Saltar al contenido
Actuem pels drets humans a tot el món
Buscar

Sri Lanka

Información extraída de nuestro Informe 2017/18

Aunque Sri Lanka siguió cumpliendo el compromiso que había asumido en 2015 de ofrecer justicia, verdad, reparación y garantías de no repetición por presuntos delitos de derecho internacional, los avances fueron lentos y se observaron retrocesos. El Parlamento aprobó una reforma de la Ley sobre la Oficina de Personas Desaparecidas, creada para ayudar a las familias de las personas desaparecidas a localizarlas. No se revocó la Ley de Prevención del Terrorismo, que se siguió utilizando para detener y recluir a personas sospechosas. Continuaron las torturas y otros malos tratos bajo custodia policial. Se tuvo noticia de amenazas contra minorías religiosas y étnicas y contra defensores y defensoras de los derechos humanos.

Antes, durante y después del conflicto armado entre las fuerzas del gobierno y los Tigres de Liberación de Eelam Tamil, que terminó en 2009, se habían perpetrado impunemente desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, torturas y otros abusos y violaciones graves de derechos humanos. Al concluir el año, Sri Lanka seguía sin cumplir los compromisos que había asumido en 2015 —al copatrocinar la Resolución 30/1 del Consejo de Derechos Humanos de la ONU— de establecer mecanismos de verdad, justicia y reparación y acometer las reformas correspondientes para garantizar la no repetición de esos delitos. Asimismo, el proceso de reforma de la Constitución, iniciado en 2016, avanzaba con dificultad debido a las diferencias de los parlamentarios sobre cuestiones como el destino de la presidencia ejecutiva, el lugar del budismo en la nueva Constitución y la inclusión o no de los derechos económicos, sociales y culturales en la Declaración de Derechos.

Las autoridades siguieron deteniendo a tamiles presuntamente vinculados a los Tigres de Liberación de Eelam Tamil, recurriendo para ello a la Ley de Prevención del Terrorismo, que permitía la detención administrativa durante periodos prolongados y, en los casos de tortura y otros malos tratos, hacía recaer la carga de la prueba sobre la persona detenida que los denunciaba. Durante su visita a Sri Lanka en julio, la relatora especial de la ONU sobre la promoción y protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo afirmó que más de 100 personas continuaban presas en el país —con o sin cargos formales, pero no condenadas— en aplicación de la Ley de Prevención del Terrorismo, algunas de ellas desde hacía más de 10 años. Sri Lanka no cumplió el compromiso que había asumido en 2015 de revocar la Ley de Prevención del Terrorismo y sustituirla por otra que se ajustara a las normas internacionales.

Persistieron las denuncias de tortura y otros malos tratos a personas detenidas. En marzo, con vistas al examen periódico universal de la ONU sobre el historial de derechos humanos del país, la Comisión de Derechos Humanos de Sri Lanka afirmó que había seguido documentando abundantes casos de violencia —incluidos actos de tortura y otros malos tratos— contra personas detenidas, práctica que calificó de “habitual” en todo el territorio nacional, sobre todo a manos de la policía. Por su parte, el relator especial de la ONU sobre la promoción y protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo concluyó que el 80% de las personas detenidas a finales de 2016 en aplicación de la Ley de Prevención del Terrorismo afirmaban haber sufrido torturas y otros malos tratos.

Persistió la impunidad por el uso excesivo de la fuerza contra manifestantes. Aún no se habían celebrado juicios en relación con los homicidios de manifestantes desarmados que reivindicaban agua potable, perpetrados por el ejército en agosto de 2013. En agosto, un investigador de la División de Investigación Criminal comunicó al juez de primera instancia de Gampaha que todas las pruebas de este tiroteo habían sido “destruidas” por investigadores anteriores.

Aunque Sri Lanka había ratificado en 2016 la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, al concluir el año seguía sin aprobar ninguna ley que tipificara como delito las desapariciones forzadas. En el mes de julio estaba previsto que se celebrara un debate parlamentario sobre un proyecto de ley que lo habría hecho, pero se aplazó sin ninguna explicación.

En junio, el Parlamento aprobó la reforma de la Ley sobre la Oficina de Personas Desaparecidas, que limitaba las facultades de esa oficina para pedir ayuda del exterior. El presidente la firmó el 20 de julio, pero al concluir el año seguía sin entrar en vigor. La creación de esta oficina se había propuesto con el fin de ayudar a las familias de las miles y miles de personas desaparecidas a localizarlas.

En junio, el presidente Sirisena prometió a las familias de las personas desaparecidas que iba a ordenar la publicación de listas con los nombres de las personas que se hubieran entregado a las fuerzas armadas o que hubieran sido detenidas por éstas durante el conflicto armado que terminó en 2009 y tras su finalización Al terminar el año seguían sin hacerse públicas estas listas

Continuaron impunes los presuntos delitos de derecho internacional cometidos durante el conflicto armado, así como otras muchas violaciones de derechos humanos, entre las que figuraban la ejecución extrajudicial de 5 estudiantes a manos de las fuerzas de seguridad en Trincomalee, en enero de 2006; el homicidio de 17 cooperantes de la ONG Acción contra el Hambre en Muttur, en agosto de 2006; la desaparición de los activistas políticos Lalith Weeraraj y Kugan Muruganandan en diciembre de 2011; la desaparición del humorista gráfico disidente Prageeth Eknaligoda en 2010; y la desaparición del director de periódico Lasantha Wickrematunge en 2009.

En junio, el entonces ministro de Justicia amenazó al abogado de derechos humanos Lakshan Dias con inhabilitarlo si no se disculpaba por haberse referido públicamente a información sobre ataques perpetrados contra personas de la comunidad cristiana.

Los defensores y defensoras tamiles de los derechos humanos y los activistas de esa comunidad, entre ellos familiares de personas desaparecidas, siguieron denunciado vigilancia y hostigamiento por parte de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Las defensoras de los derechos humanos del norte y el este del país denunciaron que la interacción con la policía era a menudo degradante y sexualizada.

Las fuerzas de seguridad impidieron a las familias colocar lápidas en memoria de sus familiares muertos. El sacerdote católico Elil Rajendram fue detenido y otras personas residentes en Mullaitivu fueron hostigadas por la policía tras haber intentado celebrar ceremonias en memoria de sus familiares víctimas del conflicto armado.

Al concluir el año seguía sin celebrarse el debate parlamentario previsto sobre el proyecto de Constitución, concebido para garantizar el control del poder ejecutivo y un reparto más equitativo del poder entre las distintas etnias del país

Pese a las reiteradas promesas, Sri Lanka siguió sin revocar la Ley de Prevención del Terrorismo y sin aprobar ninguna ley que tipificara las desapariciones forzadas como delito.

En diciembre, Sri Lanka ratificó el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.

Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley continuaban aplicando criterios raciales contra la minoría tamil y sometiéndola a vigilancia y hostigamiento, en particular a los exmiembros de los Tigres de Liberación de Eelam Tamil.

La policía no tomó medidas ante las constantes amenazas y agresiones físicas de particulares y simpatizantes de un grupo político de tendencia budista cingalesa radical contra la población cristiana y musulmana.

En marzo, el Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer pidió a Sri Lanka que reformara todas las leyes de derecho personal para eliminar las disposiciones discriminatorias. El Comité expresó, en particular, preocupación por la Ley Musulmana de Matrimonio y Divorcio de 1951, que no especificaba ninguna edad mínima para contraer matrimonio y permitía casarse a las niñas menores de 12 años si lo autorizaba un juez religioso de paz o cadí. Además, la Ley prohibía a las mujeres formar parte de las juntas de cadíes y no reconocía la violación conyugal, ni siquiera en el caso de una menor de 16 años violada por su esposo adulto, a menos que la pareja estuviera legalmente separada.

Continuaban impunes diversas formas de violencia contra mujeres y niñas, como los matrimonios precoces, la violencia intrafamiliar, la trata, las violaciones perpetradas por militares o funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y las agresiones a manos de particulares. Una excepción poco frecuente fue el juicio que comenzó el 28 de junio ante el Tribunal Superior de Jaffna contra nueve hombres acusados de haber violado en grupo y asesinado a la estudiante de 18 años Sivaloganathan Vidya, en mayo de 2015, en Punkuduthivu. Al concluir el año, el juicio seguía en curso. La naturaleza del delito y la deficiente gestión del caso por parte de la policía habían desencadenado protestas en 2015. En julio de 2017, un subinspector general de policía en activo fue detenido por su presunta ayuda a uno de los sospechosos para eludir la detención.

Se impusieron condenas a muerte por asesinato, violación y tráfico de drogas. No se llevaban a cabo ejecuciones desde 1976. El 4 de febrero, Día de la Independencia de Sri Lanka, el presidente Sirisena conmutó 60 condenas a muerte por penas de cadena perpetua.

República Socialista Democrática de Sri Lanka
Jefe del Estado y del gobierno: Maithripala Sirisena