Información extraída de nuestro informe "La situación de los derechos humamos en el mundo", abril 2024

Activistas que habían recurrido a la desobediencia civil siguieron siendo objeto de severos cargos y sanciones. Suecia no adoptó medidas adecuadas para descarbonizar su economía. Las personas migrantes en situación de vulnerabilidad procedentes de la Unión Europea continuaban teniendo dificultades para acceder a atención médica. La legislación nacional seguía siendo inadecuada para proteger los derechos indígenas, como los relativos a la tierra y al consentimiento libre, previo e informado. Hubo varias propuestas legislativas contrarias a los derechos de las comunidades racializadas, las personas migrantes y las refugiadas.

Libertad de expresión y de reunión

Se siguieron interponiendo duros cargos de sabotaje contra activistas que realizaban actos pacíficos de desobediencia civil. Se trataba de un delito punible con prisión que no se había empleado antes de 2022 y por el que se había condenado a varias de estas personas, entre ellas un hombre al que se encarceló en 2023.

Como respuesta a las numerosas quemas del Corán que se produjeron durante el año, el gobierno anunció que iba a reformar la Ley de Orden Público a fin de incluir las amenazas para la seguridad entre los criterios de valoración a la hora de autorizar manifestaciones o de cancelar o dispersar reuniones públicas. En octubre, por primera vez, el Tribunal de Distrito de Linköping declaró culpable a una persona de incitar al odio racial por haber quemado un ejemplar del Corán.

Derecho a un medioambiente saludable

Suecia no aumentó su ambición climática ni adoptó medidas suficientes para eliminar gradualmente los combustibles fósiles. Según la evaluación del propio gobierno, el país estaba encaminado a incumplir sus metas ambientales a corto y largo plazo tras la aprobación en septiembre de un presupuesto climático que abarataba los combustibles fósiles y ralentizaba la transición a las energías renovables. En diciembre, el gobierno presentó su Plan de Acción en Materia Climática, de carácter cuatrienal, que suscitó gran preocupación por el aumento de las emisiones y la regresión continua de la política climática de Suecia.

Derecho a la salud

Las personas migrantes de la Unión Europea que vivían en la indigencia en Suecia seguían teniendo dificultades para acceder a atención médica, y preocupaba que se estuviera cobrando a los progenitores migrantes procedentes de la Unión Europea el costo de la atención de la salud de sus hijos e hijas, lo que contravenía tanto la legislación nacional como las obligaciones internacionales de Suecia. En junio, Amnistía Internacional y Médicos del Mundo presentaron ante el Comité Europeo de Derechos Sociales una reclamación colectiva relativa al derecho de las personas migrantes de la Unión Europea a la salud y a no sufrir discriminación.

Derechos de los pueblos indígenas

La investigación parlamentaria sobre los derechos de la población sami a la caza y la pesca avanzó con la publicación en agosto de un informe provisional. Sin embargo, siguió preocupando la presión que ejercían sobre el territorio tradicional sami el sector extractivo y los proyectos de energías renovables y el cambio climático. La legislación nacional continuaba siendo inadecuada para proteger los derechos indígenas, incluidos los relativos a la tierra y al consentimiento libre, previo e informado.

Discriminación

Pese a las existencia de un plan nacional de acción para luchar contra el racismo, varias medidas de justicia penal dirigidas a combatir la delincuencia podían ser discriminatorias para las comunidades racializadas y las personas refugiadas y migrantes, y vulnerar sus derechos. Preocupaba la posibilidad de que se empleara desproporcionadamente contra dichos grupos una nueva legislación que ampliaba el posible uso de medidas coercitivas secretas, como la vigilancia digital, las escuchas telefónicas y la interceptación de datos. Existía el riesgo de que, de ser adoptadas, otras iniciativas del gobierno —como una propuesta para obligar al funcionariado a denunciar a las personas indocumentadas, incluidos niños y niñas, ante la Agencia de Migración y la policía— amplificaran las actuaciones policiales racialmente discriminatorias y la discriminación racial sistémica.