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Veneçuela

Información extraída de nuestro Informe 2017/18

Venezuela siguió en estado de excepción, prorrogado varias veces desde enero de 2016. Se eligió una Asamblea Nacional Constituyente sin la participación de la oposición. La fiscal general fue destituida en circunstancias irregulares. Las fuerzas de seguridad continuaron empleando fuerza excesiva e indebida para dispersar protestas. Cientos de personas fueron detenidas arbitrariamente. Se recibieron numerosas denuncias de tortura y otros malos tratos, incluida violencia sexual contra manifestantes. Se siguió utilizando el sistema judicial para acallar a la disidencia, incluso se empleaba la jurisdicción militar para procesar a civiles. Los defensores y defensoras de los derechos humanos fueron objeto de hostigamiento, intimidación y redadas. Las condiciones de reclusión eran extremadamente duras. La crisis alimentaria y médica siguió empeorando y afectaba especialmente a niños y niñas, personas con enfermedades crónicas y mujeres embarazadas. Aumentó el número de personas de ciudadanía venezolana que solicitaban asilo en otros países.

El año estuvo marcado por las crecientes protestas públicas provocadas por el aumento de la inflación y la escasez de alimentos y suministros médicos. Permanecía en vigor el estado de excepción declarado en enero de 2016, que confería al gobierno poderes especiales para hacer frente a la situación económica. A pesar de los procesos de diálogo político entre el gobierno y la oposición iniciados durante el año, no se produjeron avances concretos en cuestiones relativas a los derechos humanos.

La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó preocupación por el cierre de 50 emisoras de radio por parte de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones. Otros medios de comunicación también se enfrentaban a la amenaza de cierre, a pesar de una sentencia dictada en 2015 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos que declaraba que dichos cierres vulneraban la libertad de expresión.

El gobierno acusó a manifestantes contrarios al gobierno y a algunos líderes de la oposición de ser una amenaza para la seguridad nacional.

El gobierno ordenó retirar de las cadenas nacionales de televisión por cable algunos canales extranjeros de noticias, entre ellos CNN, RCN y CARACOL. En septiembre, unas personas no identificadas amenazaron a periodistas del portal de noticias y periodismo de investigación en Internet Armando.Info por sus investigaciones sobre casos de corrupción administrativa.

Entre abril y julio en particular, se celebraron manifestaciones multitudinarias a favor y en contra del gobierno en varias zonas del país. El derecho de reunión pacífica no estaba garantizado. Según datos oficiales, al menos 120 personas perdieron la vida y más de 1.177 resultaron heridas —entre ellas manifestantes, miembros de las fuerzas de seguridad y transeúntes— durante las protestas multitudinarias.

También hubo informes de la Fiscalía General de la República sobre grupos de personas armadas, con el apoyo o la aquiescencia del gobierno, que habían llevado a cabo acciones violentas contra manifestantes.

Según la ONG local Foro Penal Venezolano, en el contexto de las protestas se detuvo a 5.341 personas, de las cuales se juzgó a 822. A 726 de ellas —que eran civiles— se las sometió a jurisdicción militar y se las acusó de delitos militares por manifestarse contra el gobierno. Al terminar el año permanecían recluidas en espera de juicio 216 personas.

En enero, el gobierno reanudó su programa de seguridad pública, previamente llamado Operación Liberación del Pueblo, con el nuevo nombre de Operación Liberación Humanista del Pueblo. Siguieron recibiéndose noticias de uso excesivo de la fuerza por parte de agentes de seguridad.

En el contexto de las manifestaciones que tuvieron lugar entre abril y julio, el gobierno anunció la activación del “Plan Zamora”, cuyo objetivo era “garantizar el funcionamiento [del] país [y] su seguridad” mediante la movilización de civiles junto con fuerzas policiales y del ejército para “[defender] el orden interno”. Sin embargo, los detalles del plan no se habían hecho públicos.

La Policía Nacional Bolivariana y la Guardia Nacional Bolivariana —entre otras fuerzas de seguridad civiles y militares— continuaron haciendo uso excesivo e indebido de la fuerza contra manifestantes. Entre abril y julio aumentó el despliegue de fuerzas militares para reprimir protestas, lo que dio lugar a un incremento del uso de fuerza menos letal y del uso indebido de fuerza letal, con actos tales como disparar gas lacrimógeno directamente contra el cuerpo de las personas, disparar distintos tipos de munición, como balas de goma, propinar palizas, y emplear armas de fuego, todo lo cual ponía a las personas que se manifestaban en riesgo de sufrir graves daños o la muerte.

Según la Fiscalía General de la República, Jairo Johan Ortiz Bustamante murió por heridas de bala durante una protesta en el estado de Miranda el 6 de abril, y Juan Pablo Pernalete murió por el impacto de una bomba de gas lacrimógeno en el pecho durante una protesta en la capital, Caracas, el 26 de abril. David Vallenilla, Neomar Lander y Rubén Darío González también murieron a consecuencia de las heridas sufridas durante las protestas que tuvieron lugar entre abril y julio.

Durante ese periodo, la organización de la sociedad civil Micondominio.com registró al menos 47 redadas ilegales en múltiples comunidades y viviendas en 11 estados del país. Dichas redadas se caracterizaron por el uso ilegal de la fuerza, las amenazas y las detenciones masivas arbitrarias, y con frecuencia estuvieron vinculadas con operaciones policiales y militares contra las protestas que tenían lugar cerca de las comunidades. Las acciones de las fuerzas de seguridad durante estas redadas fueron ilegales y arbitrarias y tuvieron efectos indiscriminados. También hubo grupos de personas armadas que hostigaron e intimidaron a residentes durante las redadas, con la aquiescencia de las fuerzas de seguridad del Estado allí presentes.

En agosto, el alto comisionado de las Naciones Unidas para los derechos humanos publicó un informe que hacía hincapié en el uso sistemático y generalizado de fuerza excesiva durante las protestas que tuvieron lugar entre abril y julio, y señalaba un patrón de redadas violentas en domicilios y tortura y otros malos tratos a personas detenidas. El informe también expresaba preocupación por las dificultades a las que se enfrentaban las organizaciones internacionales a la hora de acceder al país, y por el temor de las víctimas a denunciar los abusos.

Amnistía Internacional documentó 22 casos emblemáticos de personas detenidas arbitrariamente por razones políticas mediante la aplicación de diversos mecanismos ilegítimos desde 2014. Dichos mecanismos incluían el uso de la justicia militar, detenciones sin orden judicial, y el uso de definiciones penales ambiguas y discrecionales, entre otras cosas, que dejaban patente un patrón mucho más amplio de esfuerzos para acallar a la disidencia.1 Al concluir el año se habían concedido medidas alternativas a la detención a 12 de estas personas; las otras 10 permanecían detenidas de manera arbitraria, a pesar de que los tribunales habían ordenado la liberación de muchas de ellas.

Estos casos documentados incluían los del diputado Gilber Caro y la activista Steyci Escalona, ambos miembros del partido de oposición Voluntad Popular, que habían sido detenidos arbitrariamente en enero después de que altos cargos gubernamentales los hubieran acusado públicamente de llevar a cabo “actividades terroristas”. A pesar de que el juicio de Gilber Caro requería la autorización del Parlamento, Caro seguía detenido de manera arbitraria y su caso se sometió a los tribunales militares. Steyci Escalona salió de prisión preventiva en libertad condicional en noviembre. Al finalizar el año ninguno de los dos había sido juzgado.

Cientos de personas denunciaron haber sido detenidas de manera arbitraria durante las protestas que tuvieron lugar entre abril y julio. A muchas de ellas se les negó el acceso a atención médica y a asistencia letrada de su elección y, en muchos casos, se las sometió a tribunales militares. Se produjo un incremento notable del uso de la justicia militar para juzgar a civiles.

En diciembre, 44 personas detenidas arbitrariamente por motivos que las ONG locales consideraban políticos fueron excarceladas con restricciones a la libertad alternativas.

Se recibieron muchos nuevos informes de tortura y otros malos tratos. Wilmer Azuaje, diputado del consejo legislativo del estado de Barinas, fue detenido en mayo. Su familia denunció que durante su detención estuvo encerrado en una habitación con un olor terrible, esposado durante largos periodos y, en ocasiones, recluido en régimen de incomunicación, condiciones que constituyen trato cruel. En julio, el Tribunal Supremo de Justicia ordenó transferirlo a arresto domiciliario; sin embargo, al terminar el año, Wilmer Azuaje permanecía en el Centro de Reclusión 26 de Julio sin ningún cargo y sin que hubieran mejorado sus condiciones de reclusión.

A lo largo de las manifestaciones que tuvieron lugar entre abril y julio se recibieron informes de malos tratos, incluidas patadas, palizas y violencia sexual, por parte de funcionarios del Estado durante las detenciones de manifestantes.

Los defensores y defensoras de los derechos humanos y las personas que trataban de obtener justicia por violaciones de derechos humanos continuaron siendo objeto de ataques y campañas de difamación, en un intento evidente de impedir su labor de derechos humanos.

En febrero, un agente de policía amenazó al abogado transgénero Samantha Seijas cuando éste acudió a presentar, acompañado de su hija, una denuncia en la comisaría de policía del estado de Aragua.2

En mayo, las autoridades irrumpieron en el domicilio del defensor de los derechos humanos Ehisler Vásquez en la ciudad de Barquisimeto, en el estado de Lara. Al pedir información Ehisler Vásquez sobre la razón del registro, la fiscalía lo amenazó con acusarlo de un delito.3 Ese mismo mes, en la misma ciudad, un grupo de personas no identificadas irrumpió en el domicilio de la defensora y el defensor de los derechos humanos Yonaide Sánchez y Nelson Freitez.4

Hubo medios de comunicación estatales y altos cargos gubernamentales que intimidaron a defensores y defensoras de los derechos humanos haciendo públicos sus nombres y datos de contacto al tiempo que los acusaban de “terrorismo”.

Los profesionales de la abogacía que representaban a personas en juicios ante los tribunales militares denunciaron haber sido objeto de hostigamiento e intimidación por parte de las autoridades gubernamentales, lo que suponía una gran presión para quienes defendían a las personas que criticaban al gobierno.

El sistema de justicia continuaba sometido a injerencias gubernamentales, especialmente en causas que implicaban a personas que criticaban al gobierno o a personas de las que se consideraba que actuaban contra los intereses de las autoridades. El Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) continuó haciendo caso omiso de las decisiones de los tribunales de transferir y poner en libertad a personas bajo su custodia.

Dos agentes de policía del municipio de Chacao permanecían detenidos arbitrariamente desde junio de 2016, a pesar de que en agosto de 2016 se había dictado en su favor una orden judicial de puesta en libertad. Otros 12 agentes acusados en la misma causa penal, que también habían permanecido detenidos arbitrariamente desde junio de 2016, fueron puestos en libertad en diciembre. En junio de 2017, los 14 agentes iniciaron una huelga de hambre, algunos durante 23 días, para pedir que las autoridades los liberaran, en aplicación de la orden judicial.5

En agosto se detuvo a cuatro altos cargos de la oposición que habían sido elegidos para ocupar cargos públicos, y se dictaron órdenes de detención contra otros cinco. Dichas órdenes fueron dictadas por el Tribunal Supremo en un procedimiento que no estaba contemplado en la ley. Un total de 11 cargos elegidos por votación popular fueron destituidos de sus puestos en procedimientos irregulares.

En agosto, Leopoldo López, líder del partido de oposición Voluntad Popular y preso de conciencia, pasó a estar bajo arresto domiciliario Durante su detención en el Centro Nacional de Procesados Militares (CENAPROMIL) en Ramo Verde, Caracas, se recibieron varios informes de abusos contra él, tales como tortura y la negación de visitas de sus abogados y de sus familiares.

Villca Fernández, estudiante y activista político del estado de Mérida y preso de conciencia, permanecía recluido arbitrariamente por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional en Caracas. Se le había negado repetidamente atención médica urgente; además, había denunciado otros malos tratos desde su detención en enero de 2016.6

En mayo, Venezuela anunció su salida de la Organización de los Estados Americanos y, por tanto, de la autoridad de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, lo que limitaba aún más la protección para las víctimas de violaciones de derechos humanos en el país.

Las decisiones y las sentencias de los mecanismos internacionales de vigilancia de los derechos humanos todavía no se habían implementado al terminar el año, especialmente en cuanto a la investigación y el castigo de las personas responsables de violaciones de derechos humanos.

En noviembre, Venezuela recibió la visita de un experto independiente de la ONU sobre la promoción de un orden internacional democrático y equitativo. Se anunciaron para 2018 las visitas de los relatores especiales de la ONU sobre el derecho al desarrollo y sobre el impacto negativo de las medidas coercitivas unilaterales en el disfrute de los derechos humanos.

La mañana del 8 de agosto, Raúl Isaías Baduel, ex ministro de la Defensa que se había mostrado crítico con el gobierno y que se hallaba detenido, fue sacado inesperadamente de su celda en el Centro Nacional de Procesados Militares en Ramo Verde, Caracas, y estuvo 23 días desaparecido. Las autoridades admitieron entonces que estaba recluido en las instalaciones del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional en Caracas, donde permaneció en régimen de incomunicación y se le negó el acceso a sus familiares y a sus abogados durante más de un mes.7

La mayoría de las víctimas de violaciones de derechos humanos seguían sin disponer de acceso a la verdad, la justicia y la reparación. A menudo, las víctimas y sus familiares sufrían intimidación.

En abril, dos agentes de la Guardia Nacional Bolivariana fueron condenados por el homicidio de Geraldine Moreno, cometido durante las manifestaciones llevadas a cabo en el estado de Carabobo en 2014. La mayoría de las víctimas de asesinato, tortura y otras violaciones de derechos humanos a manos de agentes estatales todavía no habían obtenido justicia ni reparación.

La Fiscalía General de la República anunció investigaciones sobre los homicidios cometidos en el contexto de las protestas que tuvieron lugar entre abril y julio de 2017. La Asamblea Nacional Constituyente, establecida el 30 de julio, designó una Comisión de la Verdad para investigar los casos de violaciones de derechos humanos cometidas durante las protestas; suscitaba preocupación su posible falta de independencia e imparcialidad. Se recibieron informes que indicaban que las autoridades presionaban a víctimas de violaciones de derechos humanos o a sus familiares para que prestaran testimonio y convinieran en hechos que podrían eximir a los agentes estatales de su responsabilidad por dichas violaciones; también hubo informes de que se obstaculizaba la labor de los abogados defensores de las organizaciones de derechos humanos.

A pesar de las reformas del sistema penitenciario introducidas en 2011, las condiciones de reclusión seguían siendo extremadamente duras. Continuaron la falta de atención médica, comida y agua potable, las condiciones de insalubridad y el hacinamiento y la violencia en las prisiones y otros centros de detención. Durante los enfrentamientos en centros penitenciarios, el uso de armas de fuego seguía siendo habitual entre los reclusos. Muchos detenidos recurrían a las huelgas de hambre para protestar contra las condiciones de su reclusión.

La CIDH expresó preocupación por la muerte de 37 detenidos en el Centro de Detención Judicial de Amazonas en agosto, durante los enfrentamientos que tuvieron lugar cuando, al parecer, la Guardia Nacional Bolivariana y la Policía Nacional Bolivariana intentaban registrar las instalaciones.

El Centro de Documentación y Análisis para los Trabajadores informó de que, en diciembre, la cesta de bienes de consumo de una familia de cinco miembros —que se empleaba para definir el índice de precios al consumo— era 60 veces superior al salario mínimo, lo que representaba un incremento del 2.123% desde noviembre de 2016. La organización humanitaria Cáritas Venezuela concluyó que el 27,6% de los niños y niñas estudiados estaban en riesgo de malnutrición, y el 15,7% de ellos sufría malnutrición que iba de leve a grave.

El gobierno no reconocía el empeoramiento de la escasez de alimentos provocada por las crisis económica y social. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura declaró en su informe mundial sobre crisis alimentarias de 2017 que no disponía de datos oficiales fiables sobre Venezuela y que el empeoramiento de la situación económica, ya de por sí crítica, podría dar lugar a una ausencia mayor de bienes de consumo, como alimentos y suministros médicos.

Tras casi dos años sin publicar datos oficiales, en mayo el Ministerio de Salud publicó los boletines epidemiológicos semanales de 2016. Los datos revelaron que durante 2016 se habían registrado 11.466 muertes de niños y niñas menores de un año, lo que suponía un aumento del 30,1% desde 2015, cuando la cifra fue de 8.812. Las causas más comunes de mortalidad infantil eran la septicemia neonatal, la neumonía y los nacimientos prematuros. Por otra parte, los boletines mostraban que se había tenido noticia de 324 casos de difteria en 2016.

Los boletines del Ministerio de Salud indicaban un incremento del 65,8% en los casos de mortalidad materna de 2015 a 2016, con un total de 756 muertes registradas en 2016, 300 más que en 2015.

La falta de datos oficiales hacía casi imposible monitorear el índice de feminicidios y otros delitos contra las mujeres. No obstante, la ONG Instituto Metropolitano de la Mujer estimó que entre enero y mayo se habían producido al menos 48 feminicidios.

Diez años después de la aplicación de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, las ONG locales denunciaron que los fiscales, jueces, agentes de policía y otros funcionarios seguían estando mal equipados para proteger los derechos de las mujeres, y que las mujeres a menudo sufrían una doble victimización a causa de la violencia institucional. Otros obstáculos para la aplicación de esta ley incluían la falta de datos oficiales para planificar y programar políticas públicas a fin de prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres.

La crisis económica continuó limitando el acceso a métodos anticonceptivos. En junio, en una encuesta llevada a cabo por la ONG local AVESA en Internet, el 72% de las personas encuestadas dijeron no haber podido acceder a métodos anticonceptivos durante los 12 meses anteriores, y el 27% afirmaban que no se podían permitir comprar anticonceptivos en las farmacias.

Hubo un incremento notable del número de personas solicitantes de asilo venezolanas en Brasil, Costa Rica, Estados Unidos, España, Perú y Trinidad y Tobago. Otros países de la región, entre ellos Colombia y Ecuador, también continuaron recibiendo a un gran número de ciudadanos y ciudadanas de Venezuela que buscaban refugio.

  1. Silencio a la fuerza: Detenciones arbitrarias por motivos políticos en Venezuela (AMR 53/6014/2017)
  2. Venezuela: Hombre trans y su hija amenazados por la policía (AMR 53/5651/2017)
  3. Venezuela: Defensor de derechos humanos hostigado (AMR 53/6252/2017)
  4. Venezuela: Residencia de defensores invadida, seguridad en riesgo (AMR 53/6324/2017)
  5. Venezuela: Víctimas de detención arbitraria en huelga de hambre (AMR 53/6758/2017)
  6. Venezuela: Preso de conciencia requiere atención médica (AMR 53/7464/2017)
  7. Venezuela: Detenido recluido de nuevo en régimen de incomunicación (AMR 53/7051/2017)
República Bolivariana de Venezuela
Jefe del Estado y del gobierno: Nicolás Maduro Moros