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Swaziland

Información extraída de nuestro Informe 2017/18

Seguían llevándose a cabo desalojos forzosos. La Ley de Orden Público y la Ley de Supresión del Terrorismo limitaban gravemente el derecho a la libertad de expresión, de asociación y de reunión pacífica. Continuaba la prohibición de partidos de oposición. La violencia por motivos de género seguía siendo habitual, y el Parlamento no aprobó el Proyecto de Ley de Delitos Sexuales y Violencia Intrafamiliar.

Las protestas estudiantiles continuaron durante todo el año, después de que el gobierno hubiese introducido en 2016 recortes en las becas para enseñanza superior financiadas por el Estado. En septiembre se detuvo a 10 estudiantes en relación con las protestas.

Las comunidades seguían corriendo peligro de sufrir desalojos forzosos. Unas 85 familias de al menos dos comunidades se enfrentaban a desalojos inminentes sin que se les proporcionara una vivienda alternativa ni una indemnización adecuada. Aunque la Constitución prohibía la privación arbitraria de bienes sin indemnización, en la práctica, la ausencia de seguridad jurídica de la tenencia dejaba a la población expuesta a desalojos forzosos. En una sentencia de abril, un tribunal superior falló que la indemnización constitucional para residentes desalojados se limitaba a los desalojos llevados a cabo por el Estado; los residentes afectados por desalojos forzosos realizados por actores no estatales quedaban excluidos del acceso a determinados recursos.

En Madonsa (región de Manzini), al menos 58 familias corrían peligro de sufrir un desalojo inminente tras reclamar el Fondo Nacional Suazilí de Previsión, organismo semipúblico, la propiedad de las tierras en las que residían. Tras un dilatado proceso judicial de siete años, el Tribunal Superior ordenó en 2011 el desalojo de las familias sin indemnización ni alojamiento alternativo. Al terminar 2017 continuaban en las tierras.

En Mbondzela (región de Shiselweni), 27 familias amenazadas de desalojo entablaron acciones judiciales contra una empresa privada que intentaba apropiarse de sus tierras para convertirlas en una reserva de fauna salvaje. El 19 de octubre, el Tribunal Central de Residentes en Zonas Rurales sobreseyó la causa y permitió el desalojo, tras resolver que la empresa privada debía proporcionar a los residentes materiales de construcción para edificar viviendas en otros lugares.

El 8 de agosto, el rey Mswati aprobó la Ley de Orden Público, que restringía el derecho a la libertad de reunión y de asociación e imponía restricciones de gran alcance a la organización de actos públicos. Además, dicha ley no establecía mecanismos para hacer rendir cuentas a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley por el uso de fuerza excesiva contra manifestantes o reuniones públicas.

El gobierno seguía prohibiendo los partidos de oposición.

En agosto, el rey aprobó la Ley de Supresión del Terrorismo, que reformaba la ley homónima original, de 2008. Las modificaciones limitaban las definiciones de acto terrorista, aunque la redacción era excesivamente amplia e imprecisa respecto a los actos relacionados con el terrorismo. La nueva ley contenía también disposiciones que menoscababan el derecho a la libertad de expresión, de asociación y de reunión.

En octubre estaba prevista la vista de un recurso presentado por el gobierno contra una sentencia dictada por el Tribunal Superior en 2016 que establecía que la Ley de Supresión del Terrorismo original y la Ley de Sedición y Actividades Subversivas carecían de validez porque vulneraban el derecho a la libertad de expresión, de asociación y de reunión garantizado por la Constitución. No obstante, el gobierno no presentó sus alegaciones en plazo y el Tribunal desestimó el recurso.

No se aprobó el Proyecto de Ley de Delitos Sexuales y Violencia Intrafamiliar, presentado en el Parlamento en 2009, a pesar de los informes constantes de violencia por motivos de género. En octubre, la oficina del viceprimer ministro presentó enmiendas, entre ellas la eliminación de cláusulas que penalizaban el incesto, el acoso, el secuestro y la exhibición indecente, por considerar que estas disposiciones ponían en peligro prácticas culturales suazilíes.

En virtud de la Ley de Reforma de la Caza de 1991, los guardaparques seguían gozando de inmunidad procesal en relación con el desempeño de sus obligaciones, incluso en los casos en que mataban a presuntos cazadores furtivos. Durante el año la policía investigó al menos seis homicidios de esta índole cometidos por guardaparques; no se tenía constancia de que nadie hubiera comparecido ante la justicia.

Más de dos años después de la muerte bajo custodia policial del ciudadano mozambiqueño Luciano Reginaldo Zavale, las autoridades seguían sin hacer públicas las conclusiones de una investigación judicial sobre su muerte.

Reino de Suazilandia
Jefe del Estado: rey Mswati III
Jefe del gobierno: Barnabas Sibusiso Dlamini