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Qatar

Información extraída de nuestro Informe 2017/18

La ruptura de relaciones con Qatar decidida por varios de sus vecinos regionales comportó someterlo a restricciones arbitrarias que desembocaron en violaciones de derechos humanos. El gobierno continuó restringiendo indebidamente la libertad de expresión. Se tomaron medidas para mejorar el acceso a una indemnización de los trabajadores y trabajadoras migrantes víctimas de abusos. El gobierno se comprometió a revisar su legislación y a reformar el sistema de patrocinio en el marco de un acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo. Después de años de demoras, se protegieron por primera vez los derechos laborales de los trabajadores y trabajadoras domésticos migrantes, aunque la nueva ley presentaba deficiencias. La discriminación de las mujeres seguía estando arraigada en la ley y en la práctica. Los tribunales impusieron condenas a muerte; no se tuvo noticia de ninguna ejecución.

El 5 de junio, Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Bahréin y Egipto rompieron relaciones con Qatar, acusándolo de financiar y acoger a “terroristas” y de injerirse en los asuntos internos de sus vecinos. Arabia Saudí cerró la única frontera terrestre de Qatar, y los cuatro países cerraron su espacio aéreo a los vuelos con destino a Qatar. Arabia Saudí, Bahréin y Emiratos Árabes Unidos prohibieron arbitrariamente a sus nacionales visitar Qatar o residir allí, y dieron a los qataríes 14 días para que se marcharan so pena de multa o de otras consecuencias no especificadas. A pesar de las declaraciones que hicieron en respuesta a la indignación internacional, no estaba claro qué medidas prácticas habían tomado los tres Estados para mitigar las repercusiones negativas en las familias afectadas y en quienes estaban estudiando o recibiendo tratamiento médico. Como consecuencia del conflicto, las fuerzas qataríes fueron expulsadas de la coalición dirigida por Arabia Saudí en Yemen (véase el apartado sobre Yemen) y de una misión de la ONU en Yibuti, aunque el gobierno aceleró los esfuerzos por aumentar su capacidad militar, incluso a través de la cooperación militar con Turquía y otros Estados. En julio, el emir dictó un decreto que reformaba algunas disposiciones de la ley antiterrorista de 2004 con medidas como redefinir algunos términos y permitir a las personas y grupos acusados de “actividades terroristas” apelar ante los tribunales. En noviembre, el emir anunció la celebración por primera vez de elecciones legislativas en 2018 y designó a cuatro mujeres para la Asamblea Consultiva (Consejo de la Shura).

Las autoridades mantuvieron restricciones al derecho a la libertad de expresión, de asociación y de reunión pacífica incompatibles con el derecho y las normas internacionales. Estaban prohibidos los partidos políticos independientes, y sólo se permitían las asociaciones de trabajadores si eran de ciudadanos qataríes y cumplían criterios estrictos. Se mantenían leyes que penalizaban la expresión de opiniones consideradas ofensivas para el emir.

En enero, el gobierno impuso arbitrariamente la prohibición de viajar al abogado de derechos humanos Najeeb al Nuaimi, informado inicialmente de ello mediante un mensaje de texto. La prohibición seguía vigente al final del año y limitaba su libertad de circulación.

El 25 de mayo, a pesar del riesgo de que fuera sometido a tortura, el gobierno devolvió al activista saudí de derechos humanos Mohammad al Otaibi a Arabia Saudí, donde iba a ser juzgado. Mohammad al Otaibi había llegado a Qatar en febrero de 2017. El 24 de mayo, se disponía a viajar con su esposa a Noruega, donde le habían concedido asilo, cuando funcionarios qataríes lo detuvieron en el aeropuerto de Doha.

El ciudadano filipino Ronaldo Lopez Ulep, cuya condena por cargos de espionaje había sido confirmada en 2016, seguía recluido a pesar de un juicio injusto y de las denuncias de tortura.

En enero, el emir firmó una reforma de la nueva ley de patrocinio de Qatar, que había entrado en vigor en diciembre de 2016. La Ley 1 de 2017 confirmó que los trabajadores y trabajadoras migrantes seguirían necesitando el permiso de su empleador para salir del país, pues disponía que se lo debían “notificar”. Según informes, el Consejo de Ministros aprobó en octubre una nueva modificación del permiso de salida, pero no se hizo pública durante el año.

El 8 de noviembre se cerró la denuncia de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) contra Qatar, tras comprometerse el gobierno a revisar su legislación de acuerdo con las normas laborales internacionales y la orientación de especialistas de la OIT. Si se aplicaba en su totalidad, el acuerdo mejoraría la protección de los derechos de los trabajadores y trabajadoras migrantes.

El 18 de agosto, el emir aprobó el establecimiento de un nuevo Comité de Resolución de Disputas Laborales (Ley 13 de 2017), que estaba dirigido por un juez y establecía un plazo de tres semanas desde la presentación de la queja por el trabajador para resolver la disputa. De ser gestionado de forma imparcial y efectiva, el nuevo Comité podía abordar algunos de los obstáculos de los trabajadores y trabajadoras migrantes para acceder a la justicia. Al final del año, los tribunales de resolución de disputas no habían comenzado aún su labor.

Se aprobó por primera vez una nueva ley que preveía medidas de protección jurídica de los derechos de las personas empleadas en el servicio doméstico. La Ley 15 de 2017 introdujo, entre otras cosas, un límite a las horas de trabajo diarias, un descanso semanal de al menos 24 horas consecutivas y tres semanas de vacaciones pagadas al año. Sin embargo, no preveía suficientes salvaguardias contra la aplicación abusiva de una disposición que permitía que los trabajadores y trabajadoras domésticos trabajasen más tiempo del establecido por ley si “accedían” a hacerlo.

Aunque los auditores externos pusieron de relieve algunos avances en los proyectos para la Copa Mundial de Fútbol de 2022, también identificaron abusos contra los trabajadores y trabajadoras migrantes en los 10 contratistas a los que investigaron.

La disputa con los países vecinos afectó a algunos trabajadores y trabajadoras migrantes. Los que tenían salarios bajos sufrieron de forma desproporcionada la subida de los precios de los alimentos. Los que trabajaban en los sectores de la hostelería y el turismo informaban de que los obligaban a tomarse prolongados permisos sin salario. A algunos trabajadores y trabajadoras extranjeros les cancelaron las vacaciones anuales y les anularon los permisos de salida.

Las mujeres seguían estando discriminadas en la legislación y en la práctica. La legislación sobre la condición jurídica de las personas seguía discriminando a las mujeres en relación con el matrimonio, el divorcio, la herencia, la custodia de los hijos e hijas, la nacionalidad y la libertad de circulación.

En junio, el Comité de los Derechos del Niño de la ONU instó a las autoridades a investigar delitos de violencia de género y hacer comparecer a los perpetradores ante la justicia. El Comité pidió a las autoridades que reformasen la Ley de Nacionalidad para permitir que las mujeres transmitieran la nacionalidad a sus hijos e hijas en igualdad de condiciones con los hombres qataríes. Pese a la aprobación de un proyecto de ley que daba derechos de residencia permanente a los hijos e hijas de mujeres qataríes casadas con hombres de otra nacionalidad, persistía la discriminación, pues las mujeres no podían transmitir la nacionalidad y la ciudadanía a sus hijos e hijas.

En junio, el Comité de los Derechos del Niño de la ONU expresó preocupación por la discriminación de género en la infancia, la violencia contra los niños y niñas en la escuela y la familia, y las leyes que limitaban el derecho a la nacionalidad de los niños y niñas nacidos en Qatar. El Comité pidió que se promulgasen medidas para poner fin a estas prácticas. También pidió que se terminase con el matrimonio precoz y que se aumentara la edad mínima para la responsabilidad penal, que eran los siete años, en violación de las normas internacionales. El Comité reiteró su preocupación por la discriminación de los hijos e hijas de trabajadores y trabajadoras migrantes y recomendó la abolición del sistema de kafala “sin demora”.

Según informes, los tribunales impusieron al menos dos nuevas condenas a muerte, que confirmó el Tribunal de Casación, máxima instancia judicial de Qatar. No se tuvo noticia de ninguna ejecución.

Qatar
Jefe del Estado: Shaij Tamim bin Hamad bin Jalifa al Zani
Jefe del gobierno: Shaij Abdalá bin Naser bin Jalifa al Zani