Información extraída de nuestro INFORME 2022/2023
Las amenazas contra periodistas y medios de comunicación independientes y los procesamientos civiles insidiosos ponían en peligro la libertad de los medios de comunicación. Procesamientos similares afectaron a activistas ambientales que, además, hicieron frente al uso excesivo de la fuerza por parte de la policía en protestas. La nueva ley de asistencia social discriminaba a las comunidades minoritarias. Llegaba a Serbia un número cada vez mayor de personas refugiadas y migrantes.
Información general
El presidente Vučić fue reelegido en abril, pero el nuevo Parlamento no se constituyó hasta septiembre. Serbia hizo malabares para conciliar sus aspiraciones de adhesión a la Unión Europea con sus relaciones con China y Rusia basadas en la inversión.
En agosto, en negociaciones promovidas por la Unión Europea, se cerró un acuerdo entre Serbia y Kosovo que permitía la libre circulación transfronteriza en condiciones de igualdad. En noviembre, personas serbias de Kosovo que trabajaban en instituciones de Kosovo habían dimitido como protesta por la cuestión de las matrículas. Las tensiones aumentaron en diciembre, cuando personas serbias de Kosovo levantaron barricadas, grupos ultraderechistas se manifestaron mostrando su apoyo en Belgrado y el presidente Vučić pidió que el ejército serbio volviera a la frontera. A raíz de la presión internacional, las personas serbias de Kosovo desmantelaron las barricadas el 29 de diciembre, aunque la tensión política continuó.
Derecho a verdad, justicia y reparación
Serbia continuó dispensando honores y ascendiendo a criminales de guerra condenados y seguía sin enjuiciar a altos mandos militares ni abordar 1.731 casos que todavía estaban en la fase previa a la instrucción. Los juicios de crímenes de guerra en el Tribunal de Distrito de Belgrado avanzaban con lentitud. En julio, un exparamilitar serbio testificó contra 11 miembros de la Unidad 177 del Ejército Yugoslavo acusados de asesinar a 118 kosovares de origen albanés en Zahać/Zahaq, Ćuška/Qyshk, Pavlan/Plavljane y Ljubenić/Ljubeniq en mayo de 1999. Posteriormente solicitó la condición de testigo protegido.
En octubre, en el primer juicio en Serbia de un comandante serbobosnio, Milenko Živanović, exjefe del Cuerpo del Drina del Ejército de la República Srpska, negó haber ordenado la expulsión de civiles bosniacos de Srebrenica en julio de 1995.
En julio, la oficina en Belgrado de la ONG Mujeres de Negro fue rociada con pintura roja tras haber instado al gobierno a conmemorar oficialmente el genocidio de Srebrenica de 1995.
En agosto, seguía sin saberse nada de 1.621 personas de Kosovo desaparecidas o en paradero desconocido.
Libertad de expresión
En abril, la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa recalcó que se había producido un aumento de las amenazas violentas y las agresiones verbales contra profesionales de medios de comunicación, incluidas amenazas de muerte y acusaciones de ser mercenarios o traidores. Al concluir el año, la asociación de periodistas independientes NUNS había denunciado 107 ataques, amenazas e intentos de presionar a periodistas.
En junio, 14 empresas de televisión solicitaron licencias de emisión al Órgano Regulador de Medios de Comunicación Electrónicos; las 4 licencias disponibles se concedieron a canales afines al gobierno.
Periodistas independientes y medios de comunicación críticos con el gobierno continuaron recibiendo demandas estratégicas contra la participación pública presentadas por políticos y empresas por “daños a la reputación”, lo que creó un efecto inhibitorio en la libertad de los medios de comunicación. En noviembre, el fallo en una demanda contra la Red de Investigación sobre Delincuencia y Corrupción presentada por el director del servicio de seguridad Bratislav Gašić amenazó el derecho de los periodistas a informar sobre procesos judiciales.
Libertad de reunión
Activistas ambientales siguieron protestando contra las industrias extractivas en toda Serbia haciendo frente al exceso de celo de la actuación policial y a la amenaza de recibir demandas estratégicas contra la participación pública presentadas por las empresas afectadas.
En julio, durante una manifestación contra el plan de Novi Sad de construir un complejo residencial y empresarial junto al río Danubio, la policía detuvo a dos activistas ambientales. Un vídeo mostraba a guardias de seguridad privados obligando a un manifestante a tumbarse en el suelo e inmovilizándolo. Las protestas continuaron en octubre y la policía —sin identificación visible— volvió a hacer uso de fuerza excesiva.
En septiembre, dos manifestantes que protestaban contra las actividades mineras cercanas a Majdanpek resultaron heridos de gravedad tras pasar una noche recluidos en la comisaría de policía de Negotin sin acceso a asistencia letrada.
En diciembre, gracias a la significativa presión de la sociedad civil, el gobierno retiró el anteproyecto de Ley sobre Asuntos de Interior que pretendía introducir una vigilancia biométrica invasiva y limitar el derecho de reunión pacífica.
Tortura y otros malos tratos
En marzo, el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura y de las Penas o Tratos Inhumanos o Degradantes informó sobre su visita en 2021 a comisarias policiales y prisiones, poniendo de relieve los malos tratos constantes, en ocasiones constitutivos de tortura, y la ausencia de medidas efectivas para aplicar sus recomendaciones anteriores.
Violencia contra mujeres y niñas
Tras la muerte violenta de 4 mujeres, 3 de ellas a manos de familiares, entre el 21 de marzo y el 1 de abril, 61 ONG de mujeres instaron a las autoridades a aplicar de forma exhaustiva las medidas vigentes para proteger a las mujeres y prevenir la violencia contra ellas. Durante el año, al menos 21 mujeres fueron asesinadas por familiares. En octubre, mientras el presidente Vučić proponía penas más altas para los delitos de violación y violencia intrafamiliar, el Centro de Mujeres Autónomas instó a que se aplicara el Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica (Convenio de Estambul), ratificado por Serbia en 2013, y a que se adoptara su definición de violación, basada en el consentimiento.
Derechos de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI)
Belgrado albergó en septiembre el EuroPride 2022. En un primer momento, el Ministerio del Interior prohibió el desfile alegando motivos de seguridad, pero posteriormente permitió que se realizara una marcha breve y con una fuerte presencia policial. Algunas personas participantes, 4 equipos de prensa y varios agentes de policía fueron agredidos por contramanifestantes anti-LGBTI; según informes, 64 personas fueron arrestadas.1
Derechos económicos, sociales y culturales
La Ley sobre Tarjetas Sociales, que entró en vigor en mayo, introdujo un algoritmo para determinar si una persona tenía derecho a recibir asistencia social. Varias ONG recurrieron la Ley ante el Tribunal Constitucional alegando que la toma de decisiones mediante un algoritmo planteaba riesgos para los derechos humanos, como, por ejemplo, la recopilación de datos personales excesivos, una protección deficiente de la privacidad y consecuencias que podrían ser discriminatorias para los grupos minoritarios, en particular para las personas romaníes.2
Derechos de las personas refugiadas y migrantes
En septiembre, casi se había duplicado el número de personas que llegaba a los ya atestados centros para personas refugiadas y solicitantes de asilo, lo que sobrecargaba su capacidad insuficiente y planteaba riesgos para la salud, al tiempo que aumentaban los campos no oficiales y la ocupación de edificios. Se incrementó el número de mujeres solteras, familias y menores no acompañados.
En octubre, la policía irrumpió con violencia en campos no oficiales, inducida por el entonces ministro del Interior Aleksandar Vulin, que calificó de “escoria” y “delincuentes” a las personas migrantes, lo que fomentó el hostigamiento y la retórica contra ellas. Hungría devolvió sumariamente a miles de personas a Serbia mientras ésta ampliaba su valla en la frontera con Macedonia del Norte. En octubre, habían llegado a centros oficiales 84.512 personas; aunque 3.371 expresaron su interés en solicitar asilo, sólo lo pidieron 270. A 31 de diciembre, 27 personas habían recibido algún tipo de protección internacional.
Ecevit Piroğlu, activista político kurdo detenido en Serbia desde junio de 2021, seguía en peligro de ser extraditado a Turquía. Grupos internacionales de derechos humanos instaron a Serbia a concederle asilo, ya que en Turquía correría peligro de sufrir violaciones graves de derechos humanos, tales como tortura y detención arbitraria.
Trata de personas
En enero, la relatora especial de la ONU sobre la trata de personas expresó honda preocupación por las 402 personas migrantes vietnamitas que habían entrado en Serbia como objeto de trata para construir la fábrica de neumáticos de la empresa Shandong Linglong en Zrenjanin. Varias ONG habían documentado casos de trabajo forzoso, incluido trabajo cautivo, y condiciones laborales y de vida inseguras e insalubres.
Degradación ambiental
Aunque en enero el gobierno afirmó que había anulado los permisos de explotación de la empresa Rio Tinto de una mina de litio tras las protestas multitudinarias de 2021, organizaciones locales informaron de que en el valle del Jadar la actividad continuaba.
El deficiente sistema regulador de Serbia recibió críticas generalizadas por permitir a empresas de minería y transformación, sobre todo chinas y rusas, eludir unas protecciones ambientales inadecuadas, lo que podía causar daños irreversibles en el medioambiente.
República de Serbia
Jefe del Estado: Aleksandar Vučić
Jefa del gobierno: Ana Brnabić
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