Información extraída de nuestro informe "La situación de los derechos humamos en el mundo", abril 2024
Las personas acusadas de organizar las manifestaciones multitudinarias de 2022 fueron condenadas en juicios injustos por cargos de motivación política. Las autoridades intensificaron su control de las voces críticas, sobre todo en redes sociales. La tortura y otros malos tratos seguían siendo generalizados en los centros de detención, y era habitual que personas sospechosas de responsabilidad penal quedaran impunes. Se introdujeron reformas en los códigos penal y administrativo que castigaban la violencia de género en el ámbito familiar. El ejercicio del derecho a la libertad de religión continuaba sometido a un control estricto.
Información general
La controvertida reforma de la Constitución, que había suscitado protestas multitudinarias en Karakalpakistán en 2022, fue aprobada tras un referéndum en abril.
En junio, el presidente Shavkat Mirziyoyev fue elegido sin oposición para un nuevo mandato de siete años.
Juicios injustos
A lo largo del año, decenas de personas relacionadas con las manifestaciones multitudinarias reprimidas violentamente en Karakalpakistán fueron declaradas culpables en juicios injustos por cargos de motivación política.
El 31 de enero, un tribunal de la ciudad de Bujará, en el este de Uzbekistán, condenó al editor y abogado Dauletmurat Tazhimuratov a 16 años de prisión por presuntos delitos violentos en relación con las protestas. El tribunal desestimó sus denuncias de tortura, así como las imágenes de vídeo de las protestas en las que se veía a Tazhimuratov pidiendo a la multitud que no recurriera a la violencia. Defensores y defensoras de los derechos humanos que asistieron al juicio en calidad de observadores expresaron el temor de que se coaccionara a las 21 personas coacusadas para que incriminaran a Tazhimuratov a cambio de penas más leves. El 6 de junio, el Tribunal Supremo de Uzbekistán confirmó la sentencia en apelación. Él sostuvo su inocencia.
Uso excesivo de la fuerza
A pesar de las denuncias generalizadas sobre el uso ilegítimo de la fuerza contra quienes se manifestaron pacíficamente en Karakalpakistán, sólo se hizo rendir cuentas a tres miembros de las fuerzas de seguridad. Según una declaración del Tribunal Supremo de agosto, dos agentes de policía cuyos nombres no se facilitaban fueron declarados culpables de torturar a personas detenidas y condenados a siete años de prisión, y un tercer agente, a tres años por no asistir a un moribundo.
Libertad de expresión
La difamación y la injuria, que incluía insultar al presidente, seguían siendo delito. Las autoridades intensificaron su control de las voces críticas, sobre todo en redes sociales.
Al menos 10 blogueros fueron declarados culpables de cargos presuntamente falsos y de motivación política por publicaciones críticas en Internet.
En febrero, el Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Detención Arbitraria concluyó que la detención de Otabek Sattoriy era arbitraria y pidió su liberación. Sattoriy cumplía seis años y medio de prisión por cargos de difamación y extorsión a raíz de sus críticas a la corrupción de funcionarios locales. En abril se le denegó el traslado a unas condiciones penitenciarias menos duras por presuntas infracciones del reglamento penitenciario, aunque en diciembre fue trasladado finalmente a una cárcel de régimen abierto.
Tortura y otros malos tratos
La tortura y otros malos tratos seguían siendo generalizados en los lugares de detención y era habitual que los presuntos responsables penales quedaran impunes.
No hubo avances en la implementación de las propuestas formuladas por la Fiscalía General en 2021 para combatir la tortura mediante la reforma del Código Penal, el establecimiento de mecanismos independientes para dar seguimiento a las denuncias de tortura, la mejora de las condiciones penitenciarias y la provisión de reparaciones por torturas.
La comisión parlamentaria establecida en julio de 2022 para investigar la violencia en Karakalpakistán, incluidas las denuncias de tortura, aún no había publicado el informe de sus conclusiones al final del año.
En noviembre, un relator y una relatora especiales de la ONU expresaron preocupación por la seguridad y el bienestar de Dauletmurat Tazhimuratov (véase, supra, “Juicios injustos”) después de que el abogado de éste hubiera informado en septiembre de un deterioro importante de la salud física y mental de su cliente. Tazhimuratov permanecía recluido en régimen de aislamiento, sin acceso a información y privado de alimentación y asistencia médica adecuadas.
Durante la vista de su apelación en octubre, el bloguero encarcelado Abdukodir Muminov contó al tribunal que la policía le había “aplicado descargas eléctricas, pateado y aplastado los genitales, golpeado repetidamente en la pierna con una porra especial [y] roto una costilla” para obtener de él una “confesión”. El tribunal no ordenó una investigación sobre sus denuncias de tortura.
Violencia por motivos de género
En abril se aprobaron reformas legislativas que por primera vez tipificaban la violencia de género intrafamiliar como un delito diferenciado y establecían mecanismos de protección adicional para niños, niñas y mujeres víctimas de violencia.1 Sin embargo, se declaró oficialmente que estas nuevas protecciones jurídicas estaban dirigidas a “reforzar la institución de la familia”, y fueron socavadas por autoridades que anteponían la reconciliación y la reunificación familiar a la protección de los derechos de las mujeres y los niños y las niñas.
En septiembre, el Comité de Asuntos de la Mujer y la Familia informó de que, entre enero y agosto, el Ministerio del Interior había emitido 21.871 órdenes de protección para mujeres víctimas de violencia o malos tratos. La mayoría de los casos, y el 84,7% de las órdenes relacionadas con violencia de género intrafamiliar, terminaron en reconciliación.
Derechos de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI)
El proyecto de Código Penal conservaba un artículo que penalizaba las relaciones sexuales consentidas entre hombres adultos. Durante su visita en marzo, el alto comisionado de la ONU para los derechos humanos solicitó a las autoridades la exclusión de este artículo.
Uzbekistán aceptó todas las recomendaciones de los Estados en el Examen Periódico Universal de su historial en materia de derechos humanos, realizado en noviembre, excepto las relativas a los derechos de las personas LGBTI. El gobierno citó “normas generalmente aceptadas” como motivo de no aplicar estas recomendaciones.
Libertad de religión o de creencias
Las autoridades continuaron restringiendo el ejercicio de la libertad religiosa a pesar de que habían prometido reiteradamente levantar las restricciones y reformar la Ley de Religión de 2021.
Las autoridades persistieron en enjuiciar a fieles musulmanes por cargos de “extremismo” demasiado generales e imprecisos, y no investigaron sus denuncias de tortura y otros malos tratos. El estudiante Sardor Rakhmankulov, condenado a cinco años de prisión en enero por compartir una canción religiosa islámica en redes sociales, denunció ante el tribunal que la policía lo había asfixiado con una bolsa de plástico y los agentes se habían turnado para darle patadas. El tribunal de apelación no tuvo en cuenta sus denuncias de tortura.
Derechos laborales
En agosto, CEE Bankwatch Network y el Foro Uzbeko por los Derechos Humanos presentaron una denuncia contra el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo. Formulada ante el Mecanismo Independiente de Rendición de Cuentas de Proyectos del citado banco, la denuncia se refería a la falta de medidas de éste, antes de conceder los fondos, para abordar los motivos de preocupación sobre la confiscación ilegal de tierras, los contratos abusivos y los despidos masivos en Indorama Agro, una de las mayores empresas privadas de producción de algodón de Uzbekistán, cuya dirección había intentado por todos los medios desarticular el sindicato del personal de la empresa, el único independiente en el país.
Derecho a un medioambiente saludable
El sector energético de Uzbekistán seguía dependiendo enormemente de los combustibles fósiles y el Estado continuaba subvencionando en gran medida su uso. En octubre, el gobierno firmó un acuerdo con el Banco Mundial para financiar las políticas nacionales destinadas a reducir las emisiones, entre otras medidas, con la reforma de las subvenciones y transacciones del mercado de carbono.
La contaminación del aire en los grandes núcleos urbanos, causada sobre todo por la quema de combustibles fósiles para la energía y el transporte, alcanzó regularmente niveles calificados de peligrosos. Según investigaciones realizadas por el Banco Mundial y el Ministerio de Desarrollo Económico y Reducción de la Pobreza, la mortalidad atribuible a la contaminación del aire por partículas, agravada por el polvo de una desertificación invasiva, había causado pérdidas económicas equivalentes al 6% del PIB.
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