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Sèrbia

Información extraída de nuestro Informe 2017/18

Continuó la impunidad por crímenes de derecho internacional. Las campañas de difamación realizadas por cargos públicos y medios de comunicación cercanos al gobierno crearon un ambiente tóxico para el activismo en favor de la justicia transicional y los medios de comunicación independientes.

Tras las elecciones presidenciales de abril, que ganó el partido gobernante, se celebraron manifestaciones multitudinarias contra la corrupción electoral y la parcialidad de los medios de comunicación. Se nombraba cada vez más para cargos influyentes a exdirigentes militares serbios liberados tras cumplir condenas impuestas por el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia. En diciembre, a pesar de haberse pronunciado el Comité de la ONU contra la Tortura en contra de su extradición, Serbia devolvió al activista kurdo Cevdet Ayaz a Turquía, donde era seguro que sería encarcelado.

En noviembre, Ratko Mladić, ex jefe del Estado Mayor del Ejército de la República Srpska, fue declarado culpable y condenado a cadena perpetua por el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia por genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra cometidos en Bosnia y Herzegovina. En agosto, el Tribunal de Apelación absolvió a 10 personas acusadas de haber ocultado a Ratko Mladić, detenido en Serbia en 2011.

En mayo Snežana Stanojković fue elegida fiscal jefe de Crímenes de Guerra. La Sala Especial de Crímenes de Guerra sólo concluyó tres procesamientos, todos ellos con absolución. Continuó el nuevo juicio de exsoldados contra quienes se habían dictado actas de acusación por crímenes de guerra cometidos en Kosovo, entre ellas la primera dictada por violación.

En julio se suspendió el juicio de ocho expolicías especiales serbobosnios —acusados de matar a 1.313 civiles bosniacos cerca de Srebrenica en julio de 1995—, porque el acta de acusación formal, de 2016, se había presentado sin que hubiera fiscal jefe. El acta de acusación se readmitió en apelación, y en noviembre comenzó de nuevo el juicio. En octubre, el Tribunal de Apelación desestimó por el mismo motivo los cargos contra cinco exparamilitares serbobosnios contra quienes se había dictado acta de acusación formal por el secuestro, en febrero de 1993, de 20 personas en un tren en la estación de Štrpci, en Bosnia y Herzegovina, y su asesinato.

Se negaba el reconocimiento como víctimas civiles de la guerra a los familiares de las personas desaparecidas si éstas habían muerto fuera de Serbia.

En mayo, familiares de serbios de Kosovo desaparecidos pidieron al gobierno avances en la recuperación de sus cuerpos. No hubo progresos para llevar ante la justicia a los responsables del traslado de cadáveres de albanokosovares a Serbia y su posterior enterramiento allí en 1999.

Las ONG a favor de la justicia transicional fueron atacadas por altos cargos públicos, entre ellos Aleksandar Vučić, y por medios de comunicación afines al gobierno, así como en las redes sociales. En enero, personas no identificadas dejaron bolsas con billetes falsos en la oficina de la Iniciativa Juvenil por los Derechos Humanos junto con mensajes en los que se acusaba a sus miembros de ser “mercenarios extranjeros”. También en enero, se agredió físicamente a activistas de esta ONG durante una reunión del partido gobernante en la que participaba como orador Veselin Sljivančanin, condenado por crímenes de guerra cometidos en Croacia.

Ministros y medios de comunicación próximos al gobierno sometieron a periodistas de investigación a campañas de difamación. El personal de seguridad privada del partido gobernante agredió a seis periodistas que informaban sobre las manifestaciones que se celebraron el 31 de mayo durante la toma de posesión del presidente. En julio recibieron amenazas de muerte periodistas que trabajaban para la Red de Investigación sobre Delincuencia y Corrupción (KRIK) y fue allanado el apartamento de la periodista de investigación Dragana Pećo. En septiembre, el partido político del ministro de Defensa acusó a Stevan Dojčinović, redactor jefe de KRIK, de ser un drogadicto y estar pagado por extranjeros después de que KIRK investigara las propiedades del ministro.

Hubo quien celebró como un avance el nombramiento de Ana Brnabić, lesbiana, como primera ministra y su presencia en el desfile del Orgullo en Belgrado, la capital, en septiembre. Sin embargo, las autoridades no protegían contra la discriminación, las amenazas y las agresiones físicas a las organizaciones y las personas LGBTI. En abril, el Comité de Derechos Humanos de la ONU instó a Serbia a aplicar de manera efectiva la legislación sobre crímenes de odio y a introducir un procedimiento para el reconocimiento legal de la identidad de género que fuera compatible con las normas internacionales.

En Belgrado había familias romaníes que continuaban viviendo en asentamientos informales. Se les negaba el acceso a derechos sociales y económicos, en especial los relativos a la salud, la educación, el agua y el saneamiento, y corrían peligro de desalojo forzoso. De las más de 100 familias romaníes desalojadas forzosamente en 2012, unas 44 seguían viviendo en contenedores a la espera de ser reasentadas; no estaba previsto acabar los apartamentos planificados para 22 de ellas hasta febrero de 2019; en noviembre, dos de las restantes, que estaba previsto trasladar a pueblos situados al norte de Belgrado, habían sido realojadas.

Las personas romaníes continuaban expuestas a sufrir malos tratos policiales. En abril, una pareja romaní, que denunció que le habían robado el automóvil, fue detenida durante 13 horas por la policía, privada de acceso a un abogado, sometida a tratos brutales y amenazada con medidas como llevar a sus hijos a un orfanato.

Las personas refugiadas y migrantes estaban atrapadas en el país: las que intentaban entrar en la UE por Hungría y Croacia eran devueltas de forma repetida y con violencia a Serbia.

En enero, hasta 1.800 personas refugiadas y migrantes seguían viviendo en almacenes abandonados, a menudo a temperaturas bajo cero. En mayo todas habían sido desalojadas y trasladadas a centros del gobierno, donde soportaban condiciones inadecuadas y hacinamiento. Los obstáculos y retrasos para registrar, entrevistar y proporcionar documentos de identificación a las personas solicitantes de asilo eran continuos. En agosto, de un total de 151 solicitudes de asilo recibidas se habían aceptado 2 y rechazado 28; 121 estaban pendientes de tramitación.

La UE negoció un acuerdo con Serbia que permitía a la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex) operar dentro del país.

En mayo, Serbia adoptó el 18 de mayo como Día del Recuerdo de las mujeres asesinadas por sus maridos o parejas. En julio, las organizaciones de mujeres protestaron contra las autoridades por no haber protegido a dos mujeres y al hijo de una de ellas, a quienes sus exmaridos habían asesinado en sendos incidentes en el Centro de Trabajo Social de Belgrado. En noviembre, Serbia ratificó el Convenio del Consejo de Europa sobre Prevención y Lucha contra la Violencia contra las Mujeres y la Violencia Doméstica (Convenio de Estambul).

Crímenes de derecho internacional

En virtud de una legislación de 2014, las competencias de la misión policial y judicial de la UE (EULEX) para el enjuiciamiento de crímenes de derecho internacional eran limitadas, aunque continuaron algunos enjuiciamientos. La inexistencia de un acuerdo entre Kosovo y Serbia sobre asistencia jurídica mutua obstaculizó el enjuiciamiento de serbios sospechosos de crímenes de derecho internacional cometidos durante los conflictos armados de 1998 y 1999, incluida violencia sexual relacionada con los conflictos.

Estaba previsto transferir cientos de casos sin resolver a la Fiscalía Especial de Kosovo antes de junio de 2018. Fiscales, ONG y sobrevivientes de violencia sexual relacionada con los conflictos expresaron preocupación por que no se hubiesen investigado con prontitud ni adecuadamente testimonios que se sabía que había reunido la Misión de Administración Provisional de la ONU en Kosovo (UNMIK) tras el conflicto armado. En junio, se negó a la expresidenta Atifete Jahjagala la entrada a Serbia, donde iba a presentar un libro con testimonios de sobrevivientes de violencia sexual relacionada con los conflictos.

Reparación

Se avanzó en la aplicación de la legislación introducida en 2014, que proporcionaba reparación a sobrevivientes de violencia sexual relacionada con los conflictos. Se nombró una comisión para estudiar las solicitudes de sobrevivientes, quienes podrían solicitar pagos mensuales en concepto deindemnización a partir de enero de 2018. Otras medidas de reparación no cumplían las normas internacionales al no ofrecer a las personas sobrevivientes atención médica gratuita ni rehabilitación adecuada. El estigma asociado a las violaciones cometidas durante la guerra continuaba pesando sobre quienes habían sobrevivido a ellas.

Desapariciones forzadas

Apenas se avanzó en la localización de personas en paradero desconocido desde el conflicto armado o el periodo inmediatamente posterior. Entre los pocos restos que se recuperaron estaba el cadáver de un hombre enterrado por unos campesinos albaneses que lo habían encontrado en un río, arrastrado por la corriente desde Kosovo; fue exhumado en septiembre. Unas 1.658 personas continuaban desaparecidas.

El 28 de junio se inauguraron en La Haya las Salas Especiales para Kosovo, establecidas para investigar los presuntos secuestros, torturas y asesinatos de serbios de Kosovo yalgunos albanokosovares trasladados a Albania por miembros del Ejército de Liberación de Kosovo durante y después de la guerra. En diciembre, los miembros del Parlamento se abstuvieron de revocar la ley que regulaba las Salas Especiales, que consideraban discriminatoria con el Ejército de Liberación de Kosovo.

Reclusión

En mayo se negó al Centro de Rehabilitación de Víctimas de Tortura en Kosovo, autorizado a supervisar el trato que recibían las personas detenidas, el acceso a los hospitales penitenciarios después de que la gestión de éstos fuera transferida al Ministerio de Salud. Algunas personas detenidas permanecían recluidas largos periodos antes y durante el juicio; en un caso, el acusado estuvo detenido más de 31 meses, lo que constituía una violación del Código de Procedimiento Penal. El Ministerio de Justicia no pudo explicar la muerte bajo custodia de Astrit Dehari, miembro del partido de oposición Vetëvendosje, en noviembre de 2016.

Libertad de expresión

En octubre se celebró el primer desfile del Orgullo con apoyo gubernamental. Tras las graves amenazas que recibió una persona que habló sobre los derechos de las personas transgénero durante el desfile, se abrieron investigaciones por presuntos crímenes de odio.

La Asociación de Periodistas de Kosovo denunció un aumento de los ataques, especialmente contra periodistas de investigación.

Derecho a la salud

En mayo, el secretario general de la ONU acordó establecer un fondo fiduciario de contribuciones voluntarias, pero rechazó pagar una indemnización, pedir perdón o asumir alguna responsabilidad —como había recomendado en 2016 el Grupo Consultivo de Derechos Humanos de la Misión de Administración Provisional de la ONU en Kosovo (UNMIK)— por la intoxicación con plomo de 138 personas romaníes, egipcianas y ashkalíes que habían sido reubicadas por la UNMIK en unos campos para personas internamente desplazadas en el norte de Kosovo en 1999. Según el Grupo Consultivo, se habían violado los derechos a la vida, a la salud y a la no discriminación de las 138 personas internamente desplazadas, que habían sufrido la intoxicación y otros problemas de salud, como convulsiones, problemas renales y pérdida de memoria, tras ser reubicadas en los campos, en tierras cuya contaminación era conocida.

Violencia contra mujeres y niñas

En abril se presentó una estrategia nacional para la protección contra la violencia intrafamiliar. En mayo, la ley sobre indemnización a las víctimas de delitos se hizo extensiva a las víctimas de violencia intrafamiliar, trata, violación y abusos sexuales a menores. Sin embargo, pocas víctimas recibieron protección adecuada de las autoridades.

República de Serbia (incluida Kosovo)
Jefe del Estado: Aleksandar Vučić (sustituyó a Tomislav Nikolić en mayo)
Jefa del gobierno: Ana Brnabić (sustituyó a Aleksandar Vučić en junio)