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Uzbekistan

Información extraída de nuestro Informe 2017/18

Las autoridades suavizaron algunas restricciones indebidas de los medios de comunicación y del derecho a la libertad de expresión. Varios presos de conciencia y otros que cumplían largas condenas por cargos de motivación política fueron puestos en libertad, aunque su derecho a la libertad de circulación siguió restringido. Agentes del Servicio de Seguridad Nacional detuvieron de forma arbitraria a un periodista independiente y lo torturaron para que “confesara” delitos contra el Estado. Las autoridades continuaron intentando que fueran devueltas al país personas a quienes consideraban una amenaza para la seguridad nacional. Las autoridades locales siguieron obligando a miles de profesionales de la salud y la enseñanza a trabajar en los campos de algodón. Las relaciones sexuales consentidas entre varones continuaban siendo delito.

El presidente Mirzioiev continuó introduciendo propuestas de reforma política y económica de gran alcance, concebidas para acabar con las políticas aislacionistas y represivas del pasado. En febrero se aprobó una estrategia de actuación para la reforma judicial que establecía varias prioridades de reforma sistémica, entre ellas garantizar la independencia real del poder judicial, aumentar su eficacia y autoridad y garantizar la estricta protección jurídica de los derechos y libertades de los ciudadanos.

Una de las reformas legislativas reducía de 72 a 48 horas el tiempo máximo que una persona podía estar detenida antes de comparecer ante un juez.

En mayo, al final de la primera visita que la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos realizaba a Uzbekistán, el alto comisionado pidió al presidente que llevara a la práctica sus promesas de reforma para la protección efectiva de los derechos humanos.

En noviembre, el presidente firmó un decreto que prohibía expresamente el uso de la tortura para obtener confesiones y la admisión de tales confesiones como prueba ante los tribunales.

Las autoridades suavizaron algunas restricciones indebidas del derecho a la libertad de expresión. Permitieron la publicación de algunas informaciones críticas en los medios de comunicación y pusieron en libertad a varios presos condenados por cargos de motivación política. Sin embargo, el gobierno mantuvo un control firme sobre el acceso a la información. Las plataformas de medios de comunicación independientes e internacionales consideradas críticas con las autoridades siguieron siendo inaccesibles.

En febrero, las autoridades dejaron en libertad a Muhammad Bekzhanov después de que hubiera cumplido 17 años de prisión por cargos de motivación política, aunque siguió sometido a un toque de queda y a estrecha vigilancia policial. En julio, Erkin Musaev, exmilitar y miembro del personal del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, fue excarcelado antes de lo previsto. Había sido condenado en 2006 a 20 años de prisión por cargos falsos de espionaje. Los presos de conciencia Azam Farmonov y Salidzhon Abdurakhmonov, el abogado de derechos humanos Agzam Turgunov y otras dos personas defensoras de los derechos humanos fueron puestos en libertad en octubre. Todos habían sido torturados bajo custodia. El preso de conciencia Isroil Kholdorov permaneció en prisión.

En julio, durante una visita a la UE, el ministro de Asuntos Exteriores invitó a ONG y medios de comunicación internacionales a visitar Uzbekistán. Las autoridades concedieron acceso limitado a algunos representantes de ONG y medios de comunicación internacionales.

Pese a estos avances, los defensores y defensoras de los derechos humanos y los periodistas independientes, tanto en el exilio como en Uzbekistán, así como sus familias, continuaron sometidos a campañas de difamación en Internet, en la televisión nacional y en los medios de comunicación impresos.

La vigilancia que ejercían las autoridades dentro y fuera del país reforzaba el entorno represivo a que estaban sometidos defensores y defensoras de los derechos humanos, periodistas y otras personas. Los sistemas técnicos y legales facilitaban la vigilancia ilegítima, sin posibilidades efectivas de control ni de reparación en caso de abusos.1

El 27 de septiembre, agentes del Servicio de Seguridad Nacional detuvieron a Bobomurod Abdullayev, periodista independiente, cuando salía de su casa en la capital, Tashkent, y lo mantuvieron recluido en régimen de incomunicación durante dos semanas en un centro de detención preventiva del Servicio de Seguridad Nacional muy conocido por el uso de tortura. Lo acusaron de utilizar un seudónimo para publicar artículos online en los que pedía el derrocamiento del gobierno y de promover desórdenes en Uzbekistán, delitos punibles con hasta 20 años de prisión. El Servicio de Seguridad Nacional advirtió a su familia que no se pusiera en contacto con organizaciones de derechos humanos ni medios de comunicación, y no le permitieron el acceso, supervisado y limitado, a un abogado de su elección hasta 10 semanas después de su detención. En noviembre, las autoridades prorrogaron su prisión preventiva otros tres meses. El 26 de diciembre, el Servicio de Seguridad Nacional acusó a su abogado de dar a la ciudadanía una imagen falsa del caso y obligó a Bobomurod Abdullayev a despedirlo y a aceptar a uno de oficio.

En agosto, el presidente anunció que en 2019 se aboliría el requisito legal de que los ciudadanos uzbekos solicitaran un permiso para viajar al extranjero. Sin embargo, las autoridades continuaron imponiendo restricciones para viajar a personas recién excarceladas que habían sido condenadas por cargos de motivación política. A algunos expresos se les siguió prohibiendo viajar al extranjero para recibir tratamiento médico urgente.

La defensora de los derechos humanos Polina Braunerg, que iba en silla de ruedas, murió a causa de una embolia en mayo, después de que se le denegara repetidamente el permiso para viajar al extranjero para recibir tratamiento médico.

En octubre, gracias a la creciente presión internacional, se permitió finalmente viajar a Alemania para recibir tratamiento médico urgente a Murad Dzhuraev, exdiputado que había quedado en libertad en noviembre de 2015 tras cumplir 20 años de prisión por cargos de motivación política; murió de forma repentina el 4 de diciembre, antes de salir del país.

El 22 de febrero, el periodista Mohammad Sadiq Kabudvand fue excarcelado tras haber cumplido 17 años de prisión. Su condena, impuesta en un juicio injusto y pese a haber sufrido tortura, se había ampliado arbitrariamente. Al finalizar el año, no se le había concedido permiso para solicitar un visado de salida y reunirse con su familia en el extranjero. Tampoco se le permitió viajar a Tashkent para recibir el tratamiento médico urgente que necesitaba a consecuencia de la tortura y otros malos tratos a los que había sido sometido.

Las autoridades manifestaron de forma reiterada que no tenían intención de despenalizar las relaciones sexuales consentidas entre hombres, que constituían un delito penado con hasta tres años de prisión.

Las relaciones homosexuales consentidas seguían estando sumamente estigmatizadas, y era habitual que las personas LGBTI sufrieran violencia, detención arbitraria y discriminación a manos de agentes estatales y no estatales.

En agosto un decreto presidencial prohibió oficialmente el reclutamiento forzoso de menores, estudiantes y personal médico y docente para trabajar en los campos de algodón. Durante su discurso ante la Asamblea General de la ONU en septiembre, el presidente Mirzioiev reconoció el uso de mano de obra forzada en la industria del algodón en Uzbekistán y prometió ponerle fin.

Sin embargo, defensores y defensoras de los derechos humanos y otros observadores independientes informaron de cientos de casos de personal médico y docente obligado a trabajar en los campos de algodón en condiciones laborales precarias. En algunas regiones documentaron casos de menores que trabajaban en la recogida del algodón a pesar de la prohibición de agosto. Las autoridades amenazaban a quienes se negaban a trabajar en los campos de algodón con cuantiosas multas, despidos y pérdida de prestaciones sociales.

La policía y las autoridades locales intentaron impedir que activistas de derechos humanos supervisaran el trabajo en los campos de algodón, en algunos casos mediante intimidación, fuerza y reclusión arbitraria.

En marzo, la policía detuvo a la defensora de los derechos humanos Elena Urlaeva y la recluyó forzosamente en una institución psiquiátrica durante un mes para impedir que participara en una reunión prevista con delegaciones del Banco Mundial y la Organización Internacional del Trabajo en Tashkent para hablar de sus averiguaciones sobre la práctica común del trabajo forzoso en la industria del algodón. Entre agosto y noviembre, la policía la detuvo repetidamente durante breves periodos para impedir que hablara con personal médico y docente en los campos de algodón.

En agosto, el presidente pidió públicamente que se revisaran los cargos contra personas detenidas por presunta posesión de material religioso o “extremista” prohibido. También pidió que se “rehabilitara” a las personas arrepentidas de haberse unido a movimientos islámicos no inscritos en el registro. Las autoridades también anunciaron que habían eliminado más de 15.000 nombres de una “lista negra” de hasta 18.000 personas sospechosas de pertenecer a movimientos y grupos religiosos prohibidos o no registrados.

Sin embargo, las fuerzas de seguridad continuaron deteniendo a decenas de personas acusadas de pertenecer a grupos “extremistas” prohibidos, entre las que había trabajadores migrantes retornados del extranjero. Activistas de derechos humanos y familiares de las víctimas denunciaron que la policía y los agentes del Servicio de Seguridad Nacional torturaban a muchas de las personas acusadas de pertenencia a grupos ilegales para que “confesaran” cargos falsos, y que los jueces seguían desoyendo las alegaciones verosímiles de tortura, incluso cuando existían signos físicos de ella, y admitían como prueba tales confesiones.

En octubre, el relator especial de la ONU sobre la libertad de religión o de creencias visitó Uzbekistán a invitación de las autoridades. Fue el primer representante de los procedimientos especiales de la ONU al que se concedía acceso al país desde 2002. En sus conclusiones preliminares observó que la práctica de la religión estaba sujeta a una regulación excesiva que daba prioridad a la seguridad por encima de la libertad.

Las autoridades seguían intentando, incluso mediante procedimientos de extradición, que fueran devueltos al país numerosos ciudadanos uzbekos a los que consideraban amenazas para el “orden constitucional” o para la seguridad nacional.

Los agentes del Servicio de Seguridad Nacional continuaron con la práctica de las denominadas “entregas” o secuestros en otros países de personas buscadas.

Las personas secuestradas o devueltas a Uzbekistán eran sometidas a detención en régimen de incomunicación —a menudo en lugares cuya ubicación no se daba a conocer—, así como a tortura y otros malos tratos con el fin de obligarlas a “confesar” o a inculpar a otras personas. En muchos casos, las fuerzas de seguridad presionaban a sus familiares para que no buscasen el respaldo de organizaciones de derechos humanos ni presentaran denuncias por presuntas violaciones de derechos humanos.

  1. “We will find you, anywhere”: The global shadow of Uzbekistani surveillance (EUR 62/5974/2017)
República de Uzbekistán
Jefe del Estado: Shavkat Mirzioiev
Jefe del gobierno: Abdulla Aripov