Información extraída de nuestro informe "La situación de los derechos humamos en el mundo", abril 2024

Las autoridades continuaron su campaña implacable para reprimir todas las formas de crítica pública y disidencia pacífica dentro y fuera del país. Discriminaban a las mujeres y niñas, y a las personas LGBTI restringiendo arbitrariamente sus derechos y libertades, y su autonomía corporal en nombre de la “cultura nacional”. Persistía un control estricto del acceso a Internet. Turkmenistán no adoptó medidas significativas para combatir el cambio climático. Las autoridades utilizaron el trabajo forzoso impuesto por el Estado en la producción del algodón.

Información general

En enero se reformó la Constitución para abolir el sistema parlamentario bicameral y conferir la máxima competencia para tomar decisiones sobre política nacional y exterior al Consejo del Pueblo. El expresidente Gurbanguly Berdymukhamedov fue confirmado como su presidente, y recibió el título de Líder Nacional del Pueblo Turcomano.

El país continuaba cerrado a ONG internacionales de derechos humanos y medios de comunicación extranjeros independientes, lo que, junto con la censura interna, dificultaba enormemente la recopilación de información.

Libertad de expresión

El Estado controlaba la difusión de la información limitando estrictamente el acceso a Internet y censurando cualquier información sobre acontecimientos negativos, como las penurias económicas, la escasez de productos alimentarios esenciales, el impacto del cambio climático y el trabajo forzoso. Según un estudio sobre la censura en Internet publicado en abril por dos universidades estadounidenses, estaban bloqueados más de 122.000 dominios, incluidos todos los sitios de WordPress, así como decenas de sitios de noticias, empresas y redes sociales. Debido a una política deliberada, el servicio de Internet en el país seguía siendo uno de los más lentos y caros del mundo, y su disponibilidad era baja con arreglo a los criterios internacionales, lo que dejaba en desventaja a las comunidades rurales.

Represión de la disidencia

Las autoridades persistieron en intentar reprimir todas las formas de crítica pública y disidencia pacífica dentro y fuera del país.

En marzo, el Comité de Derechos Humanos de la ONU expresó profunda preocupación por el encarcelamiento y el trato infligido al periodista independiente Nurgeldy Khalykov, al bloguero y activista de la sociedad civil Murat Dushemov, y al activista de derechos humanos Mansur Mingelov. En mayo, Nurgeldy Khalykov y Murat Dushemov se dirigieron por escrito a la ONU desde su centro de detención en la provincia oriental de Lebap para describir la tortura y otros malos tratos que sufrían. Según informes, se negó a Mansur Mingelov, en estado avanzado de tuberculosis osteoarticular, acceso al tratamiento médico que necesitaba.

Las autoridades continuaron persiguiendo a activistas y disidentes residentes en el extranjero, y acosando a sus familias en el país. Dursoltan Taganova, activista y bloguera residente en Turquía, contó que agentes del Ministerio de Seguridad Nacional habían interrogado en Turkmenistán a su hijo de 12 años sobre las actividades de su madre y, además, habían intentado captarlo como informador y habían intimidado a otros familiares para que ella dejara de criticar a las autoridades.

Discriminación

Mujeres y niñas

Las autoridades no avanzaron en la adopción de una ley integral que penalizara todas las formas de violencia contra las mujeres y de violencia basada en el género.

En junio, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer expresó especial preocupación por las persistentes actitudes patriarcales relacionadas con la violencia de género. El Comité expuso informes alarmantes que indicaban que mujeres y niñas eran obligadas a “acatar estereotipos de género” y que se coartaban sus “libertades fundamentales con el fin de preservar la cultura y la nación, por ejemplo, mediante la imposición de códigos de vestimenta y apariencia y otras prácticas discriminatorias”.

Personas LGBTI

En abril, el Comité de Derechos Humanos de la ONU lamentó que las autoridades no hubieran despenalizado las relaciones sexuales consentidas entre personas del mismo sexo y expresó su preocupación ante los informes persistentes de “brutalidad policial motivada por la orientación sexual o por la identidad de género de las víctimas” y el clima de miedo resultante que impedía a las personas LGBTI denunciar a sus agresores.

Derecho a un medioambiente saludable

Turkmenistán subvencionaba fuertemente los combustibles fósiles y su dependencia energética del gas y el petróleo era casi total. El país, uno de los principales contribuyentes a las emisiones mundiales de metano, fue responsable de la mayoría de las superemisiones de metano del mundo en 2022 según una investigación publicada en mayo. Tras la presión internacional, el presidente firmó una hoja de ruta para la reducción de las emisiones de metano en junio y el Compromiso Global del Metano en diciembre, en la COP28. Anteriormente, los gobiernos de Estados Unidos y Turkmenistán habían acordado establecer un grupo de trabajo sobre la mitigación del metano con vistas a cooperar sobre la detección de fugas y las medidas correctivas.

Libertad de reunión

Las autoridades controlaban férreamente el derecho a la libertad de reunión pacífica e intentaron reprimir pequeñas protestas espontáneas relacionadas con asuntos económicos y sociales como la escasez de alimentos básicos, el acceso a la justicia y la asistencia médica.

En marzo, la policía detuvo a unas 30 mujeres que se habían congregado ante el palacio presidencial de la capital, Asjabad, para plantear directamente al presidente sus motivos de preocupación sobre la corrupción policial después de haber intentado sin éxito que sus denuncias fueran atendidas por las autoridades locales y provinciales. Trasladadas a una comisaría de policía, permanecieron más de seis horas sin recibir comida ni agua, y tuvieron que firmar declaraciones oficiales de su detención antes de quedar en libertad.

En abril, la policía detuvo a 15 personas después de que varios centenares se manifestaran espontáneamente contra la escasez de pan ante una panificadora local en la ciudad de Mary. La policía hizo un uso innecesario y desproporcionado de la fuerza para dispersar a quienes protestaban bloqueando el tráfico de una calle principal.

Trabajo forzoso

Miles de personas empleadas en el sector público fueron obligadas a participar en la cosecha del algodón o a pagar a otras para que lo hicieran en su lugar, según las investigaciones de Cotton Campaign, coalición de ONG internacionales de defensa de los derechos laborales y los derechos humanos, sindicatos independientes, asociaciones de marcas y minoristas. La medida afectaba especialmente a las mujeres, ya que eran la inmensa mayoría en el sector público. El gobierno seguía rechazando todas las denuncias sobre el uso sistemático del trabajo forzoso, pero en septiembre permitió que personal médico y docentes cualificados de tres distritos dejaran de trabajar en los campos de algodón sin tener que pagar por su sustitución. Personal observador independiente, periodistas, y defensores y defensoras de los derechos humanos continuaron documentando las condiciones durante la cosecha con gran riesgo personal.