Información extraída de nuestro informe "La situación de los derechos humamos en el mundo", abril 2024.
Continuaron los incidentes de violencia por motivos de género mientras que sus autores disfrutaban de impunidad. El Departamento de Educación Básica incumplió su promesa de erradicar las letrinas de pozo de las escuelas. Las tasas de analfabetismo entre el alumnado de cuarto curso aumentaron. Preocupaba que el Proyecto de Ley del Seguro Nacional de Salud pudiera tener efectos negativos para el acceso a una atención de la salud de calidad. Disminuyó el acceso a agua potable de calidad y segura. Seguía negándose a las personas refugiadas y migrantes el acceso a atención primaria de salud. La tasa de asesinatos seguía siendo alta. La policía continuó usando fuerza excesiva para responder a las protestas. Continuaron las amenazas contra defensores y defensoras de los derechos humanos, activistas y denunciantes de irregularidades, al igual que los intentos de silenciar a periodistas. El gobierno no avanzó en el desmantelamiento de las centrales eléctricas de carbón.
Información general
Según estadísticas oficiales, el 31,9% de la población estaba en situación de desempleo y el 32,7% de las personas de entre 15 y 24 años no tenían empleo ni recibían educación o formación.
La orden de detención dictada por la Corte Penal Internacional contra el presidente de Rusia, Vladimir Putin, que había sido invitado a asistir a la cumbre del bloque BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica) celebrada en Johannesburgo, puso al gobierno en una posición difícil debido a su relación con Rusia.
Se tomaron medidas para comenzar a implementar las recomendaciones formuladas en el informe de 2022 de la Comisión de Investigación sobre Captura del Estado.
El informe de la Comisión de Derechos Humanos de Sudáfrica que investigaba los disturbios de 2021 en las provincias de KwaZulu-Natal y Gauteng, y que debía haberse publicado en julio, seguía pendiente.
El deterioro de la crisis energética afectó al derecho a acceder a agua, salud y educación. Se usaba un sistema denominado “desconexión de la carga”, por el que se imponían cortes de electricidad, por zonas y planificados, durante largos periodos, a causa de la corrupción y de la mala gestión de unas infraestructuras anticuadas.
Violencia por motivos de género
Los niveles de violencia de género seguían siendo altos. Las estadísticas sobre delincuencia correspondientes al periodo de julio a septiembre mostraban 13.090 casos de delitos sexuales denunciados. Los asesinatos de mujeres descendieron un 10,9% respecto al mismo periodo del año anterior, con 881 mujeres fallecidas. El Proyecto de Ley del Consejo Nacional de Violencia de Género y Femicidio, cuyo objetivo era establecer un consejo para supervisar la aplicación del Plan Estratégico Nacional sobre Violencia de Género y Femicidio, se dio a conocer para consulta pública en mayo, y en junio se celebraron audiencias públicas.1 En diciembre, el Consejo Nacional de Provincias difundió una versión actualizada del Proyecto de Ley para acoger una segunda ronda de comentarios públicos.
Continuó la impunidad por violencia de género. El Ministerio Fiscal Nacional reveló que no disponía de suficientes pruebas para enjuiciar los asesinatos de Popi Qwabe y Bongeka Phungula, cometidos 6 años antes, y en su lugar remitió sus casos al tribunal de primera instancia de Protea para que se llevara a cabo una investigación. Las 2 mujeres habían muerto por disparos y sus cuerpos sin vida habían sido abandonados al borde de una carretera en Johannesburgo en mayo de 2017.
Más de un año después de que 8 mujeres fueran víctimas de robo y violación en grupo por hombres armados mientras filmaban en una mina abandonada de Krugersdorp en julio de 2022, no se habían practicado más detenciones ni habían obtenido justicia las víctimas y sus familias. En abril, el organismo regulador de la protección de datos ordenó al Servicio de Policía de Sudáfrica que pidiera disculpas por filtrar información personal sobre las víctimas.2
Derecho a la educación
A pesar de las promesas de erradicar y sustituir las letrinas de pozo ilegales en 2023, el informe sobre la gestión de instalaciones educativas del Departamento de Educación Básica reveló que 3.932 escuelas seguían usando letrinas de pozo, lo que violaba el derecho a la salud, la dignidad, la seguridad y la vida.
Un informe de la iniciativa Comité de Lectura 2030 reveló que el 82% del alumnado de cuarto curso era incapaz de leer con sentido en cualquier lengua, frente al 78% registrado en el periodo anterior a la pandemia. El Comité estaba formado por personas expertas en educación y miembros de la sociedad civil que recopilaban datos sobre aprendizaje y formulaban recomendaciones al gobierno.
La crisis energética afectó al acceso a la educación, según informes, y contribuyó a que los niños y niñas llegaran a la escuela tarde —o no llegaran—, con hambre y sin haber podido hacer las tareas para casa, lo que aumentaba el riesgo de afianzar aún más las desigualdades.3
Derecho a la salud
En diciembre, el Consejo Nacional de Provincias aprobó el Proyecto de Ley del Seguro Nacional de Salud y lo envió al presidente para que lo sancionara. Aunque la intención era garantizar el acceso universal a servicios médicos de calidad, la sociedad civil planteó múltiples motivos de preocupación por que pudiera dar lugar a una reducción del acceso. Las preocupaciones principales eran la gobernanza del Fondo del Seguro Nacional de Salud y el riesgo de corrupción generalizada, el poder excesivo que se asignaba al ministro de Salud, la exclusión de las personas solicitantes de asilo y las personas migrantes indocumentadas, y el deterioro del sistema de atención de la salud pública.
La huelga convocada en marzo por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud, la Enseñanza y Afines en relación con disputas salariales obstaculizó el acceso a los servicios de atención de la salud y provocó la muerte de cuatro personas, según el ministro de Salud.
Siguieron aumentando los informes relativos a los efectos perjudiciales que el agravamiento de la crisis energética de Sudáfrica tenía en el acceso a atención de la salud. En mayo, el defensor de la Salud saliente lamentó el estado de la gobernanza del sistema de salud y pidió una Defensoría de la Salud independiente, de conformidad con las buenas prácticas internacionales.
Derecho al agua y al saneamiento
Unos informes nacionales del Departamento de Agua y Saneamiento publicados en junio revelaron una disminución del acceso a agua potable de calidad y segura. En 90 municipios, 334 sistemas de tratamiento de aguas residuales estaban en estado crítico, y el 55% de los sistemas incluidos en la muestra evidenciaban un cumplimiento deficiente de los criterios de conformidad química de la calidad del agua.
La crisis energética ejerció una presión adicional sobre unas infraestructuras hídricas anticuadas y carentes de mantenimiento adecuado, tal como informó la empresa pública Umgeni-uThukela Water en abril, lo que dio lugar a cortes de agua o baja presión del agua en muchas zonas y amenazó el derecho a acceder a agua potable y suficiente.
Hasta el 22 de mayo, 15 personas habían muerto de cólera en la región de Hammanskraal, provincia de Gauteng;4 una semana después, esta cifra ascendía a 23 personas. Una investigación independiente de la Comisión de Investigación sobre el Agua reveló que las inadecuadas infraestructuras de saneamiento e higiene, sobre todo en los asentamientos informales y rurales, así como las ineficiencias operativas en el tratamiento de las aguas residuales y del agua de acuerdo con unos criterios aceptables, habían facilitado la rápida propagación de la enfermedad.
Derechos de las personas refugiadas y migrantes
El grupo parapolicial Operación Dudula siguió restringiendo los derechos de las personas refugiadas y migrantes con medidas que incluían impedir el acceso a atención de la salud. En enero se expulsó a personas con ciudadanía extranjera de la Clínica Jeppe en Johannesburgo.5
Algunos centros de salud de la provincia de Gauteng seguían negando el acceso a mujeres migrantes embarazadas y lactantes y a niños y niñas menores de 6 años, según Abogados en Defensa de los Derechos Humanos. Esto se hacía a pesar del fallo del Tribunal Superior de Gauteng Meridional que confirmó el derecho de estas personas, con independencia de su nacionalidad y de la documentación que obrara en su poder, a acceder a servicios de salud gratuitos en todos los centros de salud públicos.
En abril, después de unas disputas legales que se habían prolongado 11 años, el Departamento del Interior procedió a la reapertura de la Oficina de Recepción de Refugiados de Ciudad del Cabo.
Derecho a la vida y a la seguridad de la persona
Según la Iniciativa Global contra la Delincuencia Organizada Transnacional, se denunciaban en promedio más de 2 homicidios selectivos por semana.
En el periodo comprendido entre julio y septiembre, los registros policiales mostraban que se habían cometido 6.945 asesinatos, 59 menos que en el mismo periodo del año anterior. Sin embargo, la tasa de asesinatos seguía siendo alta, con un promedio de 75 personas asesinadas cada día. Durante el periodo objeto del informe hubo 58 casos de homicidios múltiples —en los que al menos 3 personas habían perdido la vida en un solo incidente—, que provocaron 218 muertes.
Por primera vez desde el final del apartheid, en septiembre el Tribunal Superior de Gauteng Meridional declaró al Estado responsable de daños y perjuicios por la tortura sufrida por 5 reclusos de la prisión de Leeuwkop, en la provincia de Gauteng.
En julio, Khayalihle Gwabuzela, conocido asimismo como Khaya Ngubane, fue declarado culpable del homicidio, cometido en marzo de 2022, de Ayanda Ngila, defensor de los derechos humanos y dirigente comunitario del movimiento de habitantes de asentamientos precario Abahlali baseMjondolo (AbM); fue condenado a 15 años de prisión. No se dictó ninguna sentencia condenatoria por el homicidio de otras 3 personas defensoras de los derechos humanos de AbM, también cometido en 2022.
Uso excesivo de la fuerza
Los agentes del Servicio de Policía de Sudáfrica siguieron usando fuerza excesiva que causó lesiones y muertes.
En julio, ocho agentes de los Servicios de Protección Presidencial que trasladaban al vicepresidente fueron grabados en vídeo cuando agredían a personas que viajaban en vehículos en una carretera de la provincia de Gauteng. Obtuvieron la libertad bajo fianza en agosto, y su juicio se reprogramó para mayo de 2024.
Homicidios ilegítimos
A fecha de 14 de febrero, la Dirección General de Investigación Independiente de la Policía se ocupaba de 1.060 casos de muertes como resultado de acciones policiales.
En julio, Karabo Chaka, de 16 años, perdió la vida durante una protesta en el barrio de Slovo Park, en el sur de Johannesburgo. Continuaban las investigaciones para determinar si su homicidio se había producido a manos de la policía.
Libertad de expresión y de asociación
Defensores y defensoras de los derechos humanos, activistas y denunciantes de irregularidades seguían haciendo frente a amenazas, intimidación y hostigamiento. La denunciante de irregularidades de la policía Patricia Mashale, que había sido despedida presuntamente después de informar de actividades sospechosas de agentes del Servicio de Policía de Sudáfrica, pasó a la clandestinidad tras no recibir protección. En julio, el Departamento de Justicia y Desarrollo Constitucional dio a conocer para consulta pública un documento de debate sobre propuestas de reformas para el régimen de protección de denunciantes de irregularidades de Sudáfrica. En agosto, 6 hombres fueron declarados culpables del asesinato en 2021 de Babita Deokaran, denunciante de irregularidades del Departamento de Salud de Gauteng, y condenados a penas de entre 6 y 22 años de prisión; continuaron las investigaciones para encontrar a otros presuntos responsables de la muerte de esta denunciante.
En mayo, el gabinete aprobó el Proyecto de Ley de Enmienda de las Leyes Generales sobre Inteligencia, que facultaba a los servicios de inteligencia de seguridad para investigar los antecedentes de cualquier persona que intentase establecer una ONG.
Continuaron las amenazas, los ataques, la intimidación y el hostigamiento contra periodistas, en particular mediante intentos de silenciarlos haciendo uso de los tribunales. En junio se desestimó una acción penal privada entablada por el expresidente Jacob Zuma contra la periodista Karyn Maughan. En julio se desestimó una cláusula de silencio concedida a la empresa Moti Group contra el Centro AmaBhungane para el Periodismo de Investigación.
Derecho a un medioambiente saludable
A pesar del compromiso del gobierno de reducir las emisiones de carbono para alcanzar en 2030 un objetivo acorde a la limitación del aumento de la temperatura global hasta un máximo de 1,5°C por encima de los niveles preindustriales, no se lograron avances en el desmantelamiento de las centrales eléctricas de carbón. La sociedad civil planteó su preocupación por que esta demora pudiera poner en peligro el Plan de Inversiones para una Transición Energética Justa de Sudáfrica.
En octubre, el gobierno anunció que Dinamarca y Países Bajos se habían unido al Grupo Internacional de Socios que invertirían en el Plan de Inversiones para una Transición Energética Justa, y que Canadá, España y Suiza se habían comprometido también a apoyar la transición. En la 28ª Conferencia de la ONU sobre el Cambio Climático (COP28), celebrada en diciembre, se presentó el Plan de Implementación de una Transición Energética Justa que ponía en marcha el Plan de Inversiones.
- South Africa: Amnesty International’s submission in relation to the National Council on Gender-Based Violence and Femicide Bill [B31 – 2022], 18 de mayo
- South Africa: Urgent measures needed to hold SAPS accountable for denying GBV victims and their families justice, 9 de agosto
- South Africa: SONA 2023. President Cyril Ramaphosa has failed the nation on the delivery of basic human rights, 8 de febrero
- South Africa: Authorities must act with urgency to prevent further cholera deaths, 22 de mayo
- South Africa: Collective Voices against Health Xenophobia strongly condemns Operation Dudula’s attack on patients at the Jeppe Clinic, 20 de enero