Información extraída de nuestro informe "La situación de los derechos humamos en el mundo", abril 2024.
Las fuerzas rusas continuaron sus ataques indiscriminados, que causaron miles de víctimas civiles y la destrucción de infraestructuras de carácter civil, en medio de evidencias de otros crímenes contemplados por el derecho internacional humanitario. Continuaron suspendidos los derechos a la libertad de expresión y de religión en aplicación de la ley marcial. Hubo un brusco aumento de los casos registrados de violencia de género en el ámbito familiar. Un nuevo anteproyecto de ley sobre uniones civiles incluía las relaciones entre personas del mismo sexo. La guerra siguió haciendo estragos en el disfrute de los derechos económicos y sociales, especialmente los de la infancia y los de las personas mayores, y en el medioambiente. Continuaron las violaciones graves de derechos humanos en los territorios ocupados por Rusia.
Información general
Continuó la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania, con muertes de civiles, destrucción de infraestructuras y niveles sistemáticamente altos de personas internamente desplazadas y refugiadas. En noviembre, la ONU había registrado 28.711 víctimas civiles —10.058 de ellas, víctimas mortales— desde que Rusia comenzó su invasión en gran escala en febrero de 2022. Una contraofensiva ucraniana permitió recuperaciones territoriales mínimas, lo que abrió la perspectiva de una guerra de desgaste prolongada y suscitó preocupación por la sostenibilidad del apoyo militar de los aliados de Ucrania. La economía se siguió contrayendo de manera significativa, con una dependencia creciente de los préstamos y subvenciones extranjeros. En julio, Rusia se retiró de la Iniciativa sobre la Exportación de Cereales por el Mar Negro, cuya finalidad era garantizar la estabilidad de los precios de los alimentos y evitar la amenaza de hambruna en los países de ingresos bajos.
El 14 de diciembre, el Consejo Europeo decidió abrir negociaciones con Ucrania sobre su adhesión a la UE.
Violaciones del derecho internacional humanitario Ataques indiscriminados
Las fuerzas rusas continuaron sus ataques indiscriminados, que alcanzaron zonas pobladas y causaron numerosas víctimas civiles. En algunos casos, los comentarios oficiales rusos sobre los ataques indicaban que posiblemente eran deliberados. El 5 de octubre, al menos 59 personas perdieron la vida en un ataque con un solo misil contra un café en el pueblo de Hroza (región de Járkov) durante un homenaje a un soldado ucraniano. Un representante de Rusia ante la ONU se refirió a los asistentes como “colaboradores nazis” del soldado, en alusión a la justificación oficial rusa de su guerra de agresión.
Se atacaron infraestructuras civiles de forma aparentemente sistemática. Los meses de invierno, en una táctica dirigida a causar el sufrimiento máximo a la población civil, las fuerzas rusas trataron de destruir aún más la infraestructura energética de Ucrania. La retirada de Rusia de la Iniciativa sobre la Exportación de Cereales por el Mar Negro fue acompañada de ataques a otras infraestructuras críticas, como instalaciones de exportación y almacenes de grano en Odesa y otros puertos.
Municiones de racimo y minas
Tanto las fuerzas rusas como las ucranianas usaron municiones de racimo y no dieron señales de que fueran a abandonar esta práctica a pesar del carácter intrínsecamente indiscriminado de estas armas y de los riesgos duraderos que representaban para la población civil. Tras el suministro de municiones de racimo a Ucrania por Estados Unidos, las autoridades se comprometieron, según informes, a no usarlas en zonas urbanizadas y a documentar su ubicación para su posterior retirada.1 También se usaron ampliamente minas terrestres antipersonal y antitanque, por lo que se calculaba que Ucrania era el país más minado del mundo.
Prisioneros de guerra
Rusia negó sistemáticamente a las organizaciones de ayuda humanitaria el acceso a prisioneros de guerra ucranianos en los territorios que había ocupado. La tortura y otros malos tratos a estas personas eran generalizados e incluían ejecuciones sumarias, simulacros de ejecución, palizas y descargas eléctricas. Varios prisioneros de guerra ucranianos fueron a juicio por supuestos crímenes de guerra y preocupaba que su procesamiento se debiera únicamente a su participación en las hostilidades. El prisionero de guerra Maksym Butkevych, destacado defensor de los derechos humanos ucraniano, estuvo recluido en régimen de incomunicación en la región ocupada de Luhansk antes de ser condenado a 13 años de prisión por supuestos crímenes de guerra que no podía haber cometido cuya autoría había sido forzado a “confesar” ante una cámara.2 Tras una vista de apelación ante un tribunal de Moscú, en la que compareció por videoconferencia, fue sometido a desaparición forzada3 hasta que se informó de que estaba cumpliendo condena en la región de Luhansk a principios de diciembre.
Las entidades de observación internacional sí pudieron acceder a los lugares de internamiento gestionados por Ucrania y tener entrevistas confidenciales con prisioneros de guerra rusos. El número de informes sobre abusos a estos prisioneros disminuyó notablemente. Según la ONU, 12 prisioneros de guerra rusos en Ucrania denunciaron que habían sufrido tortura durante los interrogatorios y las evacuaciones antes de su llegada a los lugares oficiales de internamiento.
Libertad de expresión
Continuaban suspendidos el derecho a la libertad de expresión y otros derechos.
Según la OACNUDH, a fecha de julio se habían abierto más de 2.000 acciones penales en aplicación del artículo 436.2 del Código Penal de Ucrania, sobre “la justificación, reconocimiento como acto legítimo y negación de la agresión armada de la Federación Rusa contra Ucrania, y el enaltecimiento de sus participantes”. Esta restricción desproporcionada del derecho a la libertad de expresión había dado lugar, según los medios de comunicación ucranianos, a 443 fallos condenatorios entre marzo de 2022 y noviembre de 2023, muchos de ellos con la imposición de penas no privativas de libertad. Un ejemplo de este delito era llamar a la guerra “conflicto civil interno”.
En agosto se iniciaron actuaciones penales en aplicación del artículo 436.2 contra Yuriy Sheliazhenko, cofundador y líder del Movimiento Pacifista Ucraniano. Defensor del derecho a la objeción de conciencia, fue acusado de “justificar la agresión de Rusia contra Ucrania”. Se llevó a cabo un registro en su domicilio y se le impuso un toque de queda nocturno en espera de juicio.
Libertad de religión o de creencias
Las autoridades estatales acusaron regularmente a la iglesia ortodoxa ucraniana, que mantenía su controvertida subordinación eclesiástica a la iglesia ortodoxa rusa, de ser un agente de Rusia en la guerra de agresión de este país. En marzo, sus clérigos y miembros no ordenados fueron desalojados del Monasterio de las Cuevas de Kiev, de propiedad estatal y, en abril, su abad, el metropolitano Pavlo Lebid, fue puesto bajo arresto domiciliario y acusado en aplicación de los artículos 436.2 y 161 del Código Penal, sobre “vulnerar la igualdad de los ciudadanos” por motivos raciales, étnicos, religiosos o de otra índole. Los monjes se enfrentaban a su desalojo del monasterio si no se unían a la iglesia ortodoxa de Ucrania, subordinada a las autoridades religiosas ucranianas.
En octubre, el Parlamento aprobó en primera lectura un anteproyecto de ley que prohibía las actividades de organizaciones y asociaciones religiosas que formaran parte de una organización o asociación religiosa cuyo centro de gestión estuviera ubicado en un Estado que hubiera llevado a cabo una agresión armada contra Ucrania.
Violencia contra mujeres y niñas
Según grupos de derechos humanos y datos oficiales de la policía, la violencia de género intrafamiliar que, según informes, había descendido durante los primeros meses de la invasión en gran escala de Rusia, aumentó hasta un nivel sin precedentes. La policía registró 349.355 casos de violencia de género intrafamiliar de enero a mayo, en comparación con 231.244 casos registrados en el mismo periodo de 2022 y 190.277 en los primeros 5 meses de 2021. Anteriormente, la cifra más alta se había registrado durante las medidas de confinamiento por COVID-19 en 2020.
Derechos de las personas mayores
El conflicto afectaba de manera desproporcionada a las personas mayores, que morían y resultaban heridas en mayor proporción que otros grupos de la población civil. Las desplazadas tenían dificultades para acceder a una vivienda particular de forma autónoma. Los albergues temporales solían ser físicamente inaccesibles para estas personas, sobre todo si tenían alguna discapacidad. Muchas eran ingresadas en residencias de mayores o centros médicos especializados y sufrían aislamiento y segregación. Las hostilidades no fueron el único motivo para desplazarse: numerosas personas huyeron de sus casas por la crisis asistencial de facto en su comunidad debida, entre otras cosas, a la reubicación de familiares y a unos servicios sociales faltos de personal que no daban abasto para responder a las necesidades crecientes.
Derechos de la infancia
Según datos de la ONU, a fecha de noviembre, 569 menores habían muerto y al menos 1.229 habían sufrido heridas desde el 24 de febrero de 2022. Aunque no existían datos fiables, se calculaba que las fuerzas de ocupación rusas habían trasladado ilegalmente a cientos de niños y niñas ucranianos, posiblemente miles, a otros territorios ocupados o a Rusia. Entre ellos había menores en situación de orfandad o que habían perdido el contacto con su familia, menores de instituciones infantiles y menores que habían salido de viaje con permiso parental para fines recreativos, pero tenían dificultades para reunirse con su familia porque el desplazamiento del frente los había separado. El 17 de marzo, la Corte Penal Internacional dictó órdenes de detención contra el presidente de Rusia, Vladimir Putin, y su comisaria para los Derechos de la Infancia, Maria Lvova-Belova, por el presunto crimen de guerra de trasladar a niños y niñas desde las zonas ocupadas a Rusia.4
La guerra en curso seguía afectando al acceso de la infancia a la educación, en particular a la enseñanza presencial en los territorios controlados por el gobierno. El alumnado de centros sin refugio antiaéreo o situados en las proximidades del frente sólo recibía clase por Internet. Otras escuelas ofrecían una escolarización mixta de clases presenciales y virtuales. La escolarización virtual obligaba a depender de una conexión a Internet que a menudo no era fiable debido a los cortes eléctricos y la falta de equipos informáticos adecuados, lo que incrementaba la carga de trabajo del profesorado, que además tenía que lidiar con los traumas propios y los del alumnado relacionados con la guerra.
Derechos de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI)
En marzo se publicó un anteproyecto de ley sobre el registro de las uniones civiles, incluidas las de parejas del mismo sexo. A pesar de la oposición de numerosas organizaciones religiosas, tenía el apoyo de ministerios clave. Las uniones civiles, incluidas las de parejas del mismo sexo, disfrutarían de los mismos derechos de propiedad y herencia, y de la misma protección social que las parejas casadas. No se levantaría la prohibición existente de la adopción por parejas del mismo sexo.
Derecho a un medioambiente saludable
La agresión rusa en curso causó enormes daños ambientales, que incluían la contaminación del aire, el agua y la tierra, y la degradación de la naturaleza, además de mermar las posibilidades de acción climática nacional y multilateral. Las infraestructuras de gestión de residuos estaban desbordadas por los escombros y desechos peligrosos. Según la ONU, de febrero de 2022 a marzo de 2023 se habían registrado más de 1.800 incidentes de daños causados por la guerra que podían haber causado perjuicios para el medioambiente.
El 6 de junio, la presa de Kajovka, en la región de Jersón, fue destruida en lo que pareció una acción militar deliberada cometida, en opinión de la mayoría, por las fuerzas rusas. Como consecuencia, se inundaron cientos de km² de terreno y se secaron tanto el embalse como miles de km² cuadrados de humedales. Miles de personas tuvieron que desplazarse y se comunicó la muerte o desaparición de varias decenas en zonas controladas por el gobierno; se desconocía el número de víctimas en la orilla izquierda, controlada por Rusia, dato que podía haber elevado considerablemente la cifra real de muertes. Las autoridades de ocupación rusas rechazaron la ayuda humanitaria de la ONU y otras partes interesadas, no llevaron a cabo evacuaciones organizadas ni proporcionaron ayuda humanitaria básica a civiles, y obstruyeron el trabajo del voluntariado, mientras las fuerzas rusas continuaron sus ataques indiscriminados contra la orilla derecha, bajo control ucraniano, durante las evacuaciones de civiles en curso.5 La rotura de la presa causó graves daños a la biodiversidad de la región, y contaminación por sustancias químicas y residuos, incluido el derrame de cientos de toneladas de aceite industrial, y se preveía que tuviera consecuencias ecológicas duraderas mucho más allá de las fronteras ucranianas. Quedó afectado el suministro de agua de hasta un millón de personas.
Territorios ocupados por Rusia
Se intensificó la represión de derechos y libertades en los territorios ocupados por Rusia. A fecha de septiembre, quienes no tenían pasaporte ruso y querían entrar en los territorios ocupados desde fuera de Rusia sólo podían hacerlo a través del aeropuerto moscovita de Sheremetyevo. Allí tenían que esperar hasta 24 horas para completar el proceso de verificación sin acceso a comida ni instalaciones higiénicas, someterse a controles invasivos y responder a preguntas sobre si apoyaban la “operación militar especial” de Rusia contra Ucrania.
Privación arbitraria de la nacionalidad
Las autoridades de ocupación obligaron a la población a obtener el pasaporte ruso para poder acceder a los servicios de salud, la educación, la ayuda humanitaria y social, el empleo y el derecho a la libertad de circulación.
Libertad de expresión
Aumentó la represión del derecho a la libertad de expresión. Todo indicio de deslealtad a Rusia, como la posesión de contenido relacionado con Ucrania en dispositivos electrónicos personales —incluido el intercambio de mensajes con familiares que estaban en la Ucrania no ocupada— era vigilado y se castigaba con la desaparición forzada, la detención arbitraria, el interrogatorio, los malos tratos y la amenaza de deportación, entre otros métodos. Se intimidó a representantes de las autoridades locales ucranianas mediante el uso de la violencia y amenazas contra sus familiares para que asistieran a reuniones públicas de apoyo a la ocupación.
Detención arbitraria y desapariciones forzadas
Las autoridades ucranianas registraron oficialmente a más de 20.000 civiles como personas en paradero desconocido debido a la guerra y otras “circunstancias especiales” conexas. En múltiples casos resultó que la persona registrada inicialmente como desaparecida había sido objeto de detención arbitraria por las fuerzas rusas en los territorios ocupados debido a su apoyo a Ucrania, su presunta afinidad con las autoridades o fuerzas armadas ucranianas, o su negativa a cooperar con el gobierno de ocupación. Muchas estaban recluidas en régimen de incomunicación —a menudo en detención no reconocida— en territorios ocupados o en Rusia, lo que en la práctica equivalía a desaparición forzada.
Tortura y otros malos tratos
Las formas más comunes de tortura y otros malos tratos a las personas bajo custodia en los territorios ocupados eran, según informes, las palizas, la privación de sueño, la provisión insuficiente de agua y comida, los periodos prolongados en posturas en tensión y la privación de asistencia médica e higiene personal adecuadas.
Derecho a la educación
En los territorios ocupados por Rusia se obligó a todas las escuelas locales a adoptar planes de estudios rusos. La asistencia a la escuela estaba rodeada de tensión, ya que se amenazaba a los progenitores con quitarles a sus hijos o hijas si éstos no iban a clase o si se detectaba en dispositivos electrónicos el uso de plataformas digitales para acceder a la enseñanza ucraniana.6 En septiembre se introdujo un nuevo libro de texto de Historia que constituía un intento descarado de adoctrinar al alumnado y violaba su derecho a recibir una educación adecuada y de calidad.7 Progenitores y estudiantes debían asistir a los actos de propaganda en las escuelas y escribir cartas de apoyo a miembros de las fuerzas rusas.
Juicios injustos
Personas detenidas en los territorios ocupados por Rusia fueron sometidas a vistas ante tribunales no reconocidos y sufrieron otras violaciones de su derecho a un juicio justo. La privación de acceso a asistencia letrada de su elección era habitual, sobre todo en las causas de motivación política. Se negaba toda noticia de sus seres queridos a las familias, que a menudo dependían de abogados locales a quienes pagaban unos honorarios considerables para que visitaran los centros de detención a fin de obtener información de las personas detenidas. Era habitual la asignación de abogados de oficio que no actuaban en el mejor interés de sus clientes.
Los miembros de la judicatura aceptaban pruebas inadmisibles, incluidas “confesiones” forzadas, cuando dictaban fallos condenatorios por cargos de motivación política.
Tras la sentencia condenatoria, muchas personas eran trasladadas ilegalmente a Rusia para cumplir su condena. No se tenía información de su paradero durante los meses que pasaban en tránsito y su destino final solía ser remoto.
Crimea
El territorio de la península ocupada fue blanco regular de ataques ucranianos contra objetivos militares reivindicados. En julio, una explosión dañó el puente que conectaba Crimea con Rusia y, según informes, causó la muerte de un hombre y una mujer, e hirió a una niña.
Las autoridades de ocupación continuaron reprimiendo los derechos a la libertad de expresión, de reunión pacífica y de asociación. Representantes de la comunidad tártara de Crimea y de grupos religiosos minoritarios, y personas que se oponían a la guerra sufrieron despidos laborales; multas; registros domiciliarios cada vez más frecuentes, invasivos e intencionadamente destructivos; arrestos arbitrarios y prisión.
Persistía la persecución de abogados y abogadas de derechos humanos. En abril, Lilia Hemedzhy volvió a ser inhabilitada para ejercer su profesión como represalia por defender a miembros de la comunidad tártara de Crimea.8
- Ucrania: La transferencia de municiones de racimo a Ucrania por parte de Estados Unidos socava los esfuerzos internacionales para salvaguardar a la población civil de las armas de efectos indiscriminados, 7 de julio
- Ukraine: Russia’s reprisals against prominent Ukrainian human rights defender who joined the Armed Forces of Ukraine, 17 de agosto
- Federación Rusa: Las autoridades deben revelar el paradero de Maksym Butkevych tras su desaparición forzada, 7 de noviembre
- Rusia: La orden de detención contra Putin emitida por la Corte Penal Internacional, un paso hacia la justicia para las víctimas de crímenes de guerra en Ucrania, 17 de marzo
- Ucrania: La respuesta de las fuerzas rusas a la destrucción de la presa de Kajovka, con su “cruel menosprecio de la vida humana”, se ve agravada por sus desastrosos efectos río arriba, 15 de junio
- Ucrania y Rusia: En peligro el futuro de los niños y las niñas al continuar las restricciones en su escolarización debido a la agresión de Rusia, 11 de diciembre
- Ucrania y Rusia: Un nuevo libro de texto de historia es un intento descarado e ilegítimo de adoctrinamiento en las escuelas de Rusia y los territorios de Ucrania ocupados por Rusia, 1 de septiembre
- Federación Rusa/Ucrania: Inhabilitada abogada de derechos humanos en Crimea. Lilia Hemedzhy, 24 de abril
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