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Tanzània

Información extraída de nuestro Informe 2017/18

Las autoridades restringían el derecho a la libertad de expresión y de asociación, y no se ocupaban de la discriminación por motivos de género y de orientación sexual. Las personas refugiadas y solicitantes de asilo hacían frente a hacinamiento, raciones insuficientes y obstáculos burocráticos establecidos por las autoridades del Estado.

El gobierno prosiguió su represión contra las personas LGBTI: cerró centros de salud y amenazó con anular la inscripción en registro de las organizaciones que prestasen servicios y apoyo a estas personas. El 17 de febrero, la ministra de Salud cerró 40 centros de salud privados, a los que acusó de promover las relaciones homosexuales, un delito punible con hasta 30 años de prisión. El 25 de junio, el ministro del Interior amenazó con expulsar a los nacionales extranjeros que trabajasen para proteger los derechos de las personas LGBTI, o enjuiciar a cualquier persona que se dedicase a esa misma labor.

En Zanzíbar se detuvo a 12 mujeres y 8 hombres el 18 de septiembre mientras recibían formación sobre VIH/sida en un hotel. El gobierno los acusó de promover los derechos de las personas LGBTI. El 17 de octubre, las autoridades detuvieron a 13 activistas del derecho a la salud y de los derechos humanos, 2 de ellos de nacionalidad sudafricana y uno de nacionalidad ugandesa, durante una reunión consultiva convocada para debatir sobre la decisión del gobierno de Tanzania de limitar la prestación de determinados servicios de salud a las personas LGBTI. Los activistas quedaron en libertad sin cargos el 27 de octubre, tras considerar un tribunal que no había pruebas suficientes para que la fiscalía fundamentara el caso.

Se hostigó, intimidó y detuvo a parlamentarios de la oposición a los que se consideraba críticos con el gobierno. El 21 de septiembre, Zitto Kabwe, líder del partido Alianza para el Cambio y la Transparencia, fue detenido tras difundir unos comentarios en las redes sociales. Los comentarios se referían al tratamiento dispensado por el presidente del Parlamento a los informes de dos comités parlamentarios establecidos para investigar la minería de la tanzanita y de los diamantes antes de su debate en el Parlamento. Zitto Kabwe compareció ante el Comité Parlamentario de Privilegios, Ética y Poderes el 22 de septiembre y después quedó en libertad. Al concluir el año, el Comité no había enviado su informe al presidente del Parlamento.

El 31 de octubre, Zitto Kabwe fue detenido de nuevo por la policía por difundir presuntamente estadísticas falsas sobre las cifras de crecimiento económico nacional. Según la sección 37.5 de la Ley de Estadísticas de 2017, cometen delito los organismos o personas que publiquen o comuniquen información estadística oficial que pueda dar lugar a la distorsión de datos. La sanción por esta infracción podía ser una multa, prisión por un periodo mínimo de tres años, o ambas penas. Zitto Kabwe quedó en libertad sin cargos el 31 de octubre.

Tundu Lissu, presidente del Colegio de Abogados de Tanganyika y parlamentario por el partido de la oposición Chadema, fue detenido el 21 de octubre y acusado formalmente de “discurso de odio” tras criticar al presidente Magufuli. En un discurso público pronunciado el 17 de julio, dijo que el gobierno discriminaba con arreglo a criterios familiares, tribales y regionales al contratar a funcionarios públicos, y que expedía los permisos de trabajo de acuerdo con criterios religiosos. También se refirió al presidente como dictador. Quedó en libertad ese mismo día tras ser interrogado por la policía.

La libertad de los medios de comunicación sufrió un deterioro significativo. El presidente Magufuli afirmó en enero que los días de los periódicos considerados “carentes de ética” estaban contados. Desde junio hasta septiembre se cerraron tres periódicos —MwanaHalisi, Mawio y Raia Mwema— o se prohibió su publicación temporalmente por informar de manera “carente de ética” y por incitar a la violencia. El 15 de junio, el ministro de Información, Deportes y Cultura prohibió Mawio por un periodo de dos años debido a la publicación de artículos en los que se vinculaba a dos expresidentes con presuntas irregularidades en acuerdos mineros firmados en la década de 1990 y en los primeros años de la de 2000. El 19 de septiembre, la Dirección de Servicios de Información decretó la prohibición por dos años de MwanaHalisi, tras acusar a este medio de insultar al presidente y de publicar artículos contrarios a la ética. Era la segunda suspensión del periódico en tres meses.

El 17 de marzo, el comisario regional de Dar es Salam dirigió un operativo contra el grupo de medios de comunicación Clouds, presuntamente por su decisión de no emitir un vídeo que pretendía menoscabar a un popular clérigo local.

La Normativa sobre Comunicaciones Electrónicas y Postales (Contenidos Online) de 2017, aprobada en septiembre, restringía la libertad en Internet. Según la normativa, los usuarios de medios sociales y los productores de contenidos online eran responsables de los materiales que se considerasen “indecentes, obscenos, discurso de odio, violencia extrema o materiales que ofendan o inciten a otros, causen molestias, amenacen con causar daños o males, alienten o inciten al crimen, o den lugar a desórdenes públicos”. Las personas que fueran declaradas culpables podían ser multadas con 5 millones de chelines tanzanos (2.300 dólares estadounidenses), condenadas a un mínimo de 12 meses de cárcel, o ambas cosas.

El 22 de junio, el presidente Magufuli declaró que no se permitiría el regreso de las niñas embarazadas a las escuelas financiadas con fondos públicos. El presidente afirmó: “Mientras yo sea presidente, no se permitirá que ninguna estudiante embarazada regrese a la escuela”. El presidente agregó que las madres jóvenes podían optar por la formación profesional o hacerse empresarias, pero no se les permitiría cursar la enseñanza oficial en los centros escolares públicos. El 25 de junio, el ministro del Interior amenazó con cancelar la inscripción en registro de las organizaciones que cuestionaran la prohibición del presidente de escolarizar a niñas embarazadas y madres adolescentes.

Según el ACNUR (la Agencia de la ONU para los Refugiados), al término del mes de octubre había 359.494 personas refugiadas burundesas residiendo en Tanzania (véase el apartado sobre Burundi). El 20 de enero, el ministro del Interior revocó el reconocimiento prima facie de la condición de refugiado de las personas solicitantes de asilo burundesas, y las personas que llegaran a partir de esa fecha debían someterse a procesos individuales de determinación de la condición de refugiado. El ACNUR advirtió que la situación en el campo de Nduta, en Tanzania, en particular, era “alarmante”. Concebido inicialmente para albergar a 50.000 personas, al terminar 2017 cobijaba a más de 127.000. La Agencia de la ONU para los Refugiados y sus socios también carecían de capacidad suficiente para impedir la violencia sexual o por motivos de género o responder adecuadamente a ella. El ACNUR expuso su preocupación por los riesgos en materia de salud y seguridad causados por el hacinamiento. El 27 de agosto, el Programa Mundial de Alimentos advirtió que las raciones alimenticias para las personas refugiadas en Tanzania, ya de por sí insuficientes, habrían de reducirse aún más si los donantes no aportaban financiación con urgencia. Algunas personas refugiadas consideraban que la frecuente escasez de alimentos y agua en los campos de Tanzania era un intento de obligarlas a regresar a su país. Esta percepción respondía especialmente a los comentarios formulados en julio por el presidente Magufuli, durante una visita del presidente de Burundi, Pierre Nkurunziza, animando a las personas refugiadas a retornar a Burundi.

Tanzania aplicaba de facto una política de residencia en campamentos en virtud de la cual las personas refugiadas podían ser multadas o detenidas en caso de salir de los campos sin permiso.

República Unida de Tanzania
Jefe del Estado: John Magufuli
Jefe del gobierno: Kassim Majaliwa
Jefe del gobierno de Zanzíbar: Ali Mohamed Shein