Información extraída de nuestro informe "La situación de los derechos humamos en el mundo", abril 2024

La población romaní continuó sufriendo segregación y discriminación sistémicas. La unión civil y el matrimonio entre personas del mismo sexo seguían sin estar reconocidos. Una nueva legislación podía restringir desproporcionadamente la libertad de reunión pacífica y de expresión. Aumentaron las denuncias de violencia de género en el ámbito familiar. Rumania no adoptó medidas adecuadas para descarbonizar su economía.

Información general

Durante el año se celebraron numerosas protestas sobre diversas cuestiones, por ejemplo, el derecho de la juventud a acceder a una educación inclusiva sin discriminación ni censura, los intentos de restringir el derecho de manifestación, los derechos de las mujeres, los bajos salarios del personal docente, la infrafinanciación de la educación y la necesidad de abordar la emergencia climática con la eliminación gradual de los combustibles fósiles. No se registraron incidentes significativos durante ninguna de ellas.

El historial de Rumania en materia de cumplimiento de sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos continuó estando entre los peores de la Unión Europea, según European Implementation Network y Democracy Reporting International.

Discriminación

La violencia policial contra la población romaní seguía estando muy extendida y los procedimientos para investigarla eran inadecuados. En marzo, un tribunal admitió una denuncia presentada por 2 hombres romaníes que habían sido torturados por la policía en 2021 en la ciudad de Tulcea. En agosto, con el apoyo de ONG, familiares de un joven que había muerto bajo custodia policial en la ciudad de Arad interpusieron una denuncia penal contra la policía rumana. El caso seguía pendiente al terminar el año.

En agosto, una mujer romaní sorda que estaba embarazada recibió un trato discriminatorio y negligente al negársele la atención médica en un hospital de la localidad de Urziceni por falta de instalaciones adecuadas. A consecuencia de ello, tuvo que dar a luz en el suelo, fuera del hospital. Se interpuso una denuncia penal contra el hospital y se presentó ante el Consejo Nacional para Combatir la Discriminación (CNCD) una petición que alegaba discriminación múltiple. El Ministerio de Salud condenó el incidente e inició una investigación.

En agosto, el CNCD concluyó que una escuela del condado de Vâlcea había discriminado indirectamente al alumnado romaní al establecer clases separadas en función de criterios étnicos y de residencia. A consecuencia de ello se impuso una multa a la escuela y se le dio un plazo de seis meses para remediar la situación.

En septiembre, el Consejo de Europa criticó que Rumania no protegía de manera efectiva a la población romaní de la discriminación y deploró los discursos de odio antirromaníes por parte de figuras políticas. También señaló que apenas se habían registrado avances tangibles para poner fin a la segregación en materia de educación y vivienda, ni a la hora de reducir la brecha entre las personas romaníes y el resto de la población en el acceso a atención médica, agua potable y saneamiento.

Derechos de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI)

En mayo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos resolvió en la causa Buhuceanu and others v. Romania que las familias formadas por parejas del mismo sexo necesitaban algún tipo de reconocimiento legal que les diera acceso igualitario a los derechos.

Tras el fallo, organizaciones de la sociedad civil instaron al gobierno a adoptar instrumentos de protección y reconocimiento legal adecuados para todas las familias, incluidas las conformadas por progenitores LGBTI. Sin embargo, al terminar el año seguían sin reconocerse las uniones y el matrimonio entre personas del mismo sexo.

Libertad de expresión y de reunión

En mayo, el Parlamento aprobó una propuesta legislativa que aumentaba las sanciones penales por delitos como el “ultraje” a autoridades públicas y la “perturbación del orden público y la paz”. Tales delitos carecían de claridad jurídica y restringían desproporcionadamente el derecho a la libertad de expresión y de reunión pacífica. En torno a 50 ONG habían expresado su preocupación sobre esta cuestión en una carta abierta cuando la propuesta se presentó en febrero. El presidente promulgó la ley en julio.

Violencia por motivos de género

Los organismos encargados de hacer cumplir la ley registraron un aumento de las denuncias de violencia de género intrafamiliar en comparación con 2022.

En febrero, un estudio nacional realizado por una ONG concluyó que, en comparación con lo que sucedía 20 años antes, la población desaprobaba cada vez más la violencia contra las mujeres. No obstante, una de cada 4 personas aceptaba que las mujeres no podían salir sin su pareja masculina y el 23%, que ésta podía prohibirle tener determinadas amistades. En torno al 19% de quienes participaron en el estudio consideraban “poco o nada grave” que una mujer fuera violada si había accedido a entrar en la casa de un hombre. Las mujeres no denunciaban los incidentes violentos porque temían por ellas o por sus hijos, por desconfianza hacia las autoridades, por falta de opciones de alojamiento alternativo y por vergüenza.

Derecho a un medioambiente saludable

Según un informe de Eurostat publicado en enero, Rumania seguía dependiendo de los combustibles fósiles, como el carbón, para el 72% de su suministro de energía. En abril comenzó una consulta sobre la estrategia a largo plazo del país para descarbonizar la economía antes de 2050. Las deficiencias en el cumplimiento de los compromisos de descarbonización adquiridos por Rumania recibieron criticas de ONG, que también denunciaron proyectos como la deforestación para permitir la explotación minera y la extracción de gas frente a las costas del mar Negro.