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Información extraída de nuestro informe "La situación de los derechos humamos en el mundo", abril 2024

La legislación incrementó la protección de la policía. Persistía la impunidad por las violaciones de derechos humanos cometidas durante las protestas de 2019. Se presentó un plan de búsqueda de víctimas de desaparición forzada. Se seguían aplicando medidas discriminatorias a la población refugiada y migrante, y se obstaculizaba su acceso a la protección internacional. Continuaban vulnerándose los derechos de las personas LGBTI, los pueblos indígenas y las mujeres. La postura de Chile sobre los nuevos proyectos mineros resultaba incoherente.

Información general

El 17 de diciembre, Chile rechazó por una amplia mayoría la propuesta de una nueva Constitución; seguía vigente la de 1980.

El gobierno declaró el estado de excepción en varias regiones del país.

Se conmemoró el 50 aniversario de la llegada al poder por la fuerza de Augusto Pinochet.¹ La negación histórica de las violaciones de derechos humanos cometidas durante ese periodo aumentó.

El gobierno presentó un proyecto de ley para reformar la legislación antiterrorista. No se realizaron avances reseñables en la reforma de la Ley Antidiscriminación.

Uso excesivo de la fuerza

En abril se aprobó la Ley Naín-Retamal con el objetivo declarado de proteger a la policía. La ley aumentaba las sanciones por los delitos cometidos contra ese cuerpo, establecía la legítima defensa privilegiada en su favor en relación con el uso de la fuerza y modificaba el delito de apremios ilegítimos.²

No se avanzó hacia una reforma integral de Carabineros (fuerza policial), pero el gobierno presentó varios proyectos de ley que regulaban el uso de la fuerza para salvaguardar el orden público y la seguridad.

Derecho a verdad, justicia y reparación

Continuó la impunidad por la mayoría de las violaciones de derechos humanos cometidas durante el estallido social de 2019. Según la Fiscalía Nacional de Chile, hasta diciembre solamente se habían presentado cargos en 127 de los 10.142 casos de denuncias relacionadas con las violaciones de derechos humanos cometidas en ese periodo, con un resultado de 38 sentencias condenatorias y 17 absolutorias.

Se dictaron sentencias condenatorias contra varios agentes de Carabineros por las violaciones de derechos humanos cometidas en 2019 contra Josué Maureira y Mario Acuña, y se rechazó un recurso de nulidad presentado en defensa del militar que había disparado contra Carlos Astudillo. En la ciudad de La Serena, se declaró a cuatro militares culpables de cometer el delito de violencia innecesaria en el contexto de las protestas de 2019. En virtud de la Ley Naín-Retamal, un tribunal absolvió a cinco miembros de Carabineros de la comuna de Padre Hurtado que habían sido acusados de apremios ilegítimos durante el estallido de 2019.

La Fiscalía de la Región Metropolitana Centro Norte seguía investigando a miembros del gobierno del expresidente Sebastián Piñera y de la jefatura de Carabineros por el papel que habían desempeñado durante el estallido de 2019 en la presunta comisión del delito de apremios ilegítimos y crímenes de lesa humanidad. Ricardo Yáñez, general director de Carabineros, no acudió a la mayoría de las citaciones para declarar como acusado y ejerció su derecho a guardar silencio en otra causa. No se presentaron cargos formales contra la jefatura de Carabineros.³

La Mesa de Reparación Integral dio a conocer sus conclusiones, pero no se avanzó con respecto a la elaboración de una política sobre reparación para las víctimas de las violaciones de derechos humanos cometidas durante el estallido.⁴

Se presentó el Plan Nacional de Búsqueda de personas víctimas de desaparición forzada durante el régimen de Augusto Pinochet (1973-1990), que seguía pendiente de aplicación. El gobierno anunció la Política Nacional de Memoria y Patrimonio para proteger los lugares de memoria colectiva relacionados con ese periodo.

Se presentó un proyecto de ley para levantar con reservas el secreto de los testimonios de las víctimas de tortura recopilados por la Comisión Valech, comité nacional encargado de documentar los casos de detención política y tortura que habían tenido lugar durante la época de Pinochet.

Derechos de los pueblos indígenas

El gobierno anunció los nombres de los miembros de la Comisión Presidencial para la Paz y el Entendimiento, creada para buscar una solución política a las exigencias planteadas por el pueblo Mapuche.

Chile otorgó reconocimiento legal al pueblo Selk´nam y lo incluyó como beneficiario de los derechos jurídicos asignados a los pueblos indígenas.

En febrero, un grupo de personas mapuches del lof —forma básica de la organización social mapuche— de El Roble-Carimallín realizaron una protesta ante unos terrenos de propiedad privada de Carimallín, en la comunidad de Río Bueno, donde la empresa noruega Statkraft tenía previsto instalar una planta hidroeléctrica. La comunidad Mapuche sostenía que el proyecto estaba situado en una zona sagrada e importante desde el punto de vista cultural. Los agentes de Carabineros disolvieron la manifestación con gas lacrimógeno y armas antidisturbios, e hirieron a cuatro personas de etnia mapuche.

Derechos de las personas refugiadas y migrantes

En febrero, el gobierno desplegó tropas militares a lo largo de las fronteras con Bolivia y Perú para impedir la entrada irregular de personas migrantes y refugiadas, lo que afectó principalmente a quienes llegaban de Venezuela en busca de protección.⁵

La población venezolana seguía encontrando obstáculos para obtener protección, como el requisito de notificar la entrada irregular en el país para acceder al procedimiento de solicitud de asilo.⁶ Estos impedimentos, junto con el bajo índice de reconocimiento de la condición de refugiado, dificultaban su acceso a la educación, los servicios de salud y el empleo en Chile.⁷

La Fiscalía Nacional dio la orden de solicitar la detención preventiva de las personas extranjeras acusadas de delitos que carecieran de documento nacional de identidad.

En junio se implantó un proceso de empadronamiento biométrico de la población extranjera mayor de 18 años que hubiera entrado en Chile por pasos fronterizos no autorizados antes de mayo de 2023. Esta medida suscitó preocupación, dadas las propuestas y prácticas restrictivas del gobierno en relación con las personas migrantes y refugiadas, incluidas las expulsiones irregulares.

El gobierno emitió en diciembre el decreto que establecía la Política Nacional de Migración y Extranjería, que, entre otras medidas, instituía el empadronamiento biométrico y una comisión a cargo de las expulsiones.

Derechos de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI)

Tras una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el gobierno reconoció la responsabilidad de Chile por la vulneración del derecho a la igualdad y la no discriminación en la causa de Sandra Pavez Pavez, profesora que había sido discriminada por su orientación sexual.

Violencia sexual y de género

Las mujeres de Chile seguían viéndose afectadas por la violencia basada en el género. Seguía pendiente de aprobación en el Congreso un proyecto de ley para avanzar hacia la adopción de un enfoque integral para abordar la violencia contra las mujeres.

Derechos sexuales y reproductivos

El proyecto de ley sobre educación sexual integral anunciado en 2022 no se había aprobado al concluir el año.

Chile no avanzó en la adopción del marco jurídico necesario para despenalizar completamente el aborto y garantizar la igualdad de acceso sin barreras a servicios de aborto sin riesgos.

Defensores y defensoras de los derechos humanos

Al concluir el año no se había aprobado una ley sobre la protección de los defensores y defensoras de los derechos humanos. No obstante, el gobierno había empezado a redactar un protocolo de protección de las personas defensoras de derechos humanos, el medioambiente, los profesionales de la comunicación y los agentes del sistema de justicia.

Derecho a un medioambiente saludable

El gobierno rechazó el proyecto minero Dominga, ubicado en la región de Coquimbo, por su impacto ambiental; sin embargo, aprobó el también proyecto minero Los Bronces Integrado, ubicado en la Región Metropolitana de Santiago, pese a la oposición de las organizaciones ecologistas.

Chile anunció su plan de implementación del Acuerdo de Escazú.