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Togo

Información extraída de nuestro Informe 2017/18

Las autoridades siguieron restringiendo el derecho a la libertad de expresión y de reunión en manifestaciones masivas organizadas por grupos de la oposición. Las fuerzas de seguridad empleaban fuerza excesiva contra quienes se manifestaban; al menos 11 personas murieron violentamente en protestas. Persistían los casos de detención y reclusión arbitrarias y tortura y otros malos tratos, así como la impunidad por violaciones de derechos humanos.

Togo aceptó varias recomendaciones derivadas del examen de su historial de derechos humanos en el marco del proceso del examen periódico universal de la ONU, entre ellas adoptar medidas para impedir la tortura y otras violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad y garantizar la investigación adecuada y el enjuiciamiento de todos los presuntos responsables. Rechazó, entre otras, las recomendaciones relativas a reformar o derogar legislación utilizada para reprimir a periodistas y defensores y defensoras de los derechos humanos, incluidas leyes que penalizaban la difamación, y las relativas a garantizar la protección de las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales.1

Las fuerzas de seguridad, incluido el ejército, continuaban reprimiendo y dispersando protestas pacíficas, empleando para ello fuerza excesiva y medios letales. Dispersaron protestas de forma violenta, golpearon a miembros de la oposición y sometieron a malos tratos a periodistas.

El 28 de febrero, las fuerzas de seguridad usaron munición real para dispersar una protesta espontánea contra la subida del precio de los combustibles en la capital, Lomé; mataron a una persona e hirieron a varias.2

En junio, las fuerzas de seguridad reprimieron manifestaciones organizadas por un sindicato estudiantil de la Universidad de Lomé que reclamaba mejores condiciones de vida. En unos vídeos publicados en Internet se veía a miembros de las fuerzas de seguridad, armados con escopetas, apaleando a los estudiantes en el suelo con porras. Algunos estudiantes lanzaron piedras a las fuerzas de seguridad. Al menos 19 estudiantes fueron detenidos; 10 de ellos quedaron en libertad poco después de comparecer ante el fiscal. El 19 de junio, 7 quedaron en libertad tras ser absueltos por el Tribunal de Lomé de los cargos de rebelión y destrucción de bienes. El 26 de junio, Foly Satchivi, presidente de la Liga Togolesa de Derechos de los Estudiantes, y Marius Amagbégnon recibieron sendas condenas condicionales de 12 meses de prisión por alteración del orden público con agravantes, al considerar el tribunal que habían sido los organizadores de la manifestación. Tras quedar en libertad el 27 de junio, apelaron contra sus sentencias condenatorias. Varios estudiantes declararon ante el tribunal que las fuerzas de seguridad los habían golpeado en el momento de la detención y durante el traslado.

Entre agosto y diciembre, la oposición política celebró manifestaciones masivas en ciudades importantes. Las fuerzas de seguridad las dispersaron con gas lacrimógeno, porras, cañones de agua y munición real, y hubo enfrentamientos violentos esporádicos entre grupos de oposición y simpatizantes del partido gobernante. Las fuerzas de seguridad irrumpieron en viviendas y lugares de oración y golpearon a la gente, incluidas personas que no habían participado en las manifestaciones. Al menos 10 personas murieron violentamente, entre ellas 2 miembros de las fuerzas armadas y 3 niños de entre 11 y 14 años, y centenares más resultaron heridas, incluidos miembros de las fuerzas de seguridad. Más de 200 personas fueron detenidas, entre ellas el secretario general del opositor Partido Nacional Panafricano. Se impusieron penas de hasta 60 meses de prisión a al menos 60 personas por cargos de rebelión, destrucción voluntaria, agresión, violencia contra representantes de la autoridad pública, alteración del orden público con agravantes y robo con agravantes, entre otros.3

Las autoridades continuaban restringiendo el derecho a la libertad de expresión. Cerraron arbitrariamente medios de comunicación y detuvieron a líderes comunitarios y opositores por expresar su disidencia. Cortaron la conexión a Internet para impedir que activistas y periodistas informaran de violaciones de derechos humanos.

El 6 de febrero, la Alta Autoridad de Medios Audiovisuales y Comunicación retiró las frecuencias de la emisora de radio CityFM y del canal de televisión La Chaîne du Futur porque infringían normas relativas a licencias. El estatuto de la Alta Autoridad no establecía ningún mecanismo para apelar contra esta decisión.4

El 7 de febrero, el periodista Robert Kossi Avotor fue golpeado con porras y esposado por gendarmes para impedir que fotografiara un desalojo en Lomé. Fue detenido y puesto en libertad sin cargos el mismo día, después de que borraran sus fotografías. Presentó una denuncia ante la fiscalía en Lomé con respecto a la cual no había habido ninguna reacción al terminar el año. El 22 de febrero, el fiscal general advirtió que toda persona que informase sobre la agresión sufrida por Robert Kossi Avotor se expondría a enjuiciamiento penal por “difundir noticias falsas”.

Kombate Garimbité, miembro de la opositora Alianza de Demócratas por el Desarrollo Integral, fue detenido el 4 de abril tras criticar la petición del jefe de la localidad de Yembour de que los familiares de los estudiantes pagasen por los daños causados durante una protesta en marzo. Las autoridades lo acusaron de organizar la protesta de marzo, y se presentaron en su contra cargos de alteración del orden público con agravantes. Kombate Garimbité afirmó que no había participado en las protestas y que estaba en Lomé, a 630 kilómetros de Yembour, en el momento en que éstas se produjeron. Al terminar el año continuaba detenido sin juicio.5

Salomée T. Abalodo fue detenida por gendarmes en la ciudad de Pagouda (región de Kara) el 13 de abril tras tomar fotografías de manifestantes heridos y pedir a las autoridades locales que impidieran a las fuerzas de seguridad emplear fuerza excesiva contra quienes se manifestaban pacíficamente. Fue acusada formalmente de “rebelión” y de “participación en una protesta no autorizada”. Quedó en libertad el 12 de mayo al retirar los cargos el tribunal de Pagouda.6

Las autoridades cerraron Internet durante nueve días en septiembre en el contexto de unas protestas impulsadas por la oposición, lo que desbarató la organización de las protestas y obstaculizó el trabajo de defensores y defensoras de los derechos humanos y periodistas que observaban su desarrollo.

Las autoridades siguieron sin tomar medidas para identificar a los presuntos responsables de violaciones de derechos humanos, incluida la muerte de casi 500 personas, en el contexto de la violencia que rodeó las elecciones presidenciales de 2005. No se tenía constancia de que se hubiera investigado a fondo ninguna de las 72 denuncias presentadas por las familias de las víctimas en los tribunales de Atakpamé, Amlamé y Lomé.

  1. Amnesty International urges Togo to expressly commit to protecting the rights to freedom of association, freedom of expression and peaceful assembly (AFR 57/5884/2017)
  2. Togo. Un mort par balle et plusieurs blessés lors d’une manifestation dispersée par l’armée (comunicado de prensa, 1 de marzo)
  3. Togo. Les autorités doivent s’abstenir de tout recours injustifié ou excessif à la force lors des manifestations de l’opposition (noticia, 6 de septiembre); Togo. Un enfant de neuf ans tué par balle lors des manifestations (comunicado de prensa, 20 de septiembre)
  4. Togo. Le retrait des fréquences de deux médias est une attaque contre la liberté d’expression(comunicado de prensa, 6 de febrero)
  5. Togo. Un militant politique détenu pour ses opinions doit être libéré (comunicado de prensa, 12 de abril)
  6. Togo: Líder comunitaria detenida y acusada injustamente (AFR 57/6193/2017)
República Togolesa
Jefe del Estado: Faure Gnassingbé
Jefe del gobierno: Komi Sélom Klassou