Información extraída de nuestro INFORME 2022/2023

Los miembros de la cámara legislativa siguieron sin presentar a debate una revisión del Código Penal que preveía despenalizar el aborto y brindar protección a las personas LGBTI. El presidente Abinader se comprometió a reformar la policía. Continuaron las denuncias de discriminación contra las personas haitianas y dominicanas de ascendencia haitiana, al tiempo que comenzó la construcción de un muro fronterizo con Haití.

Información general

Un informe de las ONG Participación Ciudadana y Transparencia Internacional concluyó que la opinión pública consideraba la delincuencia, el desempleo y la corrupción problemas sociales prioritarios.

En septiembre, en la Asamblea General de la ONU, las autoridades dominicanas pidieron a la comunidad internacional más apoyo para abordar el agravamiento de las crisis humanitaria y de derechos humanos de Haití. Ese mismo mes, el huracán Fiona azotó República Dominicana y causó el desplazamiento de centenares de personas y cortes de electricidad.

Discriminación y violencia sexuales y de género

El Congreso siguió sin presentar a debate una revisión del Código Penal que preveía la despenalización del aborto y la protección frente a la tortura, la violencia y la discriminación basadas en la orientación sexual o la identidad de género.

Uso excesivo de la fuerza

En mayo, la muerte de un hombre bajo custodia policial tras recibir una paliza reavivó las peticiones en favor de una reforma de la policía para abordar las denuncias constantes de uso excesivo de la fuerza por parte de los organismos encargados de hacer cumplir la ley. La policía recomendó posteriormente el cese de cinco agentes relacionados con esa muerte, según informaron los medios de comunicación.

En agosto, el presidente Abinader declaró que su gobierno llevaría a cabo la reforma de la policía “c[ostas]e lo que c[ostas]e” y se comprometió a ofrecer formación continua y especializada a decenas de miles de policías. El anuncio sucedía a los indicios recopilados durante más de un decenio sobre la tortura y otros malos tratos que la policía infligía de manera habitual a hombres jóvenes, trabajadoras y trabajadores sexuales y otras personas de comunidades marginadas.

Discriminación

En febrero comenzó la construcción de un muro fronterizo con Haití que, según sostenían las autoridades dominicanas, reduciría el crimen organizado y la inmigración irregular. Las organizaciones de derechos humanos señalaron que el muro únicamente agravaría la xenofobia y la discriminación históricamente arraigada, y que limitaría las rutas seguras para las personas haitianas que solicitaban protección internacional en República Dominicana.

En mayo, una veintena de organizaciones de la sociedad civil protestaron contra el trato que las autoridades brindaban a las personas haitianas migrantes y solicitantes de asilo y a la población dominicana de ascendencia haitiana, especialmente durante las detenciones y las expulsiones, y que calificaban de racista.

En diciembre, varias organizaciones de la sociedad civil condenaron las expulsiones colectivas a Haití —que incluían a niños, niñas, adolescentes y mujeres embarazadas— llevadas a cabo por República Dominicana, en un contexto de denuncias continuas de aplicación de perfiles raciales y discriminación contra la población dominicana de ascendencia haitiana o percibida como haitiana por su color de piel.

Privación arbitraria de la nacionalidad

En septiembre, en el noveno aniversario de una sentencia dictada en 2013 por el Tribunal Constitucional en la que se privaba de forma arbitraria y retroactiva de su nacionalidad a miles de personas dominicanas de ascendencia haitiana, las organizaciones de derechos humanos pidieron a las autoridades del país que abordaran el problema persistente de la población apátrida.

Pese a la existencia de una ley de 2014 que pretendía proporcionar documentos de identidad a quienes la sentencia de 2013 había convertido en apátridas, decenas de miles de personas seguían careciendo de documentación, lo que a su vez limitaba su acceso a la educación y la atención médica.