Información extraída de nuestro informe "La situación de los derechos humamos en el mundo", abril 2024
Continuaba el conflicto entre el gobierno y Al Shabaab, y todas las partes cometieron con impunidad abusos graves contra el derecho internacional humanitario y el derecho internacional de los derechos humanos. La inseguridad, la sequía, las inundaciones y la inseguridad alimentaria provocaron el desplazamiento de más de 2,9 millones de personas y una terrible crisis humanitaria. Las poblaciones internamente desplazadas hacían frente a violaciones de derechos humanos, y las mujeres y las niñas estaban especialmente expuestas a sufrir violencia de género y violencia sexual relacionada con el conflicto. Se restringía el derecho a la libertad de expresión, y se atacó, golpeó, arrestó arbitrariamente y procesó a periodistas. En Somalilandia estalló un nuevo conflicto en la ciudad de Las Anod, región de Sool, que causó víctimas entre la población civil, destrucción de bienes civiles y desplazamientos masivos. Las autoridades de Somalilandia también restringían el derecho a la libertad de expresión y de reunión pacífica.
Información general
En febrero, el gobierno anunció planes para lanzar una operación militar integral contra Al Shabaab y estableció una iniciativa de primera línea a nivel de Estados en la que participaban fuerzas militares de Etiopía, Kenia y Yibuti.
En mayo se celebraron en Puntlandia las primeras elecciones a consejos de distrito de acuerdo con el principio de una persona, un voto.
La Misión de Transición de la Unión Africana en Somalia (ATMIS) concluyó la primera fase del plan para transferir las responsabilidades en materia de seguridad a las fuerzas armadas y policiales de Somalia y retiró 2.000 militares en junio, lo que hacía temer por la protección de la población civil. La ATMIS reanudó en diciembre la retirada de otros 3.000 militares, un proceso que se había suspendido anteriormente después de que el gobierno pidiera una pausa de tres meses.
Las tensiones políticas aumentaron en Somalilandia a causa de las elecciones previstas para 2024 y a un nuevo conflicto en la región de Sool.
Homicidios y ataques ilegítimos
La población civil seguía sufriendo las peores consecuencias del conflicto en curso entre el gobierno y sus aliados internacionales, por un lado, y el grupo armado Al Shabaab, por el otro. Durante todo el año se tuvo noticia de un gran número de víctimas civiles. Nadie rindió cuentas por las violaciones del derecho internacional humanitario y el derecho internacional de los derechos humanos.
En marzo, el presidente anunció la segunda fase de la ofensiva contra Al Shabaab, denominada Operación León Negro, cuyo objetivo era liberar los territorios que aún estaban bajo el control de ese grupo armado en todo el país.
Al Shabaab intensificó sus ataques selectivos contra fuerzas gubernamentales y aliadas y también llevó a cabo ataques indiscriminados contra civiles. Según la ONU, entre febrero y octubre hubo 945 víctimas civiles (342 personas murieron y 603 resultaron heridas). Al Shabaab fue responsable de 312 víctimas civiles, en tanto que el resto se atribuyeron a las fuerzas de seguridad del Estado, milicias de clanes y fuerzas internacionales y regionales.
El 23 de septiembre, la explosión de un camión bomba en la ciudad de Beledweyne, en el centro de Somalia, causó la muerte de al menos 18 personas y heridas a 40.
El 29 de septiembre, un atentado suicida con bomba en el interior de la tetería Bar Bulsho, cerca del palacio presidencial en la capital, Mogadiscio, causó la muerte de al menos 7 personas. Al Shabaab reivindicó la autoría del atentado.
Derecho a la alimentación
La sequía, las inundaciones y los efectos de la guerra en Ucrania en las importaciones de alimentos generaron una terrible crisis humanitaria. Según la ONU, cerca de 8,25 millones de personas, casi la mitad de la población, necesitaban de forma inmediata asistencia humanitaria y de protección para la supervivencia. La sequía devastó el sector agrario, que producía hasta el 90% de las exportaciones de Somalia, y dio lugar a un aumento del desplazamiento y de la pérdida de medios de vida. En las zonas más afectadas murió un tercio del ganado. Se calculaba que 5 millones de personas estaban en situación de crisis alimentaria o peor, y 96.000 hacían frente a una hambruna catastrófica. Se calculaba que 1,8 millones de niños y niñas, incluidos bebés, estaban expuestos a desnutrición aguda, y era probable que casi 478.000 sufrieran malnutrición grave. Al mismo tiempo, Al Shabaab restringía el acceso de ayuda humanitaria en las zonas bajo su control, lo que agravaba la crisis.
Derechos de las personas internamente desplazadas
Las poblaciones internamente desplazadas seguían sufriendo graves abusos y violaciones de derechos humanos. Más de 2,9 millones de personas estaban desplazadas a causa de las inundaciones, la sequía, el conflicto y la inseguridad alimentaria. Según la ONU, más de 105.000 personas —la mayoría de las cuales ya estaban en situación de desplazamiento interno— fueron objeto de desalojo forzoso entre enero y diciembre en todo el país.
La mayoría de la población desplazada eran personas de edad avanzada, niños y niñas y mujeres, incluidas embarazadas y madres lactantes. La falta de alojamiento adecuado y de intimidad en los hacinados asentamientos para personas internamente desplazadas aumentaba la vulnerabilidad de mujeres, niños y niñas a sufrir violaciones de derechos humanos tales como violencia por motivos de género, incluidas violaciones y agresiones físicas.
Violencia sexual y de género
Persistía la violencia por motivos de género, incluida la violencia sexual relacionada con el conflicto, cometida contra mujeres y niñas. Entre febrero y junio, la ONU informó de 4 incidentes de violencia sexual relacionada con el conflicto que afectaron a 9 mujeres, entre ellas una mujer embarazada con discapacidad y 4 niñas. Cinco de las sobrevivientes estaban en situación de desplazamiento interno como consecuencia de la sequía.
La persistente sequía aumentó la vulnerabilidad de la población internamente desplazada ante la violencia de género. Las mujeres y las niñas corrían un peligro mayor de sufrir violencia y abusos sexuales al recorrer grandes distancias para llevar agua a sus familias.
En agosto, la experta independiente de la ONU sobre la situación de los derechos humanos en Somalia informó de que la violencia sexual y de género era omnipresente, y la violación, la violación en grupo, la mutilación genital femenina y la violencia de género intrafamiliar eran algunas de sus formas más habituales.
El Parlamento Federal no aprobó los proyectos de ley sobre delitos sexuales ni sobre mutilación genital femenina.
Libertad de expresión
El derecho a la libertad de expresión y la libertad de los medios de comunicación eran objeto de restricciones. En ocasiones, las fuerzas de seguridad agredían a periodistas, quienes, además, sufrían amenazas, hostigamiento, intimidación, palizas, detenciones arbitrarias y enjuiciamientos.
El 13 de febrero, el Tribunal Regional de Banadir, en Mogadiscio, condenó a Abdalle Ahmed Mumin, periodista y secretario general del Sindicato de Periodistas de Somalia, a 2 meses de prisión por “desobedecer órdenes del gobierno” de conformidad con el artículo 505 del Código Penal. Abdalle Ahmed Mumin fue trasladado a la Prisión Central de Mogadiscio, donde las autoridades penitenciarias se negaron a admitirlo alegando que ya había cumplido más de 2 meses, puesto que su detención había tenido lugar en octubre de 2022. El 23 de febrero, Abdalle Ahmed Mumin fue detenido de nuevo cuando asistía a una reunión pública convocada por un comité senatorial y fue recluido en la Prisión Central de Mogadiscio, donde permaneció hasta su liberación el 26 de marzo. Al día siguiente, el tribunal levantó la prohibición de viajar que se le había impuesto.
En marzo, el presidente sancionó con su firma la Ley de la Agencia Nacional de Inteligencia y Seguridad (NISA, por sus siglas en inglés). La Ley contenía disposiciones demasiado amplias, como la prohibición de difundir información sobre actividades de inteligencia y agentes de la NISA, que podían utilizarse para enjuiciar a periodistas, miembros de la oposición política y defensores y defensoras y activistas de los derechos humanos que publicasen información sobre abusos gubernamentales. Las competencias de vigilancia masiva que se otorgaban a la Agencia —como la facultad para supervisar las comunicaciones, incluidas las realizadas por correo postal y a través de Internet— también podían utilizarse para violar el derecho a la libertad de expresión y a la privacidad.
El 16 de abril, la policía de Mogadiscio detuvo arbitrariamente a 4 periodistas cuando informaban desde el lugar donde había explotado una bomba en el barrio de Hamar Jajab. Dos de ellos, Mohamed Said Nur y Qasim Ibrahim Adan, trabajaban para Risaala Media Corporation, y Mohamud Abdirashid Sofeysane e Isaq Rashid para 5TV. Los 4 quedaron en libertad sin cargos ese mismo día.
El 17 de agosto, agentes de seguridad vestidos de civil detuvieron a Mohamed Ibrahim Osman Bulbul, periodista de Kaab TV y secretario de información y derechos humanos del Sindicato de Periodistas de Somalia.1 Mohamed Ibrahim fue detenido al día siguiente de haber publicado un reportaje sobre presunta apropiación indebida de fondos de la Unión Europea destinados a formación de la policía. El 19 de agosto compareció ante el Tribunal Regional de Banadir, que atendió la petición de la policía de mantenerlo recluido durante 7 días en espera de nuevas investigaciones. Durante su detención, agentes del Departamento de Investigación y Acción Penal le confiscaron y registraron sus teléfonos para acceder a sus fuentes informativas. El 25 de septiembre fue acusado de delitos previstos en el Código Penal, como despreciar el Estado y difundir noticias falsas y tendenciosas. Fue trasladado a la Prisión Central de Mogadiscio el 28 de septiembre, pero el tribunal desestimó los cargos y lo puso en libertad el 11 de octubre.
El 16 de octubre, Abdifatah Moalim Nur, director de Somali Cable Television, murió en un atentado suicida perpetrado por Al Shabaab en el restaurante Blue Sky de Mogadiscio. Al menos otras 4 personas resultaron heridas en ese mismo atentado.
Somalilandia
Libertad de reunión pacífica
El asesinato, el 26 de diciembre de 2022, de Abdifatah Abdullahi Abdi, político del clan Dhulbahante en Las Anod, región de Sool, a manos de hombres armados no identificados, desencadenó protestas generalizadas. Las fuerzas de seguridad de Somalilandia respondieron usando fuerza excesiva. La Misión de Asistencia de la ONU en Somalia (UNSOM) afirmó que 12 manifestantes habían muerto y 59 habían resultado heridos durante las protestas entre finales de diciembre de 2022 y principios de enero de 2023. Las autoridades de Somalilandia retiraron las fuerzas de seguridad de Las Anod a principios de enero como respuesta a la persistente indignación y las protestas generalizadas por los homicidios, lo que propició la entrada en la ciudad de destacadas personalidades dhulbahantes, entre ellas los ancianos del clan. Los ancianos celebraron reuniones consultivas entre el 28 de enero y el 5 de febrero y emitieron una declaración en la que se afirmaba que las regiones de Sool y Sanaag no formaban parte de la administración de Somalilandia.
Ataques indiscriminados
Tras la declaración de los ancianos del clan Dhulbahante, el 6 de febrero comenzaron los enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad de Somalilandia y combatientes armados vinculados al clan, que se intensificaron hasta convertirse en una situación de conflicto armado no internacional.2
Las fuerzas de seguridad de Somalilandia bombardearon de forma indiscriminada Las Anod, lo que causó homicidios ilegítimos y heridas entre la población civil, incluidas mujeres, niños, niñas, persona de edad avanzada con problemas de salud y personal sanitario. La mayoría de estas personas murieron en ataques indiscriminados en los que se utilizaron cohetes, morteros y otras armas explosivas con efecto en amplias superficies. Según la UNSOM, 36 civiles murieron y 270 resultaron heridos.
El 6 de febrero, Rayan Abdullahi Ahmed, de 7 años, murió por proyectiles que la alcanzaron cuando estaba en el interior de la casa de su tía en el barrio de Samalay, en el sur de Las Anod. Ese mismo día, Amina Jama Ibrahim murió alcanzada por proyectiles cuando estaba en su casa del barrio de Ex-Control, en el este de Las Anod. El 11 de febrero, Abdisalam Saed Muse, enfermero voluntario de la Sociedad de la Media Luna Roja somalí, murió alcanzado por una bala perdida cuando estaba en el hospital de Gargaar. El 21 de febrero, Saynab Yusuf Dheeg murió al ser alcanzada por proyectiles cuando estaba sentada con otras 4 mujeres cerca de su casa.
Violaciones del derecho internacional humanitario
Las fuerzas de Somalilandia llevaron a cabo ataques terrestres indiscriminados que dañaron o destruyeron infraestructuras civiles.
El hospital general de Las Anod fue alcanzado en varias ocasiones entre febrero y agosto. Médicos Sin Fronteras informó de que el hospital había sido alcanzado durante los combates el 28 de febrero y había sufrido daños parciales en la estructura que paralizaron el trabajo del ala de pediatría y el banco de sangre. También sufrieron daños cientos de edificios civiles, incluidas 2 mezquitas y 3 escuelas.
Los ataques indiscriminados y los combates causaron el desplazamiento de entre 154.000 y 203.000 personas a ciudades y otras localidades vecinas y a Etiopía. La mayoría de las personas desplazadas comenzaron a regresar a Las Anod a finales de agosto aprovechando una pausa en las hostilidades.
Libertad de expresión
Las autoridades de Somalilandia continuaban restringiendo la libertad de expresión y la libertad de los medios de comunicación al detener, recluir y enjuiciar arbitrariamente a periodistas y personas que expresaban críticas.
En particular, se restringía la información sobre el conflicto en Las Anod. El 30 de enero, el Ministerio de Información emitió una directiva en la que se advertía “contra la difusión de noticias, informaciones y opiniones que p[udieran] exacerbar la situación en Las Anod”.
El 15 de mayo, las autoridades detuvieron arbitrariamente a la periodista Busharo Ali Mohamed (también conocida como Busharo Baanday) en Wajaale, en la frontera con Etiopía. La trasladaron a Hargeisa, donde estuvo detenida durante tres meses. El 16 de julio fue acusada de varios delitos con arreglo al Código Penal somalí, entre ellos difundir noticias falsas y tendenciosas y desobedecer leyes. El Tribunal Regional de Maroodi Jeh, en Hargeisa, la declaró culpable y la condenó a un año de cárcel, pero la periodista quedó en libertad el 15 de agosto previo pago de una multa de 123.788 chelines somalíes (unos 217 dólares estadounidenses).
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