Información extraída de nuestro INFORME 2022/2023

El Presidente Kaïs Saïed continuó con sus esfuerzos para concentrar el poder en sus manos tras los ya realizados en 2021. También emitió decretos leyes para eliminar salvaguardias institucionales clave para los derechos humanos, atacando especialmente la independencia judicial y el derecho a la libertad de expresión. Las autoridades emplearon fuerza ilegítima para dispersar a manifestantes y enjuiciaron y detuvieron arbitrariamente a personalidades críticas consideradas enemigas del presidente. El derecho a la libertad de asociación estaba amenazado. Un decreto ley de reforma de la ley electoral anuló las medidas legislativas que favorecían la participación de las mujeres en el Parlamento. Túnez seguía penalizando las relaciones homosexuales consentidas entre personas adultas.

Información general

El 18 de febrero, el presidente Saïed renovó el estado de excepción hasta el final del año y, el 30 de diciembre, lo volvió a renovar hasta el 30 de enero de 2023. También se otorgó a sí mismo nuevos poderes al supervisar el 17 de agosto la adopción de una nueva Constitución que concentraba la autoridad en el poder ejecutivo.

El 30 de marzo, el presidente Saïed disolvió el Parlamento, que ya estaba suspendido, después de que unos 120 de los 217 miembros hubieran celebrado una sesión plenaria en línea como gesto de desafío contra él. Las autoridades impusieron prohibiciones de viajar arbitrarias al menos a tres personas, algunas de ellas miembros del disuelto Parlamento pertenecientes a partidos que se habían opuesto públicamente al presidente Saïed.

La crisis económica empeoró: el desempleo llegó al 15,3% y la inflación, al 10,1%. Había escasez de alimentos básicos y las autoridades dijeron que tenían previsto recortar las tradicionales subvenciones a la energía y los alimentos. En octubre, las autoridades llegaron a un acuerdo a nivel del personal técnico con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para tratar de obtener 1.900 millones de dólares estadounidenses de ayuda financiera. La junta directiva del FMI aplazó el debate sobre el préstamo, que estaba previsto para el 19 de diciembre, sin fijar otra fecha de inmediato.

Teniendo en cuenta sus limitados recursos hídricos y la previsión de que las sequías y las altas temperaturas serán cada vez más frecuentes, los expertos consideraban que el país era extremadamente vulnerable al cambio climático y a la inseguridad alimentaria.

Derecho a un juicio justo

Independencia del poder judicial

El presidente Saïed aprobó dos nuevos decretos leyes que, con las disposiciones de la nueva Constitución, le otorgaban poderes para intervenir en carreras judiciales, destituir sumariamente a jueces y aprobar nombramientos judiciales, lo que menoscababa la independencia judicial.¹

El 1 de junio, el presidente Saïed destituyó sumariamente a 57 jueces a los que acusó de conducta indebida, como obstrucción de investigaciones, corrupción y adulterio. El Tribunal Administrativo anuló 49 de las destituciones, pero el Ministerio de Justicia se negó a readmitir a los jueces.²

Como en años anteriores, las autoridades no crearon el Tribunal Constitucional pendiente desde hacía mucho tiempo. Las disposiciones para crear dicho tribunal, contenidas en la nueva Constitución, concedían no obstante al presidente la última palabra en el nombramiento de sus miembros.

Los tribunales militares siguieron enjuiciando a civiles, pero con menos frecuencia que en 2021. Se iniciaron juicios ante tribunales militares contra al menos dos hombres en relación con sus comentarios públicos, uno sobre la policía y el otro sobre el presidente Saïed y el ejército.

Libertad de expresión

El presidente Saïed menoscabó la libertad de expresión al publicar dos decretos leyes que imponían penas de prisión por la divulgación maliciosa de “noticias falsas” o declaraciones difamatorias. El Decreto Ley 2022-14, que entró en vigor el 21 de marzo, imponía penas de entre 10 años de prisión y cadena perpetua a quienes “ejercieran una actividad económica” y difundieran deliberadamente “noticias o información falsas o incorrectas” sobre suministros de bienes.³ El Decreto Ley 2022-54, nueva disposición legal sobre ciberdelincuencia publicada el 13 de septiembre, imponía penas de hasta 10 años de prisión por hacer uso indebido intencionado de las redes de telecomunicaciones para producir, enviar o difundir “noticias falsas” u otros contenidos falsos o difamatorios, y permitía a las autoridades disolver las entidades que la infringieran. También amenazaba el derecho a la intimidad al otorgar a las autoridades amplios poderes para vigilar el uso que hacía la población de Internet, interceptar comunicaciones privadas y compartir datos personales con gobiernos extranjeros.

Las autoridades judiciales investigaron o procesaron al menos a 32 personalidades críticas consideradas oponentes del presidente por ejercer su derecho a la libertad de expresión. Entre ellas había miembros del Parlamento, ya disuelto entonces, así como profesionales de la abogacía y el periodismo.

En mayo, un tribunal militar declaró al abogado Abderrazak Kilani culpable de insultar a un funcionario público y lo condenó a una pena condicional de un mes de prisión. Un fiscal militar lo había acusado en enero a raíz del enfrentamiento verbal que tuvo con unos agentes de policía que le habían impedido visitar a un cliente. El tribunal militar de apelación anuló posteriormente la sentencia condenatoria, pero un fiscal militar recurrió la resolución.

A principios de abril, las autoridades judiciales iniciaron investigaciones sobre al menos 20 miembros del Parlamento que habían participado en una sesión plenaria en línea celebrada para protestar contra la decisión del presidente Saïed de disolver este órgano, y citaron al menos a 10 para interrogarlos.⁴ Al finalizar el año, las investigaciones no habían avanzado.

El 12 de mayo, las autoridades judiciales abrieron una investigación penal contra Ghazi Chaouachi, jefe del partido de la oposición Corriente Democrática, por difamar a un funcionario público y difundir información falsa en relación con una entrevista radiofónica en la que criticaba a las autoridades y afirmaba que la primera ministra Najla Bouden había dimitido, pero que el presidente Saïed se había negado a aceptar la dimisión.

El 11 de junio, la policía detuvo al periodista Salah Attia en relación con una entrevista de televisión en la que dijo que el ejército había rechazado la petición del presidente Saïed de cerrar la oficina del principal sindicato de Túnez y de someter a varios dirigentes políticos a arresto domiciliario. El 16 de agosto, un tribunal militar encarceló a Salah Attia tres meses a partir del momento de su detención por difamar al presidente e insultar al ejército. Quedó en libertad el 16 de septiembre tras cumplir su condena.⁵

En virtud del Decreto Ley 2022-54, la fiscalía abrió investigaciones contra al menos cinco personas, entre ellas Nizar Bahloul, director de Business News, por un artículo en el que criticaba a la primera ministra Najla Bouden, y el abogado Mehdi Zagrouba por una publicación en Facebook en la que criticaba a la ministra de Justicia Leila Jeffal. La ministra de Justicia inició una investigación en aplicación del Decreto Ley contra el líder político Ghazi Chaouachi por unas declaraciones a los medios de comunicación.

Libertad de asociación

En febrero se filtró un proyecto de ley sobre asociaciones que otorgaba a las autoridades poderes para regular la creación, las actividades y la financiación exterior de los grupos de la sociedad civil, y para disolverlos bien por inactividad, o bien, en virtud de disposiciones ambiguas, a voluntad. El 24 de febrero, el presidente Saïed manifestó su intención de prohibir toda financiación exterior a los grupos de la sociedad civil.⁶ En un informe escrito y en declaraciones orales pronunciadas en noviembre para el cuarto Examen Periódico Universal de Túnez, las autoridades mencionaron planes para reformar la ley tunecina sobre asociaciones sin dar detalles claros.

Libertad de reunión y uso excesivo de la fuerza

Durante el año se celebraron manifestaciones en la capital, Túnez, tanto a favor como en contra del presidente Saïed. Las autoridades permitieron que se llevaran a cabo la mayoría, pero emplearon fuerza ilegítima para dispersar al menos tres concentraciones críticas con el presidente.

El 14 de enero, la policía de Túnez dispersó de forma violenta a manifestantes contrarios al presidente que se habían congregado desafiando la prohibición de reuniones públicas durante dos semanas impuesta dos días antes con el argumento de luchar contra la COVID-19. La policía golpeó con porras a quienes se manifestaban, utilizó cañones de agua y detuvo al menos a 31 personas. Un juez absolvió a 14 de ellas, aunque multó a 15 por infringir la normativa sanitaria.

El 4 de junio, la policía utilizó barreras metálicas y un agente químico irritante para impedir que personas que se manifestaban contra el presidente se concentraran ante la oficina de la comisión electoral.

El 22 de julio, la policía dispersó de forma violenta a un grupo de personas que se manifestaban en Túnez contra el presidente después de que varias de ellas intentaran retirar las barreras de control de multitudes. La policía utilizó un agente químico irritante, golpeó con porras a varias personas y detuvo al menos a 11. Dijeron a Amnistía Internacional 4 de ellas que la policía las había golpeado después de detenerlas.

Impunidad

Las autoridades se abstuvieron en gran medida de pedir responsabilidades a miembros de las fuerzas de seguridad acusados con fundamento de violaciones de derechos humanos.

Los tribunales no dictaron fallos ni otras resoluciones en ninguno de los 10 juicios —iniciados en 2018 después de que la Comisión de la Verdad y la Dignidad remitiera los casos a tribunales especializados— contra miembros de las fuerzas de seguridad acusados de abusos durante la revolución de Túnez que tuvo lugar entre diciembre de 2010 y enero de 2011.⁷

El 13 de enero comenzó el juicio contra 14 policías acusados de causar la muerte de Omar Laabidi, joven que, según testigos, murió ahogado porque la policía lo empujó a un canal pese a insistir éste en que no sabía nadar. El 3 de noviembre, el tribunal condenó a 12 de ellos a 2 años de prisión por homicidio culposo y absolvió a los otros 2.

Las autoridades no investigaron eficazmente las denuncias presentadas por las familias de Noureddine Bhiri, exministro de Justicia, y Fathi Beldi, agente de seguridad, por su detención arbitraria desde el 31 de diciembre de 2021. Ambos habían permanecido recluidos 67 días sin acceso a asistencia letrada antes de quedar en libertad sin cargos.

Derechos de las mujeres y de las niñas

El Decreto Ley 2022-55, promulgado el 15 de septiembre, reformó la ley electoral tunecina para eliminar disposiciones cuyo objetivo era, en parte, promover la representación de las mujeres en el Parlamento. Anteriormente, la ley exigía que las listas de candidatos a las elecciones parlamentarias incluyeran el mismo número de hombres y mujeres. Según la ley reformada, la ciudadanía elegiría a los miembros del Parlamento individualmente, y no había disposiciones que garantizasen la paridad de género en las candidaturas.

La legislación tunecina continuaba discriminando a las mujeres en cuestiones relativas a la herencia. En virtud de la ley sobre la condición jurídica de la persona, los hombres tenían derecho a heredar el doble que sus hermanas en los casos en los que el patrimonio se transmitía a herederos de ambos sexos.

Aunque Túnez había adoptado en 2017 una ley pionera sobre la violencia contra las mujeres, conocida como Ley 58, las autoridades seguían siendo lentas a la hora de proporcionar a la policía los recursos y la formación adecuados para investigar las denuncias de malos tratos y ofrecer protección a las mujeres en situación de riesgo.

Las mujeres seguían sufriendo malos tratos en el ámbito familiar y otras formas de violencia de género, según grupos tunecinos de derechos de las mujeres, que señalaron la ausencia de estadísticas oficiales actualizadas sobre denuncias de homicidios y otros actos de violencia contra las mujeres.

Derechos de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI)

Túnez continuó penalizando las relaciones sexuales consentidas entre personas adultas en virtud del artículo 230 del Código Penal, que imponía tres años de prisión por mantener relaciones homosexuales. Según Damj, grupo tunecino de defensa de los derechos LGBTI, los tribunales enjuiciaron a personas en aplicación del artículo 230 en al menos 47 causas.

1. Tunisia: A Year of Human Rights Regression Since President’s Power-Grab, 21 de julio
2. Túnez: Jueces y fiscales inhabilitados deben ser restituidos en sus puestos, 16 de septiembre
3. Tunisia: New anti-speculation law threatens freedom of expression, 25 de marzo
4. Tunisia: Drop politically motivated investigation against opposition MPs, 8 de abril
5. Túnez: Retiren todos los cargos contra el periodista Salah Attia, 15 de agosto
6. Tunisia: Looming curbs on civil society must be stopped, 11 de marzo
7. Túnez: Diez años después de la revolución, continúa la lucha por la justicia y la reparación para las víctimas, 14 de enero