Saltar al contenido
Actuem pels drets humans a tot el món
Buscar

Taiwan

Información extraída de nuestro Informe 2017/18

El Tribunal Constitucional de Taiwán falló que la ley vigente sobre el matrimonio era inconstitucional en tanto que discriminaba a las parejas del mismo sexo. El gobierno se sometió al segundo examen sobre la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) y del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), y al primer examen relativo a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y a la Convención sobre los Derechos del Niño. El Tribunal Supremo rechazó el recurso extraordinario de revisión interpuesto por la Fiscalía General en favor de Chiou Ho-shun, que seguía en espera de ejecución. Personas indígenas y simpatizantes de éstas realizaron una concentración de 100 días —desde mediados de febrero hasta principios de junio, fecha en que fueron dispersadas— cerca del despacho presidencial, para protestar contra las directrices del gobierno, propuestas por el Consejo de los Pueblos Indígenas —un organismo gubernamental— sobre los cambios en la delimitación del territorio tradicional indígena. Los medios de comunicación informaron de que las trabajadoras migrantes sufrían acoso sexual en el trabajo.

El 24 de mayo, el Gran Consejo de Jueces (Tribunal Constitucional) resolvió que los artículos del Código Civil relativos al matrimonio eran inconstitucionales, ya que discriminaban a las parejas del mismo sexo. El Gran Consejo dio a las autoridades un plazo de dos años para revisar la ley a fin de que brindara igual protección a las parejas del mismo sexo en materia de libertad de matrimonio. A finales de 2016, la Asamblea Legislativa — el Parlamento de Taiwán— comenzó a debatir un anteproyecto de ley sobre la reforma del Código Civil para permitir el matrimonio entre personas del mismo sexo, pero al concluir 2017 el proyecto de ley no había avanzado. De aprobarse esta reforma, Taiwán se convertiría en la primera jurisdicción de Asia en legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo.

En enero, el gobierno encargó a personas expertas en derechos humanos independientes e internacionales el segundo examen sobre la aplicación del PIDCP y del PIDESC.1 El gobierno emprendió este proceso paralelo de examen porque Taiwán no era miembro de la ONU. El segundo examen debía analizar los avances realizados desde el primero, efectuado en 2013.

Durante este segundo examen, el gobierno de Taiwán anunció que iba a crear una institución nacional de derechos humanos conforme a las normas establecidas en los Principios de París.

A finales de octubre y en noviembre, el gobierno también encargó a personas expertas internacionales los primeros exámenes sobre la aplicación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y de la Convención sobre los Derechos del Niño.

El Tribunal Supremo rechazó en julio el recurso extraordinario de revisión presentado un año antes por la Fiscalía General en favor de Chiou Ho-shun. Éste, en espera de ejecución desde 1989, era el preso que más tiempo llevaba en esa situación en la historia contemporánea de Taiwán. El recurso señalaba que los tribunales que se habían encargado del caso no habían descartado como prueba una “confesión” obtenida bajo coacción. Chiou Ho-shun afirmaba haber sido torturado bajo custodia y obligado a “confesar” durante los interrogatorios policiales previos a la sentencia condenatoria dictada contra él por robo, secuestro y asesinato en 1989.

La delegación en Taichung del Tribunal Superior de Taiwán celebró un nuevo juicio en el caso de Cheng Hsing-tse, que salió en libertad con fianza en 2016. El tribunal rehabilitó su nombre en octubre anulando las sentencias condenatorias. Cheng Hsing-tse había cumplido 14 años de prisión tras ser declarado culpable del asesinato de un agente de policía durante un tiroteo en un karaoke de Taichung en 2002.

Al concluir el año, no se habían producido avances en el proyecto de ley sobre las personas refugiadas desde su segunda lectura, en julio de 2016, a pesar de las recomendaciones finales de expertos internacionales formuladas en enero que instaban a la inmediata adopción de una ley sobre personas refugiadas que incluyera el principio de no devolución.

  1. Taiwan: Government must act on human rights review (ASA 38/5531/2017)
Taiwán
Jefa del Estado: Tsai Ing-wen
Jefe del gobierno: William Lai Ching-te (sustituyó a Lin Chuan en septiembre)