Información extraída de nuestro informe "La situación de los derechos humamos en el mundo", abril 2024
El gobierno británico siguió aplicando una agenda política que incumplía sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos y restringía las protecciones de estos derechos. Se actuó especialmente contra quienes solicitaban asilo y otras personas migrantes, así como manifestantes. Entró en vigor nueva legislación que debilitaba aún más la libertad de reunión y de expresión. Un informe concluyó que existía racismo institucional y otras formas de discriminación en el seno de la policía. Se despenalizó el aborto en Irlanda del Norte, aunque persistían las barreras de acceso a estos servicios. En el resto de Reino Unido, el aborto seguía penalizado excepto en los supuestos legalmente establecidos. Se aprobó legislación que ponía fin a las investigaciones y enjuiciamientos de las violaciones de derechos humanos históricas cometidas durante el Conflicto de Irlanda del Norte. Se impusieron servicios mínimos durante las huelgas en varios sectores.
Información general
El Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobó el informe de resultados del Examen Periódico Universal (EPU) sobre Reino Unido en marzo. Se retiró formalmente el nuevo proyecto de ley de declaración de derechos fundamentales, presentado en 2022 para sustituir la Ley de Derechos Humanos, aunque ésta siguió siendo atacada de manera incesante mediante una inaplicación poco sistemática en otras leyes y una hostil retórica gubernamental. La adhesión de Reino Unido al Convenio Europeo de Derechos Humanos fue objeto de presiones políticas cada vez mayores. En cambio, el gobierno autónomo escocés abrió una consulta sobre un nuevo proyecto de ley de derechos humanos que ampliaba la protección jurídica de los derechos humanos en Escocia.
Derecho a un medioambiente saludable
En septiembre, el gobierno anunció el aplazamiento o la suspensión de políticas clave para alcanzar las cero emisiones netas en 2050. La prohibición de la venta de automóviles nuevos de gasolina y gasóleo a partir de 2030 se pospuso cinco años. La eliminación gradual de las calderas de gas licuado de petróleo para calefacción doméstica también se aplazó de 2026 a 2035. Se eliminó el requisito impuesto a propietarios de viviendas en alquiler de mejorar el aislamiento de sus propiedades antes de 2028. En noviembre, el gobierno anunció su intención de aprobar legislación que permitiera a las empresas de combustibles fósiles licitar para obtener nuevas licencias de perforación de petróleo y gas con carácter anual. Estas rondas de licitación continuarían mientras las importaciones de combustibles fósiles previstas para el año fueran superiores a la producción nacional y las emisiones de carbono de la nueva extracción nacional fueran inferiores a las emisiones equivalentes del combustible importado. El gobierno siguió insistiendo en que cumpliría el objetivo de cero emisiones netas en 2050, pero las ONG aseguraban que sus políticas no iban encaminadas a cumplirlo.
Libertad de expresión y de reunión
En mayo, el Parlamento aprobó la Ley de Orden Público, que venía a consolidar la represión legislativa de la protesta pacífica, iniciada con la Ley de Policía, Delincuencia, Imposición de Penas y Tribunales de 2022. La Ley de Orden Público penalizaba diversas formas de protesta pacífica —como el encadenamiento—, ampliaba las competencias de la policía para dar el alto y registrar, establecía las órdenes de prohibición de protestar y facultaba al Ministerio del Interior para solicitar medidas cautelares civiles contra personas que se manifestaban pacíficamente.
En junio se aprobó el Reglamento de aplicación de la Ley de Orden Público (relativa a la alteración grave de la vida de la comunidad) de 1986, legislación secundaria que ampliaba las circunstancias en que la policía podía imponer condiciones sobre las protestas y preveía penas de prisión para quienes las incumplieran. Tales condiciones podían ser cualquier medida que la policía considerara necesaria para evitar una “alteración grave”, definida en el Reglamento como una obstrucción causante de “trastornos más que menores para las actividades cotidianas”.
En mayo se practicaron decenas de arrestos, algunos de ellos preventivos, de personas que se manifestaban pacíficamente en torno a la fecha de coronación de Carlos III. La mayoría de los cargos fueron retirados posteriormente.
Los arrestos, enjuiciamientos y encarcelamientos de manifestantes que protestaban pacíficamente en favor del medioambiente continuaron durante todo el año. Hubo casos en los que la autoridad judicial prohibió a algunas de estas personas, acusadas de delitos, referirse al cambio climático u otros motivos de preocupación ambientales en su defensa ante el jurado. Quienes hacían caso omiso de esa prohibición se enfrentaban a su procesamiento por desacato al tribunal y a penas de prisión.
Tras los ataques perpetrados por Hamás en Israel el 7 de octubre y los posteriores bombardeos y la invasión terrestre de Gaza por Israel, hubo manifestaciones multitudinarias y pacíficas regularmente para pedir el cese de las hostilidades. La entonces ministra del Interior y otros miembros del gobierno calificaron estas protestas de “marchas de odio” e intentaron presionar a la policía para que las prohibiera. Altos cargos policiales respondieron que carecían de competencias legales para prohibirlas. El gobierno anunció su intención de aprobar legislación que ampliara aún más las competencias de la policía para actuar contra protestas pacíficas.
Se redujo el permiso de residencia en Reino Unido a algunas personas con visado temporal en el país debido a su participación en protestas propalestinas.
Transferencias irresponsables de armas
En junio, el Tribunal Superior rechazó el recurso presentado por la organización Campaña contra el Comercio de Armas (CAAT) contra la decisión del gobierno de renovar la venta de armas a Arabia Saudí en el contexto del conflicto en curso en Yemen. El Tribunal resolvió que el gobierno no había actuado de forma irracional al renovar las ventas.
Las ONG expresaron preocupación por la continuación de las transferencias de componentes de aviones de combate a Israel. En diciembre, un grupo de ONG presentó una solicitud de revisión judicial de las licencias de exportación de material militar que podía ser utilizado por las fuerzas israelíes en Gaza. La causa seguía abierta al terminar el año.
Discriminación
En enero, el gobierno de Reino Unido impidió la promulgación de la Ley de Reforma del Reconocimiento de la Identidad de Género aprobada por el Parlamento escocés. El gobierno autónomo de Escocia impugnó esta decisión ante el Tribunal Superior de Justicia, que desestimó la impugnación en diciembre.
En febrero, el gobierno publicó el Examen Shawcross sobre la iniciativa Prevent, que formaba parte de su estrategia antiterrorista. El examen contenía numerosas recomendaciones, entre ellas que Prevent se centrara más en el “extremismo islamista no violento” y que acotara su enfoque sobre lo que denominaba “extrema derecha”. En su propia investigación sobre Prevent, Amnistía Internacional detectó discriminación e intromisión en la libertad de pensamiento y de expresión.1
En marzo se publicó el Informe Casey, encargado por el gobierno, sobre las normas de conducta y la cultura interna de la Policía Metropolitana. Sus conclusiones indicaban numerosos problemas de racismo, sexismo y homofobia institucionales. En mayo, el director general saliente de la Policía de Escocia pronunció un discurso en el que admitió que existían racismo, sexismo, misoginia y discriminación institucionales en la fuerza policial.
En marzo y junio, respectivamente, la comisaria para la Infancia de Inglaterra y Gales y la Junta de Asuntos Policiales de Irlanda del Norte publicaron sendas investigaciones sobre el uso del registro corporal sin ropa por la policía en el caso de menores. Según las conclusiones del informe de la comisaria para la Infancia, los niños y niñas de piel negra tenían hasta seis veces más probabilidades de sufrir este tipo de registros que los demás.
Después del 7 de octubre, los informes de crímenes de odio antisemitas e islamófobos aumentaron de forma espectacular. La Policía Metropolitana informó de 779 delitos antisemitas registrados del 1 de octubre al 13 de noviembre, un incremento del 1.200% respecto al mismo periodo del año anterior. En el mismo periodo se denunciaron 343 delitos islamófobos, un incremento del 236% respecto al año anterior.
Derechos sexuales y reproductivos
A pesar de su despenalización en Irlanda del Norte, el aborto seguía tipificado como delito en Inglaterra, Gales y Escocia, excepto en los supuestos legales confirmados por personal médico. En 2023, seis mujeres fueron acusadas del delito de aborto ilegal. En julio se impuso una condena condicional de 14 meses a una mujer que se había declarado culpable de autoadministrarse medicación abortiva fuera del plazo legalmente establecido para hacerlo.
Seguían existiendo barreras que dificultaban el acceso a los servicios de aborto en Irlanda del Norte tras la despenalización, entre ellas múltiples deficiencias por parte del gobierno autónomo, unos servicios faltos de recursos y de personal, las denegaciones por motivos de conciencia, la desinformación y el estigma generalizado.2
Impunidad
En septiembre se promulgó la Ley sobre el Conflicto de Irlanda del Norte (Legado y Reconciliación), que en la práctica declaraba una amnistía y ponía fin a todas las indagatorias, pesquisas e investigaciones sobre homicidios y otras violaciones de derechos humanos relacionadas con el Conflicto sustituyéndolas por un examen poco exhaustivo a cargo de la nueva Comisión Independiente para la Reconciliación y la Recuperación de Información. La Ley recibió amplias críticas de víctimas, partidos políticos de Irlanda del Norte, el gobierno de la República de Irlanda y múltiples observadores internacionales de derechos humanos, y fue impugnada de inmediato ante los tribunales por víctimas y familiares. En diciembre, el gobierno irlandés anunció su intención de presentar una demanda interestatal contra Reino Unido ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos alegando que las disposiciones de la Ley vulneraban el Convenio Europeo de Derechos Humanos.
Derechos de las personas refugiadas y migrantes
En junio se promulgó la Ley de Migración Ilegal que, igual que el discurso del gobierno en torno a ella, entraba en conflicto con la Convención de la ONU sobre el Estatuto de los Refugiados y el Convenio Europeo de Derechos Humanos. La ley prohibía al gobierno tramitar las solicitudes de asilo de las personas que carecían de permiso previo a su llegada y lo obligaba a expulsarlas y a no permitir en ningún caso que residieran legalmente en Reino Unido. Esto reforzaba la política existente de no admitir a trámite las solicitudes de quienes se consideraba que habían llegado irregularmente a través de países percibidos como seguros. La política afectaba a la mayoría de las personas que solicitaban asilo en Reino Unido.
En noviembre, el Tribunal Supremo resolvió que la política del gobierno de expulsar a Ruanda a personas que solicitaban asilo en Reino Unido era ilegal. En respuesta, el gobierno firmó un nuevo tratado con el gobierno ruandés y presentó al Parlamento una legislación que exigía que los tribunales consideraran Ruanda como país seguro, dejaba sin efecto partes importantes de la Ley de Derechos Humanos y otros instrumentos jurídicos que protegían derechos, y limitaba significativamente la capacidad de intervención de los tribunales. Al finalizar el año el procedimiento legislativo seguía su curso.
En septiembre se publicó el informe de una investigación encargada por el gobierno sobre los abusos infligidos a personas recluidas en el Centro de Expulsión de Inmigrantes de Brook House. El informe concluía que en el centro imperaba una cultura de abusos, e incluía 19 casos de trato inhumano o degradante por el personal en un periodo de 5 meses. No obstante, la Ley de Migración Ilegal de 2023 otorgaba más competencias para detener a personas por motivos de inmigración, sin vigilancia judicial efectiva.
La retórica hostil hacia las personas migrantes por parte del gobierno y los medios de comunicación fue en aumento durante el año. En septiembre, la entonces ministra del Interior puso en el punto de mira a las personas sobrevivientes de tráfico de seres humanos, y a mujeres y personas LGBTI refugiadas. En virtud de la Ley de Migración Ilegal se redujeron o eliminaron salvaguardias que protegían a las personas migrantes que habían sobrevivido a la trata y a las migrantes menores de edad no acompañadas. Al mismo tiempo se impusieron fuertes subidas de las tasas para obtener visado, lo que contribuyó al empobrecimiento de las personas migrantes en Reino Unido.
Derechos laborales
En julio, como reacción a las huelgas en gran escala del sector público en escuelas, universidades, hospitales y servicios ferroviarios, el Parlamento aprobó la Ley de Huelga (Niveles de Servicios Mínimos), que podría vulnerar el derecho a la libertad de asociación. Esta ley otorgaba amplias competencias a los ministerios para establecer los niveles de servicios mínimos que debían mantenerse durante una huelga en diversos sectores definidos a grandes rasgos, como “salud”, “educación” y “transporte”. El personal que no acatara los “avisos de trabajo” perdería su protección contra el despido injusto. Además, la Ley establecía que el sindicato que no se asegurara de que aquellos de sus miembros nombrados abandonaban la huelga se enfrentaría a graves sanciones económicas.
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