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Tailàndia

Información extraída de nuestro Informe 2017/18

Se detuvo, recluyó y procesó a activistas, periodistas, personalidades políticas, abogados y abogadas de derechos humanos y defensores y defensoras de derechos humanos por haber expresado pacíficamente sus opiniones sobre el gobierno y la monarquía. El gobierno siguió aplicando restricciones sistemáticas y arbitrarias a los derechos humanos, incluidos los derechos a la libertad de expresión, de asociación y de reunión pacífica. Además, incumplió su promesa de aprobar una ley que prohibiera la tortura y las desapariciones forzadas. Se siguió negando una condición jurídica formal a las personas refugiadas y solicitantes de asilo, que corrían peligro de ser detenidas, recluidas y expulsadas del país.

El país continuó bajo la autoridad del Consejo Nacional para la Paz y el Orden, de carácter militar. En abril entró en vigor la nueva Constitución, que había sido redactada por un comité designado por el ejército y aprobada en referéndum nacional en agosto de 2016. Las autoridades procesaron a ex altos cargos del gobierno por un programa de subvenciones al cultivo de arroz. La ex primera ministra Yingluck Shinawatra salió en secreto del país en agosto y posteriormente fue juzgada in absentia por negligencia y condenada a cinco años de prisión. El rey Maha Vajiralongkorn Bodindradebayavarangkun fue coronado en diciembre.

El líder del Consejo Nacional para la Paz y el Orden siguió utilizando durante todo el año las facultades extraordinarias que le confería el artículo 44 de la Constitución provisional para restringir de manera arbitraria las actividades políticas pacíficas y el ejercicio de otros derechos humanos. Las autoridades militares ejercieron amplias facultades para la aplicación de la ley, incluida la reclusión de personas sin cargos por muy diversas actividades en centros de detención no oficiales, en ocasiones en régimen de incomunicación. Cientos de civiles continuaron enfrentándose a juicios prolongados e injustos ante tribunales militares por violaciones de las órdenes del Consejo Nacional para la Paz y el Orden, delitos contra la “seguridad nacional” y presuntos insultos a la monarquía.

El gobierno seguía restringiendo de manera sistemática y arbitraria los derechos a la libertad de expresión, de asociación y de reunión pacífica. Se enjuició —en ocasiones ante tribunales militares y sin las debidas garantías— a activistas estudiantiles, trabajadores de medios de comunicación, abogados de derechos humanos, políticos y otras personas por haber ejercido pacíficamente sus derechos.

En aplicación de un decreto de 2015 que sancionaba penalmente las “reuniones políticas” de cinco o más personas, las autoridades emprendieron acciones penales contra participantes en protestas pacíficas, en seminarios académicos o en actividades de la sociedad civil. En noviembre, las autoridades iniciaron actuaciones penales contra manifestantes que trataban de presentar una petición sobre la construcción de una central eléctrica de carbón en Songkhla, en el sur de Tailandia.

En aplicación del artículo 116 del Código Penal se acusó de sedición a varias personas, entre ellas dos políticos y una política de la oposición y un periodista, por haber criticado al gobierno o apoyado públicamente a políticos de la oposición, por ejemplo a través de comentarios publicados en las redes sociales.

Tanto las autoridades gubernamentales como empresas privadas presentaron cargos penales por difamación contra activistas, periodistas y trabajadores por haber divulgado información sobre violaciones de derechos, cuestiones medioambientales o conducta indebida de funcionarios públicos. En octubre se retiraron formalmente los cargos presentados en 2016 contra una defensora y dos defensores de los derechos humanos —Pornpen Khongkachonkiet, Somchai Homla-or y Anchana Heemmina—, por haber informado sobre actos de tortura perpetrados por militares. En abril y julio, en dos causas judiciales diferentes, el Tribunal Supremo condenó a dos políticos de la oposición a un año de prisión cada uno por difamar al ex primer ministro Abhisit Vejjajiva, anulando las sentencias dictadas por tribunales inferiores.

Las autoridades siguieron actuando enérgicamente en la aplicación del artículo 112 del Código Penal —la disposición sobre lesa majestad—, que penalizaba las críticas a la monarquía. En virtud de este artículo, a lo largo del año se imputó a varias personas, en algunos casos por presuntas ofensas a monarcas anteriores. Los juicios por delitos de lesa majestad se celebraban a puerta cerrada. En junio, el Tribunal Militar de Bangkok condenó a un hombre a 35 años de prisión —una condena sin precedentes— por una serie de publicaciones en Facebook relativas, al parecer, a la monarquía.1 La condena inicial había sido de 70 años, pero se había reducido a la mitad cuando el acusado se declaró culpable. En agosto, el activista estudiantil y defensor de los derechos humanos Jatupat “Pai” Boonpattararaksa fue condenado a dos años y medio de cárcel por haber compartido en Facebook una semblanza del rey de Tailandia publicada por la BBC. Las autoridades presentaron cargos de lesa majestad contra una destacada personalidad académica por los comentarios que realizó sobre una batalla librada por un rey tailandés del siglo XVI.

Las autoridades presionaron a Facebook, Google y YouTube para que retiraran contenidos de Internet, incluidos contenidos que se consideraban críticos con la monarquía. Además, amenazaron con llevar a juicio a los proveedores de servicios de Internet que no eliminaran contenidos, y a las personas que se comunicaran con detractores del gobierno en el exilio o compartieran sus publicaciones. Así, detuvieron a seis hombres por haber compartido publicaciones de Facebook sobre la retirada de una placa conmemorativa de los acontecimientos de 1932 que pusieron fin a la monarquía absoluta. Al concluir el año, los seis seguían en la cárcel y se enfrentaban a múltiples cargos por violación del artículo 112.

Las autoridades propusieron leyes y medidas de seguridad cibernética que permitirían reforzar la vigilancia y la censura en Internet sin autorización judicial previa.

En agosto, el Tribunal Supremo desestimó los cargos de asesinato presentados contra el ex primer ministro Abhisit Vejjajiva y el ex viceprimer ministro Suthep Thaugsuban por la muerte de al menos 90 personas en 2010 en enfrentamientos de las fuerzas de seguridad contra manifestantes.

Tailandia seguía acogiendo a más de 100.000 personas refugiadas y solicitantes de asilo, entre ellas ciudadanos y ciudadanas de Myanmar que vivían en campamentos junto a la frontera birmano-tailandesa, y otras personas refugiadas tanto en la capital, Bangkok, como en otras ciudades. Las personas refugiadas y solicitantes de asilo carecían de condición jurídica formal en Tailandia, por lo que corrían peligro de ser detenidas, recluidas y expulsadas del país.2 En mayo, las autoridades tailandesas colaboraron en la extradición del ciudadano turco Muhammet Furkan Sökmen de Myanmar a Turquía vía Bangkok. Al hacerlo, no tuvieron en cuenta las advertencias de varios organismos de la ONU sobre el peligro de que Muhammet Furkan Sökmen sufriera violaciones de derechos humanos si era devuelto a Turquía. Al concluir el año seguía habiendo cientos de personas refugiadas y solicitantes de asilo en centros de detención para inmigrantes, donde muchas de ellas llevaban años recluidas.

En enero, el Consejo de Ministros autorizó el desarrollo de un sistema para examinar los casos de personas refugiadas y de migrantes irregulares que, de ser aplicado de forma imparcial y no discriminatoria, podría representar un importante avance para los derechos de estas personas. Al concluir el año, el sistema no estaba terminado.

En marzo, el activista juvenil Chaiyaphum Pasae, de 17 años, perteneciente a la etnia indígena lahu, murió abatido a tiros en un control de seguridad atendido por soldados y agentes antidroga, que afirmaron haber actuado en defensa propia. Al concluir el año, la investigación oficial sobre su muerte había experimentado pocos avances, y las autoridades seguían sin facilitar las imágenes grabadas por las cámaras de vigilancia que se sabía que estaban presentes en el momento del incidente.3

El gobierno tampoco avanzó en la resolución de casos abiertos de desaparición forzada. En marzo, una delegación tailandesa comunicó al Comité de Derechos Humanos de la ONU que estaba considerando remitir los casos de desaparición forzada de Somchai Neelapaijit y Porlajee “Billy” Rakchongcharoen a la Unidad de Investigaciones Especiales, pero al concluir el año no lo había hecho aún.4

En marzo, la Asamblea Legislativa Nacional aprobó seguir adelante con la ratificación de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, que Tailandia había firmado en 2012. Sin embargo, al concluir el año, el país seguía sin ratificar el tratado y sin indicar ninguna fecha para ello.

El gobierno avanzó poco en las negociaciones para resolver el conflicto armado con los separatistas de etnia malaya del sur de Tailandia. Los insurgentes perpetraron numerosos ataques contra objetivos militares y civiles, incluidos homicidios a modo de ejecución y actos en los que se emplearon dispositivos explosivos improvisados.

En las provincias del extremo meridional del país seguían en vigor tanto la ley marcial como el Decreto de Emergencia de 2005. Se detenía y recluía a personas en centros de detención no oficiales, sin supervisión judicial.

Según informaron organizaciones locales y miembros de la comunidad, a raíz de unos atentados de extremistas perpetrados en el sur de Tailandia el ejército había detenido de forma arbitraria a hombres musulmanes y los había sometido a tortura y a otros malos tratos. Las autoridades militares hostigaron y amenazaron en las redes sociales a defensores y defensoras de los derechos humanos que trabajaban con víctimas de tortura.

En febrero, la Asamblea Legislativa Nacional devolvió al Consejo de Ministros el proyecto de Ley de Prevención y Supresión de la Tortura y las Desapariciones Forzadas para que fuera sometido a “nuevas consultas”.5 La última versión del texto legal abordaba ciertas lagunas existentes en el marco jurídico vigente con respecto a la tortura y las desapariciones forzadas. Sin embargo, aún era preciso incorporarle nuevas enmiendas para armonizarlo con las obligaciones contraídas por Tailandia en virtud del derecho internacional.6

En julio, un tribunal penal declaró a 62 personas —entre ellas altos cargos militares, policiales y gubernamentales— culpables de participación en operaciones de trata de personas, y las condenó a entre 4 y 94 años de prisión. Grupos de derechos humanos manifestaron el temor de que los testigos, traductores e investigadores policiales hubieran sido amenazados durante la investigación y el juicio, y de que la investigación se hubiera cerrado antes de tiempo.

  1. Thailand: Continuing crackdown on free online expression (ASA 39/6480/2017)
  2. Between a rock and a hard place: Thailand’s refugee policies and violations of the principle of non-refoulement (ASA 39/7031/2017)
  3. Thailand: Ensure accountability for killing of 17-year-old Lahu activist (ASA 39/5915/2017)
  4. Thailand: Joint statement on the International Day of the Victims of Enforced Disappearances (ASA 39/7015/2017)
  5. Thailand: Prioritize the amendment and passage of legislation on torture and enforced disappearances (ASA 39/5846/2017)
  6. Thailand must follow through on commitments to prevent torture and ill-treatment (ASA 39/6589/2017)
Reino de Tailandia
Jefe del Estado: rey Maha Vajiralongkorn Bodindradebayavarangkun
Jefe del gobierno: Prayut Chan-o-Cha