Turquía

Información extraída de nuestro INFORME La situación de los derechos humamos en el mundo, abril 2024

Defensores y defensoras de los derechos humanos, periodistas, miembros de la oposición política y otras personas siguieron siendo objeto de investigaciones infundadas, procesamientos y sentencias condenatorias. El Parlamento introdujo reformas draconianas a leyes vigentes que restringieron aún más la libertad de expresión en Internet. La policía empleó fuerza ilegítima para detener a cientos de participantes en marchas del Orgullo prohibidas en varias provincias, y el derecho a la libertad de reunión pacífica continuó estando gravemente limitado. El Consejo de Estado rechazó revocar la decisión adoptada por Turquía en 2021 de retirarse del Convenio de Estambul. El país seguía albergando a la mayor población refugiada del mundo, pero las devoluciones sumarias violentas de personas afganas y de otras nacionalidades se saldaron con muertes y lesiones graves en un contexto de incremento de la retórica racista y contra las personas refugiadas empleada por figuras políticas y en los medios de comunicación. Hubo denuncias graves y creíbles de tortura y otros malos tratos.

Información general

En marzo, el Comité Europeo de Derechos Sociales concluyó que Turquía “no había establecido un enfoque general y coordinado para luchar contra la pobreza y la exclusión social”. Al concluir el año, la tasa oficial de inflación alcanzó el 64,27%, lo que agravaba la crisis del costo de la vida para millones de personas.

El 13 de noviembre, un atentado con bomba en Estambul causó la muerte de 6 personas e hirió a más de 80. Las autoridades culparon del atentado al Partido de los Trabajadores Kurdos (PKK) y a las Unidades de Protección del Pueblo, radicadas en Siria. El 20 de noviembre, Turquía lanzó ataques aéreos sobre Siria y el norte de Irak alegando que lo hacía como represalia por el atentado.

Libertad de expresión

En mayo, se hizo firme la sentencia del Consejo de Estado que suspendía una directiva que prohibía a periodistas y a la ciudadanía grabar manifestaciones.

En junio, se ordenó la prisión preventiva en Diyarbakır de 16 periodistas de 3 medios de comunicación y del copresidente de la Asociación de Periodistas Dicle Fırat, acusados de “pertenencia a una organización terrorista”. Al concluir el año, todavía no se había dictado acta de acusación formal.

En agosto se ordenó el ingreso en prisión de la cantante pop Gülşen por presunta “incitación pública al odio y la enemistad”, en relación con un vídeo difundido en abril en redes sociales en el que se mostraba un diálogo en clave de humor entre ella y un miembro de su banda. Después de tres días fue sometida a arresto domiciliario, que se levantó a las dos semanas, pero al terminar el año su procesamiento continuaba.

En septiembre, el Tribunal Regional de Apelación de Ankara anuló las sentencias condenatorias dictadas en 2019 contra 11 miembros de la junta directiva nacional de la Asociación Médica de Turquía por cargos de propaganda terrorista e incitación al odio. En octubre, el fiscal presentó un recurso contra la decisión del Tribunal de Casación que continuaba pendiente al finalizar del año.

También en octubre, el Parlamento modificó varias leyes mediante un paquete de reformas conocido como la “ley de censura”. Las medidas incluían tipificar como nuevo delito la “difusión pública de desinformación”; aumentar los poderes de la Autoridad de las Tecnologías de la Información y la Comunicación para obligar a las empresas de redes sociales a retirar contenidos y proporcionar datos de usuarios o, de lo contrario, éstas tendrían que afrontar multas y una severa reducción del ancho de banda; y ampliar los ya de por sí restrictivos requisitos para estas empresas añadiendo responsabilidades penales, administrativas y económicas.¹ En diciembre, el periodista radicado en Bitlis Sinan Aygül fue la primera persona enviada a prisión preventiva por ese nuevo delito, por un tuit en el que compartió unas acusaciones de abuso sexual no confirmadas. El periodista quedó en libertad sin cargos al cabo de 12 días, el 22 de diciembre.

En un juicio de motivación política, un tribunal dictó en diciembre una sentencia condenatoria contra Ekrem Imamoğlu, alcalde de Estambul, por “insultar a un funcionario público” y lo inhabilitó políticamente. El procesamiento se había iniciado a raíz de que Ekrem Imamoğlu llamara “necios” a los miembros del Consejo Supremo Electoral de Turquía en unos comentarios realizados en 2019 ante los medios de comunicación. La sentencia se recurrió.

Libertad de reunión

Las autoridades siguieron privando al grupo conocido como Madres/Personas del Sábado de su derecho a la libertad de reunión pacífica en la plaza Galatasaray, donde se concentraba periódicamente para protestar contra las desapariciones forzadas de las décadas de 1980 y 1990. En junio, la policía antidisturbios impidió al grupo celebrar su vigilia pacífica número 900 al detener al abogado y la abogada de derechos humanos Öztürk Türkdoğan y Eren Keskin, y a varios familiares de víctimas de desaparición forzada.² En agosto, la policía impidió una protesta pacífica de las Madres/Personas del Sábado para conmemorar el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas en el cementerio de Altınşehir y detuvo a 14 personas. Continuó el procesamiento infundado de 46 personas por haber participado en la concentración número 700 en agosto de 2018. En septiembre, la policía impidió al grupo realizar una declaración a la prensa ante el Palacio de Justicia de Çağlayan antes de la quinta vista de su juicio y detuvo a 16 personas, 3 de ellas profesionales de la abogacía.

Continuaron las restricciones ilegítimas de las marchas del Orgullo. Las organizaciones LGBTI documentaron 10 eventos del Orgullo prohibidos en todo el país y más de 530 personas detenidas durante la temporada del Orgullo, lo que superaba la cifra total de detenciones desde la primera prohibición del Orgullo de Estambul en 2015. El 10 de junio, la policía impidió la celebración de la marcha estudiantil del Orgullo en la Universidad Técnica de Oriente Medio en Ankara, y detuvo a 38 estudiantes después de que el rectorado de la universidad “prohibiera categóricamente” el evento a través de un correo electrónico enviado 3 días antes a todo el alumnado.³

En junio, las autoridades prohibieron arbitrariamente todos los eventos de la semana del Orgullo en Estambul. El 26 de junio, la policía dispersó con gas lacrimógeno y balas de plástico a activistas LGBTI que se habían concentrado en la avenida Istiklal desafiando la prohibición y detuvo al menos a 370 participantes.

En octubre, la fiscalía solicitó que se declarara culpables a 4 de los 8 estudiantes de la Universidad del Bósforo procesados por “dañar propiedad pública” durante una protesta celebrada en enero de 2021, a pesar de que no disponía de pruebas de que se hubiera cometido un ilícito penal; el delito imputado conllevaba una pena de hasta 4 años de prisión. En noviembre, las 70 personas pertenecientes al alumnado de la Universidad del Bósforo detenidas durante la marcha del Orgullo celebrada en sus instalaciones en mayo fueron acusadas de “negarse a dispersarse a pesar de las advertencias”.

Libertad de asociación

Turquía continuó en la “lista gris” de la organización intergubernamental Grupo de Acción Financiera Internacional, al tiempo que empleaba sus recomendaciones sobre la lucha contra el blanqueo de dinero y contra la financiación del terrorismo como pantalla de humo para facilitar el hostigamiento a las ONG. Las autoridades también intensificaron el uso de auditorías intrusivas a ONG aplicando la Ley de Prevención de la Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.

Al terminar el año, seguía pendiente una demanda presentada en 2021 para disolver el segundo mayor partido de la oposición, el Partido Democrático de los Pueblos, e inhabilitar políticamente durante 5 años a 451 de sus altos cargos y miembros. En noviembre, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos resolvió que Turquía había vulnerado los derechos de Figen Yüksekdağ, excopresidenta del partido, y de otros 13 exmiembros del Parlamento, según lo previsto en el artículo 18 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, que limita la capacidad de los Estados de restringir estos derechos.

En abril comenzó ante el tribunal civil de primera instancia núm. 13 de Estambul el proceso de disolución de la ONG Plataforma Detendremos los Femicidios, a la que se acusaba de haber realizado “actividades ilegales e inmorales […] que daña[ba]n la estructura de la familia turca so pretexto de defender los derechos de las mujeres”.

Al concluir el año, seguía tramitándose una demanda interpuesta en mayo para cerrar el Centro Comunitario de Tarlabaşı en Estambul por presunto “intento de influir en la orientación sexual de los niños y las niñas al normalizar en la sociedad la sexualidad de las personas conocidas como LGBTI”. En abril se anuló una sentencia dictada en febrero por otro tribunal que ordenaba detener las actividades del Centro.

Impunidad

En abril, un tribunal de Estambul suspendió el procesamiento in absentia de 26 ciudadanos saudíes acusados de asesinar en 2018 al periodista Jamal Khashoggi y resolvió que el caso se podía trasladar a Arabia Saudí. Posteriormente, las relaciones bilaterales entre ambos países mejoraron.

El enjuiciamiento de tres policías y un presunto miembro del PKK acusados de matar en 2015 al abogado de derechos humanos Tahir Elçi continuó por segundo año.

También continuó el juicio contra 13 agentes de policía que en 2020 habían sido acusados formalmente de causar la muerte a Metin Lokumcu durante una protesta celebrada en 2011 en la localidad de Hopa.

Defensores y defensoras de los derechos humanos

Öztürk Türkdoğan, copresidente de la Asociación de Derechos Humanos, afrontó durante el año tres procesamientos distintos por “pertenecer a una organización terrorista”, “insultar a un funcionario público” y “desacreditar a la nación turca”.⁴ El Tribunal Regional de Apelación de Ankara no había resuelto los recursos contra su absolución en los dos primeros. El tercero continuaba tramitándose al terminar el año.

Los tribunales no ejecutaron las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos dictadas en los casos de Osman Kavala y Selahattin Demirtaş mientras el presidente y otros altos cargos del gobierno declaraban falsamente que dichas sentencias no eran vinculantes para Turquía. El hecho de no excarcelar a Osman Kavala de conformidad con la sentencia de 2019 dio lugar a que, en febrero, el Consejo de Europa iniciara un procedimiento de infracción contra Turquía; era la segunda vez que se abría este procedimiento contra un Estado miembro.

En abril, el Tribunal Penal Núm. 13 de Estambul dictó sendas sentencias condenatorias contra Osman Kavala y otras 7 personas en el nuevo juicio del parque Gezi a pesar de la ausencia total de pruebas. Osman Kavala fue declarado culpable de “intentar derrocar al gobierno” y condenado a cadena perpetua sin posibilidad de obtener la libertad condicional. Las demás personas juzgadas en la misma causa —Mücella Yapıcı, Tayfun Kahraman, Can Atalay, Mine Özerden, Çiğdem Mater, Hakan Altınay y Yiğit Ekmekçi— fueron condenadas a sendas penas de 18 años de prisión por colaborar presuntamente con Osman Kavala. Al finalizar el año, los recursos contra las sentencias condenatorias de todas las personas encausadas estaban pendientes de resolución ante el Tribunal Regional de Apelación.

También en abril, el Tribunal Regional de Apelación de Estambul confirmó la sentencia condenatoria y la pena contra la abogada de derechos humanos Eren Keskin por “pertenencia a una organización terrorista” que se habían dictado en el juicio principal relativo al periódico kurdo Özgür Gündem, cerrado tras el intento de golpe de Estado de 2016. Al terminar el año, tras los enjuiciamientos por su papel como redactora jefa simbólica de Özgür Gündem, las penas impuestas a Eren Keskin sumaban un total de 26 años y 9 meses de prisión. Seguían pendientes ante el Tribunal de Casación los recursos.

En mayo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos resolvió que la prisión preventiva a la que se había sometido a Taner Kılıç en 2017 y 2018 había violado su derecho a la libertad, la seguridad y la libertad de expresión, y concluyó que su “detención se realizó en ausencia de motivos plausibles para sospechar que hubiera cometido los delitos que se le imputaban”. En noviembre, el Tribunal de Casación anuló la injusta sentencia condenatoria impuesta a Taner Kılıç por “pertenencia a una organización terrorista” alegando “investigación incompleta”, y las dictadas contra las otras tres personas defensoras de los derechos humanos por “ayudar a una organización terrorista” debido a la “falta de pruebas” en el largo juicio de Büyükada.

En septiembre, 23 personas, entre ellas al menos 15 integrantes, miembros del personal y de la junta directiva de la Asociación de Observación de la Migración, fueron encausadas por “pertenencia a una organización terrorista”. La fiscalía alegó que la asociación había publicado 3 informes cuyo propósito era “hacer propaganda de una organización terrorista” y que los fondos recibidos de varias fuentes extranjeras se canalizaban a un grupo armado. La primera vista del juicio se celebró el 13 de diciembre.

En octubre, se ordenó el ingreso en prisión de la profesora Şebnem Korur Fincancı, presidenta de la Asociación Médica de Turquía, por “hacer propaganda de una organización terrorista”.⁵ La docente había pedido públicamente una investigación independiente sobre las denuncias de que se habían empleado armas químicas contra el PKK en la región del Kurdistán de Irak. En diciembre, el Tribunal Penal Núm. 24 de Estambul aceptó el acta de acusación formal por el mismo cargo. La primera vista de su enjuiciamiento se celebró el 23 de diciembre.

Discriminación

Derechos de las mujeres

En mayo, entró en vigor una ley para proteger de la violencia a las mujeres y al personal médico. La ley definía el acoso persistente de las mujeres como un delito específico, limitaba la facultad de los tribunales de reducir las penas impuestas a los perpetradores e incrementaba las penas privativas de libertad, con penas más duras para los delitos cometidos contra menores de edad o mujeres separadas o divorciadas.

Al menos 225 mujeres fueron víctimas de femicidio a manos de hombres durante los primeros 10 meses del año según estadísticas oficiales del gobierno, aunque algunos informes registraron cifras muy superiores. Por ejemplo, la Plataforma Detendremos los Femicidios denunció que habían sido asesinadas 393 mujeres.

En marzo, tres destacadas integrantes de la Asociación de Mujeres Rosa, con sede en Diyarbakır, fueron puestas bajo custodia policial y afrontaron un procesamiento infundado por “pertenencia a una organización terrorista”. La fiscalía alegaba que las actividades de la asociación para el Día Internacional de la Mujer y el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer se habían llevado a cabo siguiendo instrucciones de un grupo armado.

En julio, el Consejo de Estado —máximo tribunal administrativo de Turquía— rechazó las solicitudes de decenas de organizaciones de mujeres, colegios de abogacía y otras asociaciones de que se anulara la decisión presidencial de 2021 de retirar a Turquía del Convenio del Consejo de Europa sobre Prevención y Lucha contra la Violencia contra las Mujeres y la Violencia Doméstica (Convenio de Estambul). En la práctica, la decisión del Consejo ratificaba la retirada unilateral del tratado realizada por el ejecutivo. Estaba pendiente de resolución un recurso contra esta decisión; varias solicitudes más, presentadas por organizaciones de defensa de los derechos de las mujeres, todavía no se habían visto al terminar el año.

Derechos de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI)

Figuras de la política, autoridades gubernamentales entre ellas, emplearon de manera habitual contra las personas LGBTI un discurso de odio y campañas difamatorias, amplificadas por ciertos medios de comunicación. La discriminación, la intimidación y la violencia se tornaron especialmente visibles durante la temporada del Orgullo, cuando la policía trató de dispersar con violencia marchas pacíficas y detuvo a quienes participaban en ellas.

En septiembre, el organismo estatal de radiodifusión RTÜK apoyó un anuncio que se refería a las personas LGBTI como un “virus” y las acusaba de causar la “destrucción de familias”. El anuncio promovía una manifestación contra los derechos LGBTI en Estambul.

Derechos de las personas refugiadas y migrantes

Las autoridades turcas usaron fuerza ilegítima, incluidos disparos con munición real, para devolver sumariamente a Irán a miles de personas afganas que buscaban protección.⁶ También hicieron uso ilegítimo de armas de fuego contra personas afganas que trataban de cruzar la frontera, lo que en algunos casos se saldó con muertes y personas heridas. So pretexto de “retornos voluntarios”, algunas personas fueron deportadas ilegítimamente a Afganistán en avión.

En julio, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos resolvió en la causa Akkad v. Türkiye que la devolución a Siria de un hombre sirio que residía legalmente en Turquía a través del abuso de una orden de “retorno voluntario” constituía una violación de la prohibición de las devoluciones (refoulement), del derecho a un recurso, del derecho a la libertad y la seguridad, así como de la prohibición del trato degradante debido a las condiciones del traslado del demandante en el contexto de la operación de devolución. Varias organizaciones de derechos humanos documentaron que, entre febrero y julio, las autoridades turcas habían detenido y recluido arbitrariamente y devuelto de manera ilegítima a cientos de personas refugiadas sirias.

Tortura y otros malos tratos

Según testigos presenciales, en abril, un nutrido grupo de guardias de la prisión de Mármara (anteriormente conocida como Silivri), en Estambul, había golpeado a varios presos y les había inducido al suicidio. Un recluso, Ferhan Yılmaz, murió en el hospital en abril, al parecer, tras haber sido sometido a tortura y otros malos tratos por guardias de la prisión. Otros 10 presos fueron presuntamente trasladados a distintas prisiones de todo el país tras denunciar asimismo que los guardias penitenciarios los habían golpeado. La Oficina del fiscal jefe del distrito de Silivri anunció una investigación sobre las denuncias, pero al terminar el año no se conocía el resultado.

República de Turquía

Jefe del Estado y del gobierno: Recep Tayyip Erdoğan