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Uganda

Información extraída de nuestro Informe 2017/18

Los derechos a la libertad de expresión, de asociación y de reunión estaban restringidos. Se detuvo, recluyó y hostigó a periodistas y otras personas que criticaron al presidente o a su familia. Se observó un fuerte aumento del número de mujeres asesinadas, algunas de las cuales también sufrieron violencia sexual. El gobierno afirmó que investigaría y enjuiciaría a los responsables. Unos anteproyectos de enmiendas constitucionales de la legislación sobre tierras concedían al gobierno autoridad para expropiar terrenos de propiedad privada. Uganda albergaba al mayor número de personas refugiadas en la región, de las que más de un millón procedían de Sudán del Sur.

El 19 de marzo, funcionarios de inmigración del aeropuerto internacional de Entebbe impidieron que la intelectual Stella Nyanzi subiera a bordo de un avión con destino a Países Bajos para asistir a una conferencia. El incidente tuvo lugar después de que Stella Nyanzi hubiera criticado al presidente y a su esposa, la ministra de Educación, por no haber cumplido el gobierno el compromiso adquirido en 2015 de suministrar compresas higiénicas en las escuelas de niñas.

El 8 de abril, la policía detuvo a Stella Nyanzi por insultar al presidente Museveni en las redes sociales. Se formularon contra ella cargos en virtud de la Ley sobre Uso Indebido de la Informática, de 2011, estuvo detenida durante 33 días en la prisión de máxima seguridad de Luzira, en la capital, Kampala, y quedó finalmente en libertad con fianza. Más adelante se retiraron los cargos que pesaban en su contra.

El 8 de abril, la periodista Gertrude Tumusiime Uwitware, de Nation TV, estuvo secuestrada durante varias horas en poder de atacantes desconocidos que le vendaron los ojos y la interrogaron, tras haber manifestado su apoyo a Stella Nyanzi en las redes sociales. El portavoz de la Policía Metropolitana de Kampala prometió investigar el incidente, pero al terminar el año no se disponía de más información sobre sus posibles avances.

El 27 de septiembre, la Comisión de Comunicaciones de Uganda amenazó con revocar o suspender las licencias de los medios de comunicación que emitieran en directo los debates parlamentarios sobre la propuesta de enmienda constitucional que suprimiría el límite de 75 años de edad para el presidente, una propuesta que fue aprobada por el Parlamento en diciembre y que, según el gobierno, adquirió rango de ley ese mismo mes. La Comisión afirmó que ese tipo de emisiones promovían una “cultura de violencia”. La oposición consideró la enmienda como un medio de permitir al presidente Museveni presentarse a la reelección en 2021. Museveni llevaba ya 31 años en el poder.

El 10 de octubre, la policía citó a los redactores Arinaitwe Rugyendo, del periódico Red Pepper y de la publicación online Daily Monitor, y a Charles Bichachi, del Nation Media Group —grupo propietario del Daily Monitor—, en relación con artículos que habían publicado sobre el debate acerca del límite de edad para el presidente. La policía los interrogó tras presentar un parlamentario que lideraba esa iniciativa una denuncia en la que afirmaba que los artículos dañaban su reputación. Se formularon contra ambos periodistas cargos relacionados con esta denuncia en virtud de la sección 27A de la Ley de Policía.

El 24 de noviembre, tras la publicación en Red Pepper de un artículo que afirmaba que el presidente ugandés estaba implicado en una conspiración para derrocar al presidente de Ruanda, la policía registró la oficina del periódico, incluidos material informático y teléfonos móviles, y la clausuró. Al mismo tiempo, detuvo a Arinaitwe Rugyendo y a otros miembros del personal: Richard Kintu, James Mujuni, Patrick Mugumya, Richard Tusiime, Johnson Musinguzi, Ben Byarabaha y Francis Tumusiime. Al terminar el año continuaban detenidos.

Los días 2 y 20 de septiembre, unos 20 agentes de policía y de seguridad efectuaron un registro en las oficinas de Ayuda en Acción Uganda en Kansanga, una zona de Kampala, e impidieron que el personal saliera del local durante varias horas. La orden de la policía afirmaba que se estaba investigando a Ayuda en Acción por “transferencias ilícitas de fondos para apoyar actividades ilegales”. La policía se llevó documentos y confiscó los ordenadores portátiles de la organización y teléfonos móviles pertenecientes a miembros del personal. El 9 de octubre, el Banco de Uganda bloqueó las cuentas bancarias de Ayuda en Acción. El 13 de octubre, la Oficina de ONG, dependiente del Ministerio del Interior, remitió una carta a 25 ONG de desarrollo en la que les requería los datos de sus cuentas bancarias.

El 20 de septiembre, la policía irrumpió en las oficinas del Instituto de Estudios Estratégicos de los Grandes Lagos, y presentó una orden judicial para registrar dispositivos informáticos y teléfonos móviles, así como documentos financieros y bancarios. El registro tuvo lugar tras haber manifestado el director ejecutivo de la organización, Godber Tumushabe, su postura contraria a la propuesta de eliminar el límite de edad para el presidente.

Según la policía, 28 mujeres fueron asesinadas en la ciudad de Entebbe, distrito de Wakiso. Los medios de comunicación informaron de que un hombre había confesado el homicidio de ocho de las mujeres por orden de un empresario local. El 3 de septiembre, en una declaración pública, el portavoz de la policía afirmó que se habían identificado cuatro categorías de asesinato y que 13 personas habían sido detenidas y acusadas en relación con los 28 homicidios. Un total de 12 de las víctimas habían sido violadas o agredidas sexualmente antes de ser asesinadas; 4 de ellas murieron a manos de sus esposos o parejas; a una mujer la mataron sus dos hermanos en lo que la policía clasificó como homicidio por venganza; los otros casos se calificaron de “asesinatos rituales”.

El cuerpo de una de las víctimas, Rose Nakimuli, fue descubierto el 24 de julio en una plantación bananera en el distrito de Wakiso.

En julio, el gobierno presentó un proyecto de ley para modificar el artículo 26.2 de la Constitución. Esta enmienda permitiría al gobierno adquirir obligatoriamente tierras de propiedad privada para proyectos de infraestructura, sin proporcionar una indemnización inmediata, previa y justa a sus propietarios, y potencialmente mientras estuvieran pendientes las negociaciones sobre la indemnización.

En virtud de la legislación vigente, el gobierno sólo puede adquirir tierras de propiedad privada una vez efectuado el pago de una indemnización “justa y adecuada”. Si el propietario cuestiona la cantidad ofrecida como indemnización, un Tribunal Superior puede impedir que el gobierno adquiera la tierra hasta que se resuelva el asunto. En caso de aprobarse, la nueva ley aumentaría el riesgo de desalojos forzosos e iría en detrimento de la capacidad de quienes se enfrentaban al desalojo de participar en consultas relativas a las adquisiciones. Además, frustraría las negociaciones transparentes y justas sobre indemnización, y la posibilidad de presentar recurso. Los grupos marginados, entre ellos las personas que vivían en la pobreza y en zonas rurales, se verían especialmente afectados.

El 10 de octubre, el sindicato de profesionales de la medicina Asociación Médica de Uganda declaró una huelga indefinida para protestar contra los bajos salarios y la escasez de suministros esenciales. Sin embargo, se siguió prestando servicio a niños y niñas, mujeres embarazadas y víctimas de accidentes que necesitaban atención urgente.

El presidente Museveni declaró que la huelga era ilegal y ordenó a los profesionales de la medicina que volvieran al trabajo so pena de ser objeto de acciones disciplinarias. El gobierno afirmó que sólo incrementaría los salarios de los profesionales de la medicina tras conocerse los resultados de una revisión salarial llevada a cabo por una comisión instituida por el presidente para revisar los salarios de todos los funcionarios públicos.

Hasta el 10 de noviembre, Uganda albergaba aproximadamente a 1.379.768 personas refugiadas y solicitantes de asilo. En torno a 1.037.359 procedían de Sudán del Sur; de ellas, 348.782 habían llegado entre enero y septiembre; el 61% eran niños y niñas, la mayoría no acompañados o separados de sus progenitores. Unas 236.572 de las personas refugiadas eran de República Democrática del Congo; 39.041 de Burundi (véase el apartado sobre Burundi), 35.373 de Somalia, y el resto de otros países.

A las personas solicitantes de asilo de Sudán del Sur y República Democrática del Congo se les concedía la condición de refugiados prima facie, y las de otras nacionalidades debían someterse a un proceso individual de determinación de la condición de refugiado realizado por el Comité de Elegibilidad de Refugiados. En junio, el gobierno revocó la concesión automática de la condición de refugiado a los solicitantes de asilo de Burundi.

En virtud de la Ley sobre Refugiados de 2006 y de la Normativa sobre Refugiados de 2010, se permitía a las personas refugiadas una relativa libertad de circulación, igualdad en el acceso a servicios básicos, como educación primaria y atención de la salud, y derecho a trabajar y a establecer negocios.

En mayo, el Programa Mundial de Alimentos se vio obligado a reducir a la mitad las raciones de cereales para más de 800.000 personas refugiadas de Sudán del Sur.

Los llamamientos para recaudar fondos de donantes internacionales a fin de abordar la crisis regional de refugiados no consiguieron financiación suficiente. Esta carencia se convirtió en el desafío más importante para la respuesta de Uganda a los refugiados. En junio se había reunido la Cumbre de Solidaridad sobre Refugiados en Uganda para recabar apoyo internacional, pero hasta noviembre de 2017 el Plan de Respuesta para los Refugiados de Sudán del Sur (iniciativa conjunta del gobierno y de ACNUR) sólo había conseguido el 68% de los fondos necesarios, y el Plan para los Refugiados de Burundi sólo había conseguido el 20%.

En octubre se registró una reducción temporal del 50% en la asistencia alimentaria para las personas refugiadas debido a las demoras en los pagos de los donantes. Los recortes dieron lugar a disturbios y protestas de personas refugiadas en el asentamiento de Nyumanzi, distrito de Adjumani.

República de Uganda
Jefe del Estado y del gobierno: Yoweri Kaguta Museveni