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China 2019

La situación de los derechos humanos siguió caracterizándose por la represión sistemática de la disidencia. El sistema de justicia seguía plagado de juicios injustos y casos de tortura y otros malos tratos bajo custodia. China continuó tratando como secreto de Estado toda información referente al uso generalizado de la pena de muerte en el país.

Siguieron aplicándose medidas de represión particularmente duras, disfrazadas de lucha “contra el separatismo” o “contra el terrorismo”, en la Región Autónoma Uigur de Sinkiang (Sinkiang) y en las zonas de población tibetana (Tíbet). Las autoridades sometieron a vigilancia invasiva, detención arbitraria y adoctrinamiento obligatorio a la población uigur, kazaja y de otros grupos étnicos predominantemente musulmanes.

Las personas LGBTI sufrían una discriminación y una estigmatización social generalizadas. Al no existir servicios médicos adecuados, se exponían a graves peligros cuando buscaban tratamientos de afirmación de género, que ni estaban regulados ni eran apropiados. Asimismo, eran víctimas de abusos en forma de “terapias de conversión”.

El gobierno continuó intimidando, hostigando y enjuiciando a defensores y defensoras de los derechos humanos y a ONG independientes, irrumpiendo incluso en sus domicilios y oficinas. Además, la policía vigilaba, acosaba y detenía a familiares de defensores y defensoras, y también restringía su libertad de circulación.

Aunque hubo enormes retrocesos para los derechos humanos en el país, China realizó ciertos avances en la protección del medioambiente, al cerrar y acondicionar fábricas contaminantes y aprobar nuevas restricciones para atajar las emisiones. Según datos de Greenpeace Sudeste Asiático y de IQAir AirVisual, Pekín dejó de encontrarse entre las 100 ciudades más contaminadas del mundo.

Sistema de justicia

En febrero, el presidente Xi Jinping incidió en que el sistema jurídico debía estar bajo el mando absoluto del Partido Comunista Chino. Tanto los organismos encargados de hacer cumplir la ley como el sistema judicial seguían en gran medida bajo el control del partido. China legalizó la detención arbitraria y secreta —como la llamada “vigilancia domiciliaria en un lugar designado”—, y autorizó también por ley el sistema extrajudicial de detención denominado liuzhi. Estos procedimientos permitían la detención en régimen de incomunicación durante periodos prolongados, y entrañaban mayor peligro de tortura y otros malos tratos y de “confesiones” forzadas. El Grupo de Trabajo de la ONU sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias pidió información sobre 20 nuevos casos de desaparición forzada ocurridos en China sólo entre los meses de febrero y mayo. Se reforzaron las facultades de los organismos encargados de hacer cumplir la ley y de los cuerpos de seguridad en virtud de una nueva normativa, en vigor desde febrero, que eximía a los agentes de policía de responsabilidad jurídica por daños ocasionados a bienes o intereses de personas u organizaciones en el desempeño de sus funciones.

Libertad de expresión: Internet

El gobierno restringió aún más el derecho a la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica. Las autoridades sometieron a estricta censura a todos los medios y publicaciones, desde los medios de comunicación impresos hasta los juegos online. Con ayuda de empresas privadas de tecnología e Internet, el funcionariado dominaba técnicas de reconocimiento facial, sistemas de registro con nombre real y macrodatos para someter a la población a vigilancia y control masivos e indiscriminados. En julio se dio a conocer un proyecto de normativa aplicable al sistema de crédito social chino que proponía castigar a quienes difundieran información que “viol[ara] la moralidad social” o provocara un “impacto social adverso”. En enero, usuarios y usuarias chinos aseguraron haber sido amenazados, detenidos o amonestados por tener actividad en Twitter, red social oficialmente prohibida en el país. En su control del ciberespacio, China fue más allá de su “Gran Muralla Cortafuegos” y lanzó potentes programas maliciosos y ataques de denegación de servicio contra servidores, páginas web y aplicaciones de mensajería extranjeros que consideraba problemáticos.

Libertad de religión o de creencias

Pekín continuó atenazando a la población cristiana y musulmana, mientras el país seguía adelante con su política de “chinización de la religión”, en la que insistió el primer ministro Li Keqiang en la Asamblea Nacional Popular en marzo. Numerosos templos y estatuas budistas y taoístas, así como mezquitas e iglesias, sufrieron daños o fueron destruidos a instancias del gobierno. Las autoridades encarcelaron a líderes religiosos no reconocidos por el partido por “poner en peligro la seguridad del Estado”. El 30 de diciembre, el pastor Wang Yi, de la Iglesia del Pacto de la Lluvia Temprana, fue condenado a nueve años de prisión por “operación empresarial ilegal” e “incitación a la subversión del poder del Estado”.

Región Autónoma Uigur de Sinkiang

Continuó informándose sobre la detención en Sinkiang de personas uigures, kazajas y de otros grupos étnicos predominantemente musulmanes, pese a que el gobierno manifestó su voluntad de cerrar paulatinamente los mal llamados “centros de formación profesional”, también conocidos como centros de “transformación mediante la educación”. Desde principios de 2017, fecha en que el gobierno de Sinkiang promulgó la “normativa sobre desradicalización”, se calculaba que hasta un millón de personas uigures, kazajas y de otros grupos étnicos minoritarios habían sido internadas en esos campos.[1] Numerosas figuras religiosas y personas del mundo académico y de la cultura fueron detenidas en Sinkiang exclusivamente por haber ejercido su derecho a la libertad de religión y de expresión. Entre ellas figuraban Ilham Tohti, economista, escritor y profesor uigur condenado a cadena perpetua en 2014, y Tashpolat Teyip, ex presidente de la Universidad de Sinkiang condenado en 2017 a la pena de muerte con una suspensión de dos años, ambos por cargos de “separatismo”.[2]

En marzo, la alta comisionada de las Naciones Unidas para los derechos humanos comunicó que su oficina pedía la colaboración del gobierno chino para conseguir “pleno acceso a fin de efectuar una evaluación independiente de las persistentes noticias que llegan sobre la constante generalizada de desapariciones forzadas y detenciones arbitrarias, sobre todo en Sinkiang”.[3]

En julio, 25 países emitieron una declaración conjunta sobre Sinkiang en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.[4] En septiembre, Amnistía Internacional y otras cuatro organizaciones de derechos humanos publicaron una carta conjunta dirigida al secretario general de la ONU, en la que instaban a la ONU a reforzar la presión sobre China para que pusiera fin a las detenciones masivas en Sinkiang.[5]

En noviembre, el diario The New York Times y el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación publicaron sendos dosieres de documentos filtrados por funcionarios chinos no identificados en los que se describía la represión ejercida en Sinkiang y la existencia de centros en los que se sometía a operaciones de lavado de cerebro y a otros malos tratos a cientos de miles de personas pertenecientes a grupos étnicos mayoritariamente musulmanes. Las descripciones que aparecían en estos documentos coincidían con los testimonios recogidos por Amnistía Internacional de personas que habían estado detenidas anteriormente y de familiares en el extranjero de personas enviadas a campos o que habían desaparecido en Sinkiang. Además, estos documentos desmentían la versión del gobierno chino, según el cual los centros mencionados eran, en realidad, simples instituciones de “formación profesional”.

Derechos de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI)

Las personas LGBTI continuaban discriminadas en sus domicilios, trabajos, escuelas y en cualquier lugar público en general. Las autoridades aceptaron —y afirmaban haber aplicado— todas las recomendaciones relativas a la orientación sexual y la identidad y expresión de género que recibieron en 2018, al final del tercer ciclo del Examen Periódico Universal de la ONU. Dos de estas recomendaciones pedían que se prohibiera por ley todo tipo de discriminación, pero al redactar estas líneas no había aún ninguna ley que protegiera expresamente a la población LGBTI de actos discriminatorios.

Tras haberse intentado, al parecer, eliminar contenido gay el año pasado, la plataforma Weibo —una de las mayores redes sociales— borró información sobre temas lésbicos en abril. Los y las activistas temían que se intensificara la censura de temas LGBTI en Internet.

Al término de una campaña en Internet sobre la legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo, Yue Zhongming, portavoz de la Comisión de Asuntos Legislativos de la Asamblea Nacional Popular, reconoció que la opinión pública apoyaba el reconocimiento de esas uniones en el Código Civil. En China, las parejas formadas por personas del mismo sexo no gozaban de los mismos derechos que las demás a causa de su orientación sexual.

La transexualidad estaba catalogada como “enfermedad mental”, y para que una persona pudiera someterse a operaciones de afirmación de género tenía que contar con autorización familiar. Además, había requisitos que obstaculizaban el acceso a esos tratamientos, como no tener cónyuge o carecer de antecedentes penales. Debido a la discriminación y el estigma generalizados, a los restrictivos requisitos y a la falta de información, las personas transgénero acudían a tratamientos de afirmación de género no regulados e inseguros.[6]

Algunas personas transgénero explicaron a Amnistía Internacional que no habían recibido ningún asesoramiento u orientación de profesionales de la medicina sobre los tratamientos de afirmación de género cuando empezaron a tomar hormonas, y que se habían informado sobre opciones de tratamiento a través de amistades o buscando información en Internet.

Algunas personas transgénero que necesitaban con urgencia armonizar su cuerpo con su identidad de género aseguraron a Amnistía Internacional que, al no haber podido acceder a información fidedigna sobre cuestiones de salud, no habían tenido más remedio que recurrir a un peligroso e inseguro mercado negro para conseguir medicación hormonal. Algunas habían llegado a intentar operarse por sí solas, al considerar imposible acceder a tratamientos de afirmación de género en los hospitales.

Amnistía Internacional recibió informes de casos de personas LGBTI a las que sus familias habían obligado a someterse a “terapias de conversión” —que presuntamente modificaban la orientación sexual y la identidad y expresión de género— por considerar que la condición LGBTI era un trastorno mental que necesitaba tratamiento. El gobierno no tomó ninguna medida para prohibir estas “terapias de conversión”, a pesar de que ya en 2014 una sentencia judicial histórica había aclarado que la homosexualidad no era ninguna enfermedad y no necesitaba tratamiento.

Defensores y defensoras de los derechos humanos

Continuó reduciéndose el espacio del que disponían los defensores y defensoras de los derechos humanos para llevar a cabo libremente su trabajo. Las autoridades los sometieron sistemáticamente a vigilancia, hostigamiento, intimidación, detención y encarcelamiento. Continuaron los juicios contra numerosos defensores y defensoras de los derechos humanos y activistas por cargos imprecisos y excesivamente amplios, como “subvertir el poder del Estado”, “incitar a la subversión del poder del Estado” y “provocar peleas y crear problemas”. Muchos defensores y defensoras fueron sometidos a “vigilancia domiciliaria en un lugar designado” como sospechosos de delitos contra la seguridad del Estado. Esta forma de detención permitía a la policía sustraer del sistema de detención formal a personas sospechosas de estos delitos y recluirlas durante hasta seis meses en lugares no identificados y sin acceso a asistencia letrada ni a sus familias. 

Las autoridades siguieron reprimiendo la disidencia y las voces independientes. El destacado abogado de derechos humanos Gao Zhisheng, que había publicado sus memorias sobre su experiencia de desaparición forzada, tortura y otros malos tratos y arresto domiciliario ilegal, volvió a ser sometido a desaparición forzada en agosto de 2017. Se desconocía su paradero. En febrero se dictó auto de procesamiento contra el abogado de derechos humanos Yu Wensheng, acusado de “incitar a la subversión del poder del Estado” y “obstaculizar las funciones de agentes públicos” por haber difundido una carta abierta pidiendo reformar cinco puntos de la Constitución china. La activista de base de los derechos civiles y políticos Chen Jianfang fue detenida formalmente en junio de 2019 por “incitar a la subversión del poder del Estado”.[7] El activista Chen Bing fue condenado el 4 de abril a tres años y medio de prisión tras haber sido declarado culpable, junto con tres personas más, de “provocar peleas y crear problemas” por haber conmemorado el 27º aniversario de la represión de Tiananmén en 2016.

Las autoridades tomaron represalias contra periodistas ciudadanos y personal de ONG por informar sobre violaciones de derechos humanos. A principios de año, detuvieron a Wei Zhili, Ke Changbing y Yang Zhengjun, redactores de una página web de Guangzhou sobre derechos laborales en China.[8] Huang Qi, cofundador de la página web 64tianwang.com, que informa y documenta sobre protestas en China, fue condenado a 12 años de prisión por “filtrar secretos de Estado” y “proporcionar secretos de Estado a una entidad extranjera”. Liu Feiyue, fundador de la página web “Observatorio de los derechos civiles y los medios de vida”, fue detenido a finales de 2016 y condenado el 29 de enero de 2019 a cinco años de cárcel por “incitar a la subversión del poder del Estado”. Cheng Yuan, Liu Yongze y Wu Gejianxiong, trabajadores de una ONG de lucha contra la discriminación, llevaban desde el 22 de julio recluidos en régimen de incomunicación por “subversión del poder del Estado”.[9] Las autoridades criticaron por primera vez en público a una ONG extranjera, Asia Catalyst, por haber violado la Ley de Gestión de ONG Extranjeras.

Las familias de los defensores y defensoras de los derechos humanos detenidos eran también sometidas a vigilancia policial, hostigamiento y restricción de su libertad de circulación. Li Wenzu, esposa del defensor de los derechos humanos encarcelado Wang Quanzhang, aseguró que durante mucho tiempo había tenido problemas para encontrar un sitio donde vivir porque la policía amenazaba a los propietarios de inmuebles para que no firmaran con ella ningún contrato. Su hijo de seis años, Quanquan, tampoco había podido ir a la escuela porque la policía amenazaba a quienes dirigían el centro.[10]


[1] ONU: Acción para poner fin a las detenciones masivas practicadas por China en Sin-kiang (noticia, 4 de febrero de 2019)

[2] Académico uigur puede ser ejecutado en China: Tashpolat Teyip (ASA 17/1006/2019)

[3] China: Joint Statement Calling for Xinjiang Resolution at the United Nations Human Rights Council (declaración conjunta, 4 de febrero de 2019)

[4] Amnesty International welcomes statement at Human Rights Council addressing China’s appalling violations in Xinjiang (IOR 40/0711/2019)

[5] Open letter to UN Secretary General Re: China’s Human Rights Violations in Xinjiang (declaración conjunta, 17 de septiembre de 2019)

[6] “I need my parents’ consent to be myself” – Barriers to Gender-affirming Treatments for Transgender People in China (ASA 17/0269/2019)

[7] Activista de base, recluida en régimen de incomunicación: Chen Jianfang (ASA 17/0778/2019)

[8] Más información: Activistas laborales, en detención secreta: Wei Zhili y Ke Chengbing (ASA 17/0790/2019)

[9] Trabajadores de ONG, detenidos por “subversión” (ASA 17/0927/2019)

[10] 1413 Days and Counting: Li Wenzu’s fight for her husband’s freedom (blog, 12 de julio de 2019)

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