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Iemen

Información extraída de nuestro Informe 2017/18

Todas las partes en el prolongado conflicto armado cometieron crímenes de guerra y otras violaciones graves del derecho internacional, sin que hubiera medidas de rendición de cuentas adecuadas para garantizar justicia y reparación a las víctimas. La coalición dirigida por Arabia Saudí que apoyaba al gobierno yemení reconocido internacionalmente continuó bombardeando infraestructuras de carácter civil, y efectuó ataques indiscriminados, matando e hiriendo a civiles. Las fuerzas huzíes y leales a Salé bombardearon indiscriminadamente con artillería zonas residenciales civiles de la ciudad de Taiz, así como territorio fronterizo saudí, matando e hiriendo a civiles. El gobierno yemení, las fuerzas huzíes y leales a Salé y las fuerzas yemeníes alineadas con Emiratos Árabes Unidos emplearon prácticas ilegales de detención, incluidas desaparición forzada y tortura y otros malos tratos. Las mujeres y las niñas continuaban sufriendo una arraigada discriminación y otros abusos, como matrimonio forzado o a edad temprana y violencia en el ámbito familiar. La pena de muerte seguía vigente; no se disponía de información pública sobre condenas a muerte y ejecuciones.

Las divisiones y controles territoriales de Yemen se consolidaron con fuerza mientras proseguía el conflicto armado entre el gobierno del presidente Hadi, reconocido internacionalmente y apoyado por la coalición dirigida por Arabia Saudí, y los huzíes y sus fuerzas aliadas, entre las que había unidades del ejército leales al expresidente Alí Abdulá Salé. Las autoridades huzíes y leales a Salé seguían controlando gran parte de Yemen, incluida la capital, Saná, mientras que el gobierno del presidente Hadi controlaba oficialmente partes del sur del país, incluidas las gobernaciones de Lahj y Adén. El 4 de diciembre, las fuerzas huzíes mataron a Alí Abdulá Salé y consolidaron su control sobre Saná.

Mientras tanto, proliferaban las facciones armadas rivales, que competían por ejercer el control en un contexto de deterioro económico y caos generalizado debido a la ausencia de instituciones del Estado operativas.

La autoridad del presidente Hadi, débil o inexistente en grandes franjas del país, siguió disminuyendo y afrontó retos planteados por múltiples actores y entidades. A través de su Consejo Político Supremo, la alianza de fuerzas huzíes y leales a Salé asumió responsabilidades y funciones propias de un Estado en las zonas que controlaban, como la formación de un gobierno, el nombramiento de gobernadores y la publicación de decretos gubernamentales.

En mayo, Aidarous al Zubaydi, exgobernador de Adén, y Hani bin Brik, exministro de Estado, formaron un Consejo de Transición del Sur de 26 miembros. El Consejo, cuyo objetivo expreso era la independencia de Yemen del Sur y que gozaba de apoyo público, mantuvo varias reuniones y estableció su sede en la ciudad de Adén.

El prolongado conflicto dio lugar a un vacío político y de seguridad y a la creación de un refugio para grupos armados y milicias, que recibían ayuda de Estados extranjeros. Algunas de estas fuerzas recibían entrenamiento, financiación y apoyo de Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí. Algunas fuerzas de seguridad locales, como las Fuerzas de Élite Hadrami y las Fuerzas del Cinturón de Seguridad, dependían directamente de Emiratos Árabes Unidos, del que recibían armas y entrenamiento. Estas fuerzas se caracterizaban por las luchas internas y por tener intereses divergentes.

El grupo armado Al Qaeda en la Península Arábiga continuaba controlando partes del sur de Yemen. Siguió cometiendo atentados con explosivos en las gobernaciones de Adén, Abyan, Lahj y Al Baida. Los bombardeos aéreos y los ataques de vehículos de control remoto (drones) de las fuerzas estadounidenses contra Al Qaeda en la Península Arábiga se triplicaron. Las fuerzas estadounidenses también lanzaron al menos dos ataques terrestres. El grupo armado Estado Islámico siguió operando en algunas partes del país, si bien a pequeña escala.

No hubo avances en las negociaciones políticas ni ningún cese de hostilidades durante el año. Mientras en las ciudades portuarias de Moca y Hudayda y en sus alrededores continuaban las operaciones militares y los combates, todas las partes en el conflicto se negaron en diferentes momentos a participar en el proceso dirigido por la ONU, dependiendo de las ventajas militares en el terreno.

Según la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, desde que comenzó el conflicto en marzo de 2015 hasta agosto de 2017 habían muerto 5.144 civiles, entre ellos más de 1.184 niños y niñas, y más de 8.749 habían resultado heridos. La Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCAH) de la ONU informó de que más de dos tercios de la población necesitaban ayuda humanitaria y al menos 2,9 millones de personas habían huido de sus casas. Según la Organización Mundial de la Salud, más de 500.000 personas padecían posiblemente cólera debido a la ausencia de agua no contaminada y de acceso a servicios de salud. La enfermedad había causado la muerte de casi 2.000 personas desde el comienzo del brote en 2016. El conflicto en curso era un factor importante en la prevalencia del cólera en Yemen.

Violaciones del derecho internacional cometidas por las fuerzas huzíes y leales a Salé y por las milicias progubernamentales

Los huzíes y sus fuerzas aliadas, entre las que había unidades del ejército leales al expresidente Salé, siguieron empleando tácticas que parecían violar la prohibición de los ataques indiscriminados. Disparaban indiscriminadamente municiones explosivas con efectos en una amplia superficie, como bombas de mortero y proyectiles de artillería, contra zonas residenciales controladas o disputadas por fuerzas que se oponían a ellas, causando la muerte y heridas a civiles. La ciudad de Taiz, en la que estos ataques se intensificaron en determinados momentos, como enero y mayo, se vio especialmente afectada. La ONU informó de que, entre el 21 de mayo y el 6 de junio, una serie de ataques entre fuerzas huzíes y fuerzas contrarias a ellas mataron al menos a 26 civiles e hirieron al menos a 61. Los huzíes y sus aliados también siguieron colocando minas terrestres antipersonal, prohibidas internacionalmente, que causaron víctimas civiles. El 15 de septiembre, la ONU informó de otra serie de ataques, aparentemente indiscriminados, lanzados por las fuerzas huzíes y leales a Salé en Taiz, incluidos el bombardeo de una casa en el distrito de Shab al Dhuba y del mercado de Al Sameel, en el que murieron tres menores y resultaron heridos otros siete.

Los huzíes y sus fuerzas aliadas, así como las fuerzas progubernamentales, siguieron reclutando y desplegando a niños y niñas soldados.

Violaciones del derecho internacional cometidas por la coalición dirigida por Arabia Saudí

La ONU informó de que la coalición dirigida por Arabia Saudí que apoyaba al gobierno del presidente Hadi seguía siendo la principal causante de víctimas civiles en el conflicto. La coalición continuó cometiendo con impunidad violaciones graves del derecho internacional de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario.

Los aviones de la coalición bombardearon zonas controladas o disputadas por las fuerzas huzíes y sus aliados, sobre todo en las gobernaciones de Saná, Taiz, Hayyah, Hudayda y Saada, matando e hiriendo a miles de civiles. Muchos ataques de la coalición estaban dirigidos contra objetivos militares, pero otros fueron indiscriminados, desproporcionados o tuvieron como blanco la población civil y bienes de carácter civil, como lugares donde se celebraban funerales, escuelas, mercados, zonas residenciales y barcos civiles.

En marzo, un helicóptero atacó un barco en el que viajaban 146 personas migrantes y refugiadas somalíes frente a la ciudad portuaria de Hudayda, matando a 42 civiles e hiriendo a otros 34. Otro ataque, cometido en agosto contra un barrio residencial del sur de Saná, mató a 16 civiles e hirió a otros 17, la mayoría de ellos niños y niñas.

Las fuerzas de la coalición usaron munición poco precisa en algunos ataques, como bombas de gran tamaño y amplio radio de impacto, que causaban víctimas y destrucción más allá de los puntos donde caían directamente. Asimismo, siguieron usando municiones de racimo en ataques lanzados en la gobernación de Saada, a pesar de que estaban prohibidas internacionalmente por su naturaleza intrínsecamente indiscriminada. Estas municiones esparcían por una amplia superficie pequeñas bombas explosivas que representaban un riesgo permanente, al no explotar en muchos casos en el momento del impacto. En febrero, la coalición lanzó cohetes de fabricación brasileña que contenían munición de racimo prohibida en zonas residenciales y tierras de cultivo de la ciudad de Saada, causando heridas a dos civiles, así como daños materiales.

Bloqueo aéreo y marítimo

La coalición siguió imponiendo un bloqueo marítimo y aéreo parcial, que se endureció en noviembre, presuntamente para hacer cumplir el embargo de armas a las fuerzas huzíes y leales a Salé sancionado por la ONU. Durante el año, estos bloqueos restringieron la circulación de personas y bienes, empeorando la crisis humanitaria causada por el conflicto y contribuyendo a la comisión de violaciones del derecho a la salud y a un nivel de vida adecuado, incluido el derecho a alimentación adecuada. Esta situación contribuyó a su vez a generar inseguridad alimentaria generalizada y a agravar la epidemia de cólera hasta convertirla en la peor del mundo. En marzo, la ONG Save the Children informó de que la coalición había impedido que tres de sus envíos de ayuda humanitaria llegaran al puerto de Hudayda, forzándola a redirigirlos a Adén y retrasando tres meses la entrega. En agosto, la OCAH informó de que la coalición había negado el acceso a Hudayda de cuatro buques que transportaban más de 71.000 toneladas de combustible. Según la OCAH, en noviembre la coalición impidió que llegaran al puerto de Hudayda 29 barcos que transportaban suministros esenciales.

Las fuerzas huzíes y leales a Salé, el gobierno yemení y las fuerzas yemeníes alineadas con Emiratos Árabes Unidos emplearon prácticas de detención arbitraria e ilegal. Amnistía Internacional documentó algunos casos de civiles detenidos en Saná y Marib sólo para ser utilizados en futuros intercambios de prisioneros, lo que equivalía a toma de rehenes y violaba el derecho internacional humanitario.

En Saná y otras zonas bajo su control, los huzíes y sus aliados continuaron deteniendo arbitrariamente y recluyendo a personas que expresaban críticas u oposición, así como a periodistas, particulares, defensores y defensoras de los derechos humanos y miembros de la comunidad bahaí, sometiendo a decenas de ellos a desaparición forzada. Al terminar el año continuaban recluidos cinco hombres bahaíes. Uno de ellos llevaba casi cuatro años privado de libertad, acusado por los huzíes de apostasía, lo que según la legislación yemení conllevaba la pena de muerte.

Las fuerzas yemeníes respaldadas por Emiratos Árabes Unidos llevaron a cabo en Adén una campaña de detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas. Amnistía Internacional documentó 13 casos de detención arbitraria durante el año; algunas de las personas afectadas estaban sometidas a régimen de incomunicación o habían sido objeto de desaparición forzada. Las fuerzas locales alineadas con Emiratos Árabes Unidos también detuvieron arbitrariamente en el aeropuerto internacional de Adén a miembros de la comunidad bahaí que permanecieron recluidos sin cargos nueve meses.

El 27 de abril, las fuerzas del gobierno yemení reconocido internacionalmente detuvieron de forma arbitraria en Marib a Mustafa al Mutawakel, profesor universitario y personalidad política, que quedó recluido sin cargos.

Desde que comenzó el conflicto, todas las partes venían cometiendo con total impunidad violaciones graves del derecho internacional humanitario y violaciones y abusos contra el derecho de los derechos humanos.

Desde su creación en septiembre de 2015, la comisión nacional establecida por el gobierno yemení para investigar las denuncias de violaciones de derechos humanos no había llevado a cabo investigaciones inmediatas, imparciales, efectivas y compatibles con las normas internacionales sobre presuntas violaciones de derechos humanos cometidas por todas las partes en el conflicto de Yemen. Asimismo, el mecanismo de investigación de la coalición dirigida por Arabia Saudí parecía seguir careciendo de la imparcialidad y la independencia necesarias para realizar su trabajo con credibilidad.

Con la proliferación de grupos armados y fuerzas de seguridad sin mando ni control, y la ausencia de control efectivo del gobierno central sobre sus fuerzas de seguridad y territorios, el margen de acción de la impunidad se amplió aún más. En su informe de mitad de periodo, el Grupo de Expertos de la ONU sobre Yemen expresó preocupación por el hecho de que, escudados en la coalición, los Estados pertenecientes a ella estuvieran eludiendo expresamente la rendición de cuentas y la responsabilidad individual.

La noticia positiva fue la aprobación en septiembre de una resolución del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en la que se encargaba a un grupo de expertos la investigación de los abusos cometidos por todas las partes en Yemen. Constituyó un primer paso en la consecución de justicia para las víctimas de abusos contra los derechos humanos y violaciones graves del derecho internacional.

Los huzíes y sus aliados, así como las facciones armadas de Taiz, Adén y Saná, libraron una campaña contra periodistas y defensores y defensoras de los derechos humanos, restringiendo la libertad de expresión en zonas sometidas a su administración de facto.

Las fuerzas huzíes y sus aliados continuaron manteniendo recluidos sin cargos al menos a nueve periodistas que llevaban detenidos arbitrariamente más de dos años. Mientras tanto, en Adén y Taiz, grupos armados y fuerzas de seguridad asesinaron, acosaron, intimidaron, detuvieron y, en algunos casos, torturaron a defensores y defensoras de los derechos humanos y periodistas, obligando a algunos a autocensurarse y a otros a huir del país.

La coalición dirigida por Arabia Saudí y el gobierno de Yemen impidieron la entrada de periodistas en el país, llegando incluso a impedir que la ONU les permitiera usar sus vuelos a Yemen, reduciendo así la cobertura informativa e imponiendo de hecho un bloqueo informativo. En mayo, esta prohibición se hizo extensiva también a las organizaciones de derechos humanos.

El prolongado conflicto agravó la discriminación y desigualdad existentes para las mujeres y las niñas, y propició la adopción de mecanismos de afrontamiento negativos, como el matrimonio precoz, sobre todo en las gobernaciones de Taiz, Hayyah, Hudayda, Ibb y Saná. Los mecanismos de protección social y legal, que ya eran insuficientes, dejaron de funcionar. Como consecuencia de ello, las mujeres y las niñas estaban menos protegidas frente a la violencia sexual y de otra índole, como la mutilación genital femenina, el matrimonio forzado y otros abusos, y tenían menos vías para obtener una reparación.

Continuaba vigente la pena de muerte para numerosos delitos; no se disponía de información pública sobre condenas a muerte y ejecuciones. El 12 de abril las autoridades huzíes y leales a Salé declararon culpable de espionaje y condenaron a muerte al periodista Yahya al Jubaihi. Era la primera vez que las autoridades huzíes y leales a Salé imponían la pena de muerte. Yahya al Jubaihi quedó en libertad en septiembre.

República de Yemen
Jefe del Estado: Abd Rabu Mansur Hadi
Jefe del gobierno: Ahmed Obeid bin Daghr