República Dominicana

Información extraída de nuestro informe "La situación de los derechos humamos en el mundo", abril 2024.

La discriminación seguía siendo generalizada y estructural y afectaba especialmente a las personas haitianas y a las dominicanas de ascendencia haitiana. El Congreso no tomó medidas para proteger a las mujeres, los niños y niñas y las personas LGBTI contra la violencia de género y los crímenes de odio. Los agentes encargados de hacer cumplir la ley continuaban empleando fuerza excesiva.

Discriminación

La discriminación contra la población haitiana o de ascendencia haitiana y el racismo contra la población negra seguía persistiendo. Las mujeres y niñas, las personas LGBTI y la población migrante, solicitante de asilo y refugiada estaban especialmente expuestas a sufrirla.¹

Las mujeres embarazadas o en el periodo de posparto que solicitaban asistencia médica eran discriminadas si las autoridades consideraban que eran haitianas. Las autoridades de inmigración y los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley pasaban por los hospitales en busca de mujeres y niñas migrantes para detenerlas arbitrariamente y deportarlas.

En septiembre, siete mecanismos de derechos humanos de la ONU alertaron sobre el peligro de devolución (refoulement) y abusos contra los derechos humanos en relación con las medidas que afectaban a las mujeres embarazadas, y pidieron a las autoridades que separasen el control migratorio del acceso a los servicios públicos.

Privación arbitraria de la nacionalidad

Un decenio después de la sentencia del Tribunal Constitucional que privaba de forma retroactiva de su nacionalidad a miles de personas dominicanas de ascendencia haitiana, el gobierno seguía sin haber adoptado medidas suficientes para mitigar y reparar las violaciones de derechos humanos provocadas.² Las autoridades no cumplían la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 2014 sobre esa cuestión.

Al terminar el año, decenas de miles de personas seguían siendo apátridas y eran objeto de restricciones arbitrarias a su derecho a la personalidad jurídica, a un nombre y a una vida sin discriminación. La mayoría de ellas eran de ascendencia haitiana. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos instó al gobierno de República Dominicana a proporcionar apoyo a las personas apátridas para que regularizaran su situación y a abordar los efectos de la apatridia prolongada e intergeneracional.

Discriminación y violencia sexuales y de género

El aborto continuó estando prohibido en todas las circunstancias. El Congreso no reformó el Código Penal para proporcionar protección contra la tortura, la violencia y la discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género. El femicidio y los crímenes de odio no estaban tipificados como delitos.

El Comité de los Derechos del Niño, de la ONU, expresó su preocupación por la ausencia de una edad legal mínima de consentimiento sexual y el elevado número de casos de explotación y abusos sexuales de niños y niñas.

Uso excesivo de la fuerza

Se siguió denunciando el uso excesivo de la fuerza por parte de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y no se registraron avances en la lucha contra la impunidad por estos incidentes. En febrero, un niño de 12 años murió tras haber sufrido heridas de bala en una operación policial durante el carnaval de la ciudad de Santiago. Los testigos afirmaron que los agentes no le habían prestado primeros auxilios.

Libertad de expresión

Nuria Piera, destacada periodista especializada en corrupción e impunidad, fue atacada con el programa espía Pegasus de NSO Group, que permitía el acceso pleno y sin restricciones a los dispositivos.³ Fue el primer caso confirmado de uso de este software en el país, pero un análisis técnico reveló que el primer ataque contra los dispositivos de la periodista había tenido lugar en 2020. La Procuraduría General de la República y el Ministerio del Interior y Policía negaron haber participado en la vigilancia.