Información extraída de nuestro INFORME 2022/2023

Tanto grupos armados como fuerzas de seguridad mataron a civiles en la frontera con Burkina Faso. Con el pretexto de la seguridad y de contener la propagación de la COVID-19 se restringió el derecho a la libertad de asociación y de reunión pacífica. El derecho a la libertad de expresión estaba amenazado. Se documentaron casos de detención y reclusión arbitrarias. El presidente promulgó una ley para proteger a los y las estudiantes frente a la violencia sexual.

Información general

Togo se sometió al proceso del Examen Periódico Universal de la ONU el 24 de enero.

Los grupos armados continuaron atacando poblados y a miembros de las fuerzas de defensa y de seguridad en la región de las Sabanas, fronteriza con Burkina Faso, donde el estado de excepción impuesto por 90 días el 13 de junio se amplió 6 meses el 6 de septiembre.

Homicidios ilegítimos

El 14 de julio, el ejército reconoció públicamente que, la noche del 9 al 10 de julio, “una aeronave que realizaba una patrulla nocturna había atacado por error a un grupo de personas a quienes había confundido con una columna de yihadistas en movimiento” en el poblado de Margba, en la prefectura de Tone (región de las Sabanas), cerca de la frontera con Burkina Faso. En el bombardeo murieron siete menores de edad, según medios de comunicación no gubernamentales.

El Ministerio de Defensa declaró el 16 de julio que, durante la noche del 14 al 15 de julio, “unos hombres armados no identificados [habían llevado] a cabo ataques coordinados y complejos en varios poblados” en la región de las Sabanas que se habían saldado con “varias personas muertas y algunas heridas”. Según informaron medios de comunicación no gubernamentales, el grupo armado había matado a más de 10 personas.

Libertad de reunión y de asociación

Las autoridades utilizaron el pretexto de la seguridad nacional para prohibir la celebración de varias reuniones organizadas por partidos de la oposición política, al tiempo que se autorizaban los eventos del partido gobernante. El 22 de junio, el Ministerio de Seguridad y Protección Civil prohibió una reunión programada por una coalición de partidos de la oposición declarando que “la celebración de semejante reunión, en un contexto preocupante de seguridad subregional y nacional, caracterizado sobre todo por la volatilidad y la imprevisibilidad, p[odría] poner en peligro los esfuerzos realizados para preservar el orden público y la seguridad nacional”. El 29 de junio, el prefecto de Agoe-Nyieve esgrimió los argumentos del Ministerio para prohibir una concentración programada por el partido de la oposición Alianza Nacional para el Cambio.

El gobierno continuó imponiendo la prohibición de las reuniones de más de 15 personas implantada para luchar contra la propagación de la COVID-19. La prohibición se mantuvo a pesar del anuncio realizado por el gobierno el 22 de febrero de que se iban a reabrir los lugares de culto y a reanudar todas las actividades deportivas para todas las personas que pudieran aportar una prueba de vacunación, ya que las tasas de infección habían bajado desde el 1 de febrero. El 8 de marzo, el gobierno celebró que “en los centros de tratamiento no ha[bía] pacientes con COVID-19”.

Libertad de expresión

En junio, el sitio web perteneciente a la ONG Togo Debout estuvo inaccesible durante una semana, después de que se hubiera publicado un informe sobre la impunidad en el país.

El 11 de julio, la Alta Autoridad de los Medios Audiovisuales y la Comunicación convocó al director del diario Liberté tras la publicación en portada de un artículo que sostenía que la muerte de siete menores de edad en el poblado de Margba podía haber sido consecuencia de un “error” del ejército (véase supra, “Homicidios ilegítimos”).

Detención y reclusión arbitrarias

El 24 de febrero, el gobierno respondió a una carta de tres relatorías especiales de la ONU relativa a las denuncias sobre la “detención arbitraria y prolongada” de Abdoul Aziz Goma. Las autoridades negaron que la detención fuera arbitraria y mantuvieron las acusaciones contra este ciudadano irlandés de origen togolés, de quien afirmaban que formaba parte de un “grupo de personas que planeaba operaciones armadas para desestabilizar las instituciones” en Togo. Abdoul Aziz Goma había sido acusado junto con otras personas de “atentar contra la seguridad interna del Estado”. Él negó las acusaciones y aseguró que simplemente había pagado los gastos de alojamiento de unos jóvenes que querían visitar Lomé para participar en manifestaciones pacíficas. Las relatorías especiales lo consideraban un defensor de los derechos humanos. Al terminal el año continuaba recluido.

Varios profesores y estudiantes fueron detenidos y recluidos en relación con huelgas que pedían mejorar las condiciones laborales. Tres dirigentes del Sindicato de Docentes de Togo fueron arrestados en abril acusados de incitar al alumnado a la revuelta; quedaron en libertad condicional el 5 de octubre después de que varias organizaciones de la sociedad civil se movilizaran en su apoyo. También en abril, cinco estudiantes fueron arrestados durante unas manifestaciones en la región de las Sabanas, y fueron acusados de “destruir bienes públicos y privados” y de “alterar el orden público”; quedaron en libertad provisional el 17 de octubre.

El 16 de mayo, en el contexto de unos ataques de grupos armados, decenas de miembros del grupo étnico fulani fueron arrestados arbitrariamente en la localidad de Timbou, en la región de las Sabanas; permanecieron bajo custodia de las fuerzas militares de Timbou, Dapaong, Biankouri y Cinkassè sin acceso a asistencia letrada, les tomaron fotografías y quedaron en libertad sin cargos los días 20 y 21 de mayo.

Violencia sexual y de género

El 2 de diciembre, el presidente promulgó una ley para proteger a los y las estudiantes frente a la violencia sexual. Las disposiciones de esta ley incluían penas para quienes cometieran acoso sexual, ciberacoso sexual y violación. Además, la ley permitía a las estudiantes embarazadas asistir a la escuela, y otorgaba asistencia letrada gratuita y exámenes médico-forenses a supervivientes de violación.