Información extraída de nuestro informe "La situación de los derechos humamos en el mundo", abril 2024

Las autoridades continuaron restringiendo severamente el derecho a la libertad de expresión, de asociación y de reunión pacífica. El presidente sancionó una ley homófoba que criminalizaba aún más las relaciones sexuales consentidas entre personas del mismo sexo y prescribía la pena de muerte para algunos delitos. Los planes para construir el Oleoducto de Crudo de África Oriental amenazaban el derecho a un medioambiente saludable. Continuaron los desalojos forzosos en nombre de la conservación en el monte Elgon. En cambio, el gobierno suspendió los desalojos forzosos en la región de Apaa. El apoyo de Uganda a más de 1,6 millones de personas refugiadas adolecía de una grave carencia de fondos, a pesar de la llegada de más de 130.000 nuevas personas en busca de ese tipo de protección.

Información general

En marzo, Muhoozi Kainerugaba, hijo del presidente Yoweri Kaguta Museveni, anunció en X (antes Twitter) su intención de aspirar a la presidencia en 2026, y después borró su tuit. Posteriormente lanzó la campaña de movilización política Movimiento MK para dar continuidad a su candidatura presidencial. El presidente Museveni no hizo públicas sus intenciones para las elecciones.

En agosto, la Comisión Electoral presentó el plan estratégico nacional y la hoja de ruta para las elecciones generales de 2026.

También en agosto, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos cerró su oficina en Uganda tras negarse el gobierno a renovar su acuerdo de sede. La oficina llevaba 18 años colaborando estrechamente con la sociedad civil, titulares de derechos y ONG, y relacionándose con las instituciones estatales de promoción y protección de los derechos humanos en el país.

Libertad de reunión pacífica

En enero, la policía detuvo en Kampala al defensor de los derechos humanos Bob Barigye cuando organizaba un debate público sobre la justicia climática. Barigye fue puesto en libertad de la comisaría de policía de Wandegeya al cabo de tres días, con la obligación de estar a disposición de la policía, acusado formalmente de “obstrucción a un agente de policía de servicio”. En junio fue detenido de nuevo, junto con Zarika Mutesi, Shamim Naruwada y Phionah Nalusiba, también defensoras de los derechos humanos, por protestar contra la empresa del sector de los combustibles fósiles East African Crude Oil Pipeline (EACOP) Ltd. (véase, infra, “Derecho a un medioambiente saludable”). Los cuatro fueron conducidos a la Comisaría Central de Policía de Kampala, acusados de incitación a la violencia y puestos en libertad al día siguiente con la obligación de estar a disposición de la policía.

El 15 de septiembre, la policía detuvo en Kampala a los estudiantes Benjamin Akiso, Wasswa Alex, Abduh Twaib Magambo y Kajubi Maktumin, activistas ambientales, por llevar a cabo una protesta pública. Los cuatro estuvieron detenidos durante seis días en la prisión de Luzira por cargos de alteración del orden público antes de que el tribunal de Buganda Road les concediera la libertad bajo fianza. Su caso estaba pendiente al terminar el año.

En abril, la policía detuvo a 12 parlamentarias en el exterior del Parlamento en Kampala cuando se disponían a marchar hasta el Ministerio del Interior para entregar una petición relacionada con el uso de fuerza excesiva por la policía para dispersar varias reuniones organizadas por parlamentarias en sus circunscripciones. Las mujeres, algunas de las cuales resultaron heridas durante su detención, fueron liberadas sin condiciones de la comisaría central de policía unas horas después, tras la intervención de la presidenta del Parlamento.

A finales de agosto, el partido opositor Plataforma de Unidad Nacional (NUP, por sus siglas en inglés) inició acciones de campaña y movilización que atrajeron a grandes multitudes de simpatizantes. En septiembre, el subinspector general de la policía respondió suspendiendo las concentraciones y otras actividades del partido en todo el país. Las autoridades afirmaron que las alteraciones del orden público, como los accidentes de tráfico —entre ellos uno que había causado una muerte— se “usaban para incitar a la violencia, promover el sectarismo, lanzar llamamientos ilegítimos a la [...] destitución del gobierno [...] y publicar afirmaciones difamatorias contra el presidente”.

El 9 de octubre, las fuerzas de seguridad impidieron que dirigentes y simpatizantes del partido NUP celebraran una conferencia de prensa en su sede. Un total de 14 asistentes, entre ellos el secretario general, David Lewis Rubongoya; el portavoz, Joel Ssenyonyi, y el secretario de movilización, Fred Nyanzi, estuvieron detenidos durante un breve periodo y después quedaron en libertad sin condiciones.

El 11 de octubre, la policía acusó a 59 simpatizantes del partido NUP de Entebbe, Kajjansi y Kawempe (una zona de Kampala) de mantener una reunión ilícita y de incitar a la violencia vulnerando la Ley del Código Penal. Decenas de dirigentes y simpatizantes de este partido fueron detenidos en todo el país por protestar contra el arresto domiciliario del líder de su partido, Robert Kyagulanyi, también conocido como Bobi Wine. Éste había sido detenido el 5 de octubre al llegar al aeropuerto de Entebbe después de efectuar giras en Canadá y Sudáfrica, y las fuerzas de seguridad lo habían escoltado hasta su domicilio, en Magere, a las afueras de Kampala, donde permaneció bajo arresto domiciliario 3 días.

Derechos de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI)

En mayo se promulgó la Ley contra la Homosexualidad, de 2023, que introducía la pena de muerte para el delito de “homosexualidad con agravantes”, descrito de forma imprecisa como la relación sexual con una persona mayor de 75 años o menor de 18 que no diera su consentimiento, no pudiera dar su consentimiento, o tuviera discapacidad o enfermedad mental. Esta ley también imponía la cadena perpetua y un máximo de 10 años de privación de libertad por actos sexuales consentidos con personas del mismo sexo, y por tentativa de actos homosexuales, respectivamente, y tipificaba como delito la “promoción” de la “homosexualidad”.

Tras la promulgación de la Ley contra la Homosexualidad, hubo informes de un aumento de la violencia y otras violaciones de derechos humanos contra personas LGBTI. La ONG local Foro de Sensibilización y Promoción sobre Derechos Humanos (HRAPF) registró entre junio y diciembre 379 casos de violencia, incluidos desalojos de personas de sus viviendas y poblaciones y violencia física o amenazas de violencia.

En agosto, la directora de la Fiscalía ordenó que todos los casos que implicaran cargos en virtud de la Ley contra la Homosexualidad debían presentarse ante su oficina con una opinión jurídica por escrito que brindase orientación adicional antes de tomar la decisión de presentar cargos. Sin embargo, ya se estaban juzgando cinco casos de “homosexualidad con agravantes” en tribunales de los distritos de Kampala, Lugazi, Mbarara, Soroti y Wakiso; y 2 de las personas acusadas en estas causas continuaban bajo custodia policial, mientras que las demás habían quedado en libertad con obligación de presentarse ante la policía. Según HRAPF, al terminar el año había al menos 59 personas acusadas formalmente de diversos delitos en virtud de esta ley.

El 18 de diciembre, el Tribunal Constitucional inició la vista de una petición, presentada por grupos de derechos humanos locales, que impugnaba la Ley contra la Homosexualidad.

Derecho a un medioambiente saludable

El 24 de enero se concedió a EACOP Ltd., propiedad conjunta de Uganda National Oil Company, TotalEnergies EP Uganda, China National Offshore Oil Corporation Uganda y Tanzania Petroleum Development Corporation, una licencia que le permitía explotar un oleoducto de 1.443 km (conocido también como EACOP) desde Kabaale, en el distrito de Hoima, en el oeste de Uganda, hasta la península de Chongoleani en Tanzania, cerca del puerto de Tanga. El proyecto suponía la construcción de un oleoducto calentado de 61 centímetros de diámetro para transportar crudo y ponía a cientos de poblaciones de los subcondados de Kapapi y Kiganja en peligro de nuevos desalojos forzosos de sus tierras (véase, infra, “Desalojos forzosos”). El oleoducto —cuyo trazado atravesaba asentamientos humanos y reservas naturales, tierras agrícolas y recursos hídricos— amenazaba el derecho a un medioambiente limpio, saludable y sostenible.

El 28 de febrero, un tribunal civil francés desestimó una demanda presentada en 2018 por seis ONG de Francia y Uganda contra TotalEnergies, accionista de EACOP Ltd. Las ONG intentaban detener la construcción del oleoducto en virtud de una ley francesa de 2017 sobre diligencia debida que hacía responsables a las empresas multinacionales de los riesgos para el medioambiente y los derechos humanos derivados de sus actividades empresariales tanto en el país como en el extranjero. El tribunal desestimó la demanda por motivos de procedimiento.

Por otra parte, grupos de la sociedad civil de Kenia, Uganda y Tanzania esperaban por tercer año el fallo del Tribunal de Justicia de África Oriental en relación con la demanda que habían presentado solicitando un requerimiento temporal con objeto de detener la construcción del oleoducto. El 5 de abril, el Tribunal decidió reservar su opinión después de escuchar los argumentos del secretario general de la Comunidad de África Oriental y los gobiernos de Tanzania y Uganda, entre otros, que alegaban que el asunto no era competencia del tribunal (véase el apartado sobre Tanzania). El 29 de noviembre, el tribunal desestimó la demanda por considerar que había prescrito y resolvió que los demandantes deberían haberla presentado en 2017, no en 2020. Los grupos de la sociedad civil apelaron contra esta decisión el 11 de diciembre.

Desalojos forzosos

Durante la noche del 10 de febrero, las fuerzas de seguridad ejecutaron el desalojo forzoso de sus tierras de casi 500 familias en las localidades de Waaki North, Kapapi Central, Waaki South, Runga y Kiryatete, en los subcondados de Kapapi y Kiganja, distrito de Hoima, para permitir la construcción del EACOP. Las fuerzas de seguridad incendiaron casas, agredieron a personas y saquearon propiedades, especialmente el ganado y las cosechas recolectadas. Al terminar el año, 11 habitantes que se oponían a los desalojos habían sido detenidos y llevados a los tribunales por diversos cargos, como robo, amenazas de violencia y daños intencionados a propiedades. Además, al menos 7 activistas que protestaban contra el oleoducto fueron detenidos y liberados más tarde, en algunos casos tras pasar varios meses recluidos.

La Autoridad para la Naturaleza de Uganda seguía violando los derechos del pueblo indígena benet del monte Elgon, en el este de Uganda, mediante detenciones arbitrarias, incendios de casas y la incautación de animales domésticos que, según afirmba, se habían extraviado en el Parque Nacional del Monte Elgon. La Autoridad para la Naturaleza persistió en estas tácticas aún cuando había pendientes ante el Tribunal Superior de Mbale casos individuales en su contra que impugnaban los desalojos forzosos del pueblo benet. Al terminar el año, 29 personas de la comunidad benet habían sido detenidas arbitrariamente y recluidas hasta que pagaran su fianza en efectivo y otras multas exorbitantes para liberar a sus animales; se habían incautado 190 vacas y 260 cabras.

En febrero, el presidente suspendió un plan de desalojo ordenado por la primera ministra contra todas las personas residentes del pueblo de Apaa, distrito de Amuru, en el norte del país, que habrían sido objeto de desalojo forzoso en caso de no desocupar la zona antes del 16 de mayo. El presidente afirmó que la suspensión estaba en espera de la formación y aprobación de la Comisión Judicial de Investigación que debía orientar al gobierno en las decisiones relativas a los conflictos sobre tierras en Apaa, región que venía siendo objeto de disputas territoriales desde hacía decenios.

Derechos de las personas refugiadas y migrantes

Uganda seguía acogiendo a la población refugiada más numerosa de África, con 1.615.162 personas refugiadas y solicitantes de asilo en el país al terminar el año. De ellas, más de 130.000 habían llegado en 2023. Las personas recién llegadas procedían principalmente de República Democrática del Congo y Sudán del Sur, y también de Somalia, Ruanda y Burundi.

El ACNUR, la agencia de la ONU para los refugiados, afirmó que había recibido menos del 30% de los 343,4 millones de dólares estadounidenses que necesitaba, cuando en 2022 había recibido al menos el 45% de la cantidad necesaria.