para la mayor parte de la población, el aumento de los costos afectó especialmente al 54,7% que ya vivía en situación de pobreza. Según el Centro Jesuita de Reflexión Teológica, el costo de la harina de maíz blanco —ingrediente básico en la dieta del país— había aumentado casi un 21% en septiembre en comparación con el mismo mes de 2022.
Derecho a la educación
En enero se puso en marcha el Programa de Educación Gratuita gubernamental, que beneficiaba a los niños y niñas que cursaban educación primaria. Se mejoraron las instalaciones educativas, así como las ratios profesor-alumno gracias a la contratación de 4.500 docentes. Sin embargo, según ActionAid Zambia, había un solo docente por cada 80 estudiantes, cuando las directrices del Ministerio de Educación exigían al menos un docente por cada 40 estudiantes. El aumento de las matrículas en las escuelas rurales obligó al profesorado a asumir funciones para las que no estaba cualificado.
Derechos de las mujeres y de las niñas
Persistía el matrimonio precoz e infantil, pese a haberse promulgado en 2022 la Ley núm. 12 del Código de la Infancia, que prohibía dicha práctica. Según UNICEF, el 29% de las mujeres de entre 20 y 24 años se habían casado antes de cumplir los 18. Una de las causas principales era el embarazo en la adolescencia, que afectaba al 29% de todas las adolescentes y mujeres. Las tasas de matrimonio precoz e infantil eran más elevadas en las zonas rurales, sobre todo en el distrito de Katete, en la provincia Oriental.
Derecho a un medioambiente saludable
El país experimentó fenómenos meteorológicos extremos durante la estación de lluvias del periodo 2022-2023. Entre las zonas afectadas por las inundaciones se encontraban los distritos de Mazabuka, Monze, Choma, Sinazongwe y Namwala, en la provincia Sur; los distritos de Mambwe, Lusangazi y Chama, en la provincia Oriental; y el distrito de Mumbwa, en la provincia Central. La Unidad de Gestión y Mitigación de Catástrofes, organismo creado por ley, notificó que se habían visto afectadas más de 400.000 personas. Cinco personas murieron y unas 10.000 tuvieron que desplazarse a campamentos provisionales. Se produjeron daños generalizados en viviendas, tierras de cultivo y ganado; además, las fuertes lluvias destruyeron infraestructuras clave, por lo que muchas personas perdieron el acceso a la atención sanitaria y a la educación.
En agosto, el gobierno enmendó la Ley núm. 8 de 2023 sobre Gestión Ambiental con vistas a mejorar las medidas de protección y conservación del medioambiente en lo relativo al uso de los recursos naturales y la gestión de residuos. La Ley también preveía mayores sanciones para quienes incumplieran sus normas.
En noviembre, el ministro de Economía Verde y Medioambiente, acompañado por representantes de la Agencia de Gestión Ambiental, inspeccionó las actividades forestales y mineras que tenían lugar en el área del “cinturón de cobre” de la provincia Central. Se descubrió que seis empresas de procesamiento de oro que operaban en el distrito de Mumbwa —Asal Trading Company, Zoncor Mining Company Limited, Mutumba Women’s Club (planta de procesamiento de oro), Gazi Company Limited, PuleRay Company Limited y Orezone Mining and Exploration Limited— habían incumplido las disposiciones de la Ley de Gestión Ambiental, en concreto por unos vertidos de aguas residuales no tratadas que contaminaron el medioambiente. Ese mismo mes, el gobierno les ordenó detener sus operaciones, alegando la falta de aprobación por escrito de la Agencia de Gestión Ambiental.