Información extraída de nuestro informe "La situación de los derechos humamos en el mundo", abril 2024.
Se duplicó el número de personas que vivían por debajo del umbral de pobreza debido a la crisis económica. El gobierno siguió utilizando legislación antiterrorista draconiana y trató de promulgar nuevas leyes para combatir la disidencia y amenazar la libertad de expresión, lo que se tradujo en detenciones y reclusiones arbitrarias. Se restringió el derecho a la libertad de reunión pacífica, empleándose constantemente fuerza excesiva e innecesaria contra manifestantes. La impunidad continuó arraigada y no hubo avances notables por parte del gobierno en lo referente al derecho a verdad, justicia y reparación de las personas afectadas por la guerra. No llegaron a materializarse los intentos de reformar la legislación para despenalizar las relaciones sexuales consentidas entre personas adultas del mismo sexo y para poner fin a los matrimonios prematuros en el seno de la comunidad musulmana.
Información general
El Banco Mundial comunicó que el número de personas que vivían por debajo del umbral de pobreza se había duplicado desde 2022 y se preveía que aumentara hasta superar los 2,2 millones (el 27,5% de la población) en 2023. En marzo, Sri Lanka recibió del Fondo Monetario Internacional (FMI) el primer tramo de su rescate financiero, de 330 millones de dólares estadounidenses, y en diciembre el segundo, de 337 millones, para ayudar al país a hacer frente a la crisis económica.
En marzo, en su respuesta al Examen Periódico Universal, Sri Lanka se limitó a tomar nota de la mayoría de las recomendaciones que se le habían formulado sobre la rendición de cuentas con respecto a violaciones graves de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario cometidas durante la guerra, sin apoyarlas.
Derechos económicos, sociales y culturales
La crisis económica afectó sobre todo a los grupos marginados, que tuvieron que lidiar con la pérdida de ingresos, el aumento de la inflación y unas medidas de protección social insuficientes.1 En su informe de país publicado en marzo, el FMI fijó un umbral mínimo de gasto en protección social de sólo el 0,6% del PIB.
Aunque se implantó un nuevo programa de pago de prestaciones sociales (Aswesuma), sus criterios para la selección de beneficiarios eran tan estrictos que sólo podían acogerse a él aproximadamente 1,1 millones de familias de los 2 millones que vivían por debajo del umbral de pobreza. El programa en cuestión podía acabar por excluir a muchas de las personas más afectadas por la crisis económica, como las residentes en zonas urbanas, las que trabajaban en el sector informal, las que trabajaban a jornal, las pertenecientes a la comunidad tamil malaiyaha, otras personas con ingresos bajos o precarios y las que se habían quedado sin ingresos al perder su empleo.
La crisis económica golpeó de manera desproporcionada a las mujeres embarazadas y lactantes, cuya inseguridad alimentaria aumentó, entre otras razones por la irregularidad del suministro de suplementos alimenticios y vitamínicos específicos para nutrición materna facilitados por el gobierno y porque los servicios esenciales de salud materna se vieron gravemente afectados.2
Libertad de expresión y detención y reclusión arbitrarias
El gobierno trató de sustituir la draconiana Ley de Prevención del Terrorismo por la Ley Antiterrorista. En el primer proyecto de ley, publicado en el boletín oficial en marzo, alguno delitos estaban formulados de una forma excesivamente amplia, imprecisa y subjetiva, lo que se prestaba en gran medida a aplicaciones arbitrarias y abusos, incluidos nuevos delitos que catalogaban como terrorismo los actos de desobediencia civil. En septiembre se publicó en el boletín oficial un nuevo proyecto de ley con ligeras modificaciones, pero el texto seguía permitiendo que se cometieran violaciones de derechos humanos.
La Ley de Prevención del Terrorismo continuó en vigor durante todo el año 2023. El coordinador de la Federación Interuniversitaria de Estudiantes, Wasantha Mudalige, había sido detenido en agosto de 2022 en el marco de una oleada de represión contra cualquier activista que promoviera la movilización contra la crisis económica y pidiera rendición de cuentas al respecto. En enero de 2023, el magistrado jefe de los tribunales de primera instancia de Colombo resolvió que no se podían mantener los cargos de terrorismo formulados contra Wasantha Mudalige en virtud de la Ley de Prevención del Terrorismo, por lo que éste quedó en libertad. A pesar de que las autoridades garantizaron a la comunidad internacional que la Ley de Prevención del Terrorismo sería abolida, en mayo la utilizaron para presentar cargos contra 4 personas en relación con los atentados con explosivos del 21 de abril de 2019. En junio todos los cargos se habían desestimado, pero 2 de las 4 personas fueron acusadas en aplicación de la Ley sobre el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de Sri Lanka. En noviembre, en aplicación de la Ley de Prevención del Terrorismo, las autoridades detuvieron a nueve personas por una vigilia conmemorativa celebrada en la ciudad de Batticaloa, en la provincia Oriental. En diciembre, el Tribunal Superior de Puttalam absolvió al poeta y profesor Ahnaf Jazeem cuando ya habían pasado más de tres años y medio desde su detención injusta en aplicación de la Ley de Prevención del Terrorismo.
De nuevo, la Ley sobre el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos fue instrumentalizada contra la libertad de expresión. En enero, las autoridades detuvieron al youtuber Sepal Amarasinghe por unas palabras consideradas ofensivas para el budismo que pronunció en YouTube. No lo liberaron hasta febrero, una vez que se hubo disculpado públicamente y sin condiciones. En mayo, las autoridades detuvieron a la humorista Nathasha Edirisooriya por unos comentarios considerados irrespetuosos para el budismo en un espectáculo de monólogos cómicos. Bruno Divakara, que gestionaba un canal de YouTube en el que se publicó la actuación de Nathasha Edirisooriya, fue también detenido unos días más tarde. Ambos quedaron en libertad bajo fianza en julio, aunque, al concluir el año, las causas judiciales en su contra permanecían pendientes de resolución.
En septiembre, el gobierno publicó en el boletín oficial un proyecto de ley para regular las comunicaciones y la seguridad en Internet. La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos señaló que “muchos apartados del proyecto de ley cont[enían] términos y definiciones de delitos muy imprecisos que deja[ban] un margen importante a las interpretaciones arbitrarias y subjetivas, y podrían penalizar casi todas las formas de expresión legítima, lo cual crearía un entorno con un efecto intimidatorio en la libertad de expresión”.
En diciembre, las autoridades pusieron en marcha una operación llamada “Yukthiya”, cuya finalidad expresa era controlar “la amenaza de la droga” y durante la cual las detenciones diarias se contaron por cientos.
Libertad de reunión pacífica
Tras las protestas públicas a gran escala que tuvieron lugar en 2022 y acabaron por desalojar del poder a la élite del partido gobernante, a lo largo de 2023 se reprimieron los actos de protesta, sofocando así el derecho de reunión pacífica de los sindicatos, la sociedad civil y los grupos estudiantiles, entre otros.
Amnistía Internacional halló que las autoridades habían solicitado a la judicatura órdenes judiciales preventivas para impedir las protestas; habían empleado sistemática e indebidamente armas tales como gas lacrimógeno, cañones de agua y porras; habían utilizado al ejército para controlar las protestas, y habían empleado fuerza excesiva e innecesaria, así como vigilancia e intimidación. En febrero, una persona murió y decenas resultaron heridas en actos de protesta en la capital, Colombo, debido al empleo ilegítimo de cañones de agua y gas lacrimógeno por la policía.
Derecho a verdad, justicia y reparación
En septiembre, nueve organizaciones internacionales de derechos humanos criticaron los deficientes planes del gobierno para crear una “comisión de la verdad”. Dado que las comisiones nacionales de investigación no garantizaban la rendición de cuentas, los planes fueron rotundamente rechazados por algunas comunidades de víctimas. Otras resaltaron la necesidad de una serie de medidas para generar confianza previas al establecimiento de una comisión de la verdad, y señalaron la preocupación que suscitaban la vigilancia continuada y la falta de espacio para actos de conmemoración.3
Según la información hecha pública, durante el año tampoco hubo avances notables en otros mecanismos de justicia transicional, como la Oficina para Reparaciones y la Oficina de Personas Desaparecidas. El sistema nacional de justicia siguió arrastrando numerosos casos paradigmáticos de impunidad para violaciones de derechos humanos sin que, de nuevo, se apreciaran avances dignos de resaltar.
El proyecto sobre rendición de cuentas en Sri Lanka de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, establecido en 2021, informó en junio del constante aumento del número de solicitudes recibidas de autoridades competentes de diferentes países que tenían abiertas investigaciones penales, incluidas, hasta la fecha, las relacionadas con 10 personas identificadas por su nombre. El gobierno rechazó dicho mecanismo.
Derechos de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI)
En marzo, Premnath Dolawatte, diputado del gobierno, presentó un proyecto de ley que buscaba reformar el Código Penal para proteger los derechos de la población LGBTI, revocando para ello las disposiciones que penalizaban las relaciones sexuales consentidas entre personas adultas del mismo sexo. Tras numerosos recursos judiciales, el Tribunal Supremo resolvió que el proyecto de ley era constitucional. Sin embargo, no se consiguió reunir el amplio apoyo necesario para aprobarlo, por lo que, al concluir el año, seguía sin debatirse en el Parlamento.
Derechos de las mujeres y de las niñas
El gobierno siguió sin avanzar en la reforma de la Ley de Matrimonio y Divorcio Musulmanes de 1951 que, entre otras cuestiones, permitía matrimonios precoces de niños y niñas de tan sólo 12 años de edad. En junio, parlamentarios musulmanes paralizaron la reforma, actitud que les valió críticas de varios procedimientos especiales de la ONU. En su comunicación dirigida al gobierno de Sri Lanka, señalaron que “incorporar al anteproyecto de ley las recomendaciones formuladas por los 17 parlamentarios musulmanes supondría contravenir las normas y obligaciones internacionales relativas a la protección de los derechos de las mujeres”.
El gobierno adoptó su primer Plan Nacional sobre Mujeres, Paz y Seguridad para el periodo 2023–2027 y anunció su intención de establecer una Comisión Nacional de la Mujer.