Información extraída de nuestro informe "La situación de los derechos humamos en el mundo", abril 2024

Se reprimían los derechos a la libertad de expresión, de asociación, de reunión pacífica y de circulación. Se sometió a periodistas, activistas, personas críticas con el gobierno y miembros de la oposición política a detención y reclusión arbitrarias y a tortura y otros malos tratos. Una persona crítica con el gobierno fue devuelta desde Kenia y detenida en reclusión prolongada por el Servicio de Seguridad Nacional. Las fuerzas gubernamentales y los grupos armados cometieron abusos y violaciones graves de derechos humanos, como ejecuciones extrajudiciales, homicidios ilegítimos, violencia sexual y de género relacionada con el conflicto, y reclutamiento y uso de niños y niñas. Un órgano de derechos humanos de la ONU puso de relieve la persistencia de la impunidad de que gozaban altos cargos responsables de violaciones graves de derechos humanos. El Consejo de Ministros aprobó unos proyectos de ley relacionados con crímenes cometidos en el pasado y reparaciones. La situación humanitaria seguía siendo terrible; la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU calculaba que aproximadamente el 76% de la población necesitaba asistencia humanitaria durante el año. Millones de personas hacían frente a altos niveles de inseguridad alimentaria. La prestación de servicios de salud corría a cargo principalmente de donantes internacionales. Había 2 millones de personas internamente desplazadas y casi 2,23 millones de personas habían buscado refugio en países vecinos. Hubo fenómenos inducidos por el cambio climático, como inundaciones y sequía, que dejaron a unos 2 millones de personas sin alimentos o tierras agrícolas.

Información general

En abril, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU renovó el mandato de la Comisión sobre los Derechos Humanos en Sudán del Sur.

En mayo, el Consejo de Seguridad de la ONU prorrogó por un año más, hasta el 30 de mayo de 2024, el embargo de armas impuesto a Sudán del Sur.

Continuaron los preparativos para las primeras elecciones de Sudán del Sur en diciembre de 2024, aunque los avances eran escasos en lo relativo a cumplir requisitos previos clave establecidos en el acuerdo de paz de 2018 para la celebración de elecciones. El 4 de julio, el Movimiento de Liberación Popular de Sudán respaldó al presidente Salva Kiir como su abanderado durante las elecciones.

La ONU afirmó que al menos 20 personas habían muerto cuando estallaron combates interétnicos en junio en el lugar de protección de civiles de la Misión de las Naciones Unidas en Sudán del Sur (UNMISS) en Malakal, estado de Alto Nilo. También estallaron combates en el condado de Pochalla, área administrativa de Pibor, en los que murieron al menos 87 personas.

Libertad de expresión, de asociación y de reunión

Entre el 3 y el 4 de enero, siete periodistas de la Corporación de Radiodifusión de Sudán del Sur estuvieron detenidos arbitrariamente en el centro de detención del Servicio de Seguridad Nacional en la capital, Yuba. Joval Tombe, Joseph Oliver, Mustafa Osman, Victor Lado, Cherbek Ruben, Jacob Benjamin y John Garang fueron detenidos en relación con la filtración de un vídeo que había circulado en las redes sociales y en el que presuntamente aparecía el presidente Salva Kiir orinándose encima durante una ceremonia oficial. Todos quedaron en libertad sin cargos entre el 19 de enero y el 18 de marzo. John Garang, que estuvo recluido hasta el 18 de marzo, parecía haber sido sometido a tortura y otros malos tratos.

Durante una conferencia de prensa celebrada en abril, el ministro de Información y portavoz del gobierno Michael Makuei Lueth amenazó con detener a periodistas que trabajaban para la emisora Radio Miraya, operada por la UNMISS, aparentemente por desobedecer las órdenes que había impartido a los medios de registrarse ante la autoridad de medios de comunicación. En octubre admitió que el gobierno censuraba a los medios de comunicación y suprimía artículos que consideraba que incitaban al odio.

En mayo, el periodista político Woja Emmanuel anunció en sus redes sociales que había dejado el ejercicio del periodismo porque temía por su vida. Según un informe de la Comisión sobre los Derechos Humanos en Sudán del Sur publicado el 5 de octubre, su decisión podía atribuirse al hostigamiento de periodistas por parte de las autoridades y al trauma resultante.

El 18 de septiembre, el Servicio de Seguridad Nacional interrumpió y clausuró una concentración en Yuba organizada por la Alianza Opositora de Sudán del Sur para dar la bienvenida a su secretario general, Lam Akol, en su regreso al país después de pasar años en el extranjero.

Libertad de circulación

El 19 de abril, agentes del Aeropuerto Internacional de Yuba impidieron salir del país a Kuel Aguer Kuel, exdetenido político y miembro de la Coalición Popular para la Acción Cívica, a causa de lo que denominaron su “falta de autorización para viajar”. Le confiscaron el pasaporte en el aeropuerto, al parecer por orden de la presidencia. Kuel Aguer Kuel intentaba viajar a India para recibir tratamiento médico.

El 18 de septiembre, el Movimiento de Liberación Popular de Sudán del Sur en la Oposición (SPLM-IO) anunció públicamente que las autoridades no habían permitido que su líder y vicepresidente primero, Riek Machar Teny Dhurgon, viajara fuera de Yuba.

Detención y reclusión arbitrarias

El gobierno aún no había modificado la Ley del Servicio de Seguridad Nacional de 2014, a pesar de estar obligado a ello por los acuerdos de paz de 2015 y 2018. Esta ley otorgaba a los agentes del Servicio de Seguridad Nacional poderes policiales para practicar arrestos y detenciones, lo cual contravenía el mandato constitucional de este organismo de recopilar información secreta.

El 4 de febrero, Morris Mabior Awikjok Bak, ciudadano sursudanés crítico con el gobierno, fue detenido en Nairobi por las fuerzas de seguridad de Kenia y devuelto a Yuba al día siguiente. Al terminar año continuaba en un centro de detención del Servicio de Seguridad Nacional conocido como la Casa Azul, en Yuba, donde era interrogado repetidamente. No se le permitió ver a un abogado ni compareció ante un tribunal. En septiembre, el deterioro de su salud era evidente, pero no se le permitió ver a un médico ni se le facilitó medicación alguna.

El 11 de septiembre, el órgano político del SPLM-IO se reunió en Yuba y expresó preocupación por la persistencia de las detenciones arbitrarias, la reclusión, la tortura y otros malos tratos y la desaparición forzada de sus miembros.

Ejecuciones extrajudiciales

La ONU declaró que había documentado 25 ejecuciones extrajudiciales que habían tenido lugar entre enero y noviembre. De ellas, 17 personas, entre ellas una mujer, fueron ejecutadas en el estado de Warrap, y 8 en el estado de Lagos. Según la ONU, las ejecuciones fueron presuntamente cometidas por miembros del aparato de seguridad de Sudán del Sur.

Violencia sexual y de género

Un informe de la Comisión sobre los Derechos Humanos en Sudán del Sur publicado en abril puso de relieve los episodios constantes de violencia sexual y de género relacionada con el conflicto que tenían lugar en algunas partes del país. Las violaciones de derechos humanos fueron perpetradas en su mayoría por miembros de las Fuerzas Populares de Defensa de Sudán del Sur, el Ejército de Liberación Popular de Sudán en la Oposición, grupos armados de jóvenes vinculados al gobierno, fuerzas de la oposición y otros elementos armados.

Derechos de la infancia

Según los informes de 2023 del secretario general de la ONU sobre la situación en Sudán del Sur, entre junio y noviembre se cometieron violaciones graves de derechos humanos contra 181 niños y niñas (154 niños y 27 niñas), incluido el reclutamiento y uso de 103 (102 niños y una niña), el homicidio de 24 niños y niñas, la mutilación de 4 niños y niñas, y la violación de una niña. Las violaciones de derechos humanos fueron obra de fuerzas gubernamentales y grupos armados.

Impunidad

El informe de abril de la Comisión sobre los Derechos Humanos en Sudán del Sur puso de relieve la inacción de los dirigentes nacionales en lo relativo a abordar la arraigada impunidad y describió cómo altos cargos públicos y militares presuntamente responsables de la comisión de violaciones de derechos humanos continuaban en sus puestos, e incluso eran recompensados con ascensos u otros nombramientos, lo que daba alas a estas y otras personas para seguir cometiendo delitos contra los derechos humanos. El informe identificaba a tres altos cargos que, según afirmaba, debían rendir cuentas por violaciones graves de derechos humanos.

Derecho a verdad, justicia y reparación

Una sobreviviente de violencia sexual relacionada con el conflicto hizo llegar al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, durante su periodo de sesiones de marzo, un mensaje en el que lo instaba a garantizar que las víctimas de este tipo de delitos cometidos en Sudán del Sur obtuvieran justicia.

Entre el 15 y el 17 de enero, el gobierno convocó la Conferencia sobre Mecanismos de Justicia Transicional en Yuba, entre cuyos objetivos figuraban examinar los avances en el establecimiento de los mecanismos de justicia transicional en virtud del Acuerdo Revitalizado sobre la Solución del Conflicto en la República de Sudán del Sur, aprender de las experiencias regionales y crear consenso sobre el contenido y la adopción de anteproyectos de ley para establecer la Comisión de la Verdad, la Reconciliación y la Recuperación y la Autoridad de Compensación y Reparación. Los proyectos de ley relativos a ambos organismos fueron aprobados en noviembre por el Consejo de Ministros, y debían presentarse para debate en el Parlamento antes de remitirse al presidente para su sanción y entrada en vigor.

Negación de acceso humanitario

Sudán del Sur seguía siendo el lugar más mortífero del mundo para el personal de ayuda humanitaria: al menos 25 trabajadores y trabajadoras perdieron la vida, según la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCAH). El 23 de septiembre, 2 camiones contratados por UNICEF fueron atacados cuando regresaban a Yuba después de entregar suministros esenciales de ayuda a niños y niñas y sus familias en el condado de Yei, estado de Ecuatoria Central. Dos de los conductores murieron y otro resultó herido.

La OCAH calculaba que el 76% de la población —9,4 millones de personas, incluidos 4,9 millones de niños y niñas— necesitaba asistencia humanitaria y servicios de protección durante 2023. El estallido de los combates en Sudán en abril deterioró la ya grave situación humanitaria, después de que 456.974 personas sudanesas hubieran huido del país para buscar refugio en Sudán del Sur al terminar el año (véase, infra, “Derecho a la alimentación”). El 80% de quienes huían eran ciudadanos y ciudadanas de Sudán del Sur que regresaban a su país. Al terminar el año, el Plan de Respuesta Humanitaria de la ONU de 2023 había recibido únicamente el 53% de los 1.700 millones de dólares estadounidenses solicitados que se necesitaban para prestar a millones de personas unos servicios de asistencia y protección para la superviviencia.

Derecho a la alimentación

En diciembre, la OCAH afirmó que 5,83 millones de personas (el 46% de la población) presentaban niveles elevados de inseguridad alimentaria. Se calculaba que unas 35.000 personas (6.000 en los condados de Duk y Nyirol, estado de Jonglei; 15.000 en el condado de Rubkona, estado de Unity, y 14.000 personas sursudanesas retornadas que huían del conflicto en curso en Sudán) se enfrentaban a unos niveles de hambre catastróficos. La escasez de financiación para el proyecto humanitario de la ONU limitaba los medios disponibles, por lo que fue preciso dar prioridad a la asistencia alimentaria de emergencia para los 3,2 millones de personas que padecían los niveles más elevados de inseguridad alimentaria.

Derecho a la salud

La prestación de servicios de salud corría a cargo principalmente de donantes internacionales.

El Ministerio de Salud confirmó brotes de sarampión en el estado de Alto Nilo el 6 de junio y en los estados de Ecuatoria Central y Warrap el 20 de julio. Tras los brotes, el Ministerio y sus entidades asociadas intensificaron la respuesta mediante servicios clínicos itinerantes para consultas, inmunización, remisión de pacientes y suministro de botiquines médicos de urgencia.

El 16 de junio, según la ONU, se informó de más de 150 casos de una enfermedad no identificada que había causado la muerte de 23 personas en la Unidad de Atención Primaria de Salud de Darjo, en el condado de Longochuk, estado de Alto Nilo.

Derechos de las personas internamente desplazadas, refugiadas y migrantes

Sudán del Sur registraba la mayor crisis de refugiados de África; casi 2,23 millones de personas vivían como refugiadas en países vecinos, la mayoría en Uganda, y 2 millones de personas estaban internamente desplazadas.

El 8 de octubre el gobierno aplazó una visita al país de la relatora especial de la ONU sobre los derechos humanos de los desplazados internos, prevista para los días del 9 al 20 de octubre. Durante su visita, la relatora especial tenía intención de reunir información de primera mano sobre la terrible situación de las personas internamente desplazadas, interactuar con el gobierno y otros interlocutores sobre la prevención y las causas últimas del desplazamiento interno, estudiar las necesidades y los derechos humanos de las personas desplazadas y explorar soluciones duraderas. Al terminar el año, el gobierno no había propuesta nuevas fechas para la visita.

Derecho a un medioambiente saludable

Sudán del Sur seguía haciendo frente a riesgos inducidos por el cambio climático, incluidas inundaciones y sequías. El país vivió su cuarto año consecutivo de inundaciones, que afectaron a dos tercios del territorio y dejaron a millones de personas sin alimentos ni tierras agrícolas, especialmente en los estados de Unity y Jonglei. Las inundaciones causaron daños en viviendas y escuelas, destruyeron cultivos y enseres domésticos, redujeron el acceso a agua apta para el consumo y obstaculizaron el acceso humanitario.

En su intervención en la Cumbre Climática de África, celebrada en septiembre en Nairobi, el presidente dijo que el cambio climático había causado la pérdida de medios de vida de al menos 2 millones de personas en Sudán del Sur.