Información extraída de nuestro informe "La situación de los derechos humamos en el mundo", abril 2024

La legislación sobre la violación se reformó para castigar los actos sexuales no consentidos. El Parlamento no despenalizó totalmente el aborto. Los derechos de las personas con discapacidad entraron en la agenda política gracias a una nueva iniciativa. La policía y las autoridades de varios cantones impusieron restricciones desproporcionadas a personas que se manifestaban pacíficamente. Continuó el trabajo para incluir una definición de tortura en el Código Penal. Las personas refugiadas y migrantes seguían careciendo de apoyo y protección. Una gran mayoría de la población votó a favor de reforzar las medidas contra el cambio climático. El reconocimiento facial automático se prohibió en varias ciudades.

Información general

En mayo se estableció formalmente la Institución Suiza de Derechos Humanos tras 20 años de preparación. No obstante, preocupaba su financiación insuficiente y su falta de competencias para recibir denuncias.

Suiza se sometió a varios exámenes internacionales en materia de derechos humanos. En el Examen Periódico Universal, Suiza continuó reticente a destinar fondos suficientes a un mecanismo interinstitucional permanente para coordinar el cumplimiento de sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, y tampoco quiso comprometerse a garantizar que las iniciativas populares fueran totalmente compatibles con el derecho internacional de los derechos humanos antes de ser sometidas a votación.

Violencia por motivos de género

El Parlamento aprobó una reforma del Código Penal que modificaba la definición de violación y reconocía que “los actos sexuales en contra de la voluntad de otra persona” constituían violación. La adopción de la legislación, que debía entrar en vigor en 2024, marcó el fin de una definición obsoleta de violación que exigía el uso de fuerza física, amenazas o coacción y sólo consideraba víctimas a las mujeres.

El Parlamento pidió asimismo la creación, en todos los cantones, de centros de crisis para sobrevivientes de violencia de género, y encargó un estudio para evaluar los obstáculos que las sobrevivientes encontraban al intentar obtener justicia.

Derechos sexuales y reproductivos

La Cámara Baja del Parlamento rechazó por una pequeña mayoría una iniciativa parlamentaria destinada a despenalizar por completo el aborto.

Derechos de las personas con discapacidad

Tras los motivos de preocupación expresados por el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en 2022, se presentó una “iniciativa de inclusión” popular para alcanzar la igualdad jurídica y efectiva de las personas con discapacidad.

Libertad de reunión pacífica

Continuaba en vigor un sistema por el que se requería autorización para celebrar reuniones públicas. Se disolvieron por la fuerza manifestaciones pacíficas no autorizadas, por ejemplo en las ciudades de Basilea y Ginebra.

En los cantones de Zúrich y Basilea-Ciudad, las juventudes de un partido derechista presentaron una iniciativa popular dirigida a consolidar aún más el requisito de la autorización para celebrar manifestaciones y a introducir la responsabilidad económica obligatoria de quienes las organizaran. A pesar de la oposición en el Parlamento cantonal, estaba previsto que la iniciativa se sometiera a votación en Zúrich el 3 de marzo de 2024.

Desde que comenzara el conflicto armado en Gaza, varias ciudades de habla alemana de Suiza impusieron una prohibición temporal de las manifestaciones.

Tortura y otros malos tratos

En su examen de Suiza, el Comité de la ONU contra la Tortura instó a avanzar rápidamente en la definición de tortura en el Código Penal, sobre la cual estaba trabajando el Parlamento. Esto incluía reforzar el mecanismo nacional de prevención y establecer un mecanismo independiente en cada cantón para investigar y enjuiciar las denuncias de violencia policial y violencia contra las personas bajo custodia.

Derechos de las personas refugiadas y migrantes

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos criticó a Suiza por rechazar las solicitudes de reagrupación familiar presentadas por personas refugiadas basándose en que éstas dependían de ayudas sociales. Suiza continuó trasladando a personas a Croacia, incluso si tenían problemas cardiacos o traumas, a pesar de que existían indicios de devoluciones sumarias y graves defectos en el sistema de asilo croata. Continuaba suspendido el programa de reasentamiento de Suiza, por lo que las personas refugiadas carecían de una vía a la protección regular y segura. Un estudio encargado por el Estado identificó la necesidad de mejorar los servicios de salud para las personas solicitantes de asilo en los alojamientos cantonales y federales. La Comisión Nacional de Prevención de la Tortura expresó preocupación por la atención insuficiente a las personas menores no acompañadas en los centros de asilo federales.

Derecho a un medioambiente saludable

El 59% de las personas que votaron en un referéndum celebrado en junio apoyaron una nueva ley climática destinada a acelerar el paso de los combustibles fósiles a las energías renovables y a reducir los efectos negativos del sector financiero en el clima. Aunque Amnistía Internacional apoyó esta ley, las medidas eran insuficientes para lograr la eliminación progresiva de todos los combustibles fósiles antes de 2030.

Derecho a la privacidad

Tras las campañas de Amnistía Internacional y otras ONG, se presentaron iniciativas parlamentarias en ocho ciudades y cantones para exigir la prohibición del reconocimiento facial automático en los espacios públicos. En las ciudades de Zúrich, San Galo y Lausana, y en el cantón de Basilea-Ciudad, el Parlamento local aprobó una moción para prohibir el reconocimiento facial, mientras en las ciudades de Lucerna y Ginebra, y en los cantones de Zúrich y Basilea-Campiña, había mociones parecidas en curso. En una encuesta nacional, el 78% de las personas candidatas al Parlamento apoyaba tal prohibición.