Información extraída de nuestro informe "La situación de los derechos humamos en el mundo", abril 2024.

El gobierno utilizó con frecuencia fuerza excesiva contra manifestantes. Se presentaron varios proyectos de ley que hacían peligrar el acceso al aborto. Las personas LGBTI seguían siendo discriminadas y tenían menor acceso a la vivienda. Se seguían cometiendo feminicidios con impunidad. Persistía la discriminación de la población afrodescendiente. El aumento de los precios de los alimentos y la electricidad puso en peligro los derechos de las personas.

Libertad de expresión y de reunión

El gobierno continuaba intimidando a quienes participaban en protestas y usando fuerza excesiva durante las manifestaciones. La violencia policial quedaba a menudo impune. Al menos 17 personas que protestaban en manifestaciones contra el desplazamiento y la destrucción ambiental fueron detenidas.

El 29 de enero, la policía detuvo a 5 mujeres y un hombre durante una protesta destinada a exigir que se cumpliera una resolución judicial de demolición de una construcción ilegal en el litoral del municipio de Aguadilla. En julio se acusó a 5 manifestantes de “obstrucción al ejercicio de la autoridad pública”.

El 4 de marzo, la policía detuvo a 3 activistas ambientales durante unas protestas en las que se exigía la demolición y el desescombro —ya ordenados por un tribunal— de una zona de obras ilegales cercana a una playa del municipio de Rincón. El proyecto de construcción llevaba siendo objeto de protestas desde 2021 porque no respetaba la propiedad pública.

El 6 de julio, residentes de la isla municipio de Vieques protestaron contra la subasta de unos terrenos públicos, asegurando que esa medida agravaba el problema del desplazamiento debido a los altos precios inmobiliarios. La organización comunitaria La Colmena Cimarrona declaró que la policía había agredido físicamente a algunas manifestantes.

Derechos sexuales y reproductivos

Tras la decisión de poner fin al reconocimiento constitucional del derecho al aborto que la Corte Suprema de Estados Unidos había adoptado en 2022, se hicieron varios intentos de aprobar legislación para restringirlo. En marzo, el Proyecto de la Cámara 1644, que finalmente fue retirado, pretendía penar con 25 años de prisión a las mujeres que abortaran en Puerto Rico. Se seguía debatiendo el Proyecto del Senado 495, presentado en 2021, que exigía la autorización previa de al menos un progenitor o tutor legal para que las personas menores de 18 años pudieran abortar.

En mayo, algunos miembros de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico pidieron la intervención del gobierno en relación con 4 clínicas que ofrecían servicios de aborto y que, al parecer, no habían informado a las autoridades de los procedimientos practicados a menores de 15 años. Ese tipo de normas selectivas podían utilizarse para desacreditar a las clínicas y obstaculizar el acceso al aborto.

Derechos de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI)

Se seguía discriminando a la población transgénero. En junio se rechazó el Proyecto de la Cámara 764, que pretendía limitar la participación de atletas transgénero en la categoría de género con la que se identificaban.

También en junio, algunos miembros de la Asamblea Legislativa trataron de censurar una actividad de lectura infantil por la participación de drags y personas transgénero. La actividad se realizó en un lugar distinto del programado. En agosto se presentó el Proyecto de la Cámara 1821 con el fin de penalizar las actividades artísticas y de entretenimiento familiar o infantil realizadas por drags.

Se aprobó el Proyecto del Senado 427, que tenía por objeto establecer una política pública para prevenir la discriminación de las personas LGBTI que trataban de acceder a una vivienda o vivían en residencias para personas mayores. Una investigación del Centro de Periodismo Investigativo y el periódico El Nuevo Día puso de relieve la discriminación existente contra este grupo de población en los centros de cuidado prolongado debido a la falta de formación y procedimientos adecuados para brindar un trato digno.

Según el censo más actualizado —de 2020—, Puerto Rico era la jurisdicción estadounidense con el menor porcentaje de población LGBTI (0,5%) o de parejas homosexuales (0,2%) que declaraban tener una vivienda.

Derechos de las mujeres y de las niñas

Según la ONG Observatorio de Equidad de Género de Puerto Rico, durante el año se habían denunciado al menos 72 feminicidios y presuntos feminicidios. El Instituto de Estadísticas de Puerto Rico agregó en abril un apartado sobre los feminicidios a su plataforma estadística, que al concluir el año registraba 19 homicidios de ese tipo.

En junio se aprobó el Proyecto de la Cámara 1583, que reconocía que el estrangulamiento, la sofocación y la asfixia postural infligidas a las mujeres sin intención homicida constituían formas de maltrato de género agravado. Anteriormente, esos actos se penalizaban como delitos sin que se aplicara una perspectiva de género. Al concluir el año, el proyecto de ley seguía pendiente ante el Senado.

En mayo, la Comisión de Asuntos de la Mujer de la Cámara de Representantes finalizó una investigación que determinaba que el Negociado de la Policía de Puerto Rico no había investigado adecuadamente los casos de violencia de género intrafamiliar en los que estaban implicados agentes de policía.

Las mujeres y las niñas seguían estando expuestas a la trata de personas, delito que casi nunca se castigaba en la isla. El gobierno y la Asamblea Legislativa siguieron debatiendo el Proyecto del Senado 1237, presentado en junio, que proponía la creación de un observatorio sobre la trata de personas y un plan estratégico para combatir este delito.

Discriminación

La discriminación racial seguía suscitando preocupación, y el racismo contra las personas negras seguía expresándose de forma sistemática y normalizándose. La ley de 2021 que disponía la recopilación de datos sobre el racismo y prescribía la realización de una campaña de educación para promover la concienciación antirracista y el reconocimiento de la afrodescendencia en Puerto Rico no se había aplicado íntegramente.

La violencia racista se intensificó y las autoridades no llevaron a cabo una investigación inmediata, independiente, imparcial y efectiva de los posibles motivos discriminatorios. En agosto, un tribunal declaró a un hombre inocente de cargos de alteración de la paz en un caso de presunta violencia racista; el caso tenía que ver con una disputa entre vecinos en la que una de las partes presuntamente discriminaba y hostigaba por motivos raciales a la otra desde al menos 2019.

Derechos económicos, sociales y culturales

La situación económica y el costo de la vida repercutieron en el disfrute de los derechos de la población. La inflación de los alimentos ascendía al 5,1% en octubre, según el Índice de Precios al Consumidor de Puerto Rico.

En junio, la Oficina del Censo de Estados Unidos publicó las estimaciones sobre resiliencia comunitaria de Puerto Rico, con datos de 2019. Según esa información, el 46,1% de la población puertorriqueña presentaba al menos 3 factores de riesgo —como pobreza, discapacidad, empleo y edad— y, por tanto, era menos resiliente para afrontar las catástrofes y recuperarse de ellas.

En febrero se anunció un modelo nuevo de tarificación —que conllevaba el pago de una tarifa fija y otra variable en función del consumo—, concebido para ayudar a saldar la deuda que la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico había contraído con acreedores públicos y privados. Este nuevo modelo provocó un aumento del costo de la electricidad que dio lugar a algunas protestas. La isla sufrió varios apagones durante el año.