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Actuem pels drets humans a tot el món

Regne Unit

Información extraída de nuestro INFORME 2022/2023

Se promulgó o se propuso legislación que socavaba gravemente los derechos humanos, lo que incluía reemplazar el principal instrumento de protección de estos derechos en Reino Unido, así como atacar los derechos al asilo y a la libertad de reunión y de expresión. Se presentaron también otras propuestas que otorgaban impunidad por violaciones graves de derechos humanos. El acceso efectivo a apoyo en materia de derechos sexuales y reproductivos continuaba siendo desigual en el país.

Información general

En junio, el gobierno presentó un proyecto de ley para derogar la Ley de Derechos Humanos, la principal herramienta jurídica de protección de estos derechos, y sustituirla por una “declaración de derechos”. La declaración recibió numerosas críticas por ser profundamente regresiva desde la perspectiva de los derechos humanos, ya que, entre otras cosas, atacaba las obligaciones positivas de protegerlos, presentaba una redacción deficiente, y daría lugar probablemente a vulneraciones del Acuerdo de Belfast o Acuerdo del Viernes Santo en Irlanda del Norte.

Actuación deficiente contra la crisis climática

En septiembre, el gobierno actualizó su contribución determinada a nivel nacional conforme al Acuerdo de París. En su contribución de 2020, Reino Unido se había comprometido a reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero al menos un 68% antes de 2030 y a alcanzar las cero emisiones netas en 2050, no antes. La actualización de 2022 no revisó esas cifras. El gobierno de Escocia estableció el objetivo de cero emisiones netas para 2045 y una meta más elevada de reducción de emisiones, del 75%, para 2030.

Rendición de cuentas de las empresas

El gigante minero británico Anglo American era objeto de una demanda colectiva ante el Tribunal Superior de South Gauteng, en Sudáfrica. La demanda había sido interpuesta por un numeroso grupo de niños, niñas y mujeres de Zambia que denunciaban haber sufrido lesiones a causa de la exposición al plomo provocada por las operaciones mineras que la empresa llevaba un siglo realizando en el distrito de Kabwe. La población de la zona tenía uno de los niveles de plomo más altos del mundo, y unos estudios de salud llevados a cabo en Kabwe habían registrado niveles alarmantemente elevados de plomo en sangre en niños y niñas de cinco años y menores (véase el apartado sobre Zambia).

Derechos laborales

Los derechos de las personas trabajadoras a expresarse y a negociar colectivamente a través de un sindicato de su elección no siempre se respetaban. En septiembre se alcanzó un acuerdo con un sindicalista que había interpuesto una demanda por despido improcedente ante un tribunal laboral independiente. El demandante había sido despedido en 2021 tras tratar de mejorar las condiciones laborales del personal de limpieza de las oficinas de Meta en Londres.1

Derechos de las personas refugiadas y migrantes

En abril, el Parlamento aprobó legislación que trataba de eludir las obligaciones internacionales de Reino Unido contraídas en virtud de la Convención de la ONU sobre los Refugiados; por ejemplo, se negaba a reconocer plenamente la definición de refugiado, la prohibición de penalizar a las personas solicitantes de asilo por entrar irregularmente en el país, la prohibición de la discriminación y de la devolución (refoulement), y la exigencia de que los Estados compartieran la responsabilidad de acoger a las personas refugiadas.

El gobierno adoptó además la política de expulsar a personas solicitantes de asilo de Reino Unido y enviarlas a Ruanda en aplicación de un memorándum de entendimiento firmado con el gobierno de ese país. Las expulsiones quedaron interrumpidas gracias a unas acciones judiciales. Al terminar el año, seguía tramitándose en los tribunales superiores un recurso contra esta política.

El gobierno siguió incumpliendo en la práctica su compromiso de reasentar a personas refugiadas afganas. Durante muchos meses, los programas de visados para personas refugiadas ucranianas se vieron afectados por retrasos y medidas inadecuadas. No obstante, a mediados de diciembre habían llegado finalmente a Reino Unido más de 152.000 personas con visado en virtud del programa para Ucrania establecido por el gobierno.

Persistía la hostilidad del gobierno hacia las personas que cruzaban en barco el Canal de la Mancha para pedir asilo. Aumentaron aún más los retrasos en el sistema de asilo. Había personas que permanecían en alojamientos totalmente inadecuados. Algunas de las consecuencias negativas de esa situación fueron un brote de difteria que apareció octubre y la desaparición de más de 200 menores no acompañados.

La política general sobre inmigración continuó exacerbando el sinhogarismo, el desamparo y la explotación que sufrían las personas migrantes, especialmente aquéllas que se encontraban en situación irregular. Se emplearon las facultades de expulsión como castigo adicional por cometer delitos, incluso contra personas que habían vivido la mayor parte de su vida en Reino Unido.

Libertad de reunión

La Ley de Policía, Delincuencia, Imposición de Penas y Tribunales de 2022 aumentó los poderes policiales y ministeriales para limitar aún más el derecho a la libertad de reunión pacífica, incluidas nuevas facultades en materia de acción policial para aplicar restricciones por hacer ruido o causar molestias, que podrían resultar desproporcionados.

Al finalizar del año, seguía pendiente de aprobación el Proyecto de Ley de Orden Público, que penalizaba una amplia variedad de actividades de protesta pacífica, aumentaba las facultades policiales de parada y registro, y suprimía el derecho de reunión pacífica para las personas objeto de una prohibición de participar en protestas.

Uso excesivo de la fuerza

Las directrices oficiales sobre los límites y circunstancias adecuados para el uso de dispositivos de descarga eléctrica por parte de la policía seguían siendo deficientes. En agosto, dos agentes de policía utilizaron en un centro asistencial un arma Taser, la porra y un pulverizador incapacitante contra un hombre de 93 años discapacitado y con demencia; el hombre falleció posteriormente. Al terminar el año, los agentes habían recibido un aviso de falta grave y estaban sometidos a investigación por homicidio impremeditado.

En junio, la policía volvió a usar un arma Taser contra un hombre negro que podía estar sufriendo una crisis de salud mental en el puente de Chelsea, en Londres; el hombre acabó cayendo al río Támesis y murió dos días después. Según estadísticas del Ministerio del Interior, era ocho veces más probable que se desenfundase o se utilizase un dispositivo de descarga eléctrica contra personas negras que contra personas blancas.

Violencia contra mujeres y niñas

Reino Unido ratificó finalmente el Convenio del Consejo de Europa sobre Prevención y Lucha contra la Violencia contra las Mujeres y la Violencia Doméstica (Convenio de Estambul), que entró en vigor en el país el 1 de noviembre. El gobierno mantuvo su reserva respecto al artículo 59 del Convenio, que establece las obligaciones de los Estados de proporcionar protección a las mujeres migrantes.

Transferencias irresponsables de armas

A raíz de un cambio introducido en diciembre de 2021 en los criterios de Reino Unido para la concesión de licencias de exportación, se siguieron permitiendo las exportaciones de armas en los casos en los que el gobierno considerara que los beneficios de la transferencia superaban los riesgos de que el material contribuyera a promover conflictos e inestabilidad.

Durante el año siguió tramitándose un recurso contra la legalidad de la exportación de armas británicas a Arabia Saudí en relación con el empleo de armas vendidas por Reino Unido para cometer violaciones del derecho internacional humanitario en Yemen.

Discriminación

Racismo

En 2022 estallaron una serie escándalos sobre racismo y misoginia institucionales en la Policía Metropolitana de Londres, y algunos de ellos contribuyeron a la dimisión forzada de su directora general en febrero. En marzo se tuvo noticia de un incidente ocurrido en 2020 en el que 2 mujeres policías habían sometido a un registro corporal sin ropa a una niña negra de 15 años en una escuela. Las investigaciones posteriores revelaron que, durante un periodo de 2 años, la Policía Metropolitana había efectuado registros corporales sin ropa a 650 personas menores de edad, y que el 58% de ellas eran negras.

La Ley de Policía, Delincuencia, Imposición de Penas y Tribunales se promulgó en abril y reforzó aún más las actuaciones policiales racistas. El texto incluía la ampliación de las facultades de parada y registro, así como la orientación selectiva hacia las comunidades romaní y nómada mediante nuevas medidas para reducir los campamentos no autorizados y la entrada ilegal en propiedades.

En febrero se informó de que los casos de discurso de odio y ataques antisemitas habían alcanzado una cifra récord. La Organización para la Seguridad de la Comunidad, que hacía el seguimiento del antisemitismo en Reino Unido, registró un aumento del 34% de esta clase de incidentes en un año.

Ley de Nacionalidad

La Ley de Nacionalidad Británica se reformó para permitir que adquirieran la nacionalidad algunas personas excluidas desde hacía tiempo por la discriminación contenida en la ley. Entre ellas figuraban muchos descendientes de habitantes del archipiélago de Chagos, cuyo exilio también les había privado de la nacionalidad británica. El exilio de esa población prosiguió.

Género

En diciembre, el Parlamento de Escocia aprobó reformas que liberalizaban el proceso de certificación del reconocimiento de la identidad de género.

Privación arbitraria de la nacionalidad

El gobierno siguió empleando sus facultades para privar a ciudadanos británicos de su nacionalidad, en particular a personas que habían salido de Reino Unido para unirse al Estado Islámico, algunas de las cuales siendo menores de edad y que, según información publicada por medios de comunicación británicos, lo habían hecho alentadas por agentes que trabajaban para los servicios de seguridad canadienses. Los tribunales superiores continuaban tramitando recursos, incluso contra la negativa del gobierno a repatriar a ciudadanos británicos desde Siria.

La Ley de Nacionalidad y Fronteras de 2022, promulgada el 28 de abril, incluía facultades que permitían al gobierno privar a una persona de su nacionalidad sin notificárselo.

Derecho a verdad, justicia y reparación

A pesar del compromiso adquirido por el gobierno de Irlanda del Norte en noviembre de 2021, no se estableció una investigación pública independiente sobre los “hogares para madres y bebés”, las “lavanderías de la Magdalena” y las “casas de trabajo” en funcionamiento desde 1922 hasta 1990. Durante ese periodo, muchas mujeres y niñas que quedaban embarazadas fuera del matrimonio eran enviadas a estas instituciones y sometidas a detención arbitraria, trabajo forzado y malos tratos, y obligadas a entregar a sus bebés en adopción.

Derechos sexuales y reproductivos

Pese a que el aborto estaba despenalizado en Irlanda del Norte, los servicios de aborto seguían sin estar plenamente operativos ni financiados en ese territorio. En octubre, el secretario de Estado para Irlanda del Norte anunció que iba a encargar esos servicios directamente a entidades del Servicio Nacional de Salud de Reino Unido, en vista de que el ministro de Salud de Irlanda del Norte no lo había hecho. Irlanda del Norte continuaba siendo la única parte de Reino Unido que carecía de servicios de telemedicina.

En Escocia seguían sin proporcionarse servicios de aborto en fases avanzadas del embarazo, por lo que las mujeres se veían obligadas a viajar a Inglaterra.

En marzo se publicó la investigación independiente sobre las prácticas de maternidad en el Hospital Shrewsbury and Telford del Servicio Nacional de Salud. El informe concluyó que, durante más de 20 años, 201 bebés y 9 madres que habían muerto durante el parto o después de éste podrían haber sobrevivido o lo habrían hecho si el centro hubiera proporcionado mejores cuidados. Se inició una investigación policial al respecto.

Impunidad

En mayo, el gobierno presentó el Proyecto de Ley sobre el Conflicto de Irlanda del Norte (Legado y Reconciliación). Entre sus disposiciones figuraban poner fin a toda acción judicial penal, civil y pesquisidora sobre incidentes relacionados con el conflicto, lo que constituía una amnistía de facto para las violaciones de derechos humanos cometidas durante el enfrentamiento armado, que había tenido lugar de 1966 a 1998.

Libertad de expresión

Continuaron las amenazas de violencia de grupos armados contra determinados periodistas en Irlanda del Norte, en particular contra quienes investigaban actividades paramilitares ilegales, así como delictivas. En junio, la policía advirtió a un periodista del periódico Sunday World de que unos “delincuentes” lo habían estado siguiendo para llevar a cabo “algún tipo de ataque violento”, posiblemente con armas de fuego.

El profesor de Derecho Colin Harvey, que participaba en debates sobre el futuro constitucional de Irlanda del Norte, fue objeto de una campaña que duró años, concebida para intimidarlo y socavar su reputación académica.2

Condiciones de reclusión inhumanas

En abril, la Comisión de Bienestar Mental de Escocia expresó honda preocupación por el acceso desigual y deficiente de la población reclusa de Escocia a servicios de apoyo a la salud mental, lo que incluía la práctica de la segregación de presos con trastornos mentales y los traslados tardíos de presos gravemente enfermos a hospitales que les proporcionaran atención médica especializada.

Derecho a la vivienda

En Inglaterra, cientos de miles de personas seguían sin hogar, muchas de ellas debido a obstáculos burocráticos, políticos y legales presentes en los sistemas de vivienda y de prevención del sinhogarismo. Entre esas dificultades figuraban las medidas relacionadas con el control de la inmigración, los requisitos para obtener el reconocimiento del estado de “necesidad prioritaria”, y la determinación de intencionalidad mediante la cual se consideraba que una persona vivía en la calle por decisión propia.3

El estado de las viviendas tanto de inquilinos de viviendas sociales como de viviendas particulares era en muchos casos deficiente y peligroso. En noviembre, un pesquisidor concluyó que la muerte en 2020 de un niño de corta edad había sido causada por la exposición prolongada al moho en su domicilio familiar. Durante el año no se promulgó nueva legislación para abordar esta situación.

  1. United Kingdom: Meta, workers’ rights matter!, 1 de septiembre
  2. Northern Ireland: Authorities must protect Professor Colin Harvey and academic freedom, 26 de enero
  3. UK: An Obstacle Course. Homelessness assistance and the right to housing in England, 7 de junio
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte
Jefe del Estado: Carlos III (sustituyó a Isabel II en septiembre)
Jefe del gobierno: Rishi Sunak (sustituyó a Liz Truss en octubre, que había sustituido a Boris Johnson en septiembre)