Información extraída de nuestro informe "La situación de los derechos humamos en el mundo", abril 2024

En un contexto de tensiones políticas y económicas crecientes, la población refugiada ucraniana fue objeto de discriminación, discursos de odio, hostigamiento y crímenes de odio. Los nuevos pasos dados para adoptar una definición de violación basada en el consentimiento fueron insuficientes. Continuó la segregación de facto de los niños y niñas romaníes en la educación. No estaba permitido el matrimonio igualitario para las parejas del mismo sexo. La esterilización seguía siendo un requisito para el reconocimiento legal de la identidad de género de las personas transgénero. Se descubrió que la policía estaba probando tecnología de reconocimiento facial. Las políticas enfocadas a la acción climática seguían siendo insuficientes.

Información general

En enero, como parte del proceso del Examen Periódico Universal, la República Checa se comprometió a mejorar los derechos de las parejas del mismo sexo, a adoptar una definición de violación basada en el consentimiento y a prohibir el castigo corporal infantil. Sin embargo, la aplicación de estos compromisos y de algunas sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos fue lenta o se estancó.

Derechos de las personas refugiadas y migrantes

Continuaban en el país unas 350.000 personas refugiadas ucranianas. En un contexto de recesión económica e inflación en alza, éstas sufrían discursos de odio, hostigamiento y crímenes de odio; en agosto, dos refugiadas ucranianas fueron agredidas violentamente en la localidad de Plasy debido a su nacionalidad.

La población refugiada ucraniana encontraba diversos obstáculos para su integración, incluidas barreras lingüísticas en los centros escolares. Muy pocos estudiantes se matriculaban en educación secundaria. Aunque la tasa de empleo de esta población era del 64%, la inmensa mayoría de los trabajos estaban mal pagados y eran de baja cualificación.

Violencia sexual y de género

La ratificación del Convenio del Consejo de Europa sobre Prevención y Lucha contra la Violencia contra las Mujeres y la Violencia Doméstica (Convenio de Estambul) fue objeto de debate en el Parlamento, pero se enfrentó al enérgico rechazo de figuras políticas del gobierno y la oposición, algunas de las cuales recurrieron a la desinformación.

El Ministerio de Justicia propuso una ley para introducir en el Código Penal una definición de violación basada en el consentimiento. El proyecto de ley estaba pendiente de la aprobación del Parlamento.

Aunque el Código Penal incluía la expresión “violencia doméstica”, no la definía. Estaba en proceso una reforma de los códigos Civil y Penal que al final del año no se había presentado al Parlamento.

Discriminación

Las obras del monumento conmemorativo del Holocausto romaní y sinti en el antiguo campo de concentración de Lety estaban a punto de concluir, y su inauguración estaba prevista para principios de 2024. En cambio, apenas se había avanzado en la adopción de medidas concretas para poner fin a la segregación de los niños y niñas romaníes que persistía en la práctica en la educación.

Derechos de las personas LGBTI

El Parlamento aprobó en primera lectura el proyecto de Ley del Matrimonio Igualitario. Sin embargo, también fue aprobada en primera lectura la reforma constitucional que definía el matrimonio como la unión de un hombre y una mujer, lo que generó incertidumbre respecto al futuro del derecho al matrimonio igualitario.

La esterilización seguía siendo un requisito legal para que las personas transgénero pudieran obtener el reconocimiento legal de su identidad de género a pesar de que una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 2017 establecía que este requisito vulneraba derechos humanos. El Código Penal continuaba sin reconocer como crimen de odio la violencia ejercida contra una persona por su orientación sexual o su identidad de género.

Derechos de la infancia

El ministro de Legislación formó un grupo de trabajo para el establecimiento del cargo de defensor de la Infancia, y anunció que su actividad comenzaría en 2024.

Los castigos corporales a menores seguían siendo legales. Estaba en proceso una reforma del Código Civil para calificar el castigo corporal de “inaceptable” pero sin hacerlo legalmente punible.

Derechos sexuales y reproductivos

La legislación que regulaba el acceso al aborto continuaba estando obsoleta. Muchos centros médicos rehusaban prestar servicios de aborto a ciudadanas de la UE no checas debido a que el Colegio Médico Checo afirmaba erróneamente que la ley no lo permitía, a pesar de que el Ministerio de Salud y la Oficina del Defensor del Pueblo desmintieron repetidamente esa afirmación.

Transferencias irresponsables de armas

La República Checa continuó exportando armas a Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos e Israel pese al riesgo sustancial de que fueran utilizadas para cometer violaciones graves del derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario.

Vigilancia masiva

El Ministerio del Interior revocó la decisión de la policía de no facilitar información sobre su uso secreto de software de reconocimiento facial. El Ministerio estaba esperando a que la policía facilitara la información o los motivos para no hacerlo.

Libertad de reunión pacífica

El tribunal municipal de Praga invalidó el intento del alcalde de restringir las marchas de protesta en una calle principal de la ciudad al resolver que la medida contravenía sin un motivo justificado el derecho a la libertad de reunión.

Derecho a un medioambiente saludable

El gobierno confirmó que sus objetivos eran eliminar gradualmente el uso del carbón antes de 2033 y alcanzar la neutralidad en carbono en 2050.

La República Checa no había adoptado aún una legislación climática jurídicamente vinculante dirigida a fijar objetivos específicos y aprobar medidas concretas contra el cambio climático.