Información extraída de nuestro INFORME 2022/2023
Aunque disminuyeron las hostilidades, el conflicto en Siria continuó, al tiempo que se deterioraban las condiciones económicas y sociales. Las partes en el conflicto seguían cometiendo impunemente abusos flagrantes contra los derechos humanos, violaciones graves del derecho internacional humanitario y crímenes de derecho internacional, incluidos crímenes de guerra. Tanto las fuerzas gubernamentales como los grupos armados de oposición y sus aliados llevaron a cabo ataques ilegítimos contra la población civil y contra infraestructuras civiles —como plantas de abastecimiento de agua y campos para personas desplazadas— mediante bombardeos aéreos y de artillería en el norte de Siria. Las autoridades gubernamentales, el Ejército Nacional Sirio y la Administración Autónoma del Norte y Este de Siria (en adelante, Administración Autónoma) sometieron a civiles a detención arbitraria, secuestro y desaparición forzada. El presidente Al Assad promulgó la primera ley de Siria contra la tortura, que no abordaba la impunidad ni resarcía a las víctimas y sus familias, y ratificó una nueva ley sobre ciberdelincuencia que tipificaba como delito las críticas a las autoridades o a la Constitución en Internet. El grupo armado de oposición Hayat Tahrir al Sham y la Administración Autónoma continuaron imponiendo restricciones a la libertad de expresión y de reunión. El gobierno siguió impidiendo que residentes y personas internamente desplazadas en el noroeste de Siria pudieran disfrutar de sus derechos económicos y sociales, llegando incluso a obstaculizar la ayuda humanitaria a las personas desplazadas en el campo de Al Rukban, cerca de la frontera con Jordania.
Información general
En febrero, cientos de personas protestaron en Sweida, ciudad de mayoría drusa del sudoeste de Siria, contra el continuo deterioro de las condiciones de vida. A lo largo del año, el profesorado del noroeste de Siria, zona controlada por Hayat Tahrir al Sham, protestó contra los bajos salarios y exigió sueldos para quienes llevaban largo tiempo realizando tareas docentes con carácter voluntario.
En febrero, la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ) informó de que había “motivos razonables” para creer que el gobierno sirio había efectuado un ataque con cloro en Kafer Zita, localidad de la gobernación de Hama, en 2016. El 30 de marzo, Rusia vetó en el Consejo de Seguridad de la ONU una resolución patrocinada por Estados Unidos que hubiera permitido a los inspectores de la OPAQ determinar la responsabilidad de los ataques con armas químicas perpetrados en Siria.
En abril, el Programa Mundial de Alimentos calculó que el 55% de la población siria estaba en situación de inseguridad alimentaria. Las condiciones económicas y sociales se deterioraron en todo el país, y se determinó que 14,1 millones de personas necesitaban ayuda humanitaria para conseguir alimentos, agua y saneamiento, servicios de salud, educación y vivienda.
El 10 de mayo, la Unión Europea y otros donantes internacionales sólo se comprometieron a aportar 6.700 de los 10.500 millones de dólares estadounidenses necesarios para ayudar a estos 14,1 millones de personas.
El 27 de julio, la Administración Autónoma dijo que había encontrado una fosa común en la que había al menos 29 cadáveres de personas que podrían haber sido asesinadas por el Estado Islámico cuando el grupo armado controlaba la zona.
El 10 de septiembre, el Ministerio de Salud declaró un brote de cólera en seis gobernaciones, entre ellas Alepo y Deir ez Zor.
En octubre, una investigación de Associated Press reveló denuncias de mala gestión y corrupción contra la representante de la OMS en Siria. Según las pruebas obtenidas, la representante “se comportó de forma abusiva, presionó al personal de la OMS para que firmara contratos con representantes políticos de alto nivel del gobierno sirio y malgastó fondos de la OMS y de donantes de forma continuada”. La OMS informó de que se estaba llevando a cabo una investigación interna.
Israel siguió lanzando ataques aéreos contra fuerzas del gobierno sirio, iraníes y de Hezbolá en Siria. En junio se cumplieron 55 años de la ocupación israelí de los Altos del Golán.
Ataques ilegítimos
Las partes beligerantes y sus aliados siguieron llevando a cabo ataques terrestres y aéreos ilegítimos contra población e infraestructuras civiles en el norte de Siria, matando e hiriendo a decenas de personas.
El gobierno sirio y su aliada Rusia
El gobierno sirio, apoyado por fuerzas gubernamentales rusas, lanzó ataques indiscriminados y ataques directos contra plantas de abastecimiento de agua, campos para personas desplazadas, granjas avícolas y zonas residenciales del noroeste de Siria. El 6 de noviembre lanzaron una serie de ataques aéreos y de artillería sobre un bosque próximo a los campos para personas desplazadas de Kafr Jallis, en el noroeste, causando la muerte de cuatro personas internamente desplazadas —tres menores y una mujer— e hiriendo a más de 70 civiles.
Según la Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre la situación en la República Árabe Siria (en adelante, Comisión de Investigación de la ONU), el gobierno sirio y Rusia lanzaron múltiples ataques aéreos y terrestres contra civiles y bienes de carácter civil en el nordeste. El 2 de enero, un ataque aéreo a la planta de abastecimiento de agua de Arashani, que daba servicio a la ciudad de Idlib, causó heridas a un civil y provocó el corte temporal del suministro de agua al menos a 300.000 personas. El 3 de enero y el 12 de mayo, en los ataques aéreos contra dos granjas avícolas de la gobernación de Idlib resultaron heridos una mujer y su hijo de ocho años, y un hombre, respectivamente. El informe añadía que había “motivos razonables” para creer que las fuerzas progubernamentales habían “tomado intencionadamente como blanco bienes indispensables para la supervivencia de la población”.
Grupos armados de oposición sirios y su aliada Turquía
Grupos armados de oposición sirios y su aliada Turquía llevaron a cabo ataques indiscriminados, incluidos ataques con drones y ataques terrestres, que alcanzaron zonas residenciales, una escuela y un campo para personas desplazadas en el norte de Siria.
El 24 de febrero, un ataque con drones del gobierno turco dirigido contra un objetivo militar cayó cerca de un autobús civil en la carretera de Amuda Qamishli, en el nordeste de Siria. Al menos cuatro civiles —tres mujeres y un hombre— resultaron heridos en el ataque.
Según la Comisión de Investigación de la ONU, era probable que se hubieran utilizado ametralladoras pesadas en áreas ocupadas por Turquía y controladas por el Ejército Nacional Sirio en un ataque contra una escuela de un pueblo cercano a Afrín, localidad del norte de Siria, en el que resultaron heridos 11 escolares de entre 6 y 12 años.
Detención arbitraria y desapariciones forzadas
Gobierno sirio
El gobierno continuaba sometiendo a desaparición forzada a decenas de miles de personas —entre ellas periodistas, defensores y defensoras de los derechos humanos, profesionales de la abogacía y personas dedicadas al activismo político—, en muchos casos desde hacía más de 10 años.
En febrero y abril, las autoridades revelaron parcialmente la suerte que habían corrido unas 1.056 personas sometidas a desaparición forzada desde el inicio del conflicto, al actualizar los documentos del registro civil y expedir certificados de defunción. En éstos se indicaba la fecha del fallecimiento, pero no se revelaban sus circunstancias. Las autoridades no devolvieron los cadáveres a sus familias.
El 30 de abril, el presidente Al Assad emitió el Decreto Legislativo núm. 7, por el que se concedía una amnistía general para los delitos de “terrorismo”, salvo los que hubieran causado muertes. Las autoridades no anunciaron el número de personas que quedaron en libertad como consecuencia de esta medida, pero las organizaciones locales calculaban que ascendía al menos a 150.
Administración Autónoma
La Administración Autónoma mantenía recluidas ilegítimamente a unas 17.000 mujeres y 37.000 niños y niñas sirios, iraquíes y de otras nacionalidades en los campos de Al Hol y Al Roj, en el nordeste del país, en condiciones precarias y sin acceso a garantías procesales. El 7 de febrero, la Asayish, fuerza policial de la Administración Autónoma, abrió fuego en el campo de Al Hol, lo que causó la muerte de al menos un menor e hirió a tres mujeres y a otros tres menores.1
El 20 de enero, cientos de menores recluidos en la prisión de Ghwairan, un centro de detención para personas adultas situado en Hasake, estuvieron atrapados 10 días, con acceso limitado a comida y asistencia médica, durante el fuego cruzado entre el brazo militar de la Administración Autónoma, las Fuerzas Democráticas Sirias y el Estado Islámico. Se seguía recluyendo a menores en centros de detención en pésimas condiciones, lo que violaba la Convención sobre los Derechos del Niño.
Ejército Nacional Sirio apoyado por Turquía
En julio, Hevdesti Synergy, asociación en favor de las víctimas del norte de Siria, informó de la detención de 79 personas llevada a cabo por el Ejército Nacional Sirio y grupos armados afines en Afrín, Ras al Ain y Tall Abyad —zonas ocupadas por Turquía— bien por su presunta vinculación con la Administración Autónoma, por intentar cruzar a Turquía de forma irregular, por ser kurdas o bien con fines de extorsión. Trece de ellas fueron puestas en libertad, mientras que la suerte y el paradero de las demás seguían sin conocerse.
En agosto, la organización Sirios por la Verdad y la Justicia (STJ por sus siglas en inglés), documentó la detención de 311 personas en Afrín —localidad predominantemente kurda del norte de Siria— durante los seis primeros meses del año, a causa de su origen étnico o para exigir un rescate. De ellas, 282 fueron puestas en libertad.
Según la Comisión de Investigación de la ONU, el Ejército Nacional Sirio mantenía incomunicadas a las personas detenidas entre tres meses y tres años, les prohibía el acceso a asistencia letrada y amenazaba o detenía a sus familiares por preguntar sobre su suerte o paradero, o sólo les permitía tener contacto si pagaban sobornos.
Tortura y otros malos tratos
El 30 de marzo, el presidente Al Assad promulgó la primera ley de la historia de Siria que tipificaba como delito la tortura (Ley núm. 16/2022), pero se trataba de una ley que no abordaba la impunidad concedida a los agentes militares y de seguridad, no ofrecía resarcimiento a quienes habían sido víctimas de tortura en el pasado, no incluía ninguna medida de protección para testigos o supervivientes de tortura ni tampoco establecía si las personas supervivientes de tortura o, en caso de fallecimiento, sus familias, recibirían indemnización.2
Según la Comisión de Investigación de la ONU, las autoridades gubernamentales sirias siguieron sometiendo a las personas detenidas a tortura y otros malos tratos, como “descargas eléctricas, quemaduras en diversas partes del cuerpo, introducción forzada del cuerpo en un neumático de automóvil (dulab) y suspensión de una o dos extremidades durante períodos prolongados (shabeh), a menudo combinados con fuertes golpes con diversos instrumentos, como palos o cables”.
Libertad de expresión, reunión y asociación
Gobierno sirio
En abril, ante el aumento de las críticas a las políticas socioeconómicas del gobierno, se aprobó una nueva ley sobre ciberdelincuencia que imponía duras condenas y multas a cualquier persona que criticara a las autoridades o la Constitución en Internet. Los artículos 24 y 25 de la nueva ley tipificaban como delito la “cibercalumnia”, que se definía como el intercambio entre dos personas, incluso en comunicaciones privadas, de información calumniosa o humillante sobre terceros, con multas más severas y penas de prisión si se trataba de un empleado público. Los artículos 27, 28 y 29 establecían penas de entre 3 y 15 años de prisión por publicar en Internet contenidos que “t[uvier]an como objetivo o solicit[ara]n cambiar la Constitución ilegalmente”, “atent[ara]n contra el prestigio del Estado” o “socav[ara]n la situación financiera del Estado”.
En junio, el ministro del Interior declaró que se había detenido a 11 personas en virtud de la ley sobre ciberdelincuencia por difundir “información falsa” en Facebook.
Hayat Tahrir al Sham
Hayat Tahrir al Sham continuó reprimiendo la libertad de expresión al someter a periodistas, activistas o cualquier persona que criticara su régimen a detención arbitraria sin acceso a asistencia letrada ni contacto con familiares.
Las organizaciones locales comunicaron a Amnistía Internacional que el grupo había restringido algunas de las actividades de las organizaciones humanitarias o las había obligado a coordinarse con él, lo que provocó que los donantes retiraran su financiación temporalmente o la interrumpieran.
Administración Autónoma
En enero, las Fuerzas Especiales de Disuasión abrieron fuego contra un grupo de personas que protestaban por el deterioro de las condiciones económicas y por la falta de acceso a servicios esenciales en la gobernación de Raqqa. Al menos 50 personas resultaron heridas.
El 5 de febrero, la Administración Autónoma suspendió la licencia de Rudaw Media Network, una cadena de noticias con sede en la región del Kurdistán de Irak, en el nordeste de Siria, acusándola de difundir desinformación e incitar al odio.
Derecho a verdad, justicia y reparación
Algunos países europeos investigaron y procesaron en sus tribunales nacionales, bajo el principio de jurisdicción universal, a individuos sospechosos de cometer crímenes de derecho internacional en Siria.
El 13 de enero, el Tribunal Regional Superior de Coblenza (Alemania) condenó a un exagente de inteligencia sirio a cadena perpetua por crímenes contra la humanidad.
El 19 de enero, el juicio contra un médico acusado de cometer crímenes contra la humanidad —entre los que figuraban 18 cargos de tortura y homicidio de personas detenidas en hospitales militares de Damasco, la capital, y Homs entre 2011 y 2012— comenzó en Fráncfort (Alemania) bajo el principio de jurisdicción universal. La policía alemana lo había detenido en junio de 2020.
El 4 de abril, el Tribunal de Apelación de París (Francia) falló a favor de procesar a Islam Alloush, exdirigente de un grupo armado de la oposición en la gobernación de Damasco Rural, por cometer crímenes de guerra, entre ellos tortura. Había sido detenido en París en 2020.
Derechos económicos y sociales
El número de personas internamente desplazadas en Siria se elevó a 6,9 millones. De los cerca de 4 millones de personas que vivían en el noroeste de Siria, región controlada por grupos armados de la oposición, 2,8 millones eran personas internamente desplazadas. El gobierno siguió negando y obstaculizando su acceso a servicios esenciales.3 Como consecuencia de ello, la población de la región dependía totalmente de la ayuda humanitaria coordinada por la ONU y proporcionada a través del mecanismo de ayuda transfronteriza, que el Consejo de Seguridad de la ONU renovó en julio por 6 meses después de que Rusia vetara una prórroga de 12 meses.
Del total de la población desplazada en el noroeste de Siria, aproximadamente 1,7 millones —de los cuales el 58% eran niños y niñas y, el 22%, mujeres— vivían en campos de desplazados; la inmensa mayoría, en jaimas que apenas ofrecían intimidad ni protección contra el calor extremo, el frío o la lluvia. Su acceso al agua, el saneamiento y la atención sanitaria era limitado o inexistente. Sólo el 40% de las personas que residían en campos tenían acceso a letrinas que funcionaban correctamente.
Las necesidades domésticas de agua para beber, cocinar y mantener la higiene personal no estaban cubiertas; las personas que vivían en los campos dependían por completo de las organizaciones humanitarias para llenar los depósitos de agua.
Más de 8.000 personas sirias desplazadas en el campo de Al Rukban, ubicado en una zona aislada y desértica de la frontera con Jordania conocida como “la berma”, sufrían terribles condiciones de vida porque el gobierno sirio impedía un año más la entrada de ayuda esencial, como alimentos, agua y suministros médicos.
Altos del Golán ocupados
Los Altos del Golán seguían bajo la ocupación y la anexión ilegal de Israel. El número de colonos israelíes judíos que vivían en 35 asentamientos ilegales en los Altos del Golán —29.000— superaba el total de sus habitantes sirios, que se cifraba en 28.000, según Al Marsad, ONG siria de derechos humanos con sede en los Altos del Golán. En julio, el Consejo Nacional de Planificación y Construcción de Israel aprobó dos nuevos asentamientos, cada uno de ellos con 2.000 viviendas, como parte del plan gubernamental de 293 millones de dólares estadounidenses, anunciado en diciembre de 2021, para duplicar el número de colonos judíos en los Altos del Golán. Mientras tanto, la población siria sufría discriminación en materia de vivienda y distribución de recursos naturales como el agua.
Derechos de las personas refugiadas
Al finalizar 2022, un total de 5,6 millones de personas de Siria habían buscado refugio fuera del país desde el inicio del conflicto en 2011.
En el vecino Líbano, el deterioro de la situación económica y las políticas restrictivas impuestas por las autoridades siguieron abocando a las personas refugiadas a retornar a Siria, donde algunas se enfrentaron a detenciones, tortura y otros malos tratos, así como desapariciones forzadas (véase el apartado sobre Líbano). Entre febrero y julio, las autoridades turcas detuvieron arbitrariamente, recluyeron y devolvieron de forma ilegítima a cientos de hombres y niños refugiados sirios (véase el apartado sobre Turquía).
Actuación deficiente contra la crisis climática
El gobierno no estableció una contribución determinada a nivel nacional. No se hizo pública información según la cual se hubieran realizado avances desde que el gobierno se comprometiera en 2018 a aumentar la proporción de energía renovable hasta el 10% de la producción de electricidad con el umbral de 2030 si los donantes internacionales daban su apoyo.
- Siria: Los disparos mortales contra un menor en el campo de Al Hol deben ser una llamada a la acción internacional, 8 de febrero
- Siria: La nueva ley contra la tortura “blanquea” las violaciones de derechos humanos cometidas durante decenios, 31 de marzo
- Syria: ‘Unbearable Living Conditions’: Inadequate Access to Economic and Social Rights in Displacement Camps in North-West Syria, 5 de julio
República Árabe Siria
Jefe del Estado: Bashar al Assad
Jefe del gobierno: Hussein Arnous
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