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Romania

Información extraída de nuestro Informe 2017/18

Se presentaron leyes que concedían indultos y amnistías en casos de corrupción y conducta oficial indebida, lo que desencadenó protestas en todo el país. Instituciones europeas e internacionales criticaron el hacinamiento en las prisiones y las condiciones de detención deficientes. Se propusieron enmiendas a la ley reguladora de las organizaciones de la sociedad civil y las fundaciones. La población romaní seguía sufriendo discriminación.

En enero, decenas de miles de personas protestaron contra dos decretos de emergencia adoptados sin un debate sustancial por el gobierno recién formado. Estos proyectos de ley indultaban a personas condenadas por determinados delitos de corrupción y despenalizaban la conducta indebida de los funcionarios. Las instituciones nacionales, algunas embajadas extranjeras y la Comisión Europea criticaron las leyes, que fueron derogadas en febrero. En abril se presentó un nuevo proyecto de ley que concedía amnistías para las condenas inferiores a cinco años, incluidas las impuestas por corrupción, lo que desencadenó más protestas en todo el país durante el año. El proyecto de ley no se había aprobado al acabar 2017.

Se propusieron reformas de la ley que regulaba las ONG y las fundaciones para introducir obligaciones administrativas y económicas adicionales. Las ONG nacionales calificaron las nuevas medidas de arbitrarias, innecesarias e imprecisas. En diciembre, la Conferencia de ONG Internacionales del Consejo de Europa puso de relieve las deficiencias que presentaban desde el punto de vista del cumplimento de las normas y las buenas prácticas internacionales. Las propuestas, aprobadas por el Senado en noviembre, seguían pendientes en la Cámara de Diputados del Parlamento al final del año.

La propuesta de nueva Estrategia Nacional para la Vivienda continuaba pendiente.

En marzo, el Senado rechazó un anteproyecto de ley que pedía la derogación parcial de la Ley Antidiscriminación, por la que se había establecido el organismo nacional de igualdad. El anteproyecto fue presentado por un exparlamentario que en 2016 había sido multado por declaraciones homófobas.

En abril, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos presentó recomendaciones para reducir el hacinamiento en las prisiones en una “sentencia piloto” dictada contra Rumania y en la que imponía al Estado la obligación de solucionar las disfunciones estructurales señaladas en ella si no quería recibir sanciones.

En febrero, la Comisión Europea afirmó que el riesgo de vivir en la pobreza era casi tres veces mayor para las personas romaníes que para el resto de la población.

Derecho a la vivienda Y desalojos forzosos

Según las ONG, en septiembre, las autoridades locales amenazaron verbalmente con desalojar de un inmueble de propiedad pública a alrededor de 30 personas romaníes —la mitad de ellas niños y niñas— que vivían en la ciudad de Eforie Sud, en el departamento de Constanţa, . Estas personas ocupaban el edificio desde octubre de 2013, al haberse quedado sin hogar tras ser desalojadas forzosamente varias veces por las autoridades locales de un asentamiento en el que vivían desde hacía tiempo.

En mayo, cerca de 35 familias romaníes de los asentamientos informales de Pata Rât —situados a las afueras de Cluj-Napoc, cerca de un basurero y de un vertedero de residuos químicos— recibieron viviendas nuevas en barrios de la ciudad y en pueblos de los alrededores como parte de un proyecto de eliminación de la segregación impulsado por diversas partes interesadas. Alrededor de 20 de estas familias pertenecían a la comunidad de la calle Coastei de Cluj-Napoca, desalojada forzosamente en diciembre de 2010 por las autoridades locales. Las acciones judiciales emprendidas por la comunidad contra el municipio para impugnar el desalojo forzoso seguían pendientes ante los tribunales nacionales al final del año.

Derecho a la educación

Entró en vigor una nueva legislación, aprobada en diciembre de 2016 por el Ministerio de Educación Nacional e Investigación Científica, para prevenir, combatir y prohibir la segregación en la educación primaria y secundaria. Dos órdenes ministeriales establecieron una política pública contra la segregación en las escuelas por una amplia diversidad de motivos —como origen étnico, discapacidad y nivel socioeconómico de las familias— y su correspondiente plan de acción, cuya implementación estaba prevista para octubre.

La decisión del Senado sobre la celebración de un referéndum nacional con el fin de restringir la definición constitucional de “familia” de “matrimonio entre cónyuges” a “matrimonio entre un hombre y una mujer” seguía pendiente al final del año. La Coalición por la Familia, grupo formado por unas 30 asociaciones y fundaciones, llevaba promoviendo dicha restricción desde 2016.

El Tribunal Constitucional seguía estudiando el caso de una pareja homosexual que había solicitado que se reconociera su matrimonio, oficiado en Bélgica. El Tribunal había pedido al Tribunal de Justicia de la Unión Europea una decisión prejudicial sobre la interpretación armónica de la legislación de la UE relativa a la libertad de circulación y residencia para las parejas del mismo sexo.

La causa de Abd al Rahim al Nashiri, nacional saudí que estaba recluido en el centro de detención estadounidense de Guantánamo (Cuba), seguía pendiente ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Se había abierto contra Rumania en 2012 por denuncias de desaparición forzada y tortura de Abd al Rahim al Nashiri en un centro de detención secreto de la CIA en Bucarest, la capital, entre 2004 y 2006.

Las condiciones de vida en las instituciones de asistencia social y psiquiátricas para personas con discapacidad seguían siendo sumamente precarias. El mecanismo de vigilancia exigido por la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ratificada por Rumania en 2011, no estaba plenamente operativo al concluir el año.

En julio, el Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer recomendó ampliar la legislación existente para abordar todas las formas de violencia de género, fortalecer el acceso de las mujeres a la justicia y a las vías de recurso, recopilar datos desglosados y mejorar el acceso a los derechos y servicios de salud sexual y reproductiva.

En mayo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos advirtió que, a pesar de la legislación existente y de la estrategia nacional, no había suficiente compromiso por parte del gobierno para adoptar una acción adecuada con que prevenir y combatir la violencia intrafamiliar. El Tribunal también criticó el número limitado de refugios para mujeres víctimas de la violencia intrafamiliar que había en el país.

Rumania
Jefe del Estado: Klaus Iohannis
Jefe del gobierno: Mihai Tudose (sustituyó a Sorin Grindeanu en junio)