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Tunísia

Información extraída de nuestro Informe 2017/18

Las autoridades siguieron renovando el estado de excepción y utilizándolo para justificar restricciones arbitrarias de la libertad de circulación. Continuaban la tortura y otros malos tratos bajo custodia en un entorno de impunidad. La policía practicó detenciones arbitrarias y registros de viviendas sin orden judicial. Se detuvo y enjuició a lesbianas, gays, bisexuales, personas transgénero e intersexuales por relaciones homosexuales mantenidas de mutuo acuerdo. Aumentaron en varias regiones los enjuiciamientos de personas que se manifestaban pacíficamente.

Durante 2017 las autoridades prorrogaron cinco veces el estado de excepción en todo el país por periodos de entre uno y tres meses. Tras una importante reestructuración del gabinete llevada a cabo en septiembre se incorporaron al gobierno 13 nuevos titulares de carteras.

Continuaron las protestas contra el desempleo, las precarias condiciones de vida y las políticas de desarrollo marginadoras, sobre todo en las regiones subdesarrolladas.

En mayo, el Parlamento aprobó positivas reformas de la Ley de Pasaportes, en virtud de las cuales las personas a quienes se impusiera la prohibición de viajar debían ser informadas sin demora de la decisión y tener garantizado el derecho a impugnarla.1

En mayo, Túnez se sometió por tercera vez al examen periódico universal de la ONU, en el que se evaluó su historial en materia de derechos humanos. El Consejo de Derechos Humanos de la ONU adoptó las recomendaciones formuladas a Túnez en septiembre.

Las elecciones municipales previstas para diciembre se aplazaron hasta mayo de 2018 debido al retraso en el nombramiento de integrantes de la Comisión Nacional Electoral Independiente. El Parlamento no eligió el cupo de miembros del Tribunal Constitucional que le asignaba la ley, lo que impidió el establecimiento del Tribunal.

Las medidas de excepción en vigor desde noviembre de 2015 continuaban dando al ministro del Interior amplias atribuciones adicionales, como efectuar registros domiciliarios sin orden judicial y limitar la libertad de circulación. El Ministerio del Interior siguió restringiendo la libertad de circulación por medio de arbitrarias e imprecisas órdenes conocidas como “S17”, con las que confinó a cientos de personas en la gobernación donde residían, alegando que era una medida necesaria para impedirles viajar a fin de que no se incorporaran a grupos armados. Abogados y abogadas de derechos humanos denunciaron arrestos arbitrarios y breves periodos de detención de personas sometidas a las medidas de control fronterizo S17. El ministro del Interior informó al Parlamento en abril de que 134 personas habían recurrido órdenes S17 ante el Tribunal Administrativo. Ese mismo mes, el ministro anunció que había 537 personas enjuiciadas por actividades “relacionadas con el terrorismo”.

La policía sometía a acoso e intimidación a los familiares de presuntos miembros o simpatizantes de grupos armados. Por ejemplo, registró periódicamente el domicilio de la familia Malik, en Tozeur, por la presunta afiliación de uno de sus miembros a grupos armados en el extranjero. En mayo, dos miembros de la familia, los periodistas Salam y Salwa Malik, fueron juzgados y condenados a seis meses de prisión, reducidos posteriormente a una multa, por haber criticado la conducta de la policía durante un registro especialmente violento de su domicilio.2

La policía hostigaba a personas a causa de su aspecto, deteniendo e interrogando a hombres con barba y a hombres y mujeres cuya vestimenta las autoridades consideraban indumentaria religiosa conservadora.

Los abogados y abogadas de derechos humanos seguían denunciando tortura y otros malos tratos bajo custodia, infligidos sobre todo en el momento del arresto y durante el periodo de detención sin cargos y tanto en casos de delitos ordinarios como de delitos contra la seguridad nacional. En marzo y abril, después de que el primer ministro declarase que el gobierno iba a investigar las denuncias de Amnistía Internacional de abusos cometidos por las fuerzas de seguridad, incluida tortura, la Comisión de Derechos, Libertades y Relaciones Exteriores del Parlamento invitó a la organización a que la informara.3 Posteriormente celebró cuatro sesiones más sobre la tortura: una con Amnistía Internacional, dos con sendas ONG tunecinas y otra con el ministro del Interior.

La falta de cooperación del Ministerio del Interior y la financiación insuficiente del gobierno seguían dificultando la labor del Organismo Nacional para la Prevención de la Tortura, creado en 2013 en cumplimiento de las obligaciones de Túnez como Estado Parte en el Protocolo Facultativo de la Convención de la ONU contra la Tortura. En abril, la policía del aeropuerto internacional de Túnez-Cartago impidió el acceso de miembros del Organismo para supervisar la entrega de un presunto “terrorista” expulsado de Alemania.

Las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI) continuaban expuestas a ser detenidas en aplicación del artículo 230 del Código Penal, que penalizaba las relaciones homosexuales mantenidas de mutuo acuerdo. La policía detuvo al menos a 44 personas que fueron posteriormente acusadas y enjuiciadas en virtud del artículo 230. En junio, un juez de Susa condenó in absentia a un joven de 16 años a cuatro meses de prisión en aplicación de este artículo.

Las personas LGBTI sufrían también violencia, explotación y abusos sexuales y de otra índole a manos de la policía, incluso cuando trataban de obtener reparación por violaciones de sus derechos. En julio, agentes de policía de Susa detuvieron arbitrariamente y golpearon a dos hombres por su presunta orientación sexual. En agosto, agentes de policía de Sidi Bou Said, localidad próxima a Túnez capital, agredieron a un hombre transgénero residente allí que había acudido a la comisaría a denunciar acoso por motivos de género.

La policía seguía sometiendo a hombres acusados de relaciones homosexuales a exámenes anales forzados, lo que violaba la prohibición de la tortura. En septiembre, Túnez aceptó la recomendación formulada en el examen periódico universal de poner fin a los exámenes anales.

El 10 de mayo, el presidente Esebsi anunció el despliegue del ejército para proteger instalaciones económicas clave de disturbios causados por las protestas sociales y laborales. En los días siguientes, la policía usó fuerza excesiva, incluido gas lacrimógeno, contra participantes en manifestaciones pacíficas en la ciudad meridional de Tataouine. Un joven manifestante murió atropellado por un vehículo de la Guardia Nacional en circunstancias que el Ministerio de Salud calificó de accidente. El 18 de septiembre, un grupo de agentes golpearon con sus porras al periodista Hamdi Souissi cuando cubría una sentada en Sfax. Durante 2017, los tribunales enjuiciaron a un número cada vez mayor de participantes en protestas pacíficas. Solamente en Gafsa, juzgaron a centenares de personas, al menos 80 de ellas in absentia, por cargos de “perturbar la libertad de trabajo” tras protestas sociales relacionadas con el desempleo.

Los tribunales seguían usando disposiciones arbitrarias del Código Penal para enjuiciar a personas por conductas protegidas por el derecho a la libertad de expresión. En mayo, el Juzgado de Primera Instancia de Susa condenó a dos jóvenes a dos meses de prisión por “escándalo público” por diseñar y vestir una camiseta con una frase que insinuaba que los policías eran moralmente corruptos. En julio, varios policías encargados de garantizar la seguridad de un concierto del cantante de rap Ahmed Ben Ahmed agredieron a éste por considerar que sus canciones insultaban a la policía. Posteriormente, un sindicato policial presentó una denuncia contra él ante el Juzgado de Primera Instancia de Mahdia por “insultar a funcionarios del Estado”, delito tipificado en el Código Penal.

En junio, el Juzgado de Primera Instancia de Bizerta declaró al menos a cinco hombres culpables de “escándalo público” por fumar en público de día durante el Ramadán.4

El 8 de septiembre, las autoridades expulsaron arbitrariamente de Túnez al príncipe Hicham Al Alaoui, primo y destacado detractor del rey Mohamed VI de Marruecos, cuando llegó al país para asistir a una conferencia sobre transiciones democráticas.

En julio, el Parlamento aprobó la Ley de Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, que incorporaba varias garantías para la protección de las mujeres y las niñas de la violencia basada en el género. Derogó el artículo 227 bis del Código Penal, que permitía que los hombres acusados de haber violado a una niña o a una mujer menor de 20 años eludieran la acción de la justicia casándose con ella.

En agosto, el presidente Esebsi pidió al Parlamento que reformase la discriminatoria ley sobre herencias y creó una comisión encargada de proponer reformas legales para garantizar la igualdad de género. Al final del año la comisión no había entregado su informe. En septiembre, el Ministerio de Justicia derogó la directiva de 1973 que prohibía el matrimonio entre mujeres tunecinas y hombres no musulmanes.

En una reestructuración del gabinete de septiembre, el número de ministras pasó de cuatro a tres en un total de 28 carteras, lo que dejaba a las mujeres gravemente infrarrepresentadas en el gobierno.

La Comisión de la Verdad y la Dignidad, instituida en 2013 para abordar las violaciones de derechos humanos cometidas entre julio de 1955 y diciembre de 2013, celebró 11 audiencias públicas durante 2017. En ellas, víctimas y perpetradores declararon sobre diversas violaciones de derechos que abarcaban desde fraude electoral hasta desaparición forzada y tortura. No hubo avances en la adopción de un memorándum de entendimiento entre la Comisión de la Verdad y la Dignidad y el Ministerio de Justicia que permitiera la remisión de casos a salas judiciales especializadas. Instituciones oficiales como los ministerios del Interior, Defensa y Justicia, seguían sin facilitar a la Comisión la información que ésta había solicitado para sus investigaciones. El sistema de justicia militar se negó a entregar a la Comisión los expedientes judiciales de las personas acusadas de matar a manifestantes durante el levantamiento de 2011 y los expedientes de las víctimas de represión policial durante las protestas de Siliana en 2012.

En septiembre, el Parlamento aprobó una polémica Ley de Reconciliación Administrativa que el presidente Esebsi había presentado en 2015 y a la que se oponían desde hacía tiempo partidos políticos de la oposición, grupos de la sociedad civil y el grupo organizador de la campaña Manich Msameh (No perdonaré) porque ofrecía inmunidad a los funcionarios públicos implicados en corrupción y malversación que hubieran obedecido órdenes y no se hubieran beneficiado personalmente. Un grupo de miembros del Parlamento impugnó la constitucionalidad de esta ley ante la Autoridad Provisional para el Examen de la Constitucionalidad de los Proyectos de Ley, pero finalmente fue promulgada, al no lograrse en la Autoridad una decisión por mayoría.

La escasez de agua en Túnez se agudizó al disminuir las reservas de los pantanos un 42% respecto de la media anual. En agosto, el ministro de Agricultura, Recursos Hídricos y Pesca declaró que el gobierno no tenía una estrategia nacional para la distribución del agua, por lo que era imposible garantizar un acceso equitativo.

La escasez de los últimos años afectó desproporcionadamente a la distribución y causó reiterados cortes de agua en regiones marginadas, que desembocaron en protestas locales a lo largo de 2017. En septiembre, los habitantes de la pequeña localidad de Deguech, en la región de Tozeur, organizaron una protesta frente a la oficina de la autoridad local para exigir una solución a los cortes periódicos de agua corriente que había sufrido la región durante el verano. En julio, algunos barrios de Redeyef, en la región de Gafsa, estuvieron sin agua corriente más de un mes, y localidades como Moulares sólo dispusieron de ella unas horas al día. En marzo, la ONG Observatorio Tunecino del Agua anunció que había registrado 615 cortes de agua y 250 protestas relacionadas con el acceso a ésta.

Los tribunales impusieron al menos 25 condenas a muerte en juicios relacionados con la seguridad nacional. Los abogados defensores recurrieron las condenas. No se llevaban a cabo ejecuciones desde 1991.

  1. Túnez: Los cambios en la legislación sobre pasaportes atenuarán las restricciones arbitrarias sobre viajes (noticia, 26 de mayo)
  2. Túnez: Periodistas procesados por criticar la conducta de las fuerzas de seguridad (noticia, 15 de mayo)
  3. “We want an end to the fear”: Abuses under Tunisia’s state of emergency (MDE 30/4911/2017)
  4. Túnez: Quinto hombre condenado a prisión por romper el ayuno durante el Ramadán (noticia, 13 de junio)
República de Túnez
Jefe del Estado: Beyi Caid Esebsi
Jefe del gobierno: Yousef Chahed