Información extraída de nuestro informe "La situación de los derechos humamos en el mundo", abril 2024
Persistían las amenazas a la libertad de expresión de los medios de comunicación y los obstáculos para acceder a la información pública. Las cifras de encarcelamiento sin precedentes provocaron hacinamiento y unas condiciones penitenciarias inhumanas. Las muertes en prisión continuaron suscitando preocupación. Algunos miembros de las fuerzas armadas fueron procesados por crímenes de lesa humanidad cometidos en el pasado, pero no se produjeron avances sustanciales en las investigaciones sobre las desapariciones forzadas. Uruguay seguía siendo un país hostil para las niñas y las mujeres; el número de femicidios aumentó. Persistían las barreras de acceso a los servicios públicos de salud mental. La calidad del agua potable era motivo de preocupación. En suma, el sistema de garantías de los derechos de Uruguay siguió mostrando síntomas de debilitamiento.
Información general
Tras el procesamiento en febrero del ex jefe de seguridad del presidente por el delito de asociación para delinquir, la acusación formal del exgerente de una empresa por la vigilancia ilegal de dos senadores suscitó preocupación en relación con el uso indebido del aparato de seguridad del Estado. Se estaba investigando la participación de autoridades y funcionarios del Ministerio del Interior en la facilitación de información.
El gobierno no adoptó medidas eficaces para abordar los delitos violentos, como evidenció el aumento del número de homicidios durante el año, según el Estudio Global sobre Homicidios de 2023 elaborado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.
Libertad de expresión
Uruguay siguió descendiendo puestos en el ranking de Reporteros sin Fronteras sobre la libertad de expresión, pasando del lugar 44 de la lista de países, en 2022, al 52, en 2023. En un informe publicado por la organización local Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (CAINFO) se señalaba que entre 2022 y principios de 2023 se habían registrado 69 casos de amenazas a periodistas. Según los medios de comunicación, varios periodistas del canal público de televisión del gobierno departamental de Montevideo denunciaron en julio presiones indebidas para informar sobre temas que favorecieran al gobierno local.
Derecho a la información
Las instituciones públicas no aplicaron las políticas de transparencia y acceso a la información que estipulaba la Ley 18.381, de 2008, sobre el acceso a la información pública. Según CAINFO, hubo 24 episodios que demostraban un deterioro en la aplicación de las normas de transparencia pasiva en el país. Esto fue especialmente evidente durante la emergencia hídrica que tuvo lugar en el Área Metropolitana de Montevideo en el primer semestre del año, periodo en el que las autoridades obstaculizaron el acceso a la información sobre la gestión y la calidad del agua potable y su efecto en la salud humana.
Condiciones de reclusión inhumanas
El sistema penitenciario seguía estando masificado. Según el Comisionado Parlamentario para el Sistema Penitenciario, la población de las cárceles aumentaba de forma constante y se aproximaba a la cifra de 15.400 personas. De ellas, 1.167 eran mujeres, lo que suponía un incremento del 6,9% del número de reclusas con respecto a 2022.
El deterioro de las condiciones de reclusión tenía consecuencias negativas en la calidad de vida de las personas privadas de libertad. En 2023 se registraron 17 asesinatos de personas reclusas bajo custodia.
En septiembre, 55 mujeres privadas de libertad se declararon en huelga de hambre debido a que las habían trasladado a otra planta de la prisión; afirmaban que el cambio había empeorado sus condiciones de reclusión.
Impunidad
Persistía la impunidad por las violaciones de derechos humanos y los crímenes de lesa humanidad cometidos durante el régimen cívico-militar (1973-1985), pero en 2023 se dictaron 18 sentencias condenatorias contra miembros del ejército y la policía, retirados o en actividad, por actos de tortura, secuestro y asesinato ocurridos en ese periodo.
En junio se encontraron restos humanos en las instalaciones militares del Batallón de Infantería Paracaidista N. 14 que databan del periodo del régimen cívico-militar, pero al terminar el año aún no se habían identificado.
Derechos de las mujeres y de las niñas
En 2023, 21 mujeres y niñas fueron víctimas de homicidio por razones de género. Según los medios de comunicación, entre ellas figuraba una adolescente de 17 años asesinada por su expareja, de la misma edad. El gobierno no implementó completamente la Ley 19.580 sobre la violencia de género contra las mujeres, ni asignó fondos para crear juzgados especializados en ese tipo de casos.
Pese a los avances registrados en el disfrute de los derechos sexuales y reproductivos, persistían los obstáculos a la implementación de las políticas públicas de prevención, atención y reparación de las consecuencias de los embarazos de niñas y adolescentes menores de 15 años. Según la Administración de los Servicios de Salud del Estado, entre mayo de 2021 y abril de 2023 se habían registrado 119 embarazos de niñas y adolescentes menores de 15 años. Las autoridades también indicaron que, de esos 119 casos, el 50% habían sido consecuencia de abusos sexuales, el 34% se habían producido en relaciones entre iguales no abusivas y en el 16% restante de los casos no se podía descartar una relación abusiva.
El Sistema Nacional Integrado de Cuidados, creado en 2015, no proporcionaba servicios adecuados para su población objetivo (niños y niñas menores de 3 años, personas con discapacidad y personas adultas mayores en situación de dependencia). Esta situación afectaba de forma directa a la vida de las mujeres, que realizaban la mayoría del trabajo de cuidados no remunerado. Según los datos oficiales más actualizados del Ministerio de Desarrollo Social, el 61,4% de la carga de trabajo semanal de las mujeres de Uruguay no estaba remunerada, frente al 35,9% de la de los hombres.
Derecho a la salud
Persistían los obstáculos para acceder a los servicios públicos de salud mental debido a la insuficiente disponibilidad de citas en un contexto de aumento de la demanda a nivel nacional.
Según el Ministerio de Salud, en 2022 se habían registrado 823 muertes por suicidio, lo que representaba una tasa de 23,2 suicidios por 100.000 habitantes, más del doble que en el resto de América Latina.
Derecho al agua
Durante el primer semestre del año, parte de la Región Metropolitana (departamentos de Montevideo y Canelones) se vio afectada por una situación de emergencia hídrica que provocó escasez de agua apta para el consumo.1Se denunció la dificultad para acceder a información clara y precisa sobre la gestión de la crisis y la calidad del agua potable.
En julio, el relator especial de la ONU sobre los derechos humanos al agua potable y al saneamiento y el Grupo de Trabajo de la ONU sobre Empresas y Derechos Humanos instaron al gobierno a que priorizara el agua para el consumo humano. Según el organismo Obras Sanitarias del Estado y la información proporcionada por la Facultad de Química de la Universidad de la República, el considerable aumento de los niveles de salinidad llevaba tiempo afectando a la calidad del agua potable que consumía más del 60% de la población, especialmente los grupos más vulnerables.
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